El primer cadáver fue encontrado en el fondo de un barranco, que es utilizado como basurero clandestino, ubicado en el kilómetro 13.5, ruta Los Ocotes en la  zona 25.

El cadáver de sexo masculino, hasta el momento no se ha identificado. El hombre vestía un pantalón corto obscuro y un suéter rojo. Según los agentes del Ministerio Público (MP), la persona fallecida tiene heridas de arma blanca. 

Además los bomberos Voluntarios informaron que el hombre tenía tatuajes en el cuerpo.

La segunda víctima fue encontrada en 21 avenida y 3a calle, colonia El Encino; zona 6 de Mixco. Al momento no ha sido identificada.

En la 10a. avenida y 33 calle de Las Charcas, zona 11, fueron localizados los cadáveres de dos mujeres, uno de ellos estaba desmembrado, y se determinó que era el de la hermana mayor, Joselin Lucía.

El padre de las víctimas, Hilario Cotzajay, indicó que Joselin se dedicaba al trabajo doméstico en el sector, y la última vez que supieron de ellas fue el miércoles, cuando desaparecieron.

Cotzajay comentó que la víctima iba con su hermana menor a cobrar su quincena.

Partes del cuerpo desmembrado se encontraron dentro de una bolsa de concentrado para perro, lo que fue calificado por Camilo Rivera, director general de Investigación Criminal, como “un evidente mensaje de desprecio a la vida humana”.

Una hipótesis es que los cuerpos fueron trasladados en esas bolsas para disimular que se trataba de cadáveres.

En el lugar del hallazgo hay una casa que tiene una cámara, además de otra de videovigilancia, de las que pedirán las grabaciones.

Luego de que el Congreso retiró ayer la inmunidad de funcionario a Pérez Molina, se hizo posible que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) investiguen al mandatario por supuestos vínculos con la red de defraudación aduanera denominada La Línea.

Una vez el juzgado que controla el expediente sea notificado sobre el retiro de la inmunidad del mandatario, la judicatura quedará pendiente de cualquier solicitud de la Fiscalía, ya sea citar o capturar a Pérez Molina para que comparezca a una audiencia de primera declaración.

El caso por defraudación aduanera es controlado por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien dirige el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, quien el pasado 26 de agosto ordenó que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti esté en prisión preventiva.

Escenarios

El abogado César Calderón, defensor del mandatario, dijo que la primera acción que dirigirá será entregar un memorial al juzgado, en el cual se haga del conocimiento de Gálvez que Otto Pérez Molina se pone a disposición de la justicia, con el objetivo de evitar que se ordene su aprehensión.

“Estamos conscientes de que el hecho de ofrecer que el presidente se pone a disposición de la justicia no anula la posibilidad de que se gire su captura, porque lo que se quiere es hacer un espectáculo de este caso”, dijo Calderón.

Calderón no descartó que luego de una audiencia de indagatoria, Pérez Molina pueda ser beneficiado con el archivo del expediente por falta de mérito a los cargos que se hacen en su contra, y quedar en libertad.

El abogado penalista David Pineda, al referirse al caso, dijo: “Será decisión del MP si lo va a capturar o lo cita para una audiencia de primera declaración. Son los dos únicos caminos que tiene”, aseguró.

El profesional añadió: “Si él fuera citado a primera declaración y en esa diligencia le dictaran auto de procesamiento, pero no auto de prisión preventiva, puede seguir ejerciendo su cargo. Pero si le dictan auto de prisión preventiva, tiene que dejar el ejercicio de su función de forma inmediata. La Ley de Antejuicio así lo establece”, explicó.

El penalista Francisco Gallardo subrayó: “Ahora enfrentará un proceso como cualquier persona común y corriente, como cualquier ciudadano, y estaría en manos de la justicia común. Hay que esperar que este trámite continúe. Ahorita lo que se está autorizando es que el MP realice la investigación y que un juez de Primera Instancia tenga el control jurisdiccional sobre la investigación”, enfatizó.

Comprobar culpa

El abogado constitucionalista Carlos Molina Mencos aseguró que el mandatario es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad ante un juez.

