Con el paso de las investigaciones se permitió vincular a Rozotto con una red criminal que operaba en el departamento de Huehuetenango, principalmente con actividades dedicadas al trasiego de drogas, según los antecedentes del Ministerio Público (MP).
Pero el involucramiento de Marlon Edín Guerra Mazariegos, abogado, fue haber participado en una estrategia jurídica ilegal, ya que junto a otros profesionales del Derecho presentaron medios de defensa falsificados a favor de Rozotto.
Buscaban justificar mediante documentos falsos que los Q600 mil habían sido obtenidos por la venta de una maquinaria, pero distintos peritajes evidenciaron la falta de legalidad de los documentos.
Por eso los agentes fiscales procedieron a presentar denuncias contra los aboados, haciendo que Guerra Mazariegos enfrentará un proceso penal.
Por tratarse de un cargo menor, el implicado decidió reconocer los hechos ante la jueza Ericka Aifán, obteniendo una condena por el delito de obstaculización a la acción penal en calidad de cómplice.
Este cargo no supera los cinco años de prisión, por lo que la jueza decidió suspender la ejecución de la condena a favor del abogado que admitió su error, pero si llega a violentar nuevamente la ley dicha condena sería reactivada.
Recientemente esa misma judicatura resolvió enviar a juicio a Mónica Palacios Cano, exagente fiscal que habría buscado desde su puesto en el MP desvanecer los señalamientos contra la red criminal.
