Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que integran la Cámara Civil se reunieron con delegados de la Secretaría de Bienestar Social, jueces de Paz y representantes de varios sectores de la sociedad e instituciones públicas, para determinar las medidas judiciales que se tomarán en relación con el tratamiento a los menores albergados en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

El magistrado Ranulfo Rojas, presidente de la Cámara Civil, explicó que varios de los menores han sido entregados a familiares, quienes se harán cargo de su cuidado.

“Nuestros jueces van a tomar la decisión de hacer la entrega de los menores a familiares, previa evaluación psicológica y social. Queremos constatar que serán entregados de una manera adecuada”, aseguró Rojas.

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El juez de Paz Edilmar Fuentes, quien desde el pasado 9 de marzo permanece en el recinto, indicó que al momento 79 internos han sido entregados a parientes. Otros 300 fueron trasladados a  centros de abrigo temporal, mientras  72 continúan en el lugar, esperando a ser entregados a familiares o que los reciban en otros hogares.

Rojas aseguró que durante el fin de semana dos jueces de Paz  permanecerán en el lugar para verificar las condiciones en que se encuentran los albergados.

Agregó que la jueza de Paz de San José Pinula, que no hizo las exhibiciones personales en favor de los internos del Hogar Seguro, estará sujeta a  proceso interno.

Buscan propiedades

El presidente Jimmy Morales, después de  una visita al Hospital Roosevelt, donde revisó la atención que se les brinda a las víctimas, indicó que con los cambios a las leyes del Presupuesto y de Contrataciones del Estado se permitirá la cotización, valuación y compra de propiedades para dar una “solución definitiva” al problema.

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En cuanto a los adolescentes que seguían en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el mandatario dijo que se ordenó llevarlos a distintos hogares temporales, en donde la Procuraduría General de la Nación (PGN) y otras instituciones verifican que las condiciones sean las mejores para que los  puedan permanecer un tiempo.

“Un tiempo que nos permita tomar las disposiciones como comprar los inmuebles que hasta este momento se ha discutido, que puede ser entre 10 y 15, para desconcentrar los centros”, explicó Morales.

El gobernante repasó  los meses anteriores y mencionó que en octubre pasado la cantidad de niños, niñas y adolescentes albergados en el Hogar Virgen de la Asunción llegó casi a 850, pero que ese número bajó casi a 500  la capacidad del lugar.

“Sin embargo, por orden de juez, muchos niños fueron regresados a ese centro, ya que en  marzo se volvía a registrar casi 600”, agregó.

Responsabilidad

Tanto el presidente como el vicemandatario Jafeth Cabrera rechazaron que la tragedia ocurrida el miércoles sea considerada  un “crimen de Estado”, pese a que reconocen que el Estado tiene responsabilidad.

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“Hay que esperar que los tribunales vean cómo estuvo la situación, quiénes son los responsables, para poder decir que es un crimen de Estado. Creo que es una ligereza  también tomar un tema de esta naturaleza cuando nosotros, con el presidente, estamos trabajando en los ejes de desarrollo del país”, expuso el vicegobernante.

Añadió que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio envió un listado de inmuebles que podrían ser considerados para ser utilizados como hogares, pero muchos, por ser pequeños, no cumplen las condiciones necesarias para ello.

Sergio Roberto López Morales, hijo y abogado del Rey del Tenis, explicó que la compraventa se hizo con los hermanos Escobar Ulloa y  Orellana Donis, y dice que nunca hubo venta entre el grupo empresarial y el magistrado.

“El Lic. Orellana Donis no contaba con esos fondos; él lo que hizo fue obtener un préstamo bancario con el cual hizo el pago a una empresa del grupo empresarial y como prueba está el cheque con fecha 12 de febrero del 2015. No se puede decir que fue  un regalo”, afirmó López Morales.

López Villatoro llegó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad y al Juzgado Segundo de Instancia Penal para ponerse a disposición de la autoridades y para que se le dé una cita para prestar declaración.

Su abogado indicó que ya cuentan  con toda la documentación de la operación, en la cual a él —Rey del Tenis— le ofrecieron el inmueble y accedió a comprarlo porque tenía un precio razonable, y que fue víctima de estafa debido a que tres de los cuatro hermanos habían falsificado la firma del último.

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“En ese mismo tiempo se firmó un contrato de arrendamiento con opción de compra con Orellana Donis, y luego de una negociación entre los hermanos Escobar Ulloa se hace la compraventa, ya de manera directa con el magistrado”, añadió.

Influencia en Cang

López Villatoro manifestó que son señalamientos sin fundamento los que se han vertido, donde se señala que él está detrás de las comisiones de postulación.

“Son 33 comisionados y  Orellana contaba con  3 por ciento de la decisión, y se necesitan dos terceras partes”, refirió.
Al cuestionarlo sobre su influencia en el Colegio de Abogados indicó que su participación es legítima.

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“Esa  garantía  está en la convención de La Habana, de la cual es signataria Guatemala, de que el Estado debe de promover la asociación de los abogados. Por supuesto que yo apoyé a Óscar Cruz —para la Corte de Constitucionalidad—. Mi participación ha sido pública, transparente, no se puede ocultar. La libertad de asociación la garantiza la Constitución”, puntualizó.

Tramitan antejuicios

La jueza Virginia Amparo de León Lara ya remitió  a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el expediente que contiene la solicitud de antejuicio que el Ministerio Público planteó contra el magistrado Giovanni Orellana Donis.

Pese a que el juez tercero Penal, Mynor Moto, ya se inhibió de tramitar el antejuicio contra la magistrada Blanca Stalling, queda pendiente que traslade el expediente a la CSJ.

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La magistrada pide que se le dé una copia del audio con el cual el juez Carlos Ruano acompañó la denuncia, en la cual señaló posibles presiones en su función.

El exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla y el empresario Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, al igual que otros sindicados en días anteriores, calificaron ayer a Monzón como mentiroso, pues aseguran que  inventó una historia para desacreditar a varias personas y librarse de afrontar la justicia.

 López Bonilla manifestó que fueron pocas las veces en que se reunió con Monzón y se debieron a actividades de carácter oficial. Agregó que la intención de Monzón era vender gramilla sintética a la Policía Nacional Civil, pero nunca se le contrató.

Gustavo Alejos

Por su lado, Alejos Cámbara admitió que conoció a Monzón y que financió al Partido Patriota, aunque no con dinero, sino en especie.

“El aporte que yo di fue en especie y le voy a mostrar los papeles”, enfatizó ante Gálvez, y dijo que los recursos salieron de su cuenta bancaria.

rechazan testimonio

El auditor Mario Contreras Díaz, el corredor de bolsa Jonathan Chévez y la exdiputada Daniela Beltranena, entre otros sindicados que declararon desde el pasado 21 de junio, aseguraron que Monzón mintió a la Fiscalía para evitar que lo persigan.

Queda pendiente que los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti declaren. El juez señaló que continuará la diligencia el 27 de junio. El expresidente ha dicho que desea exponer su versión.