“Los que lo acusen deben probar, sin lugar a dudas, la culpabilidad de esa persona, debido a que es una garantía constitucional de toda persona”, expresó Molina Mencos.

El entrevistado consideró que existe la posibilidad de que Pérez Molina deje el cargo luego de que se ordene auto de procesamiento en su contra.

“Al ser ligado a proceso, deberá dejar el cargo de presidente de la República, porque al estar siendo procesado él ya no podrá atender sus funciones como corresponden, por estar pendiente de su proceso judicial”, dijo.

El analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos Lizandro Acuña indicó que al declarar el Congreso con lugar a formación de causa, el presidente sigue y permanece en el cargo, desempeñándose como mandatario, aunque careciendo de la legitimidad y del apoyo de la población.

“La Ley establece que se cesa en su función o empleo a la persona cuando se emite un auto de prisión preventiva por un juez competente, y eso llevaría su tiempo, y aun así, estaríamos hablando que hasta que se emita una sentencia condenatoria él sería separado definitivamente del cargo de presidente, porque se puede alegar el principio de presunción de inocencia”, afirmó Acuña.

El MP informó que el juzgado que controla el caso contra el mandatario decretó el arraigo de Pérez Molina, como medida precautoria para asegurar su permanencia en el país.

El gobernante —quien según su vocero no descarta el escenario de una renuncia— es señalado por asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación tributaria.

Al lugar llegaron bomberos de distintas compañías, quienes han trasladado al Hospital Roosevelt y al Hospital de Accidentes del Seguro Social a unas 12 personas con heridas graves, en el lugar al resto de pasajeros que presentan lesiones leves.

Entre los heridos se encuentran varios menores. Hasta el momento se desconoce cómo se originó el accidente, aunque pasajeros señalaron que el piloto iba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad.

El lugar, donde se conoce como puente El Zapote, es peligroso y el pasado 10 de agosto también se registró un percance vial en el mismo lugar, involucrado también un autobús de la misma ruta, suceso que dejó unas 15 personas heridas.

Usuarios de redes sociales sufrieron la espera por las largas filas de vehículos en el ingreso hacia Ciudad Quetzal.

Largas colas en la salida de Ciudad Quetzal. #TráficoGT pic.twitter.com/WkY9vV4jsz
Vía: @giramirez_pl

— Prensa Libre (@prensa_libre) August 22, 2015

Al momento de volcar, el bus chocó contra un vehículo particular, se desconoce si sus ocupantes también resultaron heridos; no se descarta por el momento que el exceso de velocidad pudo provocar la pérdida de control del autobús.

Ampliación: pic.twitter.com/Wpc8CgOgXP

— BOMBEROS DE MIXCO (@BomberosM_Mixco) August 22, 2015

En el Naranjo

En el distribuidor vial El Naranjo, que conecta Mixco con la capital, también se registró un accidente de tránsito, suceso donde perdió la vida el piloto del vehículo particular.

La primera hipótesis señala que el exceso de velocidad provocó que el vehículo derrapara y colisionara contra un paredón.

Accidente en el Naranjo. @prensa_libre #tráficogt pic.twitter.com/kSHvaL1Aao

— Guillermo I. Ramírez (@giramirez_ee) August 22, 2015

Nueve de las 10 personas señaladas por el Ministerio Público de integrar una estructura de lavado de dinero han sido capturadas en operativos que en Asunción Mita, Jutiapa y una más en Petén.

Los aprehendidos habrían financiado la campaña política de varios candidatos a cargos a elección popular.
Una fuente del MP informó que son 13 las órdenes de captura que las fuerzas de seguridad deben efectuar en dicho municipio.

El MP dará conferencia de prensa donde se anunciará que se solicitarán retirarle el antejuicio al diputado Jaime Martínez Lohaiza quien busca su reelección por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder).

Los capturados

En Asunción Mita, Jutiapa la Policía Nacional Civil (PNC) reporta la captura de cinco personas en operativos efectuados en los barrios Nueva Democracia, La Federal  y calle Interamericana, Tultepeque, los capturados son, Silvia Antonieta Guevara, de 35 años; Rudy Estuardo Martínez Orellana, 25; Dain Alfredo Orellana y Orellana, 33; Héctor Vicente Reyes Linares, 33 y Marco Tulio Morales Guerra, de 57 años.

