La Constitución prevé la huelga de los empleados públicos; eso, y nada más, es lo que debe regularse.

La regulación de derechos fundamentales se vale; pero no por causas deleznables.

Tanto los consumidores como también los empresarios procuran maximizar sus beneficios.

No se ha comprendido el rol indispensable para la convivencia social de la expropiación forzosa.

Al final de cuentas, una contienda electoral plantea ese dilema.

Ni la moral ni la religión deben legislarse, ni hay lugar en ello para la acción del Estado.

Es imperativo e impostergable llevar a efecto un cambio radical del modelo educativo.

Unas son las reglas que se dictan tras el velo de la incerteza, otras cuando cada jugador sabe su futura posición.

Como ningún derecho fundamental es absoluto, es trabajo de jueces independientes determinar cuándo una discriminación es arbitraria.

Una expropiación puede bien dar lugar a que muchas propiedades suban de valor, aun indemnizando al expropiado a valor de mercado.