Thelma Aldana llegó al cargo con la carga enorme de la desconfianza de varios sectores, especialmente de quienes apoyaron a la anterior fiscal Claudia Paz y Paz. No solo no creían en su independencia, sino que pensaron que llegaría a desvalorizar todo lo que se había logrado con la anterior administración.

La maestra Aldana, con 27 años de ejercicio profesional, ha escalado en su carrera judicial a base de capacidad, esfuerzo y trabajo.

Se inició desde el puesto más bajo en los Tribunales, el de conserje, y luego fue notificadora, secretaria de Salas, hasta llegar a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia, cuya presidencia ocupó.

Su interés en los derechos de las mujeres está probado y merece nuestro reconocimiento. Fue artífice de los juzgados de Femicidio, un gran avance para combatir la violencia contra la mujer.

Sus méritos académicos y laborales, aunque destacados, no son los indispensables para garantizar el éxito de su función al frente del ente investigador.

En el ejercicio de ese cargo es imprescindible que sea evidente y probada la independencia de cualquiera de los poderes del Estado, para garantizar que la persecución penal se realice con los ojos cerrados, que no se vean caras, sino hechos y delitos.

Previo a la crisis que hoy enfrenta el país, la fiscal general hizo explícita su postura sobre la Cicig cuando integraba la Comisión que el presidente constituyó para recomendar la continuidad o no de dicha entidad internacional.

Ha transparentado el estado en que encontró el Ministerio Público, la mora de más de dos millones de expedientes, las condiciones vergonzosas en que laboran algunos de los empleados, incluso conviviendo con ratas; la precariedad de la infraestructura y otros problemas vinculados con el sector justicia.

Se atrevió a reconocer que en esa entidad también hay corrupción y ahora tiene el deber de depurar a los corruptos, a los que carecen de ética o de mística de trabajo, para dar el ejemplo y expulsar el mal de su entorno, la fiscalía que verá esos casos tiene una enorme responsabilidad.

Estableció la Fiscalía Liquidadora, para que esa impunidad acumulada se vaya evacuando, entre ellos los 27 casos de periodistas asesinados; ha puesto empeño en la Fiscalía contra la Corrupción, que ahora debe llegar al fondo de las investigaciones sobre el caso la Línea y continuar las pesquisas para limpiar al Estado. Estratégico es el énfasis puesto en la Fiscalía Especial contra la Impunidad que trabaja con la Cicig.

El anuncio de un ente que va a encargase de las extorsiones es alentador. Nos urgen esas señales de esperanza de que se intentará revertir la descomposición que ha privado en el Estado. Por eso destaco esos valiosos aspectos.

La jefa del Ministerio Público tiene el trascendental reto de ser cada vez más consecuente con la necesaria independencia de ese alto organismo del Estado.

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