Tomando en cuenta que los países de la región no efectuaron encuestas de empleos e ingresos el año pasado, se realizó una encuesta como parte de este estudio, para conocer la forma en que la pandemia ha afectado a la población.
En los datos que respectan a Guatemala reflejó que el 29% de la población encuestada perdió el empleo, adicionalmente el 17% tuvo disminución de los ingresos y a otro 9% le recortaron la jornada laboral, explicó.
Además, el 58% de la población en la región refirió que no les alcanzaban los ingresos y que tenían dificultades para poder satisfacer sus necesidades básicas. En el caso de Guatemala esa situación se reflejó en el 59% de la población.
Otra de las consultas que se hizo es que durante el último mes anterior al momento de la encuesta las personas habían tenido que hacer menos tiempo de comida de lo que solían acostumbrar como consecuencia de la pandemia, y 4 de cada 10 personas de la región (40%) respondieron que tuvieron que hacer menos tiempos de comida, agregó Mora.
En el caso de Guatemala es mayor al promedio y el 46% indicó haberse visto obligada a tomar esa decisión de tener menos tiempos de comida, expuso.
Otra parte que se analizó es la valoración que tenían las personas sobre las medidas adoptadas por los gobiernos y si habían recibido algún tipo de ayuda o servicio. El 46% de la población regional dijo que sí había recibido ayuda o algún servicio del gobierno, pero en el caso de Guatemala solo el 37% de la población afirmó haber recibido.
Asistencia desenfocada
Según Mora, quizá de los aspectos más graves en varios países, incluido Guatemala, es que del total de personas que dijeron haber recibido ayuda gubernamental, no necesariamente recibieron ese beneficio quienes más lo necesitaban, ya que el 50% respondió que sí les alcanzaban bien los ingresos y que podían ahorrar algo durante la pandemia.
Mientras que solo el 31% de quienes dijeron que no les alcanzaban los ingresos y que tenían grandes dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, recibieron este tipo de ayuda. Similares condiciones sucedieron en El Salvador, comentó, mientras que en Honduras y Nicaragua es mayor la condición de personas de mejores ingresos.
Los resultados se obtuvieron mediante encuestas en cada país realizadas por la firma Borge y Asociados para el Sexto Informe del Estado de la Región, según se detalla en el documento. Las encuestas se diseñaron con alrededor de 1,200 personas en cada país, un diseño de muestra que permite hacer inferencias a la población, explicó Mora.
En Guatemala se aprobó alrededor de Q13 mil millones para programas de apoyo que incluían Bono Familia que se entregaba con base al medidor de energía a quienes consumían menos de 200 kilovatios hora al mes. También el fondo para protección del empleo, para los trabajadores a quienes el patrono le suspendía el contrato de trabajo temporalmente, y otros montos para acceso a crédito, subsidio a la energía, alimentos y otros.
Jóvenes, los más afectados
En el área, la pérdida del empleo perjudicó de manera diferenciada a la población, en contraposición con la disminución de ingresos, que impactó a todos los grupos etarios de forma similar. Las personas de entre 18 y 35 años fueron las más afectadas por la pérdida de empleo (30%), mientras en el grupo de edad de entre 36 y 55 años esa proporción fue del 23%, y del 15% para los mayores de 56 años, se detalla en el informe.
Educación sin cobertura
Otra dimensión importante de la pandemia es el impacto al sistema educativo y la posibilidad de adaptarse a las nuevas condiciones. Mora expuso que la pandemia amplió y agudizó los problemas de exclusión educativa en la región. Aunque los sistemas educativos emprendieron esfuerzos que hay que reconocer para reproducir materiales, clases por radio y televisión, incluso la búsqueda de la tecnología o clases virtuales, sin embargo estos últimos fueron limitados por el poco acceso al internet, poco acceso a computadoras aspectos que se hacen más difícil en hogares con varios estudiantes, incluso donde los padres también requieren de la computadora e internet para trabajar desde casa.
Solo cerca del 50% de los hogares tenían acceso a computadoras y internet, se agregó. “En el mejor de los casos, en todos los países, apenas la mitad de los hogares podrían haber tenido acceso a estas clases virtuales”, comentó.
