Expresidentes de México: la inédita consulta promovida por AMLO para juzgar a los exdirigentes (y de qué servirá realmente)

Sin embargo, la del domingo es inédita: será la primera consulta formal que será realizada en todo el territorio mexicano siguiendo los cauces establecidos por la Constitución desde que esta figura se incluyó en ella y quedó regulada por una ley federal de 2014.

Pero lo que AMLO presentó como una gran muestra de democracia participativa para que fuera el pueblo el que decida si deben investigarse y esclarecerse las decisiones de políticos en los últimos años, pronto se convirtió en blanco de fuertes críticas.

Una de las que más resuena es la de si es correcto plantear a la ciudadanía una cuestión como esta y dejar en sus manos la decisión sobre un papel que debería recaer de cualquier modo en las autoridades judiciales.

También hay enormes dudas por la ambigüedad de la pregunta a la que se deberá responder, y aún más por la incógnita sobre qué consecuencias tendrá realmente si gana el “sí” en caso de que el 40% de los electores acudan a votar para que resulte vinculante.

“La justicia no se consulta”

“No es necesaria una consulta para que se investigue a quien se tenga que investigar. Eso es un deber del Estado y de la Fiscalía General de la República que no está condicionado. Como dicen, la justicia no se consulta”, explica a BBC Mundo Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El analista político José Antonio Crespo coincide al afirmar que “no se puede consultar la aplicación de la ley en un Estado de derecho”.

“Además, van a preguntar algo que ya sabemos. Sí señores, un 95% queremos que se investigue y eventualmente se castigue a responsables de delitos. No hace falta que pregunten. Y si quieren saber, mejor que hagan una encuesta, que sería menos caro”, le dice a BBC Mundo.

Sin embargo, la profesora e investigadora del Colegio de México Violeta Vázquez-Rojas cree que el sentido de la consulta ha sido malinterpretado.

“La pregunta no es si se aplica la ley o no, es si se investiga o se perdona. Es saber si la ciudadanía pone punto final a estos agravios del pasado y deja que las investigaciones sigan su curso, si es que las hay, pero sin que haya esa demanda popular”, afirma.

Por ello asegura que en el hipotético caso de que ganara el “no”, no se estaría ordenando a la Fiscalía a que no investigue, sino que simplemente no existiría esa petición expresa por parte de la población.

“Lo que puede salir de la consulta es un mandato ciudadano para iniciar procedimientos judiciales o de otro tipo de justicia legal alternativa, para darle al presidente la legitimidad para que se emprendan las investigaciones necesarias”, opina.

Pero Salazar, autor de “El poder sobre el derecho. El caso de la consulta popular para juzgar a los expresidentes”, califica la iniciativa de “show político y despilfarro de dinero” que será recordado como “un mal precedente para la historia de las consultas populares en México”.

“Para mí, esto es un instrumento de propaganda del presidente para golpear a los gobiernos del pasado que hoy son oposición. Le veo un uso exclusivamente político”, apunta Crespo.

Un largo proceso

Lo cierto es que esta consulta ha sido toda una carrera de fondo para el presidente mexicano.

Ya desde antes de acceder al poder, AMLO planteó la necesidad de dejar que la población se pronunciara sobre si se debía enjuiciar a los cinco anteriores presidentes de México por diversas razones.

El pasado mes de junio, volvió a acusar a Carlos Salinas de Gortari de beneficiar a sus allegados durante su mandato sin hacer licitaciones públicas. A Ernesto Zedillo, por convertir deudas privadas en deuda pública en el caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

A Vicente Fox lo señaló porque “cargó los dados en la elección del 2006 (cuando AMLO quedó en segundo lugar y denunció un presunto fraude electoral) para imponer a Felipe Calderón, es un atentado a la democracia”, dijo.

A Calderón lo acusó por la conocida “guerra contra el narco” que lideró y que “convirtió al país en un cementerio”. De su predecesor, Enrique Peña Nieto, dijo que debía ser juzgado por “actos evidentes” de corrupción y por el señalamiento que el exdirector de la petrolera estatal, Emilio Lozoya, hizo contra él por supuestamente participar en una red de sobornos.

El primer intento de AMLO para convocar la consulta fue movilizar a sus simpatizantes para conseguir 1,8 millones de firmas. Pero finalmente, ante la previsión de que no se lograran, el mandatario presentó directamente la pregunta de la consulta al Senado tal y como le permite la ley, y que después pasó a la Suprema Corte.

La propuesta inicial mencionaba el nombre de los cinco expresidentes y preguntaba si se estaba de acuerdo o no en que las autoridades investigaran y, en su caso, sancionaran la presunta comisión de delitos durante sus respectivas gestiones.

En el pasado, otras propuestas fueron declaradas inconstitucionales por los jueces dado que la Constitución no permite someter a votación popular temas relacionados con derechos humanos, seguridad nacional, legislación electoral o ingresos y gastos del Estado, entre otros.

“En otras ocasiones, la Corte dijo que la materia de la consulta no podía separarse de la pregunta formulada. Sin embargo, en una muy sorprendente decisión, seis de once ministros dijeron esta vez que la materia planteada sí era constitucional, pero reformularon la pregunta”, le dice Salazar a BBC Mundo.

Aquella primera propuesta “violentaba derechos humanos como la presunción de inocencia. Al menos la Corte fue congruente al decir que no se puede prejuzgar a una persona específica con una suerte de tribunal especial. Eso es justicia privativa y está constitucionalmente prohibido”, explica.