Fue contratado

El notario Luis Fernando Montiel Dávila dijo ayer al juez que él fue contratado en el 2007 y 2008 para crear dos empresas vinculadas con la familia del expresidente Otto Pérez Molina, y que su función fue  profesional, por lo cual aseguró que con los señalamientos en su contra se criminaliza a quienes ejercen el notariado y causaría que se deje de desarrollar.

Rechaza favores

El constructor Dani Crowel  Mayorga aseguró que conoció a Juan Carlos Monzón por la afición a las motocicletas y que nunca hizo gestiones con él,  por su función en la Vicepresidencia, para que la empresa que representa fuera beneficiada con contratos. Aseguró que la entidad sí participó en licitaciones, aunque  habría ganado el 10 por ciento de los concursos.

La Fiscalía solicitó al juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, que decretara ambos procedimientos judiciales para investigar la posible adjudicación irregular de una cantidad de acciones del Bantrab al venezolano Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta y la empresa DHK Finance Inc.,  creada en Panamá.

Socorro Urdaneta es representante legal y dueño de esa entidad y se le conoce en varias partes del mundo por negocios en la banca.

En conferencia de prensa, Villeda dijo que las diligencias judiciales efectuadas en el banco constituyen una acción preventiva, para asegurar los bienes, y que   no afectan el desarrollo normal de las actividades del Bantrab.

“Los embargos no van a afectar al capital del banco porque lo que se afecta directamente son las acciones que habían sido emitidas a favor de esta entidad. El banco no se encuentra en riesgo en cuanto a su operatividad ni en cuanto a su estabilidad”, aseguró el juez.

El operativo estuvo a cargo de la Unidad de Extinción de Dominio, adscrita a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.
Durante la acción judicial fueron secuestrados varios documentos del banco, en los cuales constan las gestiones efectuadas por el venezolano en la compra de un porcentaje de las acciones.

Corrupción

Las pesquisas preliminares del caso señalan que Socorro Urdaneta habría participado en acciones delictivas que se relacionan con hechos de corrupción, explicó el juez, aunque evitó dar más detalles porque la Fiscalía contra el Lavado de Dinero dirige una investigación.

Villeda indicó que el dinero con el cual el venezolano adquirió las acciones podría tener origen  ilícito.

“Es dinero que tiene una grave sospecha de que proviene directamente de actividades ilícitas”, enfatizó, y agregó que también se busca determinar si existieron irregularidades en la promesa de compraventa de las acciones.

El operativo constituye la primera acción derivada de una pesquisa de extinción de dominio en la que se involucra a un banco, detalló Villeda.

Afirmó que se supone que la intención era tomar el control del banco porque se habría ofrecido la venta del 80 por ciento de las acciones de tipo nominativo de esta entidad.

“Lo que hemos percibido a partir del acuerdo con el que se adjudicaron estas acciones es que, aparentemente, a futuro, iban a pasar de ser preferentes a nominativas, con lo cual, entiendo, iban a constituir casi el 80 por ciento del banco, y por lo tanto lo que podríamos entender es que a través de este acuerdo se pretendía tomar el control del banco”, afirmó el juzgador.

Villeda comentó que el proceso no tiene relación con el escándalo denominado Panamá Papers, en el cual un grupo de periodistas de investigación obtuvo información de un bufete en Panamá que habría colaborado con   lavado de dinero.

Proceso

José Alejandro Arévalo, superintendente de Bancos, refirió que lo sucedido en Bantrab fue una medida cautelar de embargo ejecutada por el MP.

En este caso, explicó, la medida fue en contra de un inversionista extranjero que tiene cuentas en el Banco de los Trabajadores, y no en contra de la institución bancaria. “Lo que se hizo ayer fue  llegar al banco y hacer una serie de embargos cautelares en contra del inversionista”, enfatizó Arévalo.

El funcionario recordó que las autoridades  de la SIB  autorizaron, el 27 de mayo del 2013,  la adquisición por parte de DHK Finance Inc. de acciones preferentes del Bantrab, pero dijo que este tipo de transacciones se otorgan a reserva de revisiones constantes por parte de la SIB, con el objetivo de hacer un análisis de la institución, así como de la procedencia del flujo de sus fondos.

La autorización de acciones preferentes, por  US$20 millones —aproximadamente Q156 millones—, afirmó, representan el uno por ciento de los activos del banco, que ascienden a Q17 mil 690 millones, y dijo que con las medidas cautelares aplicadas ayer  las acciones pasan de manera temporal al Estado.

Constituyen empresa

La empresa DHK Finance Inc fue constituida el 12 de octubre del 2011, bajo la escritura pública 23650 e inscrita el 13 de octubre de ese mismo año en el Registro Público de Panamá. El capital autorizado de la sociedad es de US$20 millones, dividido en 40 acciones de US$500 mil cada una, y fueron emitidas en forma nominativa.

La firma fue creada por el venezolano Socorro Urdaneta, presidente y actual representante legal de DHK Finance Inc, y es, según el Ministerio Público, la persona que habría hecho las negociaciones en el Bantrab desde el 2012, cuyos expedientes fueron secuestrados ayer.

Socorro y Enoc Martínez, también socio de DHK Finance Inc, son identificados como los ejecutores de una red de corrupción que facilitó el lavado de dinero del cartel Los Soles, y de Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Legislativa en Venezuela, aunque Martínez no aparece en la inscripción de la empresa en Panamá.

Medios internacionales aseguran que DHK Finance Inc está bajo investigación en EE. UU., por lavado de dinero proveniente del cartel de Los Soles, supuestamente liderado por Cabello, y por dinero desviado de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Socorro y Martínez son propietarios de otra empresa, llamada Isapeco, la cual fue involucrada en un esquema de corrupción descubierto cuando la plataforma petrolera Aban Pearl se hundió en aguas venezolanas. Mientras Aban Offshore alquilaba la plataforma por US$350 mil diarios, la empresa Petro Marine Energy la alquilaba a PDVSA por US$750 mil, lo que generaba un sobregiro de US$400 mil por día.

Cartel venezolano

Los Soles es una organización integrada por fuerzas de seguridad venezolanas que trafican cocaína colombiana, según una publicación de Insight Crime, que afirma que adentro de la organización hay células enquistadas en las principales ramas de las fuerzas armadas venezolanas.

WikiLeaks filtró en 2011 un cable de la embajada estadounidense en Venezuela, en el que reportan que Cabello ampliaba “su red de corrupción hacia el sector financiero”, operación en la que participarían Socorro Urdaneta y la empresa DHK Finance Inc.

Las abundantes revelaciones en torno a cómo opera la red internacional de lavado de dinero para el cartel de Los Soles, producto de la corrupción y el narcotráfico desde Venezuela, sacude las organizaciones financieras en la región, se indica en las publicaciones.

13-10-2011 | Inscriben empresa en Panamá

• La firma DHK Finance Inc fue inscrita en el Registro Público de panamá el 13 de octubre del 2011, con escritura pública 23,650, y constituida el 12 de octubre del 2011. Fue creada por Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, quien la preside, y por Braulio Pérez y Hernando Rodríguez.