Pocas garantías
Mora explicó que desde una perspectiva regional, Guatemala es fundamental para la región. Es la economía más grande del área, aporta la quinta parte del PIB y es el país con mayor población, con alrededor de 17 millones de habitantes en el 2020.
Expresó que también se reconoce la riqueza de biodiversidad y de patrimonio muy alta, lo cual hacen de Guatemala un país con gran potencial, pero que se ha visto aminorado por su rezago político institucional, por las características de un Estado que no ha sido capaz de tener presencia en todo el territorio, con el fin no solo parara garantizar la seguridad de población sino garantizar el imperio de la ley, servicios básicos de salud, educación y nutrición.
“Esa debilidad d los Estados Centroamericanos, dentro de los cuales Guatemala no es la excepción, tiene que ver la debilidad fiscal de los Estados, con la cantidad de impuestos pagan, quienes pagan y con el uso que se le dará esos ingresos vía impuestos”, dijo Mora. La carga impositiva de la región es del 18% y Guatemala es uno de los países con menor carga tributaria, añadió.
Desigualdad rampante
Otra limitación de los países es que pese al crecimiento económico antes de la pandemia, incluso antes de la crisis del 2008 y 2009, haya sectores importantes de la población a los cuales ese crecimiento económico no llega por la altísima concentración de los ingresos. En Centroamérica en el 20% de la población de mayores ingresos concentra entre el 47% y el 55% de ingreso total.
Y el 20% de la población de más bajos ingresos recibe solo entre el 3% y el 6% de los ingresos totales y esto refleja porque el crecimiento no implique mejores condiciones de vida.
Peor crisis en tres décadas
Mora explicó que la región está en la peor crisis de las últimas tres décadas, porque estos rezagos históricos convergieron en los últimos años con retrocesos en materia institucional política, pero también en otros ámbitos que se han visto agudizados por el rápido y acelerado deterioro por la pandemia. Esto incluye deterioro de la independencia, autonomía poderes del Estado, fundamentalmente del sistema de administración de justicia, y lo relacionado con libertades y derechos vinculados al libre tránsito.
Para Guatemala se hizo un estudio sobre el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el cual se analizaron las últimas tres elecciones y “encontramos una intromisión indebida de partidos políticos y de actores fuera de la institucionalidad de los procesos de selección y nombramientos”, añadió.
Los sistemas de administración de justicia en Centroamérica, incluida Guatemala, son el eslabón más débil del proceso de construcción después del cese de la guerra en la región, refirió el experto.
Lea también: Suben afiliados pero baja aporte salarial: El contraste del empleo formal en Guatemala
En desarrollo social “estamos en una situación de crisis que obliga a sacar nuestros mejores aspectos de capacidad y voluntad para construir un futuro, sin el cual el deterioro se va a agudizar”, por lo que el informe hace un llamado a que, pese a que es compleja la situación no se debe perder la esperanza, eso implica una responsabilidad innegable y determinante de los líderes políticos, sociales y económicos, indicó Mora. Mencionó que se debe hacer el reconocimiento de que hoy los países del área, pese a la pandemia y al deterioro político institucional, están en una situación mejor que hace 40 años cuando la región estaba en guerra y enfrentamientos armados.
“En el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de la mayoría de estas naciones, el Sexto Informe Estado de la Región encuentra a Centroamérica sumida en la peor crisis en décadas” se refirió en un comunicado referente al estudio que realiza Programa Estado de la Nación (PEN), un centro de investigación participativa e innovación para la promoción del desarrollo humano sostenible.
También se refiere que ante el panorama ya frágil y desfavorable, la llegada de la pandemia del covid-19 indujo rápidos deterioros en los mercados laborales, y en el nivel de ingresos de la población, con consecuentes aumentos en el desempleo y la pobreza y donde los países tienen baja carga tributaria y se elevaron los déficits fiscales y tuvieron que recurrir a un todavía mayor endeudamiento público.
El informe se conforma por 14 capítulos en el que se analizan desde la pandemia, democracia, hasta la conflictividad socio-ambiental, y desastres y vulnerabilidad, así como la violencia, la salud, educación y otros.