Pregunta “ambigua”

Así pues, la Corte cambió la pregunta y quedó de la siguiente manera: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Hay que remarcar que la consulta no busca eliminar ningún fuero que impida juzgar a los expresidentes, dado que en México no existe. “No hay ninguna protección jurídica especial para ellos, son ciudadanos como todos nosotros y pueden ser investigados”, recuerda Salazar.

Pero la ambigüedad en la redacción de la nueva pregunta, sin especificar personas ni período de tiempo al que se refiere, es uno de los puntos que más críticas ha recibido. El medio británico The Economist dijo que “pudo haber sido ideada por Cantinflas”.

“Es una pregunta insulsa, sin definición y no clara. ¿A quiénes se investigaría? Si es que en esa pregunta entra todo. ¿Y quién decidirá a quiénes? ¿Será el gobierno? Porque lo haría con un criterio sesgado y eso lo impide la ley de las consultas”, dice Crespo.

El profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) interpreta que, basados en el “años pasados” que menciona la pregunta, también podrían ser investigados miembros del actual gobierno, que comenzó en 2018.

Pero Vázquez-Rojas entiende que la interpretación es clara. “Sabemos quiénes son los actores políticos relevantes y sabemos que ‘años pasados’ se refiere al pasado de esta Administración. Además, porque este gobierno se someterá a consulta para revocar mandato en marzo del año que viene”.

¿Para qué servirá?

Así, las interpretaciones sobre cuál es el sentido de la pregunta son muchas y diversas. El propio AMLO insiste en que la idea sigue siendo saber si se quiere o no que se investigue y se juzgue a los cinco expresidentes.

“Es otro texto, pero en esencia es eso”, dijo hace unas semanas, pese a que la pregunta reformulada ya no hace ese planteamiento.

Pero la incertidumbre es aún mayor a la hora de responder quizá la pregunta más importante: ¿de qué servirá realmente si gana el sí con la participación necesaria para que sea vinculante?

Crespo cree que “no tendrá ninguna consecuencia concreta”. “No lo sabemos. Amaneceríamos el lunes sin saber qué implicaciones tiene o para qué sirve. Por eso digo que, sea cual sea el resultado, va a ser estéril”, responde Salazar.

Y va más allá. “La mejor prueba de la irrelevancia de la consulta es que la Fiscalía tiene las mismas obligaciones el día de hoy que el próximo lunes a la hora de actuar en asuntos de corrupción. La consulta no cambiará en nada sus facultades, responsabilidades o funciones. En nada”.

Comisiones de la verdad

El propio presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar -quién votó a favor de la consulta-, ha reconocido que el resultado “no podría obligar” en modo alguno a la Fiscalía o al Poder Judicial, ya que “se tiene que realizar lo que manda la ley con independencia de la opinión pública”.

En cambio, apuntó a que una de las iniciativas a las que podría dar lugar la consulta es a la formación de Comisiones de la Verdad u otros procesos para garantizar los derechos de víctimas de violaciones de derechos humanos en México.

“Independientemente del resultado, si la gente dice ‘sí queremos justicia’, vamos a comenzar a establecer una comisión de la verdad hasta que los expresidentes respondan por los crímenes que cometieron”, aseguró este jueves Mario Delgado, presidente nacional del partido de AMLO (Morena).

Salazar recuerda que crear una comisión puede hacerse a través de una ley, de una reforma o cambiando la famosa Comisión Nacional de Víctimas. “No se requiere una consulta popular. Pero es que la pregunta de la consulta tampoco dice nada de eso”, subraya el jurista.

Interpretación de los resultados

La inmensa mayoría de previsiones apuntan, de hecho, a que no se alcanzará el mínimo del 40% de participación del electorado (más de 37 millones de votos) necesaria para que el resultado este domingo sea vinculante.

Pero, ante la previsión de que la mayoría de votantes lo hagan por el “sí”, Vázquez-Rojas cree que AMLO podría presentar ese resultado “si es mínimamente contundente” como “una expresión ciudadana” más que suficiente para pedir que se esclarezca el pasado sin importar que no se alcance la participación mínima.

“Los críticos con la consulta dirán que si hubo poca participación fue porque la gente no quiso participar en esta cosa absurda”, pronostica Crespo.

“Mientras, el gobierno le echará la culpa a la Corte por haber cambiado la pregunta. O al Instituto Nacional Electoral (INE) por no haber organizado bien, por no haber hecho la publicidad adecuada, por no poner todas las casillas para votar…”.

El INE no ha recibido un presupuesto adicional de parte del Ejecutivo para organizar la consulta. Gastará US$26,5 millones e instalará menos de 60.000 casillas electorales en el país, lo que supone un tercio de las ubicadas en las elecciones intermedias del pasado junio.

Por lo pronto, el mandatario aseguró que no participará en la consulta. Paradójicamente, dijo que si lo hiciera, votaría por el “no” ya que no desea buscar venganza contra expresidentes. “Perdón sí, olvido no (…). Estoy pensando hacia adelante”, dijo hace unas semanas.

Vázquez-Rojas considera que esta postura demuestra que AMLO no está interesado en llevar a cabo una persecución política contra sus predecesores, como algunos le acusan.

Crespo, en cambio, cree que solo demuestra que “quiere lavarse las manos” para decir que ya existió una condena pública de la ciudadanía “suficiente como para que no se aplique la ley” contra quien lo mereciera.