La concesión de administración del servicio de correos y telégrafos en el país venció el 31 de mayo último, luego de 10 años de contrato y en medio de un escaso interés por parte del Partido Patriota (PP) para prorrogar el convenio en el Congreso, según diputados de oposición.

Félix Serrano y Estuardo Gálvez, rectores de las universidades Mesoamericana y San Carlos,  presidirán las comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones.

La intención de reformar la Constitución fue reclamada ayer por los tres poderes del Estado y la Corte de Constitucionalidad, que coincidieron en que es imprescindible actualizarla, después de 29 años de promulgada, que se cumplen mañana.

Durante el último año, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) ha recibido al menos 900 denuncias de personas afectadas por abusos en el cobro y condiciones para optar a convenios de pago, debido a deudas por el uso de tarjetas de crédito.

El rechazo de la población al nuevo préstamo, por US$280 millones, aprobado el martes último en el Congreso, se ha manifestado a través de distintas vías con señalamientos contra diputados y bancadas de oposición que se habían destacado por una labor permanente de fiscalización del gasto gubernamental.

Con una rápida votación de 146 diputados y sin ninguna discusión o razonamiento, el Congreso en forma unánime aprobó un préstamo por US$280 millones —unos Q2 mil 156 millones— con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para ampliar la ruta de Escuintla a la frontera con El Salvador.

Una ampliación de cuatro a seis años del período presidencial, de diputados y alcaldes no sería viable, al menos por medio del Congreso, según la mayoría de jefes de bloques, quienes ven en la propuesta un distractor del oficialismo para desviar la atención de temas que ahora causan desgaste gubernamental.

La Comisión legislativa de Probidad demandó declarar lesivo el contrato de adjudicación del estudio de factibilidad para el proyecto hidroeléctrico Xalalá, por US$5.3 millones —unos Q40 millones—, y procesar al consejo directivo del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) por haber otorgado el concurso con supuestas irregularidades.

Por tercer día, cientos de maestros mantenían ayer tomadas las direcciones de Educación en seis departamentos, en demanda de beneficios administrativos y más fondos para las escuelas, en donde trabajan con limitaciones, aseguran, al exponer un nuevo conflicto en el sector educativo.

A un año de la convocatoria para elecciones generales del 2015, las campañas difamatorias entre partidos políticos comienzan a gestarse, lo que aumenta los señalamientos y acusaciones.