Cobardes criminales segaron de forma violenta la vida de Sebastián Sajic Córdova, hecho ocurrido el 11 de septiembre en una comunidad Maya Ixil. Él era originario de la aldea San Antonio Tisach, San Juan Cotzal, tenía 70 años de edad, era Ajq´ij (analista del tiempo y del espacio), B´alvatz Tixh (Autoridad Maya Ixil) de su municipio y formaba parte de un comité de víctimas del conflicto armado interno que azotó fuertemente a Guatemala de 1960 a 1996.

La democracia no se reduce al simple ejercicio del sufragio en las urnas ni el voto garantiza la democracia. La democracia electoral implica la existencia de instituciones con capacidad ética, profesional y política que garanticen procesos electorales transparentes, legítimos, participativos, incluyentes, equitativos y justos. Pero ni los partidos políticos ni el Tribunal Supremo Electoral fueron capaces de garantizar que las recientes elecciones las fueran.

Las elecciones fraudulentas, excluyentes, hegemónicas e ilegítimas están a la vuelta de la esquina. Para los poderosos “la suerte está echada”. Su objetivo es claro, quieren que nosotras y nosotros vayamos a las urnas a validar y legitimar este sistema clientelar, corrupto y opaco. Para empezar, los partidos políticos no son más que meros cascarones, sin ninguna propuesta ni contenido ideológico. Además, varios de ellos competirán a pesar de haber cometido y seguir cometiendo delitos electorales.

En el mensaje pregrabado del domingo 23 de agosto, Otto Pérez muestra una vez más, aunque en esta ocasión de manera tajante, que no le importan los pueblos de Guatemala. Si tuviera un mínimo de dignidad y respeto hacia la ciudadanía, hubiera renunciado de inmediato. En vez de ello, se aferra al puesto de Presidente para dizque no romper “el orden y la tradición democrática de nuestro pueblo (sic)”. Cuando es todo lo contrario, su aferramiento en contubernio con su Partido (anti)Patriota, el Partido (no)Líder y Manuel Baldizón, están conduciendo a este país por los caminos del caos y el autoritarismo, atentando contra el Estado de Derecho y fragmentando la poca institucionalidad del país con su irresponsabilidad y prepotencia.

La Cicig y el MP han estado presentando pruebas fehacientes de cómo los poderes ocultos medran en las estructuras estatales y se sirven de la corrupción y la impunidad para cometer abusos de poder, lavado de dinero, tráfico de influencias y nepotismo. También nos evidencian cómo el dinero del crimen permea la política y la convierte en un negocio que lucra a costa de la ciudadanía; para ello se valen de los partidos-empresa, los cuales se fraguaron como espacios antiéticos, antidemocráticos y vehículos que desde 1985 secuestraron la democracia que anhelaba este país.

Transitamos por uno de los años electorales más desastrosos de la historia guatemalteca. Un gran porcentaje de ciudadanas y ciudadanos no queremos elecciones porque nos negamos a respaldar a que lleguen a la presidencia, vicepresidencia, al Congreso y a las municipalidades personas sin ética e incapaces de dirigir los destinos de este país necesitado de justicia democrática.

Como expuse en la columna anterior, en Guatemala el sistema de (in)justicia hace pocos esfuerzos por investigar, procesar, juzgar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población, mayoritariamente maya, durante el conflicto armado interno. La denegación de la justicia a las y los sobrevivientes Maya Ixil, es un ejemplo emblemático. A través del litigio malicioso y retrasos injustificados se ha entrampado el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos y la búsqueda de justicia.

El 10 de mayo de 2013, el general golpista y ex jefe de facto José Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad; crímenes cometidos contra 1,771 personas civiles y desarmadas del Pueblo Maya Ixil desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983, período en que se intensificó la Política de Tierra Arrasada. Las violaciones a los derechos humanos alcanzaron niveles deshumanizantes.

Las violaciones a los derechos de la libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de información no cesan en Guatemala. Son flagelos sociales que forman parte de la crisis política, social y económica atravesada por nuestro país. Es imposible dejar de lado las agresiones cometidas contra las personas dedicadas al periodismo y a la comunicación social responsable, que da cuenta de este sistema corrupto, injusto e impune.

La corrupción y la impunidad en Guatemala no son flagelos nuevos, los primeros casos datan de la invasión y colonización española, donde encomenderos, autoridades coloniales y el clero se valieron de subterfugios legales para explotar y despojar legal e ilegalmente, pero siempre ilegítimamente, a los pueblos maya y xinca de sus territorios y fuerza de trabajo; la Corona española fungía como cómplice de estas fechorías, pues recibía los respectivos tributos y se desentendía de las vejaciones y abusos de autoridad de este régimen de dominación.