Llamar "bautizo de bienvenida" a los actos antipedagógicos, antiéticos, militaristas, machistas y misóginos que grupos abusivos perpetran contra  estudiantes de primer ingreso en la Universidad de San Carlos (Usac)  para pisotear su dignidad, es inadmisible. Esas prácticas deshumanizadoras que cometen con impunidad esos sátrapas que ocultan sus rostros bajo las capuchas para vulnerar la integridad física, emocional y mental de las y los estudiantes deben ser erradicadas, y los  responsables deben ser sancionados. El 11 de febrero, los Bomberos Voluntarios atendieron a 15  estudiantes que presentaban síntomas de intoxicación, cinco de ellos: dos mujeres y tres hombres tuvieron que ser trasladados al Hospital Roosevelt.

Es un derecho ciudadano cuestionar la educación dogmática que pretende legitimar el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota. No conformes con militarizar las calles, carreteras e instalar brigadas militares en aquellos territorios en resistencia al extractivismo, decididamente buscan militarizar la educación. Con el aval de la ministra de educación, Cinthya del Águila, los militares han irrumpido en los centros educativos de la ciudad capital y de otras partes del país con el pretexto de impartir charlas y llevar piñatas. La presencia de militares en los institutos públicos de la ciudad capital  fue denunciada entre septiembre y octubre del  2014 por dirigentes magisteriales y docentes que trabajan en los institutos: Belén, Rafael Aqueche e INCA.

La seguridad ciudadana ha sido la bandera que ha enarbolado el señor presidente Otto Pérez Molina desde su campaña presidencial en el 2011, pero han transcurrido tres años y su administración se revela incapaz de diseñar e implementar mecanismos efectivos que garanticen la seguridad ciudadana y la justicia a las guatemaltecas y guatemaltecos. Es imposible negar que todas y todos vivimos en alarma permanente y con estrés social a consecuencia de los altos índices de criminalidad e inseguridad que imperan en todo el país.

La justicia transicional com- prende una variedad de medidas y mecanismos jurídicos, sociales y políticos que se implementan para reparar las violaciones masivas de derechos humanos. Son esfuerzos que realizan las sociedades para resolver problemas estructurales, que en el pasado llevaron a las autoridades estatales de dichas naciones a perpetrar desapariciones forzadas, torturas, terrorismo de Estado, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Para ello es necesario que los responsables rindan cuentas de sus actos y que se garantice a las víctimas el derecho a la verdad, justicia, reparación digna, reformas institucionales y la garantía de no repetición de graves violaciones a los derechos humanos.

Más de 40 años tuvieron que transcurrir para que las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy lograran que el Estado guatemalteco las indemnizara, porque violó gravemente los derechos fundamentales de mujeres, niñas, niños, hombres, ancianas y ancianos maya achi' entre 1975-1983. A través del Acuerdo Gubernativo 378-2014, el Gobierno de Guatemala aprobó la Política de Reparación que será implementada en las comunidades sobrevivientes que habitan en el municipio de Chicamán y en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz.

La cultura política en Guatemala es inexistente, lo que hemos observado es el intercambio de favores entre los partidos políticos por la existencia de un sistema que favorece las prácticas clientelares y corruptas. Sin importar que sean de derechas o izquierdas, cuando han llegado al poder, en vez de atender con inmediatez las necesidades de la ciudadanía, han preferido atender las demandas de sus financistas y velar por intereses particulares. La clase política corrupta, clientelar y excluyente ya no puede continuar pisoteando los principios de la ética política. De continuar así, la débil democracia en Guatemala terminará desplomándose.  Como analiza el investigador social Marcelo Coj, los partidos políticos en Guatemala se caracterizan por su poca institucionalidad, alta fragmentación, disciplina y lealtad partidarias muy bajas entre congresistas y alcaldes. Asimismo, añade que estas estructuras organizativas carecen de plataformas programáticas, alineación ideológica y estrategias claras.

Mi madre Vicenta Grijalva López se fue de esta vida en el día Lajuj Imox, espacio y tiempo que representa la energía de la fluidez, la tranquilidad, el misterio, la vida, la armonía, la plenitud y la libertad. Se fue después de afrontar con valentía y estoicismo el cáncer terminal que padecía. Así se dirigió hacia el Keme; la dimensión de las abuelas y de los abuelos que simboliza el renacer, la claridad y el paso a la dimensión energético-espiritual. Es ese espacio que nos recuerda las enseñanzas, los aprendizajes y el legado de quienes nos antecedieron. Hasta el final de su vida física nos demostró su fortaleza como ser humana libre y decidida. Nunca claudicó ante su decisión de no aceptar la quimioterapia para tratar el cáncer que padecía. Sabía que este tratamiento agresivo habría  violentado aún más su cuerpo y su ser, porque no solo destruye las células cancerígenas, también afecta a otras células y tejidos sanos del organismo.

Las formas violentas de expolio contra los pueblos mayas y ladino/mestizos pobres no sería posible sin la represión gubernamental que ha buscado y busca crear terror, zozobra y silenciamiento a través de la persecución, el hostigamiento y la judicialización de las lideresas y líderes que dirigen y acompañan a sus comunidades en sus acciones reivindicativas contra las grandes empresas nacionales y transnacionales que expolian. En esta ocasión me referiré a los abusos de poder de la corporación municipal de Fray Bartolomé de las Casas y del gobierno central, quienes han consentido que la empresa de palma africana Naturaceites, S.A., usurpe tierras de varias familias y bienes patrimoniales del Estado. La empresa palmera Naturaceites, S.A., llegó al municipio de Fray Bartolomé de Las Casas en el 2007.

En esta sociedad profundamente injusta y discriminadora, no existen garantías mínimas para que las mujeres mayas, garífunas y xincas puedan acceder a la justicia a partir de un trato justo y equitativo. Un ejemplo reciente y grave es el caso de la lideresa maya kaqchikel Bárbara Díaz Surín, presidenta del Cocode de la comunidad Cruz Blanca, San Juan Sacatepéquez. La capturaron más de 40 agentes de la Policía Nacional Civil, un despliegue excesivo de la fuerza pública, cuando junto a su pequeña hija se dirigía a su negocio ubicado en la aldea El Pilar I, a las 7 a.m. del miércoles 29 de octubre. Se le acusa de ser presunta partícipe del asesinato de un hombre, hecho ocurrido el 4 de abril del 2013, en el contexto de una feria de empleo patrocinada por Cementos Progreso en la aldea Cruz Blanca, San Juan Sacatepéquez, en la que ofrecía trabajo para la cementera.

Son innegables los perversos legados de la dictadura militar en Guatemala. El recrudecimiento de la represión y la re-militarización de los territorios habitados por mayoría de población maya dan para analizar que en términos sociales, jurídicos y económicos prevalecen políticas de discriminación estructural basadas en un racismo, sexismo y clasismo exacerbados. De ahí la imposibilidad de construir una democracia y un Estado de Derecho estables. Quienes están comprometidos con la democracia ahora son víctimas de  criminalización, persecución, linchamiento social y psicológico. Los responsables son: el Estado guatemalteco, los grupos oligárquicos y las empresas transnacionales. Por eso preocupa la prolongación del estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez.