La funcionaria indicó que estas pueden ser determinadas por la Política Nacional de Competitividad o pueden derivarse de la discusión de la misma CNS.
Podrían considerarse circunscripciones económicas delimitadas como el área metropolitana y el área rural refirió, indicando que merecen un análisis especial en relación a los costos de vida y a los parámetros de fijación del salario, dijo la viceministra.
En un documento del ministerio denominado Circunscripciones Económicas para la Definición de Salarios Mínimos con Base en la Política Nacional de Competitividad se explica que en el Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032, se considera como Ciudades Intermedias a las ciudades que van desde 10 mil hasta 100 mil habitantes, incluyendo regiones metropolitanas que superarán el millón de personas en los próximos 20 años, y los cuales se pueden considerar como parámetros de regionalización.
Se explica además que dicho plan y la Agenda Urbana priorizan nueve Ciudades Intermedias, mientras que la Política Nacional de Competitividad, retoma los territorios propuestos y adiciona el potencial productivo vinculado a los clústers priorizados.
Las nueve ciudades intermedias que se detallan en el documento del Mintrab: Los Altos, de Las Verapaces, Guatemágica, Ciudad de Oriente, de Noroccidente, ciudades portuarias de Puerto Barrios y de San José, ciudades turísticas de Panchoy (Sacatepéquez) y de Petén. Estas en conjunto suman 50 municipios. Aparte se ubica al área metropolitana, con 9 municipios.
Desde septiembre del 2020 el ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez anunció que el Mintrab impulsaría la implementación de salarios mínimos regionales ya que se trata de una figura legal que permite el Código de Trabajo. En esa oportunidad expuso que para implementar esa modalidad no se necesitan reformas a leyes, como el Código de Trabajo, o acuerdos existentes del organismo ejecutivo, porque la ley ya lo contempla y explicó que la forma de hacerlo es convocando comisiones paritarias que podrían ser regionales o departamentales. Aunque expuso que a nivel municipal sería muy difícil llegar porque el Ministerio de Trabajo no tiene representación u oficinas en cada municipio y son los inspectores los que presiden las comisiones paritarias.
La viceministra indicó que este año la CNS se reúne desde febrero con el fin de establecer los parámetros para la fijación del salario mínimo para el 2022.
Segú información en la página del Mintrab y brindada también por integrantes de la CNS, el ministerio presentó varios documentos y datos a dicha Comisión para explicar la necesidad de la nueva forma de aplicar salarios mínimos regionales como indicadores socioeconómicos por las nueve regiones mencionadas. Entre otros datos también refiere que mientras el salario mínimo fijado incrementa un 5% en promedio anual en el período del 2016 al 2019, el del ingreso laboral promedio en las Encuestas Nacionales de Empleo e Ingresos (Enei) en el primer semestre es 3% y en el segundo 1.15%, refiriéndose a la brecha en ambos aspectos en ese mismo plazo.
Por ejemplo, se menciona que el 43.1% de la población ocupada asalariada tiene ingresos con un 32.2% por debajo del salario mínimo en el área rural nacional. Menciona el documento del Mintrab que el salario agrícola y no agrícola para el 2019 estaba en Q2 mil 742.37 pero en el área rural nacional el ingreso laboral promedio era de Q1 mil 860.57 y en el área urbana fuera de la metropolitana era de Q2 mil 418.56.
Posturas del sector patronal y laboral
Guido Ricci, representante del sector patronal en la CNS, dio a conocer que en las sesiones el tema se ha presentado por el gobierno de una forma muy general y todavía no hay una propuesta concreta, aunque refirió que no asistió a la última reunión realizada.
A su criterio por el tiempo que llevaría la discusión y preparación de la información para la regionalización, y que luego que se logre hacer una fijación de salario de este tipo, no podría ser en el 2022.
En forma general Ricci mencionó que el sector siempre ha dicho que es muy procedente buscar nuevas formas para llevar a cabo la discusión del salario mínimo y que este debe ser por medio de una política de empleo y no solo una cifra. Sin embargo, comentó que tampoco se puede hacer una reducción del monto actual, “es oportuno entrar a evaluar esta propuesta, pero que apunten a generación de más empleo, lo que no debe entenderse es que sea una idea para que se llegue a reducción de salarios o algo por el estilo”.
Expuso que es necesario dejar de discutir en base a una cifra sino buscar un margen ms amplio, mencionó que tomar variables de la política de competitividad es una forma de hacerlo y que el sector lo propuso en el 2020 pero basados en una política de empleo y que el salario mínimo regional sea uno de los componentes.
Según Franky Pozuelos, representante del sector trabajador en dicha Comisión están llevando a cabo dos reuniones mensuales, una para definir con base a los parámetros actuales el salario mínimo para el próximo año y otra para avanzar en la discusión de las circunscripciones económicas o regiones, pero a su criterio esta no daría tiempo de implementarse el próximo año sino hasta el 2023.
