Actualmente el IGSS cuenta con unos 22 mil trabajadores para servir a más de 3 millones de personas, entre afiliados, pensionados y beneficiarios.

Es evidente que hay motivos ulteriores para evitar una supervisión unificada y en tiempo real.

Si los enviados previos y los analistas de la embajada han hecho su tarea, en estos momentos ya debería estar sobre la mesa de la señora Harris y, por supuesto, del presidente Biden, un informe detallado de los actores políticos y sectores nacionales que contribuyen a la construcción de una Nación, y aquellos que solo medran en favor de mezquinos intereses.

En el caso de los imprudentes cambios a la Ley de Contrataciones, aprobados el 28 de abril, por 89 diputados evidentemente apresurados para responder a intereses clientelares y no en favor de la eficiencia del gasto público, el veto presidencial era una acción demandada por diversos sectores.

Tan solo en la semana del 24 al 30 de mayo, al menos 15 personas perdieron la vida en hechos viales.

El decreto 4-2021 causa más daño que beneficio. Debe cumplir con su ofrecimiento inaugural y vetarlo.

El problema de la basura no es solo estético o urbanístico, es una amenaza grave para el aprovisionamiento de agua, para los parajes turísticos y para la vida misma.

Los problemas no se solucionan negándolos ni echándole la culpa a otros.

Los activos del IGSS constituyen un patrimonio de la clase trabajadora del país, fruto de los aportes de empleados y patronos de la iniciativa privada.

No se trata de un chisme o de una acusación infundada, ni de un ataque con motivos ideológicos: fue un exdiputado, Édgar Cristiani, del extinto partido Patriota, de ingrata recordación, quien confesó.