Los nefastos resultados obtenidos a raíz de los acuerdos de paz deben ser publicados en todas las redes sociales para desenmascarar a los que aprovechándose de la amnistía que se les brindó, delinquen, se enriquecen, logran millonarias donaciones, escudados en lo que ellos llaman defensa de los derechos humanos; lógicamente con el apoyo de fiscales, jueces y magistrados que no han dictado ni una sola sentencia contra grupos que han llegado, inclusive, a asesinar personas. El objetivo de los terroristas ha sido llegar al poder para vengarse del propio Estado, de sus fuerzas de seguridad y, de paso, lucrar con la desgracia humana que los mismos terroristas han sembrado.

La elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad ha generado una serie de opiniones en los medios. La mayoría de ellas dimanan de las derrotadas organizaciones de izquierda que están viendo la manera de enquistarse de algún modo en la más alta de las instituciones relacionadas con la justicia como es la citada corte, creyendo que dominando la Corte dominarán al Ejecutivo por la vía de resoluciones, sentencias y acciones que detengan el accionar del gobernante y de su gabinete, y que las violaciones a la ley que cometen continuamente sus correligionarios no lleguen a ser condenadas en esa última instancia. Ya en el Colegio de Abogados salieron perdiendo, pues ninguno de los que correrán a segunda vuelta son de su trasnochada ideología.

Tenían que pasar varias décadas para que las comunidades fueran alertadas por los grupos de las fuerzas armadas que participaron en el conflicto armado, con la asesoría de oportunistas de diferentes países, incluidos algunos que en los momentos en que se discutían las condiciones para el cese al fuego se hacían llamar “Países amigos”.

Las nuevas autoridades se encuentran ante un dilema que si existe buena voluntad lo resolverán y de lo contrario seguiremos en lo mismo.

Las políticas públicas, durante estos últimos años, han ido en la vía de restarle competitividad al país; y por ende, la inversión local y extranjera se va retirando a pasos agigantados.

La clara intervención de países, organizaciones de derechos humanos, oenegés de diferentes partes y activistas de izquierda, en la selección de candidatos a integrar la Corte de Constitucionalidad (CC), para llevar a nuevos magistrados que sean de una tendencia ideológica que vaya en contra de las libertades individuales, anticastrense y, por supuesto, que vaya acorde a los intereses de grupos como Semilla, es notoria en todos los ambientes, lo que verdaderamente desvirtúa la característica principal de un magistrado, que debe ser la imparcialidad al aplicar la ley, aparte de otras cualidades que deben ser la probidad y la ecuanimidad en sus fallos.

La revelación de los sueldos y plazas en el Congreso viene a demostrar cómo es la realidad de la administración en manos de políticos. La realidad es que muchos de esos salarios para gente sin ninguna capacidad ni calificación, no van cien por ciento al empleado y buena parte se le da al que les consiguió la plaza.

Estamos muy cerca de las elecciones de magistrados a la Corte de Constitucionalidad y el evento ha generado una serie de elucubraciones, opiniones y sentencias , muchas de ellas provenientes de grupos que se dicen ser los representantes de las mayorías, pero que en la realidad son solo pantalla porque sus derrotas electorales han sido sostenidas; sin embargo, organizaciones afines a ellos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos de Naciones Unidas y algunos países les siguen creyendo, debido a su presencia mediática y al lobby internacional que hacen. El jueves, en un canal de televisión oímos al joven abogado Guillermo Cifuentes, organizador del foro donde participaron cinco abogados, candidatos a la elección por el Colegio de Abogados, comentando que su grupo no se consideraba “sociedad civil”, pues en ella hay 15 organizaciones —todas— fundadas por el mismo dirigente, que hace creer a incautos que son una enorme masa de la población.

A lo largo de nuestra historia, en especial desde que tenemos regímenes democráticos, popularmente electos, hemos visto cómo los grupos que pretenden alcanzar el poder, por vías no democráticos, han sido aceptados y hasta se les ha dado cuotas de poder.

La captura de varios oficiales retirados del Ejército, que se llevó a cabo esta semana, pone en evidencia toda una estrategia parcializada de parte de una fiscalía algo que dejara ya preparada la anterior fiscal Claudia Paz y Paz. Todos los hechos de que se acusa a los imputados sucedieron hace 30 años o más; por supuesto, los hechos de las atrocidades de la guerrilla no son sujetos de castigo alguno. Recientemente la columna Carpe Diem publicó las fotos de algunas de las violaciones a los derechos humanos que cometió la guerrilla y que fiscales, tanto nacionales como extranjeros, ignoran y las dan como normales en un conflicto armado. Veamos algunos de los hechos que no investigan los pesquisidores: 1. Uso de niños como combatientes por parte de la URNG. Jamás fue denunciada esta violación a las leyes internacionales que prohibían este crimen. En la foto aparece el niño Juan Aguirre (alias Guzmán), 12 años. Perteneciente a las FAR. La costumbre continúa y los niños sigue siendo escudo para acciones violentas; tenemos los videos de La Puya, donde hasta niños en carruajes fueron llevados al frente por los manifestantes.