Justicia

Caso Plazas Fantasma: 10 sindicados se acogieron a aceptación de cargos, pero tras absolución de otros procesados cambian de opinión

Diez implicados en el Caso Plazas Fantasma que se acogieron a la aceptación de cargos, ahora cambiaron de opinión tras absolución a otros señalados.

CASO PLAZA FANTASMA

Diez señalados que se acogieron a la aceptación de cargos en el Caso Plazas Fantasma, durante audiencia este 14 de diciembre 2022. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Este miércoles 14 de diciembre se llevó a cabo la audiencia en el caso del exdiputado Edgar Cristiani y extrabajadores del Congreso de la República que supuestamente obtuvieron plazas fantasma.

Diez sindicados, entre ellos el exdiputado Cristiani, en agosto recién pasado se sometieron a la aceptación de cargos y no fueron a juicio, pero cambiaron de opinión luego de la absolución que otorgó el juzgado Mayor Riesgo “A”.

La jueza Claudette Domínguez les aceptó la solicitud de renunciar a la aceptación de cargos, por lo que podrían salir libres.

Estos 10 señalados en el Caso Plazas Fantasma se acogieron a la figura especial de aceptación de cargos para lograr reducir sus penas por los delitos que se les imputaban.

El 23 de septiembre pasado, varios exdiputados, algunos exintegrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República, se libraron de enfrentar juicio en este caso, pues durante la conclusión de la audiencia de etapa intermedia, la jueza Domínguez declaró el sobreseimiento por los delitos que eran procesados.

Entre los exdiputados señalados se encontraban César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá. En total fueron 59 personas las que fueron implicadas en este proceso.

Sin embargo, todos los exdiputados que eran señalados de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción fueron beneficiados con el sobreseimiento a su favor.

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La investigación del Ministerio Público y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) estableció que durante el periodo de la Junta Directiva del Organismo Legislativo 2014–2015 se contrató a personas sin que llegaran a trabajar al Congreso, pero cobraron salarios de entre Q15 mil y Q20 mil, incluso, algunas personas solo tenían de escolaridad de nivel diversificado.

La investigación determinó que los sindicados prestaron su nombre y recibieron fondos por concepto de pago de planilla del Congreso, pero no se presentaban a laborar, incluso, varios de ellos trabajaban para otras instituciones del Estado.

Entre los cargos que aparentemente desempeñaban figuraban secretarias, asistentes y técnicos operativos, entre otros.