Los tres magistrados fueron confirmados para conocer la solicitud de antejuicio presentada por el exjuez Mynor Moto, quien busca que Aifán sea investigada por el Ministerio Público (MP), por considerar que incurrió en un delito al autorizar su orden de detención.
Además, la CSJ volvió a imponer una multa de Q500 a la jueza y al abogado que planteó los recursos legales contra los magistrados en mención.
El pasado 5 de agosto, la CSJ dio trámite a las recusaciones promovidas por Aifán, pero fueron resueltas por el pleno hasta este martes.
El 2 de febrero, Mynor Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Erika Aifán, que ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.
Aifán firmó la orden de captura a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que vincula a Moto en el caso “Comisiones paralelas 2020” y a quien consideró no idóneo para el cargo de magistrado.
El 10 de febrero 2021, Aifán también pidió a la CSJ que los magistrados Silvia Valdés y Manuel Duarte no conocieran el antejuicio promovido en su contra por Moto. La juzgadora argumentó en esa ocasión de que ambos opinaron y pidieron informe por allanamiento a Juzgado Tercero, que estuvo a cargo de Moto.
Demanda al Estado de Guatemala
Aifán demandó recientemente al Estado de Guatemala debido a “fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos en Guatemala, incluso dentro del poder judicial”, según un comunicado difundido el martes 7 de septiembre.
La petición fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su equipo legal probono de King & Spalding y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional (Vance Center), quien emitió un comunicado con la información.
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Recuerda que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Aifán en 2019, pero que recientemente han surgido nuevas amenazas en procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que buscan retirar su inmunidad judicial mediante antejuicios.
La petición presentada por Aifán contra el Estado de Guatemala es por denuncias de violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
