En las últimas semanas han surgido protestas multitudinarias de diversos sectores que manifiestan contra la corrupción y la ineficiencia gubernamental en el manejo de la pandemia, la cual ha reportado cifras récord de contagios desde que se presentó el primer caso de coronavirus en Guatemala, el 13 de marzo de 2020.
Aunado a ello, la cantidad de vacunas ha sido insuficiente y aumenta la percepción de que el gobierno no cuenta con las capacidades ni la idoneidad para atender las necesidades de la población, lo que ha provocado que diversos frentes conformados por estudiantes, campesinos, organizaciones indígenas y ciudadanía en general salgan a las calles para expresar su descontento.
La Conferencia Episcopal de Guatemala (Ceg) recomendó ante este escenario que el presidente promoviera un diálogo nacional con el fin de generar acuerdos entre los diversos sectores. El Ejecutivo se mostró dispuesto a impulsarlo y sugirió que fuera en las sesiones del Conadur donde se celebren estas conversaciones.
“El Conadur es la instancia superior y constituye el órgano máximo y representativo del Sistema de Consejos de Desarrollo encargado de formular las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo a nivel nacional, tomando en consideración los planes de desarrollo regional y departamental”, respondió la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia al ser consultada sobre este tema.
Sin embargo, al consultar con diversos actores que conforman esta instancia, se evidencia que el tema ni siquiera se ha incluido en agenda y tampoco se ha recibido ninguna instrucción para promoverlo.
De hecho, las mismas autoridades de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep) dudan que el Conadur tenga las facultades para canalizar un diálogo nacional.
“De conformidad con la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano Rural y el Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, el Conadur es el espacio para la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional. De esta cuenta, tiene a su cargo, por mandato constitucional, la formulación de políticas de desarrollo urbano y rural, por lo que no es competencia ni forma parte de sus funciones lo relacionado a su consulta (…)”, informó la oficina de comunicación social al preguntarles si se incluiría algún tipo de diálogo en la próxima sesión.
Sin instrucciones y sin competencia
El Conadur es coordinado por el presidente de la República, alcaldes delegados de cada una de las regiones, ministros de Estado, representantes de pueblos mayas, xinca, secretarías presidenciales, representaties de organizaciones cooperativas, campesinas,, de mujeres y de pequeñas y medianas empresas, entre otros actores.
Entre las funciones que le asigna la ley está formular políticas de desarrollo urbano y rural, promover la descentralización de la administración pública y facilitar la participación de la sociedad en el proceso de priorizar necesidades, problemas y soluciones para el desarrollo integral de la nación, entre otras.
Al consultar con la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), cuya titular Keila Gramajo actúa como secretaria del Conadur, se informó que la próxima sesión se realizará el siguiente mes pero aún no hay detalles de cuál será la agenda.
En el mismo sentido respondieron representantes de los alcaldes y gobernadores consultados.
Adrián Zapata Romero, experto en políticas públicas de desarrollo rural, considera que, en la teoría, el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural está muy bien elaborado. Sin embargo, en la práctica algunos cargos representativos se han cooptado con intereses políticos.
“En los niveles más bajos, como en los consejos comunitarios de desarrollo, sí se mantiene una representación importante, pero conforme se va ascendiendo en el sistema de consejos de desarrollo se van cooptando los puestos de representación”, dice el entrevistado.
Por esta razón, considera que el Conadur no cuenta con la representatividad necesaria para canalizar todas las demandas ciudadanas. “Este espacio es insuficiente para poder desarrollar un diálogo. Debe realizarse en un espacio con más participación y no reducirse a una estructura que teóricamente puede ser relevante, pero que en la práctica se ha desnaturalizado”.
Por su parte, Philip Chicola, analista político, explica que el ámbito de actuación del Conadur se relaciona con políticas de desarrollo y es un mecanismo para promover la participación de los territorios. No obstante, muchas demandas de los distintos sectores no se limitan al área económica de desarrollo, por lo que coincide con que el espacio donde se realice el diálogo debiera ser más amplio.
“En estos espacios no se incluyen diálogos políticos. Muchas de las demandas van sobre la línea de reformas al sistema de sistema de justica, reforma electoral, combate a la corrupción y temas de agenda política que no encajan ni en las atribuciones de Conadur y ni del Consejo Económico Social”, puntualiza Chicola.
Un primer paso para convocar al diálogo, sostiene, es acordar cuáles serán los puntos a discutir, pero de momento no se ha definido ni siquiera una agenda, afirma el entrevistado.