En carretera a El Salvador fue aprehendida Lesbia Catalina Martínez Monroy, 25; en la 12 avenida 43-25 zona 12,  Prados de Villa Nueva fue capturado Javier Villatoro López, de 38 y Mynor Leonel Morales Monterroso, de 52 años fue aprehendido en la 7a  avenida y 3a  calle zona 9.

A los capturados el MP les imputa los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, revelación de información confidencial y defraudación tributaria y falsificación de documentos privados.

En horas de la tarde de este miércoles, se confirmó la detención de Maximino Milagro de Jesús Gómez Serrano, de 60 años, detenido en la 3a. avenida y 9a. calle de la zona 1, barrio 3 de Abril, San Benito, Petén.

Gómez Serrano se identificó como asesor del diputado Manuel Barquín y la orden de captura es por los cargos de asociación ilícita y cohecho activo.

El fiscal contra la impunidad del Ministerio Público (MP), Óscar Schaad, dijo que está pendiente una orden de captura contra el vocero y gerente administrativo, Álvaro Dubón.

En la conferencia, el comisionado Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velasquez, dijo que por medio de escuchas telefónicas se logró establecer que los directivos del Intituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), se comprometieron con representantes de Pisa para lograr la adjudicación del contrato.

Velásquez dijo que los encargados del IGSS recibirían entre el 15 y 16 por ciento del monto del contrato, aunque todavía no se ha establecido cómo se haría la distribución efectiva del dinero.

El comisionado agregó que Pisa participó en otro concurso del IGSS para ofrecer el servicio de hemodiálisis, pero este no se concretó porque “hubo un soborno mayor, de otra empresa, que también será investigada”.

La Fiscal General, Thelma Aldana informó que en el Ministerio Público fueron interpuestas dos denuncias vinculadas a este caso, una el 11 de marzo y otra 13 del mismo mes. El denunciante es la Procuraduría de los Derechos Humanos, por la muerte de cinco personas.

Aldana dijo que en esta denuncia se señalan los delitos de negligencia médica y homicidio culposo entre otros, situación que se investiga en la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas.

Capturado el presidente del Banguat

Hoy en la mañana, fue capturado el vicepresidente el Seguro Social, Roberto Suárez Guerra, quien representa a la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, también fueron detenidos otros 14 funcionarios del IGSS, entre las órdenes de captura está la del presidente de esta Instituto Juan de Dios Rodríguez.

Las capturas según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP son por contratos anómalos que la directiva del Seguro Social avaló, entre ellos está el polémico contrato firmado con la Droguería Pisa y el IGSS.  

Una fuente del MP avisó que Rodríguez logró escapar de las autoridades de su casa ubicada en un condominio en la zona 16. Más tarde, Rodríguez fue ubicado en un sector de la zona 13, con lo cual la lista de capturados sumó 16.

El presidente del IGSS fue localizado en el centro asistencial privado Maranatha que está ubicado en la 13 calle 14-69 zona 13, a dos cuadras del aeropuerto internacional La Aurora. El MP pidió una orden de allanamiento para ingresar al hospital y lograr la captura. 

A primera hora, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de al menos cuatro personas empleados del Seguro Social, ellos son, Karla Ahidee Castañón Guerra, Doris Eluvia González Salazar y Mayra Lisbeth Gómez Suárez. El cuarto detenido es Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling.

Molina Stalling, trabaja como asesor financiero en la subgerencia del IGSS.

La Feci señala a los detenidos de los delitos de fraude, asociación ilícita, tráfico de influencias, cobro ilegal de comisiones, cohecho activo y pasivo.

Los capturados

1. Otto Fernando Molina Stalling | Asesor financiero en la subgerencia del Seguro Social.
2. Herbeth Rodolfo García- Granados Reyes
3. Edgar René de la Pena Archila
4. Ramiro Armando Lorenzana Ortiz
5. Arturo Adolfo Castellanos Poou
6. Doris Eluvia González Salazar
7. Mayra Lisbeth Gómez Suárez
8. Alba Maritza Maldonado Gamboa
9. Delia Ahidee Castañón Guerra
10. Carmen Yadira Gil Quiñónez
11. Julia Amparo Lotan Garzona | Nombrada por los trabajadores.
12. Max Erwin Quirin Schoder | Vocal nombrado por los patronos.
13. Erwin Raúl Castañeda Pineda | Nombrado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala.
14. Julio Roberto Suárez Guerra | Nombrado por la Junta Monetaria.
15. Jesús Arnulfo Oliva Leal | Nombrado por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
16. Juan de Dios de La Cruz Rodríguez López | Nombrado por el Organismo Ejecutivo.

