La competitividad guatemalteca se encuentra limitada por la ineficiencia de las portuarias, que la condena a ser una plaza de segunda categoría para el transporte marítimo.

La esperada reforma del aparato político sigue incompleta y sin visos de ser concluida de manera visionaria, al menos por ahora.

Desgraciadamente, los ataques siguen ocurriendo entre las paredes de un inmueble —que en esas condiciones no puede llamarse hogar—, pero también en calles, mercados, caminos, descampados, en la oscuridad de la noche o a plena luz del día.

El problema es que en Guatemala no existe una regulación de seguro obligatorio para todo vehículo motorizado que utilice la vía pública.

La pobreza, falta de oportunidades, dificultades afectivas, problemas familiares o conyugales, percepciones erróneas de la paternidad o un entorno hostil pueden empeorar cuadros crónicos, por lo cual es necesario trazar estrategias de mayor apoyo y solidaridad social.

La mayor evidencia de la jugada sucia, que sin duda ha tenido lugar en ocasiones anteriores lejos de la vista de la ciudadanía, fue el excesivo lapso que duró la votación en tercera lectura del estado de Calamidad solicitado por el Ejecutivo.

Es triste despedir a una persona admirable que en vida aportó tanto al crecimiento y bienestar de miles de guatemaltecos, no solo con emprendimientos altruistas, sino a través de la generación misma de empleos.

Si se demoran acciones necesariamente urgentes en contra de transgresiones concretas, ya sean fiestas prohibidas, abusos de autoridad, contratos anómalos o mal uso del erario, se crean precedentes nefastos y también se pone en tela de juicio el motivo real de persecuciones evidentemente tardías.

Las divisiones y prejuicios no son nunca más una vía, excepto para quienes no quieren que esta familia, es decir este país, avance.

En otras latitudes las autoridades han impuesto medidas que en Guatemala aún no se observan, como la obligatoriedad de utilizar doble mascarilla, una separación aún más estricta entre mesas y espacios de trabajo o la imposición de aforos verdaderamente mínimos en el transporte público.