En Guatemala nadie está libre de pecado. Desde oenegeros mercenarios a empresarios mercantilistas, a sociedad civil falsaria, a politiqueros rentistas, a periodistas faferos, a burócratas corruptos, a exguerrilleros mafiosos —a jueces, magistrados, fiscales y abogados torcidos— y hasta una Cicig cuestionada con lunares feos después de 11 años. ¿Quién tira la primera piedra?

No se puede soslayar que la elección de fiscal general de la Nación en Guatemala no solo es un proceso de evaluación de competencias y capacidades, sino un evento político en el que intervienen intereses y posturas ideológicas.

Charles Dunlap, Jr., miembro del Centro Carr de Harvard, definió lawfare  como “el uso de la ley como un arma de guerra”. Suena patéticamente cierto en estos días cuando los más connotados juristas constitucionalistas de Guatemala se han pronunciado sobre el deterioro del sistema judicial, en especial, la Corte de Constitucionalidad, donde se evidencia el mal uso de la ley para empujar agendas politiqueras o apoyar causas espurias.

Con el último ladrillo sellando su tumba, Efraín Ríos Montt derrotó el domingo pasado, por última vez, a sus enemigos. Los enemigos de la paz, la guerrilla guatemalteca, que amparándose detrás del marxismo leninismo y tratando de emular a especímenes tan totalitarios y fracasados como Fidel Castro y otros ejemplares de la zoopolítica internacional revolucionaria quisieron imponer una dictadura del proletariado. De aquellas que dejaron “un legado de miseria y degradación física y moral de dimensiones nunca vistas en la historia de la humanidad”.

Es el solsticio de verano. Jesús presiente que el final se acerca, y se prepara para dejarse llevar por la inercia de las profecías escritas —entre otros— por el profeta Zacarías, cientos de años atrás, cuando escribió que “el Salvador sería traicionando por un amigo y vendido por 30 monedas de plata; que repartirían entre sí sus vestidos y  sobre sus ropas echarían suertes.  Que sería crucificado; le darían vinagre en vez de agua; que al medio día los cielos se harían oscuridad; y que sería enterrado en la tumba de un rico”,  Zacarías 11:12;  Salmo 22:18; 22:16; 69:21.

Normalmente inicio mi columna a partir del título. Es un norte que me guía en su desarrollo. Muchas veces comienzo en una dirección y la inercia temática me lleva por otra. En esta columna tengo varios puntos en el tintero motivando por salir. Veremos por dónde agarra.

En el tapete de nuestra realidad nacional en foros y encuentros se describe nuestra realidad en todos los ámbitos que impactan el futuro del país, tratando de demostrarnos una ruta en picada negativa, como si fuese un cometa a punto de desaparecer en la atmósfera dura, hostil de la resistencia al cambio.

En noviembre del 2016 —y con el apoyo de más de cien diputados—  fue aprobada de urgencia la ley que implementa la utilización de brazaletes electrónicos a reos que califiquen para medida sustitutiva. Se suponía que el Ministerio de Gobernación debía modificar su presupuesto en el 2017 para implementar el dispositivo de control.

Cómo nos suele suceder a los periodistas que hemos escrito por décadas, es imposible no repetir la misma posición sobre determinados temas cuyo abordaje sobrepasa las coyunturas y se vuelve agenda permanente pendiente.

Regreso de una visita a Corea del Sur impresionado del desarrollo y la prosperidad alcanzada por este país que en 1960 tenía un PIB per cápita de apenas US$158 y que hoy sobrepasa los US$28,000. Dos Coreas, una sumergida en la miseria, la represión y el subdesarrollo y la otra pujante, libre y próspera.  En el índice de libertad humana, Corea del Sur ocupa el puesto número 29.