Entre las noticias destacadas de la semana vimos cómo miles de toneladas de basura fueron descargadas hacia el Lago de Amatitlán. Aquí la responsabilidad es compartida entre la gente que no tiene conciencia y las municipalidades que no cumplen con los mandatos a los que la ley las obliga. Supuestamente, toda comuna tenía plazo hasta el 2012 para terminar sus plantas de tratamiento de aguas servidas, así como tratar sus desechos sólidos en rellenos sanitarios. Los alcaldes fueron pidiendo plazos y ahora llegaremos con la última fecha letal hasta el 2017, y el no cumplimiento cae en el ámbito penal.

Recientemente leímos algunos datos sobre la cantidad de millardos que el Estado le debe al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la pregunta es: ¿Qué se hizo ese dinero? El aporte que por ley le tiene que entregar al Estado se provisiona todos los años, pero nunca hemos visto a gerentes ni presidentes de la institución denunciando públicamente la falta de pago de parte del Gobierno y mucho menos a un Ministerio Publico investigando qué destino tuvieron los fondos. Hoy sabemos que los servicios del IGSS son cada día peores y miles de personas esperan sin esperanza su turno para un tratamiento, una cirugía y hasta una medicina. La cobertura del Seguro Social se limita a unos pocos departamentos y los enfermos tienen que viajar desde recónditos lugares a esta capital, para recibir la respuesta de un prepotente empleado; —Venga la otra semana— porque o no hay cama o no hay medicina, o hace falta algún dispositivo para realizar el tratamiento. Los pacientes deben llevar su papel higiénico, botellas de agua y otros enseres que los hospitales deberían proveer.

Los regímenes populistas de América Latina parecen condenados a desaparecer, su enfoque económico y social ha sido desastroso pero en Guatemala los movimientos pro izquierda insisten en que se instauren, quizás con el propósito de llegar al poder y enriquecerse como ha sido en Argentina o en Brasil, cuyos líderes han dejado a sus países en una tremenda crisis económica, pero eso sí, los jerarcas participaron en actos de corrupción descarados.

Recientemente vimos cómo en la región de Barillas, Huehuetenango, desfilaron hombres armados bajo la bandera de Movimiento Revolucionario Campesino, en Alta Verapaz comenzaron a circular nombres de finqueros que están en la mira de otro grupo beligerante y la semana pasada fue emboscado y asesinado el Sr. Edwin Wolmers Thomae, que ya estaba mencionado entre las familias amenazadas. Él era acusado de estar construyendo una hidroeléctrica. De la misma manera otro grupo se pavonea con AK en la Sierra de las Minas, lo lamentable es que estos insurrectos ahora accionan con toda impunidad, con un Ministerio Público con una carga ideológica favorable y un ejército que está en la mira de los Semilleros, de los activistas de Derechos Humanos y de parte de la comunidad internacional que les es proclive. Como diría Chespirito, _ ¿Ahora quién podrá defendernos?

Cuando vimos la financiada marcha por el agua, las pancartas iban dirigidas a la minería, a las hidroeléctricas, a una carretera, a la palma, en fin, eran lo que ya conocemos de la sopa de letras de las organizaciones de las que ya un grupo de “intelectuales” tomó el liderazgo.

Desde la década de los sesenta, cuando se inició el conflicto armado, la destrucción de las fuentes de empleo ha venido siendo un tema de las organizaciones de la izquierda recalcitrante. En aquellos años, la guerrilla creo dos entes para lograr sus fines, un brazo campesino, que llevó el nombre de Comité de Unidad Campesina (CUC), nombre que conserva hasta la fecha, y el otro, un brazo laboral que se llamó Central Nacional de Trabajadores (CN)T, que después pasó a ser la Unidad Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua), que ahora se ha dividido en varias células, pero todas con el mismo objetivo.

He tomado este título, emulando una atinada columna, escrita en el diario ABC de España, por Mayte Alcaraz.

Desde hace muchas décadas hemos oído la perorata de muchos sectores en contra del sector privado, en la que se le acusa de no pagar impuestos, y eso se aumenta cuando embajadores reciben a funcionarios de sus gobiernos y se limitan a invitar a gente de izquierda, entre la que se encuentran la Usac, sindicatos, organizaciones campesinas con sesgo no productivo y, por supuesto, los semilleros. Jamás son invitados el sector privado ni la SAT, para que con sus resultados de recaudación desdigan lo aseverado por los que repiten la cantaleta.

Nos enteramos de las terribles deudas de ciertos ministerios, y las nuevas autoridades, ya están en la negociación de la deuda, nada menos que con el Congreso, el Maga, Salud, Mineco y Minfin estarán pensando cómo salen del problema y esperamos que no sea con soluciones tipo PP, UNE o Líder, que sin duda los llevarían a meterse en un callejón sin salida.

Pasaron casi veinte años después de la firma de los acuerdos de paz para que la guerrilla y sus simpatizantes iniciaran una ofensiva legal en contra de quienes los combatieron en cumplimiento de su deber. Hoy el ejército está bajo asedio, y es que estos señores descubrieron la mina de diamantes, que son los resarcimientos, e inclusive han logrado que resarcimientos ya pagados, como es el caso de la cuenca del Río Negro, donde está instalada la represa de la hidroeléctrica Chixoy, se vuelva a pagar. Por supuesto, no vemos a las familias que supuestamente reciben estos resarcimientos estar en una nueva etapa de su vida, rebosantes de prosperidad. Los cientos de millones pagados o por pagarse de plano son repartidos “equitativamente” sin ninguna fiscalización.