Cualquier diputado que avale, de acción u omisión, un dictamen tan permisivo, maquiavélico y peligroso debe quedar anotado en el índice de la historia de las grandes traiciones a la democracia y al Pueblo de Guatemala.

El monopolio de los abogados exhibe claras desventajas.

Más allá del romanticismo o la simple contemplación del entorno, Guatemala es uno de los países más megadiversos del mundo.

Cada año egresan unos 120 mil jóvenes de diversificado, pero solo un pequeño porcentaje de ellos logra insertarse en el mercado laboral.

El gobierno bicéfalo de Nicaragua se sigue precipitando hacia su inexorable colapso a pesar de creerse intocable y todopoderoso.

Es llamativo el alto número de posibles “faltas gravísimas” incluidas en la Ley 32-2016, lo cual evidencia los riesgos de error o dolo en el desempeño de judicaturas.

Para tratar de justificar que no se revisen los expedientes de magistrados  se argumentó que   “por ser de carrera judicial, tienen derecho”.

La presidenta Castro acudió a la estrategia de señalar “injerencia”.

La Ley establece que los emisores de tarjetas implementen campañas de educación financiera y uso racional del crédito.

Guatemala no puede seguir así: necesitamos certeza jurídica, eficiencia en el desarrollo de infraestructura y en el uso de los recursos públicos.