El caso del libramiento de Chimaltenango pone de relieve, una vez más, la imperiosa necesidad de garantizar que las inversiones viales y en todo tipo de infraestructura se desarrollen con transparencia y respaldo técnico integral.

Al buscar nombres y partidos de quienes sabotearon la aprobación de un proyecto vial urgente y crítico para la economía nacional se tendrán notorias coincidencias con el indeleble pacto de corruptos del 13 de septiembre de 2017.

El gobierno electrónico y la transparencia de gastos, proyectos y contrataciones deberían ser un quehacer diario en todos los ministerios, secretarías e instituciones autónomas y semiautónomas.

El gobierno entrante está a tiempo de abrir la puerta de su mandato con un trascendental proyecto agrícola nacional o bien puede repetir la vieja fórmula clientelar que da cada vez peores resultados.

El nuevo equipo de gobierno, que no debe perder tiempo en reclamar elogios, sino aprovechar desde ya el potencial del bono de juventud que egresa de los planteles con grandes sueños e ingentes retos.

La seguridad vial ha sido un desafío largamente relegado en Guatemala e involucra, por supuesto, a todo tipo de conductores de vehículos livianos o pesados, incluyendo motociclistas.

Los organismos de Estado que deberán proveer la seguridad necesaria para la inversión, el soporte eficiente para poder pagar impuestos y las facilidades necesarias de infraestructura vial, registro de propiedad y trámite jurídico de contratos, entre los cuales se pueden incluir leyes pendientes a causa de la desidia del Congreso de la República.

Resulta difícil que los diputados agilicen decretos de beneficio nacional, tales como el acuerdo de comercio el Reino Unido, que está en el Congreso desde el 24 de septiembre y que no se ha priorizado a pesar que implica exportaciones por cientos de millones de quetzales y cuyo plazo termina el 31 de octubre.

Las democracias del continente se enfrentan a factores adversos, entre los cuales figuran el estancamiento económico, el desempleo, así como brechas educativas y sociales.

En su momento tal testimonio podría llegar a trascender mediante nuevos casos, peticiones de extradición o coordinación de operaciones contra el trasiego de drogas,