La semana pasada se incluyó el punto en la agenda, pero se suspendió la sesión y no se descarta que vuelva a figurar en las prioridades de las próximas reuniones para su aprobación en tercera lectura y redacción final.
Las alarmas se encienden en algunos sectores del sector justicia porque la Ley de la Carrera Judicial establece los principios, normas, garantías y procedimientos necesarios para la administración y el funcionamiento de la carrera judicial.
En otras palabras, se regula el ingreso, permanencia, traslado, prestaciones y evaluación del desempeño de jueces y magistrados para que se garantice su imparcialidad, independencia y excelencia profesional mientras ejerzan su profesión.
La iniciativa se presentó con la justificación de que la ley vigente es una “discordancia con la Constitución Política”, lo cual la hace incongruente y se puede incurrir en inconstitucionalidades.
Los cambios a dicha normativa fueron promovidos por el ahora exdiputado Juan Ramón Lau y los legisladores José Arturo Martínez Dell y Álvaro Arzú Escobar, entre otros, con la intención de que la CSJ retome las decisiones administrativas de los jueces, magistrados y personal de las judicaturas.
El diputado Osmundo Ponce, presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, explica que este proyecto de ley pasó la segunda lectura y está a la espera del tercer debate. Considera que la iniciativa le resta independencia al CCJ y le otorga tareas administrativas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Más Poder a la CJS
El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) está integrado por un magistrado titular y un suplente, electos por el pleno de la CSJ, que no deben ser integrantes; un magistrado titular y suplente, electos en asamblea de magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría; un juez titular y un suplente, electos en asamblea de juzgadores de Primera Instancia.
Así también por un juez titular y un suplente, elegidos en la Asamblea de Jueces de Paz; un titular y un suplente experto en Administración Pública; un titular y un suplente experto en Recursos Humanos, y un titular y un suplente profesionales en Psicología.
Las reformas buscan que este consejo sea integrado y dirigido por el presidente de la CSJ y que ocupe el cargo de manera automática, junto a los demás integrantes mencionados anteriormente.
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Carlos Giovanni Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, opina que esta iniciativa de ley es un retroceso para la carrera judicial, debido a que buscan devolverle las funciones administrativas de los jueces, magistrados y personal de las sedes judiciales. “Las cortes Supremas de Justicia deben dedicarse fundamentalmente a administrar justicia y a la función jurisdiccional, y no a las funciones administrativas, para que la justicia sea más eficiente y eficaz. Muchos de los artículos que pretenden reformar sustituyen el Consejo de la Carrera Judicial por Corte Suprema de Justicia y es clarísimo”, afirma.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, señala que los cambios pretenden restituir a la CSJ como la figura de mayor poder en la carrera judicial, lo que representa riesgos.
Además, entre las atribuciones que intentan estipular está que los consejeros deben avisar al Congreso, con al menos seis meses de anticipación, sobre el vencimiento del período constitucional de los magistrados de las cortes, para que se convoque a las comisiones de postulación, mientras que la ley actual establece un año.
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Señala también que la CSJ ascenderá a los magistrados y jueces de mejor calificación en la evaluación, pero será el CCJ el que convocará a los concursos de oposición; no obstante, en la actual ley son los consejeros quienes convocan y ascienden a los funcionarios que obtienen el mejor punteo.
Críticas
Hilda Morales, exprocuradora adjunta de Derechos Humanos, afirma que la CSJ debería enfocarse en impartir justicia para eliminar la mora judicial y separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales.
“Se está señalando como que la creación del Consejo es inconstitucional, pero se liga a la Ley de Comisiones de Postulación, y es ahí donde se debe poner atención, porque esta ley necesita una reforma, por todas las complicaciones que hemos visto a lo largo de su existencia”, advierte.
Para el abogado y consultor jurídico Andy Javalois, las reformas propuestas en la iniciativa son cuestionables y debe haber un análisis objetivo y que provengan de personas empapadas del tema.
“Tiene una intencionalidad retroactiva, pero no en el sentido legal, sino en el histórico, de regresar las cosas a un tiempo, más o menos a mediados de los noventa o más atrás”, resaltó.