 
Según la Cicig y la Feci los ahora detenidos acordaron obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato millonario con la Droguería PISA,  el contrato no llenó los requisitos, ni contaba con estructura básica para brindar el servicio a pacientes renales del Seguro Social.
 

La audiencia de primera declaración fue programada para las 8 horas del próximo viernes, hasta entonces los detenidos permanecerán en la carceleta de la Torre de Tribunales.

Según fuentes oficiales, el 17 de abril último, cuando se efectuaron las capturas de los integrantes de La Línea, una persona cercana al Juzgado negoció con varios de los abogados que tomaron la defensa del caso, entre quienes está Jorge Luis Escobar Gómez.

Se cree que la negociación habría sido para beneficiar a los presuntos jefes de la estructura señalada por supuestamente haber defraudado a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por medio de las aduanas.

La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) detallaron que la jueza Martha Sierra de Stalling habría obtenido un beneficio económico a cambio de facilitar la libertad a Javier Francisco Ortiz, alias Teniente Jerez, Miguel Ángel González Álvarez, y otros cuatro supuestos integrantes de La Línea.

Trascendió que el Ministerio Público (MP), cuenta con audios de conversaciones telefónicas donde se menciona a la jueza. 

Miguel Ángel Aldana -izquierda- y Francisco Javier Ortíz, capturados este viernes. 

Francisco Javier Ortiz Arreaga, alias “Teniente Jerez”, Miguel Ángel Aldana, Salvador Estuardo González Álvarez y Mónica Patricia Jauregui Zamora, pagaron Q200 mil para recuperar su libertad. Mientras que José Rolando Gil Monterroso y Carlos Ixtuc Cuc, fueron beneficiados con una fianza de Q250 mil.

La juez Martha Sierra de Stalling concedió medida sustitutiva a alias "Eco" y "Teniente Jerez", jefes de la estructura criminal "La Linea".

— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) April 21, 2015

Recapturas

La acción contra la Jueza fue seguida de las nuevas ordenes de captura contra dos de los seis supuestos integrantes de La Línea que fueron liberados, además tres abogados y Luis Mendizábal, propietario de una boutique en la zona 10 donde se habrían reunido varios líderes de la estructura de defraudación aduanera. 

La Policía Nacional Civil cumplió las ordenes de captura contra Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, y Miguel Ángel Lemus, además de los abogados José Arturo Morales Ramírez, Jorge Luis Escobar Gómez y Ruth Emilsa Trigueros Alay. 

Aunque se realizó un allanamiento en la boutique propiedad de Mendizábal, este no se encontraba ahí y aún no se establece su paradero. 

Preocupación

El jefe de la Cicig Iván Velásquez visitó al presidente Otto Pérez Molina la mañana de este viernes y manifestó su preocupación por cómo la jueza Marta Sierra ha llevado el caso La Línea. 

La reunión fue privada, sin acceso a los medios y ni Pérez Molina ni Velásquez  ofrecieron declaraciones. 

La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia Karla Herrera informó que el mandatario no se pronunciará sobre el nuevo giro del caso La Línea hasta que se tenga más información sobre el avance de las pesquisas. 

Escuche más declaraciones :

Con la detención de los profesionales van 26 personas detenidas dentro de la estructura.

Con la captura de Escobar Gómez, son 27 los capturados por integrar la organización que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria, en la que están involucrados funcionarios de gobierno.

La información que proporcionó la fiscalía del Ministerio Público es que Morales Rodríguez es sindicado de los delitos de cohecho activo y asociación ilícita.

Escobar Gómez, laboró en la Organismo Judicial como secretaria del Juzgado Cuarto Penal, a cargo de los jueces Rocael Girón y Gisela Reinoso.

