Si uno se pregunta sobre los elementos fundamentales de una economía capitalista y luego indaga si en Guatemala se dan esos elementos, ¿cuál sería el resultado? Y, si los elementos del modelo se encontraran en la economía guatemalteca, ¿por qué no ha funcionado el modelo?

Con el paso de los años el impuesto único sobre inmuebles (Iusi) ha venido a convertirse en una de las “farsas colectivas” más grandes de la historia nacional. Me refiero a que han de ser “contados con los dedos de una mano”, como dice el dicho, los inmuebles que están declarados ante el Fisco a su valor de mercado.

Los requisitos de afiliación son muy exigentes para organizar y mantener partidos, pero no para la representatividad.

Hace apenas unos 30 años la noción de “mojado” se relacionaba con los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos originarios de México.  En Guatemala la gente reía de la película Nacido en el este de los Ángeles, que presentaba la situación de un ciudadano de los EE. UU. que, por circunstancias de su trama cómica, fue tratado por los oficiales de migración de su propio país como si fuera un inmigrante ilegal.  Mirando a la otra frontera, para mediados de los noventas, eran más los salvadoreños que habían emigrado a los EE. UU. que los originarios de Guatemala.

Me da la impresión de que una de las creencias más extendidas en nuestra sociedad es que ciertos bienes y servicios, en manos del Estado, son asequibles para el gran público pero, en manos de empresarios privados, son caros.  Detrás del activismo de Codeca, por ejemplo, está ese mensaje y por eso propone la “nacionalización de la energía eléctrica”.

Gusto, realmente, de leer los artículos de Alfred Kaltschmitt. Sobre todo, porque creo que, desde sus puntos de vista —como todo periodista de opinión— procura ser coherente y expresar un parecer auténtico. Por eso me extraña lo que publicó en su artículo del pasado martes, intitulado “La justicia simulada”.

Algunos de los reproches que el Gobierno ha hecho a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respecto de la gestión del comisionado Iván Velásquez, son que bajo su dirección se ha violado la presunción de inocencia, que se ha abusado de la prisión preventiva y que se ha violado el principio del debido proceso.

Creo que uno de los riesgos más grandes que enfrenta la sociedad guatemalteca en la actualidad es que sus élites, en cualquier punto del espectro político, es decir, sean de centro, de izquierdas o de derechas, piensan que una constitución es un instrumento para plasmar posiciones ideológicas del mismo modo como una ley o un conjunto de políticas públicas.

Si uno se detiene a considerar los antecedentes que paso a paso han desembocado en la actual crisis político- institucional, opino que el punto de inflexión fue el abandono del proceso de reforma constitucional. Dicho proceso había concentrado la atención y esfuerzos de los órganos del Estado, de la Cicig y de los principales actores de la vida nacional. Como era inevitable, la propuesta de reforma mereció las opiniones favorables de algunos, como también lo contrario. Esto es lo normal. Más bien hubiese sido insólito que mereciera una aprobación o un rechazo unánime.

Y sí, la Comisión se va y eso plantea la cuestión de qué, exactamente, van a hacer la élites de este país. Porque los problemas siguen ahí.  Unos son consecuencia directa de un régimen jurídico-político mal diseñado y otros son su consecuencia indirecta.