12-5-2012 | Venezolano compra acciones de Bantrab

• Las pesquisas preliminares del caso indican que Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta compró una cantidad de acciones preferentes del Bantrab y que los fondos con los cuales adquirió los documentos de propiedad tendrían origen ilícito, derivado de una denuncia que en su contra planteó la Superintendencia de Bancos.

27-5-2013 | SIB autoriza adquisición de acciones

• La Superintendencia de Bancos (SIB) autoriza la adquisición de las acciones preferentes del Banco de los Trabajadores por la entidad DHK Finance Inc. Esas transacciones se otorgan bajo reserva de revisiones constantes para determinar la procedencia del flujo de fondos. Representa el 1 por ciento de los activos.

18-3-2016 | Se denuncian transacciones irregulares

• La Superintendencia de Bancos alertó al Ministerio Público sobre la posibilidad de transacciones irregulares en el Banco de los Trabajadores relacionadas con la compra-venta de acciones por parte de Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta. Se cree que la intención era apoderarse de la mayor cantidad, para tomar el control del banco.

29-3-2016 |  Toma posesión Carlos Villeda al frente del banco

• Carlos Villeda Oliva tomó posesión como presidente del Banco de los Trabajadores en sustitución de Sergio Hernández Lemus, quien dirigió la entidad por ocho años. La entidad financiera cumplió 50 años de fundación en enero del 2016. Tiene más de siete mil 500 accionistas y activos por Q17 mil 690 millones.

07-04-2016 | Fiscalía solicita embargo de acciones

• El Ministerio Público solicitó en audiencia al juez de Extinción de Dominio Marco Antonio Villeda el embargo de acciones del Banco de los Trabajadores a nombre de Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta y de la entidad DHK Finance Inc, y el secuestro de documentación relacionada con la compra-venta de acciones.

08-04-2016 | MP allana oficinas del Bantrab

• Un operativo desarrollado por la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero en las oficinas centrales del Banco de los Trabajadores permitió a los investigadores secuestrar varios documentos en los cuales consta cómo DHK Finance Inc adquirió acciones preferentes de la referida entidad.

A un día que el exparlamentario renunciará a su curul, el Ministerio Público (MP), solicitó al juzgado el arraigo para evitar que salga del país. Muadi deberá enfrentar un proceso legal, luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retirarra la inmunidad.

Al dar con lugar el antejuicio el MP,tiene la autorización para invetigar al exparlamenario, a quien se le sindica de haber contratado personal para una empresa de su propiedad, pero que era pagado por el Palacio Legislativo. 

Según la pesquisa, los trabajadores presentaban sus servicio como guardias de seguridad para Grupo SIS, pero eran contratados con sueldos de Q8 mil mensuales en el Congreso, aunque ellos solo recibían solo Q2 mil. 

El juzgado deberá notificar a las partes procesales involucradas en el caso y a la Dirección General de Migración de la medida para que se cumpla.

La curul de Muadi, electo en el 2012 por el Partido Patriota, agrupación a la que renunció para convertirse en diputado independiente, sería ocupada por Daniela Beltranena, aunque el Tribunal Supremo Electoral debe ratificarlo.

Asume Beltranena

Daniela Beltranena según los listados de diputaciones del Partido Patriota, le tocaría asumir la curul que deja Muadi.

Beltranena, de 26 años, se considera una persona de confianza de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y la posibilidad de que ella ocupara un lugar en el Congreso fue lo que impidió que Oliverio García Rodas fuera nombrado Vicepresidente de la República, cuando su nombre figuró en la terna quien remplazaría a la exfuncionaria.

Hasta el 30 de abril de este año y desde inicios del 2012, Beltranena fue asesora y asistente personal de la Vicepresidencia.

La resolución de la Sala Primera, emitida el 21 de octubre, expllica que el fallo del juez José Eduardo Cojulún no tiene fundamento legal, por esa razón ordena que se emita uno nuevo. 

La audiencia para que se repita el fallo está programada para el martes próximo -27 de octubre-.

La Sala está integrada por los magistrados Freedyn Waldemar Fernández Ortíz -presindete-, Aura Mansilla Solares -vocal I- y Carlos Patricio Rodríguez Meza -vocal II-.

Cojulún, en septiembre último, ligó a proceso y envió a prisión preventiva a la cárcel del cuartel Matamoros a la jueza Marta Sierra, por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato, por considerar que hay indicios de que ella habría llegado a “acuerdos ilegales”  para otorgar medidas sustitutivas a seis sindicados de la red de defraudación aduanera La Línea.

El juzgador en esa audiencia manidfestó en su resolución que hay posibilidades de obstaculizar la investigación por el delito de cohecho pasivo por lo que ordenó su internamiento en la referida cárcel. Mientras que por el delito de prevaricato dictó arraigo y una medida sustitutiva de Q200 mil.

“No me arrepiento”

La juzgadora en esa ocasión dijo que el fallo era  “contradictorio” la resolución porque por un delito le otorga medida sustitutiva y por otro la envía a prisión preventiva. Al mismo tiempo afirmó “no me arrepiento de nada -de haber otorgado medidas sustitutivas a seis presuntos cabecillas de la red La Línea-, porue esa fue mi decisión fundamentada en derecho y objetiva y no soy un monigote ni un títere”.

Agregó “ninguno se acercó a hablarme ni abogados defensores ni sindicados, los únicos que ingresaron a mi despacho que llegaron a hacerme solicitudes fueron los tres fiscales del Ministerio Público”.

Subrayó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decieron retirarle la inmunidad por el “miedo” que le tienen a la Cicig, “ahorita nos tienen de rodillas a todos porque no podemos resolver conforme a la ley ni en forma objetiva sino que estamos supéditados a las órdenes de la Cicig”, puntualizó la jueza.

Sierra, señaló que tenía previsto retirarse del Organismo Judicial este año.

Se incurre en prevaricato cuando una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta.

Las palabras que el juzgador dijo a Sierra de Stalling al tomar la decisión fueron: “Creame que es una decisión difícil de tomar”.

Cambia abogado

A partir de ahora se conoce que el abogado Francisco García Gudiel, será el defensor de la jueza en sustitución del profesional Eddy Enrique Siu Puac.

Se sabe que García Gudiel laboró con Sierra de Stalling como oficial en el Juzgado Octavo de Instancia Penal. La jueza ha estado a cargo de dicha judictura el año 1997.

Sierra de Stalling, fue detenida ayer martes después de perder la inmunidad el pasado nueve de septiembre, supuestamente fue sobornada a cambio de liberar en abril pasado a integrantes de la estructura de corrupción aduanera La Línea, que provocó la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina.

El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  (CICIG) establecieron que dicho acuerdo para liberar a los integrantes de la red fue supuestamente gestionado por Luis Alberto Mendizábal Urritia, uno de los líderes de “La Línea”, y quien se encuentra prófugo de las autoridades

El fiscal Ministerio Público (MP) dijo que Barquín habría integrado una red que generó impunidad y ayudó  a desvirtuar las investigaciones contra Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, cuando fungía como presidente del Banco de Guatemala (Banguat).

El MP sostiene que Barquín alertó a Chico Dólar que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) investigaría sus cuentas, porque sospechaban de irregularidades en  las mismas.

