Pese a su enfermedad, niños no dejan de sonreír ni de soñar.

El Ministerio de Finanzas erogará más de Q9 mil 647 millones para pagar los sueldos y honorarios de más de 266 mil 800 trabajadores del Organismo Ejecutivo, de acuerdo con el presupuesto vigente para ese fin, que aparece en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

Hasta octubre último, la población de trabajadores en los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial era de 266 mil 806 personas, de acuerdo con las listas de la Oficina Nacional del Servicio Civil (Onsec) y los portales en internet de esos poderes, entre las cuales puede haber plazas fantasma.

Miles de guatemaltecos no tuvieron acceso este año a programas comunitarios, de alimentos, seguridad y de otro tipo, debido a la incapacidad del Gobierno de utilizar las donaciones de países y organismos internacionales, que a la fecha sumarían unos Q355 millones sin ejecutar.

Pertenecer a la directiva de una dependencia estatal suele ser una función apetecida no solo por las decisiones a tomar, sino por los ingresos extra provenientes de dietas por sesiones, acceso a cajas chicas y otras prebendas económicamente ventajosas.

En los últimos cinco años, el presupuesto del Ejército ha crecido 37.1 por ciento, institución que afronta el desgaste de su imagen por la vinculación de militares en casos de corrupción.

El presidente Jimmy Morales, en su sexto viaje al extranjero en menos de cinco meses, estrena el Reglamento General de Viáticos y Gastos que entró en vigor el 1 de junio último, y que autorizó un aumento de entre 200 y 500 por ciento en ese rubro.

Una de las sugerencias de reformas constitucionales en el sector justicia que más se mencionan en el Diálogo Nacional recibió ayer una fuerte oposición de una parte del sector empresarial.

Sectores tienen opiniones encontradas acerca de la nueva legislatura. Ven bien la aprobación de varios decretos, pero piden mantener buen ritmo con leyes necesarias.

Dirigentes sociales y analistas comentan acerca de las finanzas públicas y el panorama que enfrenta el Ejecutivo ante la falta de recursos para dar atención a las grandes demandas sociales.