La frase aquella que se le atribuye a Otto Von Bismark sobre que “La política es el arte de lo posible” parece hacerse realidad en la vida del narco guerrillero  Timochenko, el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un personaje ahora convertido en candidato presidencial gracias al proceso de paz colombiano, y un perfecto ejemplo del alcance de tal aseveración.

Operación “Gaveta”, como aquella acción de la máxima dilación maliciosa para cometer demora y retardo perjudicial en provecho y a favor de causas propias y de intereses de grupúsculos. No ha sido solo una ley de altísimo interés nacional sino incontables las que guardan sepultura en las catacumbas del Congreso. Una realidad que como cáncer ha desarrollado metástasis en todos los organismos del Estado. Y aunque no hay trámite que no esté embarrado de este virus en toda la administración pública, es en los jueces y magistrados donde se cometen las más crueles injusticias, irrespetando el debido proceso y los derechos constitucionales.

Domingo 28 octubre 2017 DC./ Mientras tecleo esta columna, tengo como testigos de este escribiente a dos gigantes con quienes hemos cultivado, más que una relación, una amistad íntima de larga duración. Me han acompañado en mis días de tristes grises y también en los soleados momentos cuando he cantado de contentamiento y felicidad en el alboroto familiar.

La iniciativa de algunos diputados por gestar un movimiento de transformación a lo interno del Congreso, —indiferente a que sean pocas golondrinas— puede iniciar una primavera de renovación trascendente para nuestro país en este “toca fondo” en que nos encontramos.  Al aprobarse estas  leyes anticorrupción, se abrirían espacios para nuevos liderazgos, más representativos y mayor conexión con sus distritos.

Estamos dentro del túnel y aún no vemos la luz. Nos quedamos varados, en la parálisis generada por el movimiento anticorrupción mientras el país se desmorona política y económicamente, que es lo que nos da de comer, gracias a las inversiones que generan empleo y mantiene con nuestros impuestos al Gobierno.

El reportaje de Agencia EFE/Guatemala, del 7 de octubre pasado, publicado en Prensa Libre bajo el título: “Las Cárceles de Guatemala están fuera de control”, transmite con fidelidad la cruda y espantosa realidad de un sistema penitenciario que contradice cualquier significado del término “justicia”.

Compartía con mis colegas en una reunión académica el evidente cansancio que a todo nivel está causando la crisis política que vivimos. La polarización ciudadana es de las más altas que yo he experimentado en décadas. La tracción mediática constante generada por los titulares, reportajes, notas y opiniones en los  medios de comunicación y redes, es porcentualmente mayor que cualquier otro tema.

La historia nos ilustra para entender el presente. Me encontré con una columna, de las tantas que he escrito a lo largo de varias décadas sobre la falta de voluntad de la clase política para cerrar los agujeros legales que permiten la corrupción.  Un extracto de una columna titulada Circo Politiquero, del 18 agosto 2015,  me asombra: Circo politiquero: “A dos semanas de las elecciones, las bancadas mayoritarias de los señores diputados —cuya extinción del dominio legislativo fenece el 14 a las 14 de enero 2016— seguirán embarrando de más excremento las paredes del hemiciclo. Es un proyecto en el que han venido trabajando con absoluta dedicación para defecar sobre todos los manuales del republicanismo. Su desempeño para amordazar la democracia con un clientelismo politiquero fétido es lineal, directo y macabramente efectivo.

Uno trata de comprender lo que pasa en esta nuestra patria con amagues de golpes de Estado, autoharakiris de 107 diputados con retractaciones pusilánimes; un presidente tratando de mantenerse a flote mientras Raymundo y medio mundo le apuntan a la cabeza; un pueblo harto hasta la coronilla, no solo por corrupción, sino del descalabro del Estado como tal: Constantes bloqueos y manifestantes en vías de comunicación, Infraestructura y carreteras colapsadas, ingobernabilidad; balaceras y fugas de mareros en hospitales públicos;  invasiones de fincas donde la Policía Nacional Civil no puede actuar porque tiene órdenes; hostilidad legal y política a las inversiones internacionales, como Mina San Rafael, —ahora con permiso para seguir operando, pero sitiada por los oenegeros mercenarios, incluido el cura del lugar, que desde el púlpito predica sus ilustraciones anti- minería mientras por el otro recibe donativos en euros— y  el proceso de  Oxec I y II, aún pendientes de resolver en forma definitiva. Esa es la situación. Un panorama turbio como el fresco de chan.

El informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora según los expertos juristas que he consultado, me indican que es un gallo gallina que trae más dudas al proceso y no contribuye para darles elementos sólidos al pleno para tomar decisiones correctas.