Las direcciones donde se efectuaron los allanamientos son en la 11 avenida final y 16 calle de residenciales Las Chácaras, zona 11.  En la 13 avenida y 8a. calle de la zona 1 y en la 1a. avenida y 7a. calle zona 1. 

La información preliminar es que también buscan a Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, en operativos en las zona 9, 13 y 14. 

Los abogados Jorge Luis Escobar Gómez y Ruth Emilsa Trigueros Alay, fueron trasladados a la Torre de Tribunales. (Foto Prensa Libre: E. García)

La red de defraudación

El grupo que operaba en la SAT se enfocó en las siete aduanas más importantes del país en términos de recaudación, por ser las más lucrativas por la demanda.

La primera aduana y más grande está situada en el Puerto Quetzal, en Escuintla, la cual recaudó más de Q5 millones 537 mil en el año 2013. Luego se ubica la del Puerto Santo Tomás, en Izabal, con más de Q2 millones 583 mil.

Le siguen las aduanas central y express aéreo, ubicadas en la ciudad capital; Tecún Umán, en San Marcos; Pedro de Alvarado, en Jutiapa, y Puerto Barrios, también en Izabal.

Además de ellos, familias de comunidades a la orilla del mar en San Marcos y Retalhuleu fueron sorprendidos por olas de entre cinco y ocho metros.

“Qué triste, el mar nos dejó sin casa, sin nada”, dijo Griselda Acevedo, albergada en la escuela Garita Chapina, de la aldea del mismo nombre, mientras con una mano sujetaba una vaso con una sopa instantánea.

En La Barrona, varios pobladores permanecían en las canoas, pese al riesgo, para evitar que delincuentes robaran sus escasas pertenencias.

En el Puerto de Champerico, Retalhuleu, una ola de ocho metros golpeó a vecinos y turistas en la playa. El agua entró 150 metros de la costa e inundó viviendas.

Ocho personas resultaron con lesiones considerables, reportó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

Informó que 900 personas resultaron afectadas por el incremento en la marea, y se contabilizaban anoche unas 300 viviendas destruidas o dañadas. Hay personas albergadas.

La marejada comenzó el sábado último, y fue necesaria la evacuación de las comunidades de La Barrona, Jutiapa, y Brisas del Naranjo, La Blanca, San Marcos.

El trabajo conjunto del Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial (OJ) y la PNC permitió que Artemio de Jesús Ramírez Torres, de 29 años, alias el Barbas o Pelusa, fuera capturado ayer en el kilómetro 205, aldea El Carmen, Champerico, Retalhuleu.

El supuesto agresor de los periodistas asesinados el martes último en el parque central de Mazatenango, Suchitepéquez, fue apresado en una calle de la aldea El Carmen, después de un operativo montado desde la mañana.

“Se definió el perfil criminal del sospechoso. Se llevaron a cabo entrevistas y la investigación determinó el nombre. La gente reconoció plenamente a los dos agresores”, expresó el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

La orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía de los Derechos Humanos al Juzgado de Primera Instancia y autorizada ayer por el delito de asesinato.

SEGUIMIENTO

Según el funcionario, desde el día del ataque la PNC y el Comando Antisecuestros hicieron un trabajo de seguimiento, ubicación e inteligencia. “Logramos su ubicación. Sabíamos que se había movilizado al área de Champerico”, expresó.

López Bonilla detalló que cuando las fuerzas de seguridad obtuvieron la orden de aprehensión ya tenían ubicado a Ramírez Torres, por lo cual procedieron a la detención.

Al momento de su captura, el Barbas lucía una apariencia física diferente a la que figura en los archivos de la PNC, en la cual se muestra con bigote, barba y más delgado.

Aseguró: “A pesar de que intentó cambiar su apariencia física, las pruebas biométricas confirman que el individuo capturado en Retalhuleu es el principal sospechoso de haber dado muerte a los periodistas Danilo López y Federico Salazar en Mazatenango”.

Encarcelado

Después de la aprehensión, Ramírez Torres fue llevado al Juzgado de Paz de Champerico. Anoche las autoridades lo trasladaron a la cárcel de la PNC ubicada en Mazatenango.

