Esta es una época nueva en el país, estamos experimentando algunos cambios que no tocan lo estructural, ya que no se trata de una revolución, pero son cambios al fin. Algunos sectores sociales están empoderados de su condición de ciudadanos, una afortunada herencia de la crisis del 2015.

La ciudadanía ha sido la víctima constante de atropellos, abusos, agresiones, violencia, represión, injusticia y cuánta cosa mala puede sucederle a un pueblo. Históricamente nos ha tocado vivir de todo. Si hay un menú de desgracias podemos asegurar que nos han caído casi todas, desde los fenómenos naturales convertidos en catástrofes sociales, hasta la burla consciente y repugnante de políticos marrulleros, de numerosos militares represivos y corruptos y de muchos empresarios insensibles.

Lo que ha sucedido desde abril del año anterior constituye otro capítulo más de las cosas insólitas de las que está saturada nuestra historia. Las noticias sobre corrupción, evasión de impuestos de parte de grandes y “prestigiosas” empresas, acciones inhumanas como la desviación de ríos para riegos de grandes plantaciones en un franco atentado a la vida humana, son algunos de los ilícitos que exigimos sean investigados y castigados los responsables. Los titulares de los medios y los comentarios en redes sociales los abordan profusamente.

Las felicitaciones mutuas de los asistentes y de todos los espacios de poder se han escuchado a un año del insólito evento que llevó a la cárcel a quienes hicieron del Estado una piñata, siguiendo el ejemplo de las anteriores administraciones que no fueron investigadas por el Ministerio Público, salvo algunas excepciones, además de que carecíamos de un ente internacional de apoyo para hacer efectivas las pesquisas.

Los seres humanos compartimos la casa que habitamos y algunos de los recursos naturales de los que está dotada. La Tierra, este planeta que nos hemos empeñado en contaminar, tuvo ayer su celebración, efeméride que persigue llamar la atención sobre la necesidad de adoptar una agenda del medio ambiente. Irónicamente fue en Estados Unidos donde surgió la iniciativa, uno de los países que más contamina y que tradicionalmente se ha resistido a adoptar medidas para frenar el deterioro que nos está literalmente matando.

Un 10 de abril de 1947, periodistas de profesión decidieron agrupar a elementos de la prensa en una asociación que “propenda a la defensa de sus intereses gremiales, a la dignificación y el progreso material de la prensa”, la que estaría integrada exclusivamente por “periodistas profesionales en activo que militen en periódicos orales y escritos del país”.

Hoy pretendo, en nuestro marco republicano, bosquejar un balance del estado actual de los tres poderes del Estado, a casi cien días de haberse iniciado un nuevo período democrático.

Después de más de dos años perdidos, en los que lamentamos la muerte de cuatro periodistas y el incremento de agresiones, vemos con optimismo que alcanzaremos el objetivo por el que hemos luchado todo este tiempo: que el Estado cumpla con la recomendación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en relación a adoptar un mecanismo de protección a periodistas.

Los hechos violentos ocurridos en los últimos días son impactantes en la realidad nacional. No se trata de conductas delictivas dirigidas a obtener algún bien de la víctima. No es como cuando inmisericordemente se despoja de la vida a alguien por quitarle un celular, o se atenta contra la integridad de un prójimo para obtener un beneficio personal, como en el caso de las repudiadas extorsiones. Tampoco es una acción cruel que alguien ejecuta disparando un arma contra la víctima, cuya operación no requiere más que el malévolo movimiento de apachar un gatillo.

Para quienes tienen acceso a los medios y particularmente para los periodistas y comunicadores, Guatemala es un paraíso de la información. De nuestra realidad se pueden escribir novelas, tal como ha sucedido; hay material para telenovelas, documentales y películas, dada la velocidad con que se desarrollan los acontecimientos.