La extorsión en el país va por muchos canales y perfila a diferentes víctimas, al tiempo que quienes están detrás de esas exigencias cambian constantemente su forma de operar.
Un informe sobre las tendencias de las extorsiones en los 22 departamentos del país, publicado por la organización Diálogos, indica que de enero a julio últimos se registraron ocho mil 617 denuncias sobre extorsiones a personas de ambos sexos. Esto significa que, en promedio, se reciben 41 cada día.
La tasa interanual durante los primeros meses del 2021 fue de 84.9 extorsiones por cada cien mil habitantes.
Las víctimas de esos delitos continúan siendo tanto propietarios de comercios grandes como de pequeños, tiendas de barrio, transporte colectivo, vendedores, puestos de mercados municipales, recolectores de basura y otros negocios, así como propietarios de viviendas ubicadas en zonas controladas por pandillas.
Investigadores de la División contra las Pandillas (Dipanda), de la Policía Nacional Civil, señalan que los extorsionistas no solo hacen llamadas extorsivas, sino también envían advertencias por medio de aplicaciones de mensajería instantánea, ya que el terror se propaga desde un teléfono celular.
En sus esfuerzos por combatir este flagelo, la PNC ha capturado, en conjunto con el Ministerio Público, a mil 496 personas por el delito de extorsión, según Gendri Reyes, ministro del Interior, durante la presentación del informe de labores de esa cartera, la semana pasada.
El Ministerio Público y las fuerzas de seguridad coinciden en que más del 60 por ciento de las denuncias que reciben son de extorsiones cometidas por imitadores, quienes por lo regular actúan desde alguna prisión.
El mes pasado, las autoridades trasladaron a 27 reclusos señalados de ser jefes de clicas del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II a Pavón, a fin de de dejarlos incomunicados con el exterior y así no puedan cometer extorsiones por teléfono ni ordenar ataques armados.
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En rechazo al traslado, los reclusos tomaron como rehenes a 17 guardias y al director del centro de alta seguridad Canadá, Escuintla. Pedían que los cabecillas fueran enviados de nuevo a Fraijanes o a la cárcel El Infiernito, y que además les permitieran visitas.
Para lograr la liberación de los rehenes, las autoridades ofrecieron llevarlos a la “vieja alcaidía”, en el reclusorio Preventivo para Varones de la zona 18, en donde se supone que están aislados de los demás internos.
Este no ha sido el último traslado efectuado por las autoridades para evitar que el delito de las extorsiones prolifere desde las cárceles. Desde la matanza de siete privados de libertad ocurrida en mayo pasado, en Cantel, Quetzaltenango, Dipanda tuvo que cambiar de reclusorio a más o menos 200 reos, que son rechazados por extorsionistas.
“Extorsionista que llega a esa cárcel no lo quieren. Debe ser trasladado a otro centro”, comentó uno de los investigadores bajo condición de anonimato. El rechazo de los privados de libertad es porque no quieren imitadores, ya que llaman o mandan mensajes de extorsión hasta 300 veces al día.
Aplicaciones
Dipanda considera que no existe ninguna prisión segura para limitar las extorsiones, y es por eso que aumentan las denuncias de víctimas del delito, pero recalca que son acciones de imitadores y que hasta 300 reos podrían estar extorsionando desde las cárceles.
“Tenemos el registro de que solo un número generó más de 280 denuncias de enero a la fecha. Lo que ahora hacen es que compran la sim card y descargan la aplicación de WhatsApp para luego destruir el chip. No importa que se cancelen las líneas, pues whatsapp sigue activo y ellos siguen extorsionando”, afirma el investigador.
Esos reos no solo hacen llamadas, sino también envían mensajes y se comunican por aplicaciones de internet, por lo que, según el investigador, buscan que no solo se destruya el chip, sino también que se bloquee el registro de fábrica del teléfono
Desde hace algunos años las autoridades han desmantelado instalaciones de módems y cables para señal de internet y telefonía en cárceles como El Boquerón y El Infiernito, en las cuales, además de tener estructura para el servicio de internet, los reclusos tenían antenas amplificadoras de señal.
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Incidencia
San Antonio Aguas Calientes, San Lucas Sacatepéquez, Retalhuleu, Guatemala, San Bartolomé Milpas Altas, Coatepeque, San Miguel Dueñas, Santa Catarina Barahona, San José Pinula y Escuintla son los 10 municipios con mayor tasa interanual de extorsiones para ambos sexos por cada cien mil habitantes, según el informe.
Para evitar que las llamadas extorsivas sigan saliendo de las prisiones, las autoridades han aislado a líderes del Barrio 18 en sectores de las mismas cárceles o los han repartido en diferentes reclusorios, informó Dipanda. Sin embargo, aunque la medida se ha implementado en varias ocasiones, algunos investigadores consideran que no es la óptima, porque ninguna cárcel reúne las condiciones e infraestructura necesarias para lograr el control total sobre los reclusos.