Además, refirió, que debe tener una discusión detallada ya que las condiciones actuales hay un fuerte impacto en la economía familiar.
Pozuelos dijo que inicialmente el Mintrab les ha brindado información general sobre su inquietud de valorar el tema de las circunscripciones económicas para dinamizar la economía, generar empleo y con ello, el salario mínimo. Agregó que la iniciativa de las circunscripciones se discutirá a lo interno de las organizaciones sindicales a fin de definir una postura al respecto cuando sea el momento. Sin embargo, agregó que el sector al que representa no ve con buenos ojos la iniciativa del gobierno ya que temen que pueda bajarse los salarios.
“Para el presente año es importante valorar una mejora sustantiva salarial que permita a los trabajadores devolverles la capacidad de consumo ya que hay incremento en los precios de la canasta básica, servicios como agua, energía eléctrica, transporte público, vivienda, medicinas que exige el covid-19, alquiler de vivienda, entre otros, no existiendo la capacidad económica de afrontar estas necesidades en los hogares de los trabajadores guatemaltecos”, agregó Pozuelos.
Bajo qué otros parámetros podrían discutir
Jorge Benavides, analista de Fundesa, se refirió, a su criterio, qué programas, variables e indicadores existen o se pueden construir, para tomarlos en cuenta para fijar estas circunscripciones o regiones.
Indicó que tomando como referencia las especificaciones que contiene el Código de Trabajo, podrá constituirse como circunscripción independiente todo territorio donde sea factible instalarse una comisión paritaria para la definición del salario mínimo. De acuerdo con el artículo 105, una empresa con no menos de 1 mil empleados podrá tener jurisdicción para establecer un salario mínimo, pero también entrarían en este criterio algunas figuras ya existentes como las Zonas Francas o las Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas (Zdeep).
Un tema adicional sería considerar como circunscripción económica un territorio distinto a una zona administrativa específica, para lo cual pudiera recurrirse al caso de las municipalidades, siendo la unidad mínima con autonomía administrativa. Para este caso, lo más convenientes sería que el Consejo Municipal plantee la solicitud de constituirse como una circunscripción económica donde pueda instalarse una comisión paritaria para la definición del salario mínimo, expuso Benavides.
Para esta aplicación, debiera consignarse un expediente con las condiciones de competitividad mínimas de la zona, siendo requisito contar con un mínimo de institucionalidad pública presente, infraestructura suficiente para el desarrollo de actividades económicas, y algunos parámetros sobre la realidad del mercado laboral. Por ejemplo, el municipio deberá hacer constar que el costo de vida es menor al promedio del país, que existe una baja afiliación al IGSS (que se le considera formalidad), y que el ingreso de los trabajadores del municipio es considerablemente menor al salario mínimo vigente. “Todo esto con el ánimo de justificar que la fijación del salario mínimo en ese territorio podría ser una herramienta que propicie la formalización laboral”.
Respecto a lo que menciona el Mintrab que podría hacerse en base a la Política Nacional de Competitividad, Benavides dijo que “el tema más importante a tomar en cuenta es que las diferencias territoriales son muy marcadas al momento de contrastar los promedios nacionales respecto de zonas menos desarrolladas”.
Uno de los objetivos de la Política de Competitividad es fomentar la formalización en otras latitudes del país, lo cual contribuirá a que los trabajadores no sólo tengan mejores ingresos, sino que haya un respaldo contractual ante la ley, y se puede tener acceso a servicios vinculados con la protección social, la capacitación, la recreación, y el crédito bancario, por poner algunos ejemplos.
Lo más importante será cumplir con lo establecido en el Código de Trabajo y en el Acuerdo Gubernativo 250-2020 (que fija los salarios mínimos para el 2021), e iniciar con la definición del proceso para la aprobación de las circunscripciones económicas y posterior instalación de comisiones paritarias de salario mínimo que cuenten con la atribución de definir un salario mucho más acorde a la realidad local, sin menoscabar la calidad de vida y el cumplimiento de los derechos laborales.
Según Luis Linares, analista de Asíes, el Mintrab puede convocar a comisiones paritarias regionales para discutir el salario por área en el momento que crea conveniente, pero que se debe tener en cuenta que la situación de volatilidad y descontento actual, si no hacen bien las cosas y buscan bajar los salarios mínimos ya establecidos pueden provocar más rechazo hacia el gobierno.
En el 2015, durante el gobierno del Partido Patriota, se hizo en dos ocasiones fijando salarios mínimos para varios municipios, pero en ambas ocasiones la Corte de Constitucionalidad (CC) los suspendió porque no se llevó el procedimiento correcto de comisiones paralelas regionales o municipales. Además, dijo Linares, el convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no permite bajar los salarios mínimos ya establecidos.