La fiscalía presentó al juez escuchas telefónicas, una de ellas revela una conversación entre  Barquín y “Chico Dólar”, en el audio, el expresidente del Banguat, asesora a Morales Guerra de gestiones ante la IVE.

“Aló, le saluda Édgar Barquín (…) mire es que le quería comentar, tal como habíamos quedado la vez pasada por ahí van a llegar los muchachos (…) exactamente van a preguntar por la empresa, entonces a través de esa empresa le van a  pedir los papeles suyos”.  Esa escucha fue identificada por el MP con el número 5 mil 344.

Barquín también se reunió los diputados de Líder, Manuel Barquín – su hermano – y Jaime Martínez Lohayza para establecer medidas para evadir las investigaciones de sus cuentas, en la sede del Banguat. 

“Además ofreció una reunión con el representante de la IVE”, declaró el representante del Ministerio Público (MP).
Según el MP  Édgar Barquín era conocido en la red como el “Mero Mero” o “Edgarito”.

Otras escuchas

Según la escucha dos mil 733, con fecha de enero, “Chico Dólar” habla con una persona de apellido Villatoro, conversan sobre una citación a la IVE para que aclare el dinero en las cuentas a su nombre.

Chico Dólar explica en la llamada que ellos pasaron por un caso similar, el cual había sido solventado; no obstante Villatoro aclaró  que tendría que conocer a detalle la citación.

“No es la misma situación, porque ahora lo citan para declarar, además se desconoce que se relacione con el mismo caso (…). La información también la requiere el banco, porque hay un antecedente suyo del que usted ya está apersonado y además ya solventó”, revela el audio.

La escucha, tres mil 459  de fecha 18 de enero 2013, establece que el diputado Manuel Barquín, hermano de Edgar,  confirma la reunión en el Banco de Guatemala a Francisco Morales Guerra.

“El almuerzo será el miércoles, me enteré que tu esposa estaba llorando (…) que te acompañe para que no se preocupe (…) yo te aviso el lugar”, le dice el diputado a Chico Dólar.

La voz del diputado aparece en otros audios que implican a su hermano.

Los audios de las llamadas también señalan que el diputado del mismo partido político, Manuel Barquín ayudó a gestionar varias pólizas de empresas de Chico Dólar para desviar las investigaciones de las irregularidades en las cuentas bancarias.

Con el mismo porte que lo distinguió como presidente del Banguat y excandidato por la vicepresidencia por el parido Libertad Democrática Renovada (Líder), Edgar Barquín se presentó al juzgado B de Mayor Riesgo, ubicado en el nivel 14  de la Torre de Tribunales. 

Su llegada obligó incrementar algunas medidas de seguridad, antes que ingresará  a la sala del juzgado. Algunos empujones se dieron, los cuales hicieron que votara sus anteojos.

Con una hora de atraso – 9 horas- comenzó la audiencia de primera declaración en la que el ente investigador dio lectura a los señalamientos que lo involucran a una red que según el MP generó impunidad con Francisco Morales Guerra.

Según González Álvarez, inició su relación con los mandatarios a través de Juan Carlos Monzón a quien conocía desde años atrás.

“El 50% de los sobornos eran para el 1 y la 2 (…). Fui yo quien identificó como 1 y 2 al presidente y a la vicepresidenta para efectos de distribución del dinero”, refirió González en la etapa intermedia del caso a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B.

González Álvarez reconoció que los recursos eran parte del cobro que se hacía para “agilizar los trámites aduaneros”.

Eco explicó que  los cobros ilegales que se hacían para agilizar los trámites en las aduanas se le denominaba, “la cola”.

González fue detenido el pasado 16 de abril como presunto jefe de una estructura externa a las aduanas que participó en el fraude, junto a una veintena de otras personas, incluidos altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Durante la audiencia, González explicó la forma en que fue organizada la estructura de defraudación y confirmó haber tenido una reunión con Pérez Molina.

La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  (Cicig), un ente adscrito a la ONU, identifican a Pérez como uno de los cabecillas de la red junto a su ex vicepresidenta Baldetti, quien dimitió en mayo. Baldetti se encuentra en el hospital del Ejército debido a padecimientos de salud.

González también admitió que tuvo acercamientos para coordinar la estrategia del fraude con el ahora prófugo Juan Carlos Monzón, entonces secretario privado de Baldetti y señalado como el cerebro de la estafa.

ECO: Nos reunimos con presidente de la República, Geovanni Marrroquin, Carlos Muñoz, Claudia Méndez y su servidor.

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) September 28, 2015

De acuerdo con el detenido, cuando llegó Claudia Méndez como intendente de aduanas se le explicó “el proyecto de recaudación” y se le dijo que ella recibiría un cinco por ciento de las ganancias.

“Solo le entregué una vez Q50 mil en una caja de regalo, luego ella me dijo que no quería recibirlo más y que ella se arreglaría con Juan Carlos Monzón”, dice González Álvarez.

Luego de las declaraciones que confirman las acusaciones de la Cicig y el MP en contra de Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, se solicitó desde la Fiscalía que se eleven las medidas de seguridad de González Álvarez durante sus traslados y en el centro de reclusión Pavoncito, en Fraijanes.

Para este martes a las 9 de la mañana, se espera que continúe la diligencia donde se someterá a González Álvarez al interrogatorio respectivo.

Distribución

Durante la segunda etapa de declaración, González Álvarez detalló que Monzón recibía un 65 por ciento “de la cola” que se cobraba para agilizar los trámites aduaneros, para que él se encargara de hacer la distribución de las ganancias.

“Un 50 por ciento era para el presidente y la vicepresidenta, un cinco por ciento para Juan Carlos Monzón y un 2 por ciento era mío. No me voy a poner a explicarle que al principio no lo tenía y que lo recibí de último”, manifestó.

Aunque afirmó que nunca le entregó dinero en efectivo a Baldetti o Pérez Molina, aseveró que le consta que el 50 por ciento era para ellos, lo cual le quedó comprobado en una de las reuniones que sostuvo con Monzón.

“Obviamente no dice el nombre de ellos, pero así esta dividido, en los documentos que están en mi computadora lo podrán ver”, aseguró.

Eco también dijo que estaba dispuesto a cualquier careo con todas las personas que mencionó durante su declaración.

¿Cómo se relacionó?

González Álvarez explicó que a la primera que conoció fue a Baldetti a quien llegó a través de Juan Carlos Monzón, prófugo de las autoridades guatemaltecas

Durante su declaración afirmó que en un principio manejó unas siete sociedades anónimas de la ex vicepresidenta, las cuales estaban sin uso desde hacía un par de años –desde su creación–.

“Se supone que yo debía hacer que volvieran a funcionar, pero luego me explicaron el proyecto y me dijeron que tenía que explicar cuánto debía facturar cada empresa para determinar cuánto era el movimiento que se tenía que hacer al mes”, manifestó.

Entre las empresas mencionó: Centro Industrial de Oriente, Gardenia (que era un área inmobiliaria en Coatepeque), y Galú, la cual se supone que adquiriría un bien inmueble que pudiera servir como hotel en Antigua Guatemala.

