El experto italiano, Amérigo Incalcaterra se desempeñó como comisionado adjunto de Cicig entre 2008 y 2009 por lo que fue el segundo al mando desde el inicio de la Comisión. En su opinión, las causas que la originaron aún no han desaparecido.

Carmen Rosa Villa, de origen peruano, ocupó el cargo de comisionada adjunta de la Cicig en el 2016. Explica que ese puesto fue establecido en el organigrama que creó el primer comisionado, Carlos Castresana (2007-2010), quien designó al italiano Amerigo Icalcaterra.

El abogado constitucionalista Stuardo Ralón asegura que ninguna resolución ha revocado la decisión del Gobierno de Guatemala de prohibir el ingreso al país del Comisionado Iván Velásquez.

El abogado Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho (Cede), dice que el amparo se solicita para una persona específicamente, por lo que en este caso fue para Iván Velásquez.

Raúl Falla Ovalle, abogado de la Fundación contra el Terrorismo, dice que Iván Velásquez ya no es el comisionado de la Cicig, porque el Gobierno le canceló la visa y que la postura del Gobierno es congruente con la resolución de la CC en cuanto a que el Gobierno debe abrir las puertas a una mujer o un hombre, que se defina a través del procedimiento diplomático respectivo.

Ovidio Parra, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón), asegura que la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) ordena que se deje ingresar al Comisionado Iván Velásquez de manera inmediata.

El embajador guatemalteco ante la ONU, Jorge Skinner-Klée dice que la propuesta de una "Cicig reformada" no es parte de los planes del país  y no corresponde a EE.UU decidirlo, sino solo a Guatemala y el organismo internacional. 

Las decisiones del Ejecutivo en contra del jefe de la Cicig, Iván Velásquez, significan para el país una pérdida política, social y económica, opinan expertos.

Rodeado de militares y la cúpula policial, el presidente Jimmy Morales anunció que mandato de la Cicig no será renovado, por lo que la comisión tendrá un año para transferir capacidades al Estado.

Campesinos afectados por la canícula prolongada en municipios del Corredor Seco comienzan a sentir los efectos de la ausencia de lluvias y piden ayuda gubernamental después de que, aseguran, el 90 por ciento de las cosechas se han perdido.