“Se detuvo al principal sospechoso de ser el atacante directo de los periodistas. Él es, de acuerdo a las investigaciones, el responsable de haber disparado, mientras Sergio Cardona fue quien conducía la motocicleta en que huyeron”, explicó López Bonilla.

Ramírez Torres es acusado del delito de asesinato en concurso real y asesinato en grado de tentativa. La orden de aprehensión fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Suchitepéquez.

El pasado 10 de marzo, aproximadamente a las 12.45 horas, los periodistas López y Salazar fueron ultimados frente a la Gobernación de ese departamento.

En el ataque también resultó herido Melvin Túnchez, quien se recupera en el Hospital de Mazatenango

Horas más tarde la Policía apresó a Sergio Valdemar Cardona Reyes, 31, en Cuyotenango.

A Cardona Reyes se le decomisó una moto azul que tenía oculta la placa, un teléfono celular y un rollo de cinta adhesiva, la cual habría usado para ocultar la matrícula.

Testigos que presenciaron el hecho dijeron que ese vehículo era el que utilizaron los sicarios.

Allanamiento

Luego de las primeras investigaciones, agentes de la PNC allanaron, el miércoles último, la vivienda del alcalde de Mazatenango, Óscar Roberto Lemus Gordillo.

Testigos que fueron entrevistados por la Policía habrían informado que el presunto responsable de disparar contra los comunicadores se refugió en la casa del jefe edil.

Durante el sepelio de los dos comunicadores, familiares de López mencionaron que el alcalde de Mazatenango “jamás tuvo buena relación con él”.

Denuncia

El 8 de julio del 2013, López interpuso una denuncia en el Ministerio Público, en la cual señala que después de haber elaborado diferentes trabajos periodísticos, fue amenazado por José Linares Rojas, alcalde de San Lorenzo, Suchitepéquez.

Un mes después el corresponsal de Prensa Libre fue al Juzgado Segundo de Paz de Mazatenango para ratificar la denuncia. En esa ocasión declaró que tenía temor, pues “fuentes fidedignas” le comentaron que Linares Rojas planeaba contratar a mareros para robarle el equipo fotográfico y debido a ello no podría seguir trabajando.

Condena

Entidades de prensa a escala nacional e internacional instaron a las autoridades guatemaltecas a esclarecer los motivos del crimen y poner en práctica los instrumentos jurídicos para identificar a los responsables y determinar si el ataque está asociado con el ejercicio de la profesión periodística.

El ataque ocurrió cuando los comunicadores sociales se encontraban frente al edificio de Gobernación Departamental, junto al también periodista Marvin Túnchez, quien resultó herido.

Según testigos del hecho, los atacantes fueron dos individuos que se transportaban en motocicleta. Horas después la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Sergio Valdemar Cardona Reyes, sospechoso de haber cometido el doble crimen.

Cardona Reyes fue capturado en la entrada a Cuyotenango, y luego trasladado a la Comisaría 66 de la PNC. Al lugar acudieron pobladores que, enfurecidos, pedían que les entregaran al detenido.

La Policía le decomisó al capturado una moto, un teléfono celular y un rollo de cinta adhesiva que pudo haber utilizado para ocultar el número de placa de la motocicleta.

Según las primeras investigaciones, una persona que se encontraba en los alrededores del lugar les dio una señal a los atacantes para que cometieran el crimen.

Condenas

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) emitieron un comunicado conjunto, en el cual condenaron el suceso.

“Los representantes de Oacnudh y Unesco reiteran la importancia de contar con un mecanismo de protección a periodistas conforme al compromiso asumido voluntariamente por el Estado de Guatemala ante el Consejo de Derechos Humanos en 2012”, se lee en el documento.

La Cámara Guatemalteca de Periodismo, el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Asociación de Periodistas de Guatemala y otras entidades se unieron al repudio.

La fiscal general, Thelma Aldana, repudió el ataque y aseguró que las investigaciones no se detendrán hasta esclarecer el doble crimen.

“En estos casi 64 años de vida de Prensa Libre hemos pagado caro nuestro objetivo de informar. López había recibido constantes amenazas de parte de autoridades municipales del departamento, por la publicación de actos de corrupción”, expresó el director editorial de Prensa Libre, Miguel Ángel Méndez Zetina.

