“A partir de las 19:00 horas nos piden que cerremos, aunque no estemos vendiendo licor. De lo contrario nos amenazan con que nos impondrán una multa”, explicó el vendedor de una tienda de barrio ubicada en el Centro Histórico, quien pidió omitir su nombre por temor a represalias.
El estado de prevención únicamente establece la prohibición de vender bebidas alcohólicas entre las 18:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente. No indica que los establecimientos deban cerrar a una hora específica.
Sin embargo, a diversas tiendas de barrio a nivel nacional se les ha ordenado el cierre a determinadas horas. Miguel Colop, director de auxiliaturas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), informó que en Poptún, Petén, se abrió un expediente de investigación, ya que están ordenando el cierre de tiendas y restaurantes a las 18:00 horas.
“Se han documentado estas situaciones y se les ha dado seguimiento. La recomendación que se ha dado a la policía es que únicamente se debe limitar el expendio de bebidas alcohólicas a partir de las 18:00 horas”, informó Colop.
El mismo problema ha enfrentado el gremio de restaurantes. Andrea Stella, vicepresidenta de la gremial de restaurantes, comentó que a partir de las 17:00 horas inician los operativos de la Policía Nacional Civil (PNC) y hay ocasiones que ingresan a un restaurante hasta 20 agentes, superando los límites del aforo permitido. Portan armas de todo tipo y a veces no usan mascarilla.
“A veces llegan hasta 20 policías a un restaurante donde solo hay cinco clientes. Entran sin mascarillas y no cumplen protocolos de desinfección. Paran a los clientes de la mesa y los catean. Entendemos que estamos una pandemia, pero eso no contribuye”, dijo la entrevistada.
Stella enfatizó que su intención no es atacar al gobierno, sino únicamente quieren evidenciar lo que está ocurriendo para que cesen los abusos.
El Estado de prevención dejó pérdidas en los restaurantes, según la vicepresidenta de la gremial. Solo en el sector de zona 4 hay alrededor de 20 de sus agremiados que están al borde de la quiebra.
Comentó que algunas medidas son excesivas, ya que a los restaurantes las personas no llegan a embriagarse y el expendio de alcohol es mínimo con relación al resto de alimentos que se venden.
La entrevistada informó que a nivel nacional hay más de 18 mil restaurantes que generan una fuente de ingreso para más de 500 mil familias.
Jorge Aguilar, vocero de la PNC, justificó el cierre de algunas abarroterías a tempranas horas aduciendo que venden bebidas embriagantes fuera de la hora permitida y cuando se les llama la atención se molestan.
Reconoció que sí han pedido el cierre de establecimientos a partir de las 18:00 horas, pero aseguró que únicamente de aquellos que venden exclusivamente bebidas alcohólicas, como las cantinas.
“En tiendas de abarrotes se les informa que no pueden vender alcohol a partir de las 18:00 horas y a partir de las 21:00 horas se les indica que deben cerrar. Con esto se evita el desorden y abusos de mujeres o niños porque donde hay personas ebrias se van a molestar a mujeres y niños”, justificó el portavoz, pese a que no hay ninguna disposición que ordene el cierre de tiendas a una determinada hora.
En cuanto al uso de armas por parte de agentes de la PNC en restaurantes, aseguró que estas son parte del equipo reglamentario que deben portar los policías. “No se puede evitar el arma. Ahora, si se observa a policías sin mascarilla, es importante que lo denuncien, pero no tenemos conocimiento de ello”, dijo.
Por último, negó que a restaurantes se les esté ordenando el cierre a partir de las 18:00 horas, pese a las quejas de la gremial.
Inconstitucional
Edgar Ortiz, director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo, considera que el haber decretado estado de prevención sin el aval del Congreso de la República es ilegal y por lo tanto procede la interposición de un amparo.
Ortiz explicó que aunque la Ley de Orden Público establece en su artículo ocho que el presidente puede decretar estado de prevención sin necesidad de la aprobación del Congreso, lo hace basándose en la Constitución de 1965, no la vigente.
La actual Constitución dice que cualquier estado de excepción debe tener la aprobación del Congreso.
“La constitución vigente persigue un principio republicano, de la división de poderes. Procura más balances, es un sistema de pesos y contrapesos a diferencia de la anterior. Se busca que haya un control y evitar medidas autoritarias”, comentó Ortiz.
