Un juez y dos funcionarios judiciales que recogieron pruebas para la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse dijeron en entrevistas y en quejas formales a la fiscalía que recibieron llamadas telefónicas y visitas de desconocidos que los presionaron para que modificaran las declaraciones juradas de los testigos. Si no accedían, les dijeron, podían “esperar una bala en la cabeza”.
Sus peticiones de ayuda a las autoridades fueron ignoradas, dijeron los funcionarios judiciales Marcelin Valentin y Waky Philostène, y el juez de paz, Carl Henry Destin, lo que ha provocado que sus vidas corran peligro.
Las amenazas también pusieron en peligro una investigación que, según los expertos, se vio empañada desde el principio por irregularidades, y que muchos haitianos temen que no revele la verdad sobre el asesinato, a pesar de las promesas de los actuales dirigentes del país de hacer justicia de manera rápida.
“Hay grandes intereses en juego que no están interesados en resolver este caso”, dijo Valentin. “No hay avances ni voluntad de encontrar la verdad”.
Durante una entrevista en una casa de seguridad de Haití, Valentin y Philostène describieron haber sido testigos de numerosas violaciones del procedimiento cuando acompañaron a los jueces de instrucción a la residencia del presidente y a los domicilios de los sospechosos. La policía trasladó los cuerpos de los sospechosos de ser asaltantes, se llevó algunas de las pruebas y les negó el acceso a la escena del crimen durante horas, dijeron, en una violación al código legal de Haití.
Más de tres semanas después de que los asaltantes irrumpieran en la residencia de Moïse y le dispararan 12 veces en su dormitorio, los investigadores haitianos han detenido o están buscando a más de 50 sospechosos. Pero ninguno de los 44 detenidos —incluidos los 18 comandos retirados colombianos acusados de participar en el asalto a la residencia presidencial y los más de una docena de agentes de seguridad encargados de proteger a Moïse— ha sido acusado o llevado a juicio.
La ley haitiana exige que los sospechosos sean acusados en un plazo de 48 horas o puestos en libertad, y los abogados que representan a algunos de los sospechosos dijeron que el retraso podría poner en peligro el juicio. A muchos de los detenidos no se les ha permitido contar con asesoramiento jurídico, y algunos han declarado a sus representantes legales que fueron golpeados para obtener confesiones.
Aunque el sistema judicial haitiano está plagado desde hace tiempo de corrupción y disfuncionalidad, los expertos y los abogados defensores afirmaron que nunca habían visto violaciones tan sistemáticas al debido proceso en un caso de alto perfil.
“Todo esto es muy irregular e ilegal”, dijo Samuel Madistin, abogado que representa a dos de los sospechosos. “Si la gente no confía en el proceso, no confiará en el veredicto”.
Horas después del asesinato de Moïse, el 7 de julio, el primer ministro interino del país, Claude Joseph, se comprometió a llevar a los responsables ante la justicia.
“Pueden matar al presidente, pero no pueden matar sus sueños, no pueden matar su ideología y no pueden matar aquello por lo que luchaba”, dijo Joseph. “Por eso estoy decidido a conseguir justicia para el presidente Jovenel Moïse”.
Poco después, Joseph pidió a Interpol y a las agencias de seguridad de Estados Unidos y Colombia que enviaran investigadores a Haití. Sin embargo, una vez allí, algunos de ellos tuvieron dificultades para acceder a las pruebas y a los sospechosos, según funcionarios familiarizados con la investigación. Dicen que esto hizo que se perdiera una oportunidad de avanzar en el caso en una fase crucial.
Además, ninguno de los sospechosos detenidos o buscados por la policía haitiana parece tener los recursos o las conexiones necesarias para organizar y financiar un complot que, según las autoridades haitianas y colombianas, se gestó en Haití y Florida y que incluyó el traslado desde Colombia de dos decenas de comandos retirados altamente capacitados.
“Lo que realmente me interesa es que atrapemos a la persona que dio la orden”, dijo Martine Moïse, la esposa de Moïse, quien resultó gravemente herida en el ataque. “Se trata de encontrar quienes pagaron el dinero”.
Moïse dijo que había depositado sus esperanzas de un avance en los investigadores internacionales, incluido el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), que envió una delegación para ayudar a la policía haitiana.
Pocos en Haití confían en que la policía y los fiscales del país, mal pagados y con poco personal, sean capaces de encontrar al culpable final por sí mismos. Y el mal funcionamiento del sistema jurídico local ha hecho que la investigación sea vulnerable a la manipulación, según los expertos jurídicos.
“No tenemos un Estado de derecho en Haití”, dijo Pierre Espérance, un destacado activista de derechos humanos haitiano. “Todas las instituciones han sido desmanteladas para obtener beneficios personales”.
Valentin, el funcionario, dijo que poco después de presenciar los interrogatorios iniciales de los sospechosos detenidos y anotar sus declaraciones, recibió una llamada telefónica del jefe de seguridad de Moïse, Jean Laguel Civil, preguntándole qué habían dicho.
Más tarde, ese mismo día, lo visitó en su oficina un hombre al que no conocía, que le exigió que añadiera los nombres de dos haitianos prominentes —el empresario Reginald Boulos y el político Youri Latortue— a las declaraciones de los sospechosos, implicándolos así en el complot.
Después de que Valentin se negara, dijo, empezó a recibir amenazas de muerte.
“Funcionario, puedes esperar una bala en la cabeza”, se leía en un mensaje de texto recibido por Valentin el 16 de julio, según una copia de una denuncia formal que presentó ante la fiscalía. “Te ordenamos que hicieras algo, y no haces nada”.
El empresario Boulos calificó el intento de mezclar su nombre en la trama como un ejemplo de cómo los poderosos intentaban aprovechar el caso para perseguir a los opositores.
“No pudieron encontrar ninguna prueba contra mí”, dijo Boulos en una entrevista, así que “están intentando subvertir el proceso presionando y amenazando a los tribunales”.
El colega de Valentin, Philostène, dijo que había recibido amenazas similares del mismo número por la misma época.
Civil, el jefe de seguridad, ha sido detenido desde entonces en relación con el asesinato. Su abogado no respondió a la solicitud de comentarios.
Valentin y Philostène dijeron que sus quejas sobre las amenazas fueron ignoradas. Dijeron que el jefe de policía y el ministro de Justicia les prometieron una escolta armada, pero que nunca llegó.
Destin, el juez de instrucción que visitó la escena del crimen y examinó el cuerpo del presidente, dijo que también lo habían presionado para que modificara las declaraciones juradas y que lo habían amenazado de muerte si no lo hacía. Hizo que la entrevista fuera breve, dijo, por miedo a pronunciarse.
El jefe de policía, Léon Charles, no respondió a las numerosas solicitudes de entrevista.
La corrupción común y corriente también parece haber empañado la investigación. Los documentos judiciales muestran que dos soldados colombianos retirados, abatidos tras el asesinato, fueron encontrados con unos US$42 mil en efectivo en sus cuerpos o cerca de ellos. En los informes policiales posteriores, el dinero no figura entre las pruebas encontradas en el lugar de los hechos.
Según Valentín, este evidente acto indebido no solo erosiona la confianza de los ciudadanos, sino que, en este caso, puede haber costado a los investigadores la posibilidad de rastrear el dinero a través de los números de serie de los billetes.
“Este es un caso excepcional”, dijo. “Pero se está llevando a cabo en el mismo sistema de impunidad y corrupción que todos los demás”.
Frances Robles en Miami y Richard Miguel y Milo Milfort en Puerto Príncipe colaboraron con reportería.
