La independencia judicial está basada en la exigencia de pruebas objetivas que evidencien prevaricato y no solo opiniones diferentes.

Ningún funcionario público puede descalificar los criterios de otros sin exponer los propios a descalificación.

Ni diputados ni los tribunales “ordenan”, en un sentido relevante bajo la Constitución, sino los funcionarios administrativos.

Al servicio civil se le ha confundido con servicios prestados en régimen laboral, lo cual tiene implicaciones prácticas y políticas.

La postulación de candidatos a magistrado debe verse como una alta responsabilidad de garantizar una justicia independiente.

Los ciudadanos, en cuanto tales, tienen deberes y responsabilidades. Una es darse buenas instituciones.

Si un asunto pende de la decisión de un tribunal, no cabe la protesta pública, a no ser para exigir respetar su independencia.

Nada tiene de malo negociar cuotas de poder o votos a cambio de objetivos que interesen, pero no todo es negociable.

Es importante que el proceso electoral y su gestión se sometan a crítica, pero también es necesario reconocer su validez básica.

La reforma de varios aspectos del Estado se percibe imperativa pero, en las actuales circunstancias, imposible.