Refirió que López era un periodista muy ético, transparente y realizaba muy bien su labor periodística de fiscalizar los fondos públicos.

Marvin Robledo, director de Radio Nuevo Mundo, dijo estar consternado y urgió esclarecer el doble crimen. “Ayudaremos a la familia de Federico. Este hecho no debe quedar impune”, enfatizó.

Angélica de Salazar, madre del comunicador de Radio Nuevo Mundo, aseguró que este no hizo nada malo. “No se metía con nadie”, dijo.

Denuncia

El 8 de julio del 2013, López interpuso una denuncia en el Ministerio Público, en la cual señalaba que después de elaborar diferentes trabajos periodísticos fue amenazado por José Linares Rojas, alcalde de San Lorenzo, Suchitepéquez.

Un mes después se presentó en el Juzgado Segundo de Paz de Mazatenango para ratificar la denuncia.

En esa ocasión, el corresponsal de Prensa Libre declaró que sentía temor, pues “fuentes fidedignas” le comentaron que Linares Rojas planeaba contratar a mareros para robarle el equipo fotográfico y debido a ello no podría seguir trabajando.

López manifestó que no veía avances en la investigación que presentó en julio del 2013 y nuevamente denunció que se sentía acosado porque el tesorero de la comuna de San Lorenzo también le hizo llegar mensajes intimidatorios.

Sorpresa que no llegó

Saraí Herrera, esposa de López, habló por teléfono con él unos minutos antes del atentado. Lo llamó para decirle que quería almorzar con él y con su hija de 5 años pues le daría una sorpresa. La tragedia impidió que López escuchara la noticia de que iba a ser papá otra vez. “¿Qué voy a hacer ahora? Le borraron la sonrisa a mi princesa. Hablé con Danilo 10 minutos antes de que ocurriera el ataque”, expresó Herrera, entre sollozos.

Amenazas en alza

Julia Barrera, portavoz del MP, dijo que del 2010 a la fecha se han recibido 141 denuncias por amenazas en contra de periodistas.

“En el 2010 fueron 12; en 2011, 21. En el 2012 y 2013, 30, cada uno. En 2014 fueron 42, y en 2015 van seis”, informó.

Vecinos del lugar le informaron a la Policía que Borja atendía el negocio cuando dos sujetos le dispararon.

La Policía indicó que suponen que el ataque se debió a una venganza, ya que  los criminales, según testigos,  no intercambiaron palabra con la víctima.

Los delincuentes lesionaron de bala a Susy Rodríguez Barrientos, de 26 años, y a su madre, Floridalma Barrientos Mendizábal, quienes se transportaban en auto.

En el ataque resultó herido el guardia Mynor Efraín Cojvín, 21, quien custodiaba un camión.

Las tres personas fueron auxiliadas por los bomberos Voluntarios y Municipales, quienes las trasladaron al Hospital Roosevelt.

Los hechos

Las mujeres, según la Policía, retiraron de un banco una fuerte suma de dinero, cuyo monto no precisaron.

Cuando se enfilaban sobre la Petapa, dos hombres en moto les interceptaron el paso y les exigieron el efectivo.

Rodríguez Barrientos conducía el vehículo en el que viajaba junto a su mamá. Su reacción fue acelerar.

Los frustrados asaltantes al ver esa acción dispararon contra las dos mujeres, quienes resultaron heridas en las extremidades.

En ese momento, un camión custodiado por Cojvín pasaba junto al auto de ambas mujeres, y al asomarse a la ventanilla, mientras sostenía su escopeta, los asaltantes le dispararon. Fue trasladado al Hospital Roosevelt, en estado grave.

Para esta empresa trabajaba Mynor David Guevara Tenaz, guardia procesado por haber disparado contra Patricia Samayoa en una farmacia de la zona 1, el 3 de julio último. La mujer murió en el negocio.

Patricia Monge, jefa de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), en conferencia de prensa, dijo ayer que Shield Security tiene hasta hoy para presentar su defensa.

La funcionaria explicó que la compañía les informó que tenía mil 500 colaboradores, pero en el IGSS el número es solo de 143.

