En Guatemala se quemaron 56 niñas y adolescentes un 8 de marzo de 2017. Estaban en un hogar de protección del Estado. Cuarenta y una de ellas murieron y 15 sobrevivieron. Nada más simbólico del país que somos y de las formas que toma la violencia en nuestro territorio hacia las mujeres. Años atrás, El Imparcial, un 14 de julio de 1960, en el pie de foto de portada señalaba: “esta escena de horror, captada después del siniestro, ofrece una dolorosa perspectiva de la magnitud del desastre. En el patio del ala de mujeres, se hacinaban los cadáveres de las dementes que no pudieron salir del encierro”.

“¿No son lo mismo igualdad y equidad?” pregunta una joven universitaria. “¿Qué pasa si tú y dos amigas más van a un concierto y no pueden entrar porque se agotaron las entradas, así que deciden verlo desde fuera, tras una pared, pero tú, por ser más alta lo ves todo perfectamente, mientras tus otras dos amigas no alcanzan a verlo bien desde allí?”, respondo. Y pregunto más: “¿qué pasa si tu mamá y la señora que le vende tortillas escriben mal una misma palabra? ¿A quién corregirías?” Y responde: “en el primer caso, yo vería todo bien pero mis amigas no, así que seguro buscaríamos un lugar desde donde todas lo viéramos igual. En el segundo, corregiría a mi mamá de plano, porque se supone que ella estudió bien su idioma”.

Entré al recinto aquella tarde de julio. Llevaba en la mano algo que, sin exagerar, era algo así como un mapa del tesoro en un país donde los libros y la cultura pueden ser aún transgresores u objetos de lujo para muchos. A la vista, editoriales nacionales y extranjeras; universidades guatemaltecas —URL, UVG y UFM—, mexicanas —Unam o la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas—, salvadoreñas —UCA—; centros de pensamiento, librerías, asociaciones de cine, bibliotecas, cámaras del libro, fundaciones, países donantes, medios de comunicación, bancos, iglesias, instancias de gobierno, NatGeo, bibliotecas y más.

Estamos a las puertas de un año electoral que estará marcado por una evidente confrontación asimétrica entre un alto porcentaje ciudadano que ya se quitó la venda de los ojos ante la corrupción, y un Pacto de Corruptos (PDC) que actúa desesperadamente pero sin tregua en la defensa a ultranza de un sistema que sostiene privilegios, corrupción e impunidad. La última estocada del PDC fue la reciente elección de la actual Junta Directiva del Congreso, con todo y su posterior intención de suprimir la Corte de Constitucionalidad (CC).

Hace pocos días, un amigo conocedor de cuestiones geopolíticas y geoestratégicas lanzó en redes la expresión “el diablo está en los detalles”, refiriéndose a las recientes elecciones intermedias en EE. UU. Particularmente, aludía al sistema de pesos y contrapesos que se dará a partir de ahora para la administración Trump, con un Senado Republicano y una Cámara Demócrata. Aunque pensemos que la política de EE. UU. es una, independientemente del partido que gobierne, cuando se hila más fino queda claro que hay ciertos detalles que cambiarán a partir de ahora.

¿Se habría dado un éxodo de 7 mil personas centroamericanas si por acá no hubiera un sistema tan inequitativo?

La Caravana Migrante no se formó en un día. Este éxodo humano que empezara a mover unos mil pares de pies hondureños el 13 de octubre del 2018 inició hace mucho en nuestra región expulsora, corrupta, miserable y violenta. Es una práctica social que hoy tiene la connotación de huida, sobre todo en Honduras, El Salvador y Guatemala, y se calcula que suma ya más de siete mil personas.

Que cada quien profese la fe que desee. Mi artículo no va en la línea de cuestionar las creencias de nadie, sino de iniciar una reflexión en dos sentidos, como ciudadana de un Estado supuestamente laico: 1) Las facciones más institucionales, poderosas y conservadoras de las Iglesias, se han vinculado históricamente con el poder político, para darle respuesta a los intereses del poder económico; y 2) El dogma de fe, difundido desde cualquier púlpito político, impacta profundamente la psiquis de las personas, imposibilitadas de cuestionar lo sagrado. Quienes lo saben también saben que pueden manejar realidades con ello, porque inducen una manera de ver el mundo, de representar la autoridad y de ejercer el poder.

Guatemala se ha convertido en un experimento gubernamental sin precedentes. En pleno siglo XXI, las características que definen al Estado guatemalteco nos remiten más a la Edad Media que a ningún otro tiempo y lugar. Vivimos un gobierno feudo-narco-clepto-teocrático. El predominio de una función sobre la otra (a veces más feudal, a veces más narco, más teocrático o cleptocrático) ha dependido de las circunstancias, y de cómo ha sido manejado el poder por quien gobierna (o más bien por quienes lo han puesto a desgobernar).

En el fondo, la oposición más consistente y profunda a la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (Cicig) u otra instancia cualquiera cuyo mandato sea la lucha contra la corrupción y la impunidad  viene de quienes saben que, por esa lucha, podrían perder dinero y privilegios. La reputación ya no es una variable de análisis, porque la decencia ha perdido adeptos, y porque, cuando la vergüenza pasa (como muchos de ellos aseguran), la plata queda en casa.