Hago mía esta frase de Kate Millet, en el estricto sentido de que hay relaciones de poder que estructuran desde la familia hasta la sexualidad. Hay Biblias y Constituciones en cada sociedad, y una ciudadanía que se rige por ellas y pacta alrededor de ellas. Es el orden que vivimos. Lo que sucede en el ámbito privado familiar responde a este orden que nos define, sea cual sea, y tiene consecuencias en el orden  social. Díganme, por ejemplo, que la violación de una niña por su padre, en silencio, no refleja un sistema de relaciones de poder tácitamente definidas, y que esto no tiene consecuencias en la vida de la niña, la familia, la comunidad y toda una nación.

Venimos de un 2015 que fisuró las paredes de la impunidad en Guatemala. De allí partimos hacia una nueva conciencia ciudadana y hacia significativos movimientos en el ámbito de la justicia, pero también hacia uno de los peores gobiernos de nuestra historia. En el sentido estrictamente político, el gobierno del FCN nos ha hecho retroceder en nuestra intención democrática, y en los cuarteles militares donde hay privados de libertad —que no deberían  estar allí—, ha habido tiempo suficiente para manufacturar situaciones que nos golpean duro. Hay una recomposición de fuerzas muy oscuras que dan coletazos fuertes en Guatemala.

Acabo de ver el Mapa Mundial del Hambre, producido por la FAO. El único país de todo el continente americano marcado en color rojo es Guatemala, y esto se debe a que somos el único país de la región que no avanzó en el cumplimiento del Objetivo 1 de Desarrollo del Milenio acordado planetariamente en el año 2000: erradicar la pobreza extrema y el hambre. Es más, el color rojo sobre Guatemala habla de retrocesos en este rubro.

Hace unos días circuló en las redes: “Si un menor de edad asesina a sangre fría deja de ser niño y debe ser juzgado como hombre (adulto)”. Estas palabras acompañaban la foto de un niño que no pasaba de los 8 años, mirando directamente hacia la cámara, con una pistola en la mano. La combinación de mensaje-imagen me provocó naúseas, no sólo por lo que veía, sino por la aparente intención de quien creó el mensaje.

Que alguien me explique, porque no entiendo nada. En Guatemala, uno de cada dos niños y niñas menores de cinco años padecen desnutrición crónica, y el presidente decreta estado de Calamidad por el mal estado de las carreteras. En un solo año (2015) quedaron embarazadas 83 mil 483 niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años (Osar), la mayoría de ellas producto de una violación. En el 2016 hubo siete mil 338 denuncias por violencia sexual en personas menores de edad, y 14 mil 698 por maltrato físico (MP); en ese mismo periodo hubo 809 muertes violentas en niños, niñas y adolescentes, el 90 por ciento de ellas por armas de fuego.

La frase “nos reservamos el derecho de admisión” ha sido la consigna apocalíptica de un Estado guatemalteco en el cual se ha impedido el acceso de millones de personas, por generaciones, a la educación, la salud, la movilidad social, y a una vida digna. En un siglo XXI que anuncia carros eléctricos y cyborgs como en el siglo XX se anunciaron las hamburguesas y el viaje a la luna, Guatemala parece apenas salir —con fórceps— de la Colonia, en dirección a la modernidad.

Siempre me ha llamado la atención el hecho de que los ladrones que entran a las casas a robar, aun los más sofisticados, jamás roben libros. A lo mejor es porque intuyen que lo indispensable no tiene precio. O porque piensan que esos objetos empolvados, misteriosos y llenos de símbolos, solo sirven para adornar bibliotecas y mesas de noche. O quizás es porque saben que su valor en el mercado no mueve significativamente las cifras de ninguna bolsa de valores.

Entre las palabras y las cosas hay una fuerte relación. Ponerle Gaviotas a un centro correccional para personas menores de edad, por ejemplo, nos podría hacer pensar que los jóvenes que allí llegan serán más libres luego de su paso por ese pedazo de cielo. O el calificativo de “Seguro” para un hogar de protección y abrigo para niños, niñas y adolescentes jamás nos haría imaginar siquiera que cuarenta y un jovencitas pudieran ser encerradas bajo candado hasta morir calcinadas en el lugar. ¿O sea que las palabras son de mentiras?

La queremos bien, por eso la queremos limpia. No queremos perder la única universidad pública y autónoma del país, queremos que una nueva ética defina su transformación. Queremos rescatar el espíritu de aquella primera Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), conformada en mayo de 1920, que entendió bien el significado de autonomía y luchó por él. Queremos que sea un campo fértil de conocimientos para las nuevas generaciones, no un nido para mafias disfrazadas de academia.

Sucedió un 14 de julio de 1960, en el “manicomio” de la ciudad de Guatemala, más exactamente en el área donde hoy está parte del Hospital General. La nota de El Imparcial diría luego: “Esta escena de horror, captada poco después del siniestro, ofrece una dolorosa perspectiva de la magnitud del desastre. En el patio del ala de mujeres se hacinaban los cadáveres de las dementes que no pudieron salir del encierro. Alrededor de tres cadáveres enteros se puede apreciar el estado en que quedaron las demás, destruidas totalmente por las llamas”.