La lideresa, maestra, lingüista  y poeta maya q'eqchi'  Matilde Col Choc fue una mujer visionaria, creativa e innovadora. Empezó como maestra en educación bilingüe en comunidades maya q'eqchi'  de Alta Verapaz. Pionera de la alfabetización y escolarización radiofónica a nivel nacional, con énfasis en educación bilingüe q'eqchi'-español, dirigida a las personas adultas que, por las limitaciones estructurales que aquejan al país, no tuvieron acceso a la misma en su niñez y juventud. Fue una de las fundadoras del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica (IGER). Matilde, como cientos de mujeres mayas, fue secuestrada y desaparecida por el Ejército de Guatemala, el 13 de enero de 1983. Su delito fue haber sido impulsora de la educación bilingüe y la alfabetización radiofónica que llevaría al pueblo maya q'echi' a revitalizar su idioma y sus capacidades de agencia social y política para la transformación de las injusticias sociales que afrontan desde la Colonia.

El 23 de junio del presente año,  el Juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo B  ligó a proceso al coronel retirado Esteelmer Reyes Girón y al excomisionado militar Heriberto Valdez Asij. Se les responsabiliza de los delitos de violación y esclavitud sexual, asesinato, desaparición forzada y crímenes contra los deberes de la humanidad durante el conflicto armado. Reyes Girón fungía como comandante del destacamento militar de Sepur Zarco situado en el Valle del Polochic, entre Panzós, Alta Verapaz y El Estor, Izabal. Estos crímenes perpetrados por las fuerzas de (in)seguridad del Estado  son parte de una estrategia de terror que se consumaron frente a familiares y gente de la comunidad, en contexto de masacre o en destacamentos militares para someter y controlar a las comunidades.

Está en el Ministerio Público (MP) una denuncia en contra del francés Daniel Dreux por usurpación de tierras de la comunidad maya q'eqchi' de Mucbilha, del municipio Raxruhá, departamento de Alta Verapaz. Estas tierras son Patrimonio Agrario Colectivo, por tanto no pueden ser desmembradas y nadie puede reclamar derecho a la propiedad privada sobre ellas. En su defensa, Dreux, en complicidad con Sergio Sierra, insiste en que las compró.

Las movilizaciones de los pueblos contra el extractivismo (minería a cielo abierto, monocultivos, hidroeléctricas, minería de cemento, proyectos petrolíferos) se han fortalecido y se están generalizando. De Oriente a Occidente, de Norte a Sur, las mujeres, los hombres y las juventudes reivindican su derecho a la consulta previa, libre e informada, el derecho a la propiedad colectiva de la tierra, la soberanía alimentaria, su derecho al agua y a un ambiente sano libre de contaminación, la protección de los bienes naturales tal como se establece en la Constitución.

El 23 de mayo, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desalojaron violentamente a integrantes de la resistencia social de La Puya, que por más de dos años ha resistido pacíficamente en la entrada a la mina El Tambor de la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Asociate (KCA), siendo Exploraciones Mineras (Exmingua) la subsidiaria en Guatemala. De esa forma el gobierno de Otto Pérez y el PP han refrendado su política militarista en favor de los proyectos extractivistas uno de los ejes en que se sustenta el modelo de acumulación capitalista en boga en nuestro país.

En los últimos dos años, los grupos oligárquicos que históricamente han detentado el poder en Guatemala: criollos, alto mando del ejército en alianza con las grandes empresas transnacionales y con el gobierno de turno se realinearon, dejaron a un lado sus desavenencias y negociaron. Acto seguido, diseñaron y planificaron sus planes y estrategias para reafirmar su pacto de impunidad. Por ejemplo, las irregularidades en la elección de la fiscal general, denunciadas por la Convergencia derechos humanos, organizaciones mayas, organizaciones de mujeres, feministas, entre otras.

La violencia feminicida va en aumento en Guatemala. A pesar que en los medios de comunicación masiva el presidente Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP), insisten en afirmar que hay avances en materia de seguridad ciudadana, la realidad evidencia lo contrario. Diariamente se registran muertes violentas de adolescentes, niñas, jóvenes y mujeres. Lamentablemente la mayoría de esos crímenes no han sido esclarecidos. Sin duda, la política de "mano dura" de este gobierno ha fracasado. El pasado 3 de abril, las hermanas Karla Daniela y Nancy Paola

Aura Lolita Chávez Ixcaquic, defensora de la vida, del territorio, de los derechos de las mujeres e integrante de la Coordinación Política del Consejo de Pueblos K´iche´ (CPK) y del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), fue citada el pasado 14 de abril por el Ministerio Público (MP). La acusan del delito de coacción ilegal Caso MP-226-2013-3296. Ella se presentó a la audiencia, pero los demandantes Saturnino Esteban Pérez Laynez y Rigoberto Pérez Quixtan, no se presentaron. La audiencia se reprogramó para el próximo 5 de mayo.

La justicia es uno de los pilares de la democracia y el Estado de Derecho, sin el cual predomina la impunidad y el oscurantismo. En Guatemala, el sistema judicial no logra consolidarse a pesar de los esfuerzos de profesionales del Derecho, organizaciones sociales y de derechos humanos que se han comprometido con la justicia y paz social. Desde el 2012, los señores de la impunidad han orquestado perversas e intrigantes tácticas y estrategias que buscan resquebrajar la débil democracia que a duras penas logró instaurarse

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo, es oportuno reconocer los invaluables esfuerzos y el trabajo concienzudo que mujeres mayas, garífunas, xinkas y ladinas/mestizas venimos realizando para cuestionar las relaciones desiguales que prevalecen entre mujeres y hombres desde la colonia. Así, hemos ido tejiendo mecanismos para denunciar las violaciones a los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres. A pesar que el sistema patriarcal por tantos siglos intentó silenciar a nuestras ancestras, negándoles