¿Quién, realmente, sale ganando de la confrontación entre los órganos del Estado? Y, ¿qué gana?

Es imposible que las reglas del Derecho se interpreten por todos, siempre, del mismo modo.

Yo formaba parte del consejo editorial de <em>Siglo Veintiuno </em>cuando por primera vez oí hablar de la Ciciacs, el antecedente de la Cicig. Me pareció que la idea de entregarle a un órgano internacional responsabilidades tan fundamentales para cualquier Estado era una declinación de responsabilidades, por parte de las élites de Guatemala, muy grave.  Llegué a formar parte de acciones legales que cuestionaban la constitucionalidad de la Comisión, y cuando la CC emitió su opinión consultiva, indicando cómo debía interpretarse y aplicarse el convenio Cicig, publiqué un artículo afirmando que, en mi opinión, la CC había resguardado el núcleo, por así decirlo, de la soberanía nacional.

En 1937, el presidente Franklin D. Roosevelt presentó la “Iniciativa para la Reforma de Procedimientos Judiciales de 1937”. Con esta iniciativa el presidente Roosevelt buscaba, entre otras cosas, aumentar el número de magistrados de la Suprema Corte de los Estados Unidos, procurando así que la mayoría del alto tribunal le fuera favorable, pues la nominación de los candidatos a magistrado de la Suprema Corte corresponde al presidente.

Hay muchas definiciones de “bien común”. Unas tienen carácter condicional, otras no. Entre estas últimas está la que define el bien común como todo aquello que beneficie a la mayor parte, punto. No hay condiciones ni límites. Entre dos opciones “alfa” y “beta”, si la primera beneficia a la mayor parte del conjunto, es “alfa” la que debe adoptarse.

Como la naturaleza humana ha sido la misma desde que los seres humanos poblamos esta tierra, los problemas morales básicos de la vida en sociedad son, en contextos diferentes, los mismos.  Pero es importante, me parece, reconocer que el problema de la corrupción no es solamente un problema jurídico, económico o político; es un problema moral.

No tengo nada en contra del presidencialismo como concepto.  Pero en varias de las constituciones de Guatemala, el diseño de los “frenos y contrapesos” ha sido tan deficiente —sobre todo en 1984-1985— que el sistema ha perdido, creo yo, toda credibilidad.  ¿Cuál es la alternativa? En mi opinión, un sistema parlamentario.

Imaginemos que el Congreso aprobara una ley por la cual creara la Corporación Nacional de Autopistas de Peaje, S.A., (Conauto) y que ordenara la emisión de 10 millones de acciones a un valor nominal de, por ejemplo, cien dólares cada una, respaldadas por el valor que se les atribuya a 10 concesiones por 50 años, aprobadas en la misma ley, para construir, ampliar o adecuar las 10 principales carreteras del país, de manera que se conviertan en autopistas de peaje y   que haya una ruta alternativa, una carretera, sin peaje, en cada caso.

Ni se trata de  sarcasmo ni de una afirmación con carácter absoluto. Me refiero a las declaraciones del presidente Jimmy Morales en cuanto a la política de la Contraloría General de Cuentas, que él estima excesiva, de llevar al plano de lo penal infracciones que, realmente, son faltas administrativas. Yo añadiría que esa actitud de denunciar como delitos actos que no pasan de ser faltas administrativas, daños o perjuicios civiles, no se limita a la CGC, sino que abarca a otros órganos del Estado y a muchos particulares —o a sus abogados—.

En treinta años de periodismo de opinión, nunca había percibido un desencanto tan enconado con “la prensa”. Es un desencanto que procede, según mi percepción, principalmente, de la comunidad de negocios. Por supuesto, no de todos, pero sí de un grupo suficientemente importante y activo, como para que no pueda pasar desapercibido.