“Una falta grave es que nunca mostraron que tuvieran al día el pago de sus seguros colectivos y contra terceros”, refirió Monge, quien indicó que la empresa tiene cancelada su licencia, por lo que no puede operar y fue desactivada en la página oficial de la institución.

Son legales

Monge dijo que entre los expedientes de otras empresas que han revisado no aparecen casos parecidos el de Shield Security.

“Tampoco es una cacería de brujas; trabajamos en la readecuación de todas las empresas —de seguridad privada—”, expresó.

La funcionaria manifestó que las 141 empresas registradas trabajan con acuerdo gubernativo, lo que les permite dar sus servicios en regla.

Al consultarle si habrá prórroga para las empresas en la entrega de papelería, como lo regula la ley, respondió: “En un mediano plazo deberíamos fijar una fecha”.

Señaló que la Digessp no ha podido dar respuesta a las demandas de las empresas, y poner un plazo sería irresponsable.

Entre los empleados de la referida empresa está el guardia Mynor Guevara, quien el pasado 3 de julio disparó contra Patricia Samayoa, cuando compraba en una farmacia en la zona 1. La mujer murió en el interior del negocio.

Cifras

1,500 Empleados reportaba Shield Security en la Digessp, dato distinto en el IGSS

143 personas aparecen como estado de fuerza de la empresa en el IGSS.

Agentes de la Unidad contra Delitos Sexuales, de la Policía, informaron que la Procuraduría General de la Nación les había quitado a los padres la patria potestad de la menor cuando tenía 5 años.

Antecedente

La razón fue que desde esa edad Paz Flores fue sindicado de haber abusado de la niña. Después de varias diligencias, él y la madre consiguieron que se las devolvieran.

Explicaron los investigadores que el sindicado volvió a abusar de la menor, y la misma madre de esta fue quien presentó la denuncia. La Policía sindica a Paz Flores de violación con agravación de la pena en forma continuada con circunstancias de agravación.

Los sindicados fueron detenidos en la calzada Roosevelt y 3a. avenida, zona 11, por agentes de la División del Programa Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas.

Las autoridades les decomisaron tres teléfonos celulares y el paquete que supuestamente contenía el dinero.

Del 1 de enero al 31 de mayo último, la Policía ha capturado a 338 sindicados de extorsión. Los investigadores refieren que el 60 por ciento de esos ilícitos los cometen pandilleros.

El sindicado fue aprehendido en la 32 avenida y 35 calle H, Sakerti 2, zona 7, por investigadores de la Policía.

Las autoridades comenzaron a seguirle la pista debido a denuncias de tres víctimas, quienes les refirieron que el sindicado las citó a centros comerciales.

Una vez se reunía con ellas, López Pérez las amenazaba con un cuchillo y se las llevaba a los baños.

Los investigadores pudieron obtener videos de seguridad de los referidos centros comerciales, en los cuales se observa a López Pérez entrar con sus víctimas en los sanitarios. Después, él salía y huía de los inmuebles.

Las autoridades lo sindican de violación. La orden de aprehensión la giró el Juzgado Penal de Delitos de Femicidio.

Testigos refirieron que los criminales ingresaron por la parte de atrás de la vivienda.

Silva Uriarte, oriundo de Nicaragua, escuchó cuando entraron los atacantes y corrió hacia la puerta, para huir, pero cuando intentó abrir le dispararon.

Investigadores policiales informaron que la víctima había presentado en el Ministerio Público una denuncia de amenazas de muerte por parte de pandilleros. Según detectives, la razón es que se negó a guardar un arma de los antisociales.

Según la Policía, en el ataque resultaron 10 personas lesionadas, entre ellas un niño de 8 años. Las víctimas dijeron a la Policía que los atacantes se transportaban en dos motos, y eran dos hombres en cada automotor, y les dispararon sin mediar palabra. La persona que murió fue identificada como Eswin Bernardo Paiz, 22.

El fallo de la Corte refiere que los comisionados deben escoger a los profesionales capaces, idóneos y honestos.

También deberán justificar de forma pública la razón de su voto. “Además deben hacer prevalecer el artículo 113 de la Constitución de la República”, señaló.