El amparo es un medio de defensa contra actos arbitrarios del Estado o de particulares. Este recurso está establecido en la Constitución y en la ley de la materia, con el fin de proteger a las personas de las amenazas de violaciones a sus derechos inherentes e inviolables. Desde esa perspectiva, se concibe como una garantía en contra de cualquier arbitrariedad. El problema es cuando se abusa de este recurso y se convierte en litigio malicioso. Existen abogados que utilizan este proceso para entorpecer o paralizar la administración de la justicia en beneficio de personas poderosas que tienen cuentas pendientes con la justicia. Las autoridades judiciales también son responsables de este problema por las demoras prolongadas. Por ejemplo, una sentencia de amparo debería ser notificada a las partes en el término de un día, pero hay casos que esas notificaciones tardan meses en llegar.

Las relaciones del pastor Cash Luna con el poder no son nuevas. Desde la perspectiva del Evangelio de la Prosperidad, las bendiciones aumentan cuando suben las donaciones monetarias y se incrementan aún más cuando se vinculan al poder político y económico. Esa es parte de la prédica de los tele evangelistas pentecostales, como el pastor aludido, quien para la inauguración de su megatemplo en carretera a El Salvador, en el 2013, contó con la asistencia de la crema y nata de la clase política, desde el presidente Otto Pérez Molina hasta ministros y diputados. Posteriormente se vio en medio de un escándalo por una gigantesca bandera que le pidió a Roxana Baldetti y que ella muy devota  compró con fondos públicos. Ahora ese pastor está en medio de otro embrollo, tras un reportaje de la cadena televisiva estadounidense Univisión en el que se señala que la narcotraficante Marllory Chacón, quien purga una condena de 12 años en EE. UU. por trasiego de drogas, habría financiado ese millonario complejo religioso.

La denuncia que hizo Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), sobre las acciones de intimidación en su contra es más que reveladora porque muestra en toda su magnitud cómo operan las estructuras que tratan de que en Guatemala todo siga igual, sin lucha contra la corrupción y la impunidad. Y hay que decirlo muy claro: al frente de esa campaña de desprestigio e intimidación se encuentra el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), artífice de las acciones en contra de Iván Velásquez y la Cicig, y que ahora la emprende contra un fiscal por el simple hecho de haber tocado a uno de los intocables: el empresario y exministro Carlos Vielmann. Y también aclaro: no me refiero a todos los empresarios, porque hay personas honorables, sino a una élite que se arroga la representación de todo un sector, pero que solo representa los intereses de un grupo reducido, la oligarquía que le dicen.

El presupuesto nacional para el 2019 aprobado en tercera lectura en el Congreso está diseñado para servir de piñata en el año electoral y de castigo al sector justicia y a las instituciones que han cuestionado el saqueo de los recursos del Estado. Solo de esa forma se puede entender la distribución arbitraria de recursos a manos llenas para los ministerios de Desarrollo Social, de Defensa y Comunicaciones, mientras el Organismo Judicial, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Universidad de San Carlos, entre otros, resienten el recorte de fondos que afectará sus labores el próximo año. A eso se agrega la forma discrecional con que los diputados deciden aumentar el presupuesto del Legislativo de Q767.9 millones a Q792 millones, con el cual buscan cumplir con los ofrecimientos que hizo Álvaro Arzú Escobar para alcanzar los votos para ser reelecto como presidente de ese organismo.

Diputados, empresarios, militares y el Ejecutivo cierran filas en el Pacto de corruptos.

Cuando en los años ochenta la Universidad de San Carlos de Guatemala solicitaba, tal como ahora, que se le asignara el correspondiente 5% constitucional del presupuesto del Estado, el entonces presidente, general Romeo Lucas García, respondió con un lacónico “sécate”. Hombre de pocas palabras pero de criminales acciones, el mandatario enviaba un mensaje claro de qué pretendía hacer con la máxima casa de estudios del país: Que se secara de recursos económicos y a la vez lanzaba una campaña de persecución, secuestros y asesinatos contra estudiantes y catedráticos. Eran los peores años del conflicto armado cuando pensar distinto significaba la asfixia económica y la muerte. La Usac fue una de las instituciones que más afrontó los desmanes de un Ejército encaramado en el poder que hacía y deshacía como le venía en gana.

Con bombos y platillos, la propaganda oficial destacó la inauguración de un tramo carretero de 32 kilómetros entre Suchitepéquez y Retalhuleu, a principios de octubre. En su discurso, el presidente Jimmy Morales reiteró “su compromiso de dejar en buenas condiciones las carreteras”. Según el mandatario, su administración ha logrado recuperar 1,870 kilómetros de vías. Ante esas declaraciones uno no sabe si lo dijo en serio o en broma porque precisamente por el suroccidente del país se encuentra la carretera CA-2, la peor muestra de irresponsabilidad de su gobierno y es casi imposible que pueda cumplir con el ofrecimiento de dejar en buen estado la red vial durante su mandato. Ya no se puede hablar de vías de comunicación sino de caminos llenos de hoyos que destruyen los vehículos.

La caravana de migrantes es la parte visible de una crisis que se manifiesta en miseria, violencia, corrupción y ausencia del Estado. ¿Quién se uniría a esa larga marcha por placer, sabiendo que quizá nunca llegue a su destino? Los hondureños huyen del hambre, de la falta de empleo y tierra, de las maras que los extorsionan y asesinan, de los políticos corruptos que los engañan y saquean los recursos públicos en connivencia con empresarios avorazados. ¿Hay algo diferente en El Salvador y Guatemala? No. La migración de guatemaltecos hacia el norte, por ejemplo, es quizá mayor que esta extensa columna de hondureños que ahora causa pavor en Washington, solo que es silenciosa, individual y en la oscuridad. Es el drama de la falta de oportunidades en nuestros países lo que arroja a miles de centroamericanos a la aventura del sueño estadounidense y que muchas veces termina en la deportación o la muerte.

La decisión del gobierno de denegar visas y revocar las que ya había concedido a trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) busca  obstruir las investigaciones penales del entorno del presidente Jimmy Morales y su familia, así como de otros hechos emblemáticos de corrupción. El caso de Vicenzo Caruso es ilustrador porque la cancillería le había renovado su visa de cortesía el 18 de agosto pasado. Posteriormente este investigador italiano expuso en la comisión pesquisidora del Congreso el estudio que la Cicig había hecho sobre el financiamiento ilícito al oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN) durante la campaña electoral pasada y por el cual solicita antejuicio contra el presidente guatemalteco. Ese hecho habría sido lo que determinó que la cancillería le revocara la visa, lo que abiertamente constituye un abuso de autoridad y una forma de desarticular la investigación penal.

La pena contra Baldetti es mínima en relación al daño que ocasionó al país con las redes mafiosas que tejió.