El ordenamiento jurídico guatemalteco en su más alto nivel consagra el derecho al acceso a la información, tanto de documentos públicos y oficiales como de lo que conste sobre sí misma en archivos oficiales. La Constitución Política, en su artículo 31, garantiza el derecho de conocer lo que de una conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales y la finalidad a que se dedica esta información, así como a correcciones, rectificaciones y actualizaciones.

En medio de las noticias negativas que privan en el medio hay aspectos que pasan a segundo o tercer plano y es lógico, porque los casos horribles que ocurren a diario nos mantienen en estado de shock. Personas cercanas, algunos conocidos o desconocidos mueren en forma violenta a diario y eso nos ha vuelto insensibles al dolor ajeno.

Pertenecer a una asociación periodística es un compromiso con el gremio y con la sociedad, es asumir, de manera voluntaria, tareas en defensa de ideales, principios, deberes y derechos. Una gran deficiencia de nuestra generación es no haber logrado el relevo generacional de la militancia de las entidades de prensa, pero hay que entender que en este mundo virtual en el que vive gran parte de la juventud, estar organizado gremialmente carece de interés, sobre todo porque, como ellos mismos dicen, “no se obtiene nada a cambio”.

Probablemente el derecho absoluto que tenemos es el de pensar, nadie puede penetrar en nuestra mente ni imponernos una ideología, somos libres de auto definirnos y auto determinarnos. Pero esa libertad debe tener su complemento, el derecho de expresarnos, parte integrante y fundamental de los derechos humanos, pues sin poder exteriorizar nuestro pensamiento, las demás garantías no podrían ser reivindicadas.

Uno de los tantos problemas que enfrenta la población, especialmente la más abandonada por el Estado, es la crisis del agua. Se ha informado que “cuatro de cada diez personas en pobreza extrema no tienen acceso a fuentes mejoradas del líquido vital”, además del déficit hídrico que reportan los ríos, debido, entre otras causas, a la degradación, contaminación y al uso irresponsable de ese bien público.

Recientemente, Amnistía Internacional inició una campaña denominada “Valiente”, para detener la ola de ataques contra personas que defienden los derechos humanos, entre ellas los periodistas, luego de que se conociera que en 2016 se incrementó el número de víctimas que afrontan “niveles inéditos de persecución, intimidación y violencia”; pide que los países adopten medidas eficaces para protegerlos.

La Constitución Política, como todos saben, es el gran pacto social que tenemos los guatemaltecos y guatemaltecas. Nos permitió transitar del autoritarismo militarista propio de la contrainsurgencia a la democracia. Su contenido es valioso, si tan sólo fuera plenamente realidad.

Están equivocados quienes piensan que las violaciones a la libertad de expresión y de prensa son “exclusividad” de los gobiernos dictatoriales o autoritarios. Reporteros sin Fronteras (RSF), en su informe anual, reveló que hubo un sensible retroceso en el mundo, incluyendo Europa, donde en 2017 descendieron hasta los “mejores alumnos”, los países nórdicos.

En esta época, cuando se desborda el fervor cristiano, deberíamos aprovechar para reafirmar principios y valores que se han fugado de nuestro entorno y tratar de que de las cenizas en que estamos convirtiendo a Guatemala emerja una nueva realidad, nuevas formas de relacionarnos, de comportarnos, de asumir nuestras responsabilidades y decidir, de una vez por todas, revertir lo que estamos padeciendo.

Analizar aspectos esenciales para la prensa y los periodistas, particularmente los riesgos que afrontan, así como conocer y aprobar los informes de los países, fue parte de la agenda que abordó la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa realizada en Antigua Guatemala del 31 de marzo al 3 de abril. La corrupción fue uno de los aspectos al que se puso especial énfasis.