Cada vez se amplía más el movimiento de protestas nacido tras la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval, que investigaba la corrupción estatal. El objetivo ya no es solo pedir la dimisión del presidente y de la fiscal general, sino un Estado más justo y el nombramiento de una asamblea constituyente.

Manifestarse es un derecho constitucional, pero un bloqueo, en cambio, viola el derecho de la libre locomoción. No pueden exigirse peticiones justas si para ello se obstaculiza el libre paso de la mayoría de los ciudadanos que necesitan movilizarse para llegar a sus lugares de trabajo, o simplemente realizar sus actividades cotidianas sin obstáculos. De esta manera se pierde totalmente la legitimidad de la petición porque están transgrediendo los derechos de la mayoría.

Una manifestación, en cambio, es una reunión de personas en un lugar público (pueden ser parques, plazas o explanadas), cuyo objetivo es dar a conocer una opinión o una petición. Los manifestantes marchan por las calles donde no obstruyen el paso, gritan consignas, levantan carteles, cantan canciones, etc., para que se escuche su mensaje. Estas manifestaciones a menudo expresan el descontento de parte de la población. Así lo hacen en los países más desarrollados del mundo, es válido y tiene efectos reales.

Lo que podría ser un movimiento inclusivo, en el cual participaran todos los sectores de la población que se vieran identificados con una causa justa, lo han convertido en una batalla de un solo sector. Por ejemplo, la semana pasada fueron los 48 cantones, esta semana Codeca, los cuales se convirtieron en los villanos por haber bloqueado las carreteras. De víctimas pasan a ser victimarios, por quebrantar los derechos de locomoción de los guatemaltecos. Mientras tanto, al presidente esto no le quita el sueño, porque son sectores de la población que menos le importan. ¿Causaron algún impacto en el mandatario esos bloqueos? ¿será acaso que va a renunciar? Obvio que no, porque ellos “bloquearon” y no manifestaron. En otros países, obstaculizar carreteras es un delito de hasta 6 años de prisión.

Lo importante ahora, si es que realmente se quieren generar cambios sustanciales y legítimos, es organizar un tipo de manifestación inclusiva, porque sin duda alguna toda la ciudadanía reconoce la corrupción estatal y exige una depuración total de esta clase política que nos ha llevado a la ruina. Necesitamos cambios en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Porque hoy tenemos un Estado corrupto que garantiza la impunidad. Este es un punto de quiebre institucional donde existe la oportunidad de iniciar una transformación o bien seguir como hasta hoy, sumidos en una crisis que puede realmente llevarnos a una total ingobernabilidad.

La importancia de la libertad de reunión pacífica como un derecho político fundamental en una sociedad democrática es un hecho real y necesario para obtener cambios, pero indiscutiblemente cualquier manifestación debe respetar los derechos de locomoción de los demás. Seguramente, bajo estos parámetros podrían volver a organizarse manifestaciones como las del 2015, que incluyeran a todos los sectores y líderes del país. Esto sería un éxito, sumado al poder de las redes sociales.

Estamos en una democracia que nos garantiza derechos, tener una opinión, expresarla, manifestarla y ¿por qué no? hacer una petición. Pero para que se permita una manifestación no debe amenazar el orden ni la seguridad. También es necesario que los organizadores pidan los permisos necesarios, especificando la fecha, el recorrido del desfile y su objetivo. De este modo la Policía puede estar preparada para garantizar la seguridad de todos el día de la manifestación.