“Sé que lo que terminé haciendo fue dándole apariencia de legalidad a transacciones que no lo eran”, manifestó.
Eco, afirmó de a poco se involucró más y le ofrecieron la gerencia general de Corporación de Noticias, pero rechazó la oferta, luego le indicaron que el Presidente Pérez Molina quería conocerlo por recomendación de Baldetti.

“Me dijeron que el proyecto era para mejorar la recaudación y que sería directamente con el Presidente. Déjeme decirle señor juez que yo me sentí orgulloso de apoyar en el incremento de recaudación y a una persona como el Presidente”, comentó.

Alias ECO: fui yo quien identificó como 1 y 2 al presidente y a la vicepresidenta para efectos de distribución del dinero.

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) September 28, 2015

Reconoció que el proyecto abarcaba los puertos Quetzal, en Escuintla, y Santo Tomás en Izabal, y “fue allí donde se me hizo ver que además de buscar el incremento de recaudación había que hacer un cobro que se relacionaba con agilizar los trámites aduaneros. Era un pago. Yo debía llevar un control, hice una tabla y le puse una guía 1 y 2 en lugar de poner presidente y vicepresidente”, detalló.

Agregó que era muy difícil trabajar con “Claudia” –Méndez– porque era muy legalista, “todo lo quería por escrito”.

El ahora detenido, dijo que para referirse a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) utilizaban la clave: “las cinco letras”.

Según González Álvarez, la embajada americana estaba al tanto del proyecto de recaudación y del trabajo que allí realizaría Javier Ortíz, alias Comandante Jeréz.

“Soy víctima”

Al final de su declaración, González Álvarez pidió disculpas a todas las personas que mencionó durante su disertación, así como a quienes hayan salido afectadas con la estructura criminal denominada La Línea.

“Yo también soy víctima, pero de mí mismo. Soy víctima de una mala decisión. Le pido disculpas a mi familia, porque ellos no tienen que estar sufriendo nada de los efectos de lo que yo hice”, manifestó.

Agregó: “No me voy a defender, estoy contando los hechos tal y como yo los viví. Insisto en que yo terminé haciendo algo por lo que no fui contratado, pero al final lo hice”.

Accionan abogados

Mientras el fiscal del Ministerio Público, Antonio Morales, pide resguardar la vida de Eco, la mayoría de los abogados de los implicados en La Línea, ha buscado botar la declaración de González Álvarez, luego de que mencionara varios nombres de la estructura.

Morales calificó de reveladoras las declaraciones de González Álvarez, alias Eco, son reveladoras y pidió que se le otorgue medidas de seguridad por cualquier riesgo que pueda existir contra el acusado.

El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó medidas de seguridad en favor de González y obliga al Ministerio de Gobernación y al Sistema Penitenciario que garanticen la vida y seguridad de Eco.

Reveladoras

Morales, fiscal del MP, calificó durante la audiencia de reveladoras las declaraciones de González Álvarez, al finalizar la misma dijo a medios de comunicación que había algunos aspectos que desconocía.

“No sabíamos que él personalmente le había mandado dinero en efectivo y la forma como se hizo a Claudia Méndez –exintendente de Aduanas–”, explicó.

También dijo que desconocían que había sido González Álvarez quien nombró como 1 y 2 al expresidente Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Baldetti, “para mí eso es revelador, juzguen ustedes lo que pasó hoy”, dijo Morales entre sonrisas a los periodistas.

En un momento cuando La Línea se estaba reestructurando, González Álvarez indicó durante su declaración que se dejó de trabajar por lo que retomó la labor que realizaba para la vicepresidenta con sus siete empresas, pero también comenzó a hacer lo mismo con el presidente Pérez Molina.
 
“Comencé a ver también unas empresas del presidente Otto Pérez, y nos reuníamos los lunes, en una oficina de la 16 calle, zona 10. Participaba su hija y su nuera”, detalló.

Más adelante aseguró que “con el presidente –Pérez Molina– empezamos tarde, pero se estaba haciendo trabajos similares”, indicó González Álvarez.

* Con información de agencia AFP

El dictamen del Inacif fue enviado este día a dicha judicatura que lleva el proceso en contra de los presuntos integrantes de la red de defraudación aduanera La Línea.

El juez Miguel Ángel Gálvez, ordenó ayer al Inacif hacer un nuevo examen médico a Baldetti para determinar si debe seguir hospitalizada o ya puede regresar a la prisión de mujeres Santa Teresa.

La ex vicegobernante fue ingresada al Centro Médico Militar el fin de semana última, por una infección en el catéter y otras dolencias.

En este caso el ministro de la Defensa Williams Mancilla, envió un memorial al juez Gálvez, pide que Baldetti sea llevada a otro centro asistencial, debido a que el Centro Médico Militar es para personal de la institución armada.

Méndez comenzó su declaración con el argumento de que ella no autorizó los cambios de personal para favorecer a la estructura criminal, sino que  son los administradores de las aduanas quienes colocan a los vistas.

En una extensa jornada, Méndez trato de exculparse y casi al final de su declaración soltó en llanto, subrayando el miedo por su vida y centró su defensa en que solo fue utilizada por la estructura y siempre ignoró los fines.

“A mi solo me usaron, y me siento tan tonta, yo solo confié y peor si voy a aparecer encunetada como me dijeron”, señaló Méndez.

Méndez, después de casi 7 horas de audiencia, fue citada de nuevo a las 9 de la mañana del próximo lunes para seguir con la diligencia, mientras tanto la ex funcionaria permanecerá el fin de semana en la carceleta de la Torre de Tribunales.

Sus argumentos

“En ningún momento la rotación de personal, que fue por turnos, fue consentido por mi persona cuando fui intendente, porque no estoy administrando de forma directa allí”, manifestó la acusada.

Asimismo, hizo referencia a algunas escuchas telefónicas y se quejó que “las aduanas en Guatemala son peores que hospitales públicos sin medicina”.

Por momentos se le quebrantó la voz, como cuando dijo que proporcionó apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entidad que, junto al Ministerio Público (MP), investigaron y desarticularon a La Línea.

Después, aseguró haber encontrado anomalías, como plazas que no estaban ocupadas, cuando asumió su puesto en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Además, dijo que la Cicig ya sabía del cambio de la persona que ha sido identificada como “W”, y que esa entidad le cuestionó en su momento sobre la existencia de personas vinculadas a una banda de defraudación aduanera.

La acusada también expresó temor por la declaración que brindó al juez Gálvez y que los indicios presentados ayer por el MP solo demuestran su inocencia.

Después de un receso, Méndez leyó una denuncia que recibió por correo electrónico, de unos gestores, acerca de abusos contra empleados de la aduana de Puerto Quetzal, que incluye una amenaza de muerte.

La denuncia destaca relación de Mynor Martínez, gerente de la aduana, con Francisco Javier Ortíz, alias Teniente Jeréz, uno de los integrantes de La Línea.

