El mayor desafío sigue del lado de la ciudadanía, que debe involucrarse, estar informada y exigir calidad en la gestión de gobierno, cuentadancia en el uso de los impuestos que paga y justicia si estos son malversados, con el único objetivo de asegurar un país mejor para esos guatemaltecos del 2051.

Sin duda, a quien más tomó por sorpresa el súbito despido fue a la cúpula de seguridad hemisférica de Estados Unidos, cuyos funcionarios expresaron reiterados respaldos a Sandoval.

Unos cuantos retenes no corresponden a una táctica de tiempos digitales y menos aún si son instalados por dos o tres policías a la vuelta de ciertos tramos suburbanos.

No se trata de satanizar el modelo de contratación de compañías para la ejecución de proyectos, pero sí de sanearlo.

Apenas 15 de cientos de sitios arqueológicos en el país están medianamente acondicionados para el turismo. El resto sigue en virtual abandono en medio de selvas o, peor aún, en campos de cultivo.

No hace falta empujar una ley de libertad de religión para exhibir verdadera creencia, la fe que no produce obras está muerta.

El Estado debe ser responsable y transparente a la hora de firmar acuerdos de inversión, por lo que los funcionarios del Ejecutivo no pueden ir por allí firmando acuerdos de confidencialidad que amenacen el bienestar ciudadano —y menos sin la asesoría de la PGN—.

En el país solo existen alrededor de 95 traductores certificados, por lo cual el reciente reglamento conlleva un desafío que no debería ser tomado como una imposición, sino como una oportunidad de brindar mayor inclusión.

Los mantos freáticos se agotan aceleradamente y los ríos que en el siglo pasado abastecían las tuberías municipales hoy son pequeños hilos, cauces secos o, en el peor de los casos, auténticas correntadas malolientes.

Hasta ahora, si alguien trabajaba solo durante unas horas lo hacía de todas maneras, pero con trato de palabra y sin posibilidad alguna de percibir protección social. Con la ley vigente podrá cotizar proporcionalmente en el Seguro Social y tener la certeza de un contrato jurídico que obliga de común acuerdo a ambas partes.