Después de una exhaustiva in- vestigación, la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y el Ministerio Público (MP) desarticularon la red criminal La Línea, dirigida presuntamente por el militar dado de baja por el Ejército Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías; Salvador Estuardo González, presidente del diario Siglo 21, y Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jerez desde su participación en la mafiosa red Moreno, dedicada al contrabando en la década de 1990.

El Tribunal Supremo Electoral fue creado en 1983, es la máxima autoridad en materia electoral, tiene la facultad de realizar la convocatoria a elecciones generales. También, tiene la responsabilidad de garantizar que el proceso electoral se realice de manera transparente y democrática, tal como se establece en la Constitución Política y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Sin embargo, a menos de un mes para la convocatoria a elecciones generales, el TSE está siendo fuertemente atacado por partidos politiqueros que pretenden socavar la debilitada institucionalidad democrática en Guatemala.

La injerencia de los poderes fácticos en el Organismo Judicial (OJ) está a la orden del día. Desde las entrañas mismas del sistema judicial se está acosando a jueces y jueces íntegros y comprometidos. Los más recientes casos son los de Patricia Gámez y Jenny Molina, a quienes el presidente del OJ, Josué Baquiax, ha decidido trasladar de locación sin causa justificada. En el caso de la primera, jueza de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez, tras renovar su mandado se ha querido trasladarla a Huehuetenango. La segunda, jueza de Primera Instancia de Familia de Santa Rosa, ha sido asignada a un juzgado civil en Petén. Preocupa que Baquiax las mueva a lugares distantes de sus domicilios.

En estos tres años de gobierno, el general retirado Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti Elías y el Partido Patriota se han dedicado a profundizar la faceta represiva de la supuesta etapa democrática que vivimos desde 1985. El autoritarismo que ejerce el oficialismo, ahora en alianza descarada con el Partido Líder, está atizando el fuego del descontento social. Con ello estamos retrocediendo vertiginosamente a las décadas de 1970-1980, cuando el despotismo de Estado alcanzó su máxima expresión en el país.

El periodista Danilo López y el reportero Federico Salazar, corresponsales de Prensa Libre y Radio Nuevo Mundo, respectivamente, fueron asesinados el 10 de marzo frente a las narices de la PNC, en la Gobernación Departamental de Suchitepéquez, en Mazatenango. En ese crimen también resultó herido de gravedad el reportero Marvin Túnchez, de un medio local.

Antes de la proclamación del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres, muchos pueblos a nivel mundial ya conmemoraban el Día de las Mujeres. El pueblo maya al elaborar su calendario basado en una epistemología que contempló conocimientos matemáticos, astronómicos, ecológicos, políticos y filosóficos, también instituyó el día B’elejeb’ B’atz’ que significa 9 hilos. Este día está dedicado para el reconocimiento del aporte de las mujeres al desarrollo social, político, económico, astronómico, educativo y agroecológico de los pueblos.

Conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, nos invita a dignificar la memoria de las mujeres que muchos siglos atrás se atrevieron a romper barreras y abrieron caminos para defender los derechos sexuales, la maternidad libre, la libertad sexual, la reducción de las extenuantes jornadas laborales, el derecho al trabajo digno, el derecho al voto y ocupar cargos públicos, el derecho a la formación profesional y la no discriminación laboral por maternidad o por prejuicios de género y étnico-raciales.

Desde el 2 de marzo del 2012, los pueblos ladino/mestizo y maya kaqchikel de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, a través de su incalculable e incansable esfuerzo y trabajo comunitario-familiar, han mostrado que jamás claudicarán en su acción reivindicativa de vivir en un ambiente sano libre de contaminación. Su consigna es clara: se oponen a las operaciones de la mina El Tambor o Progreso Derivada VII en sus territorios, porque avizoran que las pocas fuentes acuíferas con las que cuentan serán contaminadas por el arsénico y otros químicos utilizados para la extracción de oro y plata.

En vísperas del bicentenario de la independencia estamos como en el siglo XIX, con gobernantes que entregan la riqueza y la dignidad humana de Guatemala: el territorio con sus bienes naturales y la explotación de la mano de obra de la ciudadanía. En 1877, Rufino Barrios promulgó el Reglamento de Jornaleros, decreto número 177, y en 1878 la Ley contra la Vagancia, decreto número 222. Con estas inhumanas leyes ese gobierno liberal abrió el dique malicioso para que la ciudadanía —campesinado maya— fuese entregada como brazos para el desarrollo de los finqueros criollos, los administradores coloniales y los extranjeros.

En vísperas del bicentenario de  la independencia estamos como en el siglo XIX, con gobernantes que entregan la riqueza y la dignidad humana de Guatemala: el territorio con sus bienes naturales y la explotación de la mano de obra de la ciudadanía. En 1877, Rufino Barrios promulgó el Reglamento de Jornaleros, decreto número 177,  y en 1878 la Ley contra la Vagancia, decreto número 222. Con estas inhumanas leyes ese gobierno liberal abrió el dique malicioso para que la ciudadanía —campesinado maya—  fuese entregada como brazos para el desarrollo de los finqueros criollos, los administradores coloniales y los extranjeros.