Todo conflicto constitucional es una diferencia de opinión entre el Tribunal Constitucional y el legislador u otro tribunal.

Pienso que estos son momentos para abrirse a nuevas opciones que puedan funcionar para la nueva normalidad.

Los niveles de protección de las funciones públicas, no de las personas, deben ser proporcionales a los riesgos de falta de independencia.

La idea de que en el servicio civil haya “trabajadores” enfrentados a un “patrono” es una falacia peligrosa.

Uno de los pasos más importantes es lograr el imperio de la Ley.

Las normas jurídicas son, esencialmente, objeto de interpretaciones diversas.

Una reforma constitucional siempre es costosa y compleja; si ha de realizarse, debe ser para resolver el fondo de un problema.

Las funciones judiciales conllevan riesgos considerables; la estabilidad en el cargo es el contrapeso necesario.

Ignorar los conflictos de interés en las funciones públicas es como ignorar el humo saliendo de un horno.

Una sociedad en que sus miembros den más importancia a la forma se enreda en su propia telaraña.