Todo iba bien con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP). Todo iba bien con el comisionado Iván Velásquez y la Fiscal General, Thelma Aldana. Ante el destape nacional e internacional de casos de corrupción —de La Línea en adelante—, algunos políticos de todos los partidos, presidentes de los tres poderes, algunos alcaldes, empresarios, analistas, académicos, jueces y magistrados preguntaban ¿dónde firmo? Hasta que los casos no fueron de “otros”, sino empezaron a tocar a muchos de ellos, sus familias, sus compañeros de clase, sus correligionarios de partido, su forma de vida.

“Sin autoridad no hay justicia, sin responsabilidad no hay confianza, sin respeto no hay dignidad, y sin las buenas costumbres perdemos el sentido de lo bello, lo noble y el valor de la tradición”. (Fragmento del discurso del expresidente del Legislativo, 14-01-2018). Ante esta última elección fallida de la Junta Directiva del Congreso de la República, ante los señalamientos de corrupción hacia algunos de sus integrantes y los discursos de su efímero presidente, se publicó un mensaje en Twitter que decía así: “Mitos guatemaltecos desmentidos en un solo día: 1. El rico no tiene por qué robar. 2. Todos los empresarios crean riqueza y trabajo. 3. Es de “buena familia”.

Me gusta ir a la etimología de las palabras. La palabra “corrupción”, por ejemplo, deriva del latín “corruptio”, que está formado por el prefijo “con-” , sinónimo de “junto”; el verbo “rumpere”, que significa “hacer pedazos”; y el sufijo “-tio”, que es equivalente a “acción y efecto”. En lenguaje de mortales: juntos, hacer pedazos algo. En lenguaje del Olimpo (la Real Academia Española -RAE), corrupción es la acción y efecto de corromper, y sus sinónimos son depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar. Por lo tanto, según la RAE, la corrupción puede entenderse como una depravación moral o simbólica.

Hasta ahora no he practicado la política partidaria ni he formado parte de equipo de gobierno alguno, aunque haya sido invitada en algunas ocasiones a participar en ambos espacios. La sentencia anterior no pide ni espera juicios de nadie, porque es una de las decisiones más personales que un ser humano puede tomar. Para mí, hacer gobierno, en su esencia más profunda, es buscar —junto con un equipo humano comprometido a partir de un horizonte común— que la justicia en su sentido más amplio llegue a toda la gente a quien se está llamado a servir, para que esta viva de la manera más libre y digna posible.

No hay día en que no me pregunte cuándo viviremos como seres humanos en Guatemala. Voy a obviar por esta vez la violencia económica, social, simbólica y física que denigra nuestra condición de humanidad día tras día. Hablaré de la violencia política a la que hemos estado sometidos, gracias a un pacto elitista y corrupto que nos deja pocas posibilidades de actuar fuera del sistema. Me referiré a esta dimensión, porque es la clase política, arrodillada ante ese pacto de elites corruptas, la que termina tomando las decisiones que afectan los programas sociales, el sistema de justicia, las políticas económicas y de seguridad, que definen las vidas de millones de personas.

La izquierda y la derecha son ideologías. La religión es una ideología. El patriarcado es una ideología. Incluso hay documentos tan interesantes como La economía como ideología: desafiando el poder político de los expertos, de Elaine Coburn, que nos habla de cómo una ideología termina definiendo cuestiones íntimamente ligadas al poder y la democracia, así como también asuntos vitales para nuestra educación, salud, bienestar social, medio ambiente y hasta nuestra vida personal e íntima.

Son tiempos de incertidumbre en el mundo entero, y se habla más de una idea de paz que de la paz misma. En Guatemala, los acuerdos de paz cumplieron ya la mayoría de edad, y seguimos siendo un lugar de miseria y barbarie para millones. No sé si se debió a que una buena parte del sector económico nunca consideró la agenda de los acuerdos un compromiso a cumplir, porque ya tenían la propia agenda; no sé si fue que la clase política se encargó de llevar al Estado a su mínima expresión, hasta dejarlo famélico y sin la institucionalidad requerida para darle respuesta a las políticas para desarrollar un país; o si la ciudadanía no terminó de apropiarse de aquel ideario alimentado y construido por varios sectores. O todo junto.

Para responder a esta pregunta que con cierta frecuencia se repite en varios foros y espacios de diálogo, a mí me ha hecho bien desarrollar más el sentido de proceso y a repetirme, como mantra, que nada cambia de la noche a la mañana. Eso ayuda a evitar frustraciones inevitables —pero también innecesarias para caminar—, sobre todo en este pantano guatemalteco que a veces no nos permite ni vislumbrar sus orillas.

El Observatorio de los Derechos de la Niñez (ODN) de Ciprodeni publicó, hace un par de días, que “hasta el 18 de noviembre de 2017 se registraron 4,009 embarazos en niñas de 10-14 años, y 80,995 en adolescentes entre 15-19 años.” Esto significa un total de 85,004 niñas y adolescentes embarazadas en menos de once meses, una cifra que se traduce en más de 230 diarias en esta condición. La fuente que nutrió los datos del ODN es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

En un mundo por demás líquido e incierto, nos está tocando, en Guatemala, atravesar con vértigo un puente colgante. Cuando veo cómo en las cortes manosean la justicia para defender el viejo orden, siento que estamos siendo testigos de uno de los momentos más caóticos de nuestro relato como país. Un presidente sin las capacidades para serlo, es sostenido por los engranajes de una maquinaria corrupta. Más de un centenar de diputados aprovechan las últimas horas del 2017, para garantizar que el 2018 nos devuelva a la impunidad que queremos romper. Y algunos gremios patronales están cerrando los candados de la vieja casa, para que la institucionalidad no se les derrumbe en la cara.