Al leer ante el juez la queja, la exfuncionaria aduanera mostró documentos en los que pidió una investigación interna por la denuncia que recibió, pero que se le respondió que no habían indicios de abusos.

Entrega documentos personales

Al insistir en su inocencia, Méndez renunció al derecho de secreto bancario, y entregó al juez estados de cuenta y otros documentos de transacciones monetarias, como cuentas de ahorro. Así también sus declaraciones patrimoniales desde 2013.

“Ya no está en juego mi libertad, es mi vida y la de mi familia la que está en juego”, expresó, visiblemente afectada.

Además, expresó que la “Claudia” que aparece en escuchas telefónicas, podría ser la hija del teniente Jeréz.

Al regresar del receso por almuerzo, Méndez continuó con su amplia declaración en la que contó cómo fue nombrada intendente con una llamada, desde la Casa Presidencial, de Juan Carlos Monzón Rojas, entonces secretario privado de Baldetti.

Esa afirmación implicaría que Baldetti y Monzón tenían influencia en el nombramiento de personas en el ente recaudador, entidad autónoma.

Después, la señalada argumentó que “una tal Claudia Méndez” que aparece en una escucha telefónica no significa que sea ella.

Méndez Asencio es señalada de los delitos de caso especial de defraudación aduanera, cohecho pasivo y asociación ilícita, los mismos por los que están en prisión preventiva Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Ayer, en la primera parte de la audiencia, la exintendente de la SAT fue acusada de recibir el 5 por ciento de los sobornos de La Línea, unos Q150 mil.

Además, apareció la captura de pantalla de un chat en donde Méndez se comunicaba con Estuardo González, alias Eco, quien supuestamente se encargaba de las finanzas de la estructura criminal, y quien no tenía nada que ver con la SAT.

Méndez se defendió con que, si hubiese recibido esa cantidad de dinero, ya no estaría en el país.

El juez Gálvez deberá resolver si la liga a proceso y si la envía a prisión preventiva.

(Noticia en desarrollo)

El Ejército informó al juez que no fue la institución armada la que autorizó el traslado al Centro Médico Militar. Por el contrario, el ministerio de la Defensa envió un memorial a Gálvez donde piden que Baldetti sea retirada de ese hospital.

Baldetti, al igual que el expresidente Otto Pérez Molina, guarda prisión preventiva, señalada de ser una de las cabecillas de la red de defraudación aduanera La Línea, desarticulada el 16 de abril último.

El Ejército solicitó que Baldetti sea puesta a disposición del Ministerio de Salud para continuar el tratamiento.

El juez ordenó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizar un nuevo chequeo médico a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, para determinar si esta debe permanecer hospitalizada o regresar a la prisión de Santa Teresa.

Gálvez dio al Inacif 72 horas para practicar el nuevo chequeo médico, después de pedirle que, en un informe oral, explicara la situación de salud de la exmandataria, internada desde el fin de semana en el Centro Médico Militar.

El médico del Inacif César Díez Marcos recomendó que a Baldetti se le debe practicar una nueva evaluación médica en 48 o 72 horas, para actualizar su estado y entonces analizar nuevamente si debe continuar hospitalizada.

Dicha evaluación, agregó el profesional, podría hacerse incluso en otro hospital y que el examen esté a cargo de un médico forense.

De esa cuenta, Díez recomienda al juez que la exvicemandataria continúe en el Centro Médico Militar, mientras la defensa de Baldetti argumenta que si regresa a la prisión de Santa Teresa, el catéter podría infectarse.

Entre los detalles que el Inacif mencionó acerca de Baldetti, es que presenta catéter infectado y su presión es de 110 sobre 70. Además, se presentaron fotografías donde se ve el catéter y graficar que su piel se encuentra pálida.

Al respecto, el juez Gálvez hizo la observación de que la autorización a que Baldetti fuera lleva de la prisión Santa Teresa a dicho  centro asistencial era para que fuera sometida a exámenes, y no para que se quedara hospitalizada.

La sala de audiencias fue desalojada para evitar problemas respiratorios a fiscales, defensores, acusados y personal del Organismo Judicial.

Los procesados son 40 pandilleros, entre ellos seis mujeres quienes son procesados por la muerte de 72 personas.

El juicio contra los acusados comenzó el 15 de junio, los delitos que el Ministerio Público les señala son, asesinato, extorsión, robo con uso exceso de violencia y femicidio.

Los 40 detenidos son integrantes de la denominada Mara 18 y algunos de ellos pertenecen al grupo La Rueda del Barrio, que se supone es la máxima autoridad de esa pandilla en el país.

Entre los procesados se encuentra Aldo Dupie Ochoa Mejía, quien es reconocido dentro del grupo como el jefe de La Rueda del Barrio, es decir, como el máximo líder de esa organización. 

Otro suceso

El 28 de julio pasado, pandilleros que pertenecen a la Mara Salvatrucha fueron heridos de bala cuando un pandillero rival arrebató el arma a un guardia del Sistema Penitenciario. El hecho ocurrió en el sótano dos de la Torre de Tribunales.

Los disparos en el sótano provocaron el cierre del ingreso a las carceletas y como medida preventiva el acceso a la Tribunales y la Corte Suprema de Justicia fue restringido por la seguridad del Organismo Judicial.

Los Pinos el sanatorio donde está Ríos Montt se especializa en tratamientos de salud mental, está ubicado en la zona 13 de la capital guatemalteca, según su portal en internet la clínica tiene más de 50 años de funcionar.

Con la resolución del tribunal, los defensores del exdictador ganaron un pulso legal para evitar que el general retirado, de 89 años, fuera ingresado en el estatal Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora.

“Se ordena a que se ejecute inmediatamente el traslado del acusado al sanatorio (privado) Los Pinos”, dijo la jueza María Eugenia Castellanos, presidenta del Tribunal B de Mayor Riesgo, a cargo del caso.

El traslado al psiquiátrico público estaba previsto realizarse el miércoles pasado pero la Corte de Apelaciones ordenó internarlo en el centro privado, ante un pedido de la defensa del general que alegó que el hospital estatal no cuenta con medidas de seguridad adecuadas.

De acuerdo con la jueza Castellanos, Ríos Montt permanecerá en el hospital privado del 4 a 15 de agosto para que sea sometido a exámenes psiquiátricos.

El 18 de agosto se realizará una audiencia para conocer el resultado de la evaluación, que determinará si el exdictador de 89 años está en capacidad mental de enfrentar un nuevo juicio por por la matanza de 1.771 indígenas mayas ixiles del norte de Guatemala durante su régimen de facto entre 1982 y 1983.

Las nuevos exámenes fueron solicitados por la Fiscalía el pasado 23 de julio cuando se tenía previsto iniciar un nuevo juicio por genocidio. La parte acusadora refutó un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que indicó que elexdictador no tenía capacidad mental para enfrentar procesos judiciales.

Ríos Montt debe comparecer ante la justicia luego de que la Corte de Constitucionalidad  (CC) , la máxima instancia legal del país, anulara una sentencia a 80 años de prisión por genocidio dictada el 10 de mayo de 2013 alegando errores procesales, por lo que ordenó repetir el juicio.

En dos ocasiones, el 25 y 27 de julio, los abogados del exmilitar frenaron el traslado de Ríos Montt al Federico Mora.

El ayudante de un bus de transportes Tineca murió este lunes en el interior de una ambulancia de los Bomberos Voluntarios, quienes intentaron atenderlo por una herida de bala.

Por la gravedad de la herida, los esfuerzos de los socorristas fueron insuficientes, y pocos minutos después de introducirlo a la ambulancia murió la víctima.

El ayudante fue identificado como David Estrada, de 24 años, según explicó Edwin Archila, piloto de la unidad de transporte.

El hecho se registró a las 4 horas, en el kilómetro 47 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Sanarate, El Progreso, momento en el cual tres hombres armados se acercaron a Estrada y le dispararon.

El conductor indicó que los agresores portaban chumpas de color negro y audífonos, y que subieron al bus como pasajeros.

Archila dijo a agentes de la Policía Nacional Civil que se trató de un asalto.
Vapuleado

A la escena del crimen llegaron familiares de Estrada y Archila, y llevaban armas de fuego.

El aviso del hallazgo de un hombre herido de bala a 300 metros del lugar hizo que los familiares de las víctima regresaran.

Encontraron al sujeto y comenzaron a patearlo suponiendo que se trata de un asaltante, y pararon la agresión luego de que elementos de la Policía arribaron al sitio.

Los agentes de seguridad pública rescataron al agredido, pero no pudieron identificarlo porque no podía hablar y porque no llevaba documentos de identificación.

Se presume que mientras era golpeado, alguno de los que participaba en la agresión le quitó la billetera.
Intentó defenderse

Fiscales del Ministerio Público localizaron a la par del cadáver de Estrada una pistola, por lo cual se cree que intentó defenderse del ataque en su contra.

El hombre herido fue localizado por agricultores que se dirigían a sus labores, y avisaron a los Bomberos Voluntarios.
Los socorristas lo trasladaron al hospital de Guastatoya.

Solo mencionó que es oriundo de esa localidad y que es conocido como el Enano. Los operativos policiales dejaron como resultado la detención de dos hombres, supuestamente vinculados al asalto.

Los capturados fueron identificados como Gustavo Castro, 25, Eleazar Chacon, 31, informó la Policía en su cuenta oficial de Twitter.

Año trágico

El defensor del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos  (PDH) , Edgar Guerra, dijo que en lo que va de este año 136 personas relacionadas con ese sector han fallecido a causa de la violencia, incluyendo a tres presuntos asaltantes.

Las víctimas incluyen conductores de autobús con 34 víctimas, 28 usuarios, 18 ayudantes, cinco empresarios del transporte, 11 conductores de taxi, 25 de bicitaxi, siete de microbús, cinco miembros de seguridad privada y tres supuestos delincuentes, detalló Guerra.

De acuerdo con el funcionario, la mayoría de actos violentos contra este sector, considerado uno de los trabajos más peligrosos en este país centroamericano, obedece a que los conductores se niegan a pagar la extorsión que cobran los pandilleros, así como a asaltos a las unidades.

Guatemala vive una ola de violencia que deja unos 6.000 muertos al año, principalmente por lucha entre narcotraficantes y rivalidad de violentas pandillas, principales responsables de las extorsiones.

Hichos está vinculado a gestiones irregulares para la construcción de una clíncia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) en la cabecera de Chiquimula, como lo había documentado Prensa Libre el 1 de junio recién pasado.

En conferencia de Prensa ofrecida este miércoles, el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, confirmó que la investigación de esa entidad encontró irregularidades en el arrendamiento de las referidas instalaciones

“Hichos brindó un contrato de arrendamiento que serviría para el IGSS fue hecho por más de Q2 millones“, dijo Velásquez.

La investigación determinó que por medio de algunas operaciones se quizo dar legalidad al contrato, subiendo a Guatecompras supuestos terminos con los que pretendía dar apariencia de transparencia.

Según el comisionado Velásquez, se determinó que los detenidos hoy Francisco Cortez, Lester Otto Daniel Ortíz Lima, Alma Méndez Blanco, Salvador Álvarez, Jorge Mario López Pellecer, y el diputado Baudilio Hichos “se asociaron para realizar y ejecutar el acondicionamiento del edificio, previo a que se invitara a ofertar, se asociaron para que se ocultaran las obras realizadas, para que se irrespetara la Ley de Compras y Contrataciones, que se recuperara la inversión financiada por Hichos, que se impidiera la participación de otras empresas y se engañara a otros oferentes con datos falsos“.

Estos hechos ocurrieron con bastante certeza y por eso se ha presentado la petición para retirar del derecho de antejuicio por delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude, dijo Velásquez.

El 1 de junio último, Prensa Libre publicó una investigación que reveló la red que maneja el legislador, así como las anomalías en el arrendamiento del edificio al Seguro Social.

Aunque el diputado Hichos no ha respondido a las llamadas que se han hecho a su teléfono celular, en diferentes oportunidades ha insistido a Prensa Libre que no tiene ninguna vinculación con el edificio que arrenda el IGSS en Chiquimula. “Cuando llegue el momento lo voy a demostrar”, ha manifestado.

Días después, Hichos atacó a este periódico afirmando que se había pagado Q250 mil a periodistas de este diario para atacarlo y desprestigiarlo.

Según Guatecompras, en un proceso por excepción, el Seguro Social arrendó por dos años y tres meses el inmueble de la empresa Comercial & Constructora Siboney.

“Es una ocasión importante para destacar de qué manera uno de los elementos importantes de este proceso de corrupción, siempre existen unas redes que logran obtener favores, ventajas y privilegios de las autoridades o de funcionarios en sus actividades particulares”, agregó el comisionado.

https://twitter.com/jramos_pl/status/611195999843930112

El convenio se firmó el 16 de octubre del 2014 entre Álvaro Dubón González, subgerente administrativo del IGSS, y el representante legal de Comercial Siboney, Ricardo Martínez Hernández, quienes acordaron un pago de Q90 mil mensuales por tres pisos de ese edificio.

Con el cambio, el IGSS en Chiquimula dejó el inmueble donde tenía más de 15 años de funcionar y por el que pagaba Q24 mil mensuales, según consta en el contrato 433-DSC del 2013, al que Prensa Libre tuvo acceso.

Vínculo con Hichos

Aunque Martínez Hernández figura como representante legal de Comercial Siboney, Prensa Libre tuvo acceso al contrato de constitución de la sociedad anónima, en la que consta que Baudilio Elinohet Hichos López tiene 80 por ciento de las acciones de esa entidad.

El 20 por ciento restante se divide en 10 de Maritza del Rosario Montes Gómez, esposa del congresista; cinco para Mario Arturo Hichos López, hermano del diputado; y otros cinco para José Rolando Díaz Hernández, quien del 2008 al 2012 fungió como concejal quinto en la Municipalidad de Chiquimula, por el Frente Republicano Guatemalteco.

Además de albergar al IGSS, en el edificio funciona un banco, el Colegio de Abogados, una cafetería, una oficina privada, el Instituto de la Defensa Pública Penal, un spa y un salón de usos múltiples.

Reacciones 

Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza, ese es el primero de una serie de casos que seguramente se dará a conocer en los próximos días, tanto producto de las investigaciones de la Cicig como el retiro de Visas de la embajada.

Carlos Fión, jefe de la Compromiso, Renovación y Orden (Creo), dijo: “Nadie es superior a la ley, los diputados, alcaldes o cualquier otra actividad que se desempeñe en el sector público estamos expuestos a la opinión pública y a la demanda del cumplimiento de la Ley”.

Agregó: “La Cicig tiene las facultades de iniciar el proceso, pero el diputado Hichos también tendrá el derecho a defenderse y a probar su inocencia, la Constitución tiene como principio fundamental la presunción de inocencia”.

Ambos congresistas están conscientes de que esta es la primer acción de la Cicig y que se espera y prevé que más diputados puedan estar vinculados a procesos legales por hechos anómalos.
                                                       

Defienden a diputado

Según Blanco, existe un problema en cuanto a retirar a Hichos de la presidencia de la Comisión Pesquisidora que analiza el antejuicio contra el Pérez Molina, ya que la Ley de Antejuicios prohíbe excusarse, además, argumentó: “No se le eligió por idóneo, fue por sorteo”, manifestó.

“Se podrá cuestionar la legitimidad de los resultados de la Pesquisidora, pero hay un impedimento para que él pueda renunciar, así que se tendrá que lo que nos queda es estar atentos del actuar de los miembros de la Comisión”, argumentó el diputado de la UNE.

Carlos Fión, jefe de la Compromiso, Renovación y Orden, afirmó que la Pesquisidora no sufre ninguna alteración, “porque es la promoción de un incidente por la vía legal que aún no tiene resultados, es decir mientras que Hichos no pierda su calidad de diputado, él sigue siendo el presidente de la Comisión”.

Roberto Alejos, diputado del Partido Todos, afirmó: “La acusación pone en aprietos al diputado, porque es el presidente de la Pesquisidora, definitivamente tiene que retirarse de la Comisión, con la denuncia tiene la disculpa perfecta para excusarse, y como decía que lo estaban amenazando, es mejor para él”.

Alejos explicó que sería imprudente que Hichos continuara en la investigación, porque “el proceso contra el Presidente tiene relación con el IGSS, entonces podría convertirse en juez y parte y eso no sería prudente”.

Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala, solicitó a la Comisión Permanente que convoque de urgencia a una extraordinaria para elegir por sorteo al diputado que deberá suplir a Hichos, ya que a criterio de la congresista su colega debe de abandonar la mesa que analiza el antejuicio contra el mandatario.

“Cualquier resultado que den, tendrá un tacha y habrá muchas dudas, por lo que es mejor que se abstenga él y el diputado del Partido Patriota, Mario Linares, por tener intereses a favor del presidente Pérez Molina”, dijo Montenegro.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento ProJusticia, también consideró prudente que Hichos salga de la Comisión Pesquisidora, “si antes ya había expectativas porque varios integrantes eran señalados, ahora ya hay un cuestionamiento directo a nivel del MP y de la Cicig, entidad encargada de investigar estructuras clandestinas y aparatos ilegales”.

Ibarra hizo un llamado al Tribunal Supremo Electoral para que tome en cuenta “los hechos públicos y notorios que se están conociendo, no son chismes, es una causa administrativa, que deberían de analizar y evitar que sean inscritos para participar.

La conversación presentada, es entre Ramiro Armando Lorenzana y Herbert García Granados, cuando hablan del negocio de la licitación, uno de ello menciona que la orden del contrato era superior a la Junta Directiva del Igss. 

“La que decisión fue de una distinguida dama superior a JD”, haciendo referencia a la adjudicación del contrato millonario a Pisa, de acuerdo a la fiscal María Esther Ovando explicó que “JD” podría ser Juan de Dios Rodríguez,

El presidente del Igss Juan de Dios Rodríguez que también estaba en la audiencia de primera declaración, desacreditó ese audio, además de negar tener alguna responsabilidad en el caso.

Más revelaciones

Las 17 personas capturadas por la adjudicación anómala de un contrato millonario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) a la Droguería Pisa, se presentaron escuchas telefónicas que implican a Otto Fernando Molina Stalling, asesor financiero en la subgerencia del  Instituto y Herbert García – Granados Reyes.

En una de las conservaciones que presentó el Ministerio Público se escucha una conversación del 4 de noviembre del 2014, en la que Molina Stalling dice a García-Granados Reyes: “ Ya se autorizó el contrato a Pisa”.  Luego de concretarse el negocio, el gerente de ventas de Pisa, Edgar de La Peña, manifestó vía telefónica: ” Ya está servida la mesa”.

El Seguro Social adjudicó a Pisa un contrato de Q116 millones para el servicio médico a enfermos renales.

En las escuchas telefónicas los señalados se refieren a los directivos de Pisa como los Mexican Boys.

También se mostraron fotografías de una reunión en un sector de la zona 10, en la que participaron Molina Stalling, García-Granados y Édgar de la Peña, gerente de ventas de Pisa.

Presumió de contactos

Molina Stalling según las escuchas telefónicas, garantizó a los directivos de Pisa obtener el contrato millonario con el Seguro Social,  ya que tenía conexión con “los de adentro”, son “los que deciden” se escuchó en el audio.

En una conversación se escucha que una mujer le dice a Molina Stalling: “Dejá de hacer negocios con ese tu teléfono. Solo haciendo muladas andás”.

Contraloría pidió anular contrato

Este viernes, en conferencia de Prensa el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, manifestó que el 4 de mayo la Contraloría solicitó al IGSS que rescindiera el contrato con la farmacéutica Pisa.

La negociación

Según la pesquisa del MP y Cicig, el soborno que habría pagado la Droguería Pisa por obtener el contrato, fue de Q8 millones.

• El 10 de diciembre del 2014, García-Granados habla del contrato para hemodiálisis con una persona vinculada a Ortosa.
• El 17 de diciembre del 2014, Álvaro Dubón, como subgerente del IGSS, suscribió el contrato con Pisa.
• “Tengo un clavo con la empresa que iba a participar”, dice García-Granados a su interlocutor, al quien llama Chofito.
• “Ya recibieron el dinero de los otros. Pagaron el 25 por ciento -del valor del contrato-“, se escucha en la grabación.
• Dos empresas ganaron parte del contrato, dice el MP. La de mayor beneficio pagó la comisión y la otra es solo de relleno.
• En una llamada entre García-Granados y Ramiro Lorenzana, de Pisa, se indica que Medax y Baxter son las empresas que ganaron.
• García-Granados pide a Lorenzana que intente anular el concurso y que hable con quién manda. El segundo dice “JD”.
• La fiscal María Esther Ovando explicó que “JD” podría ser Juan de Dios Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del IGSS.

Lea aquí parte de las escuchas presentadas por el MP para fundamentar el caso. 

Confrontativa y justificando todas sus acciones. Así, la exvicepresidenta dijo que se ausentó de la presencia pública por los ataques que estaba recibiendo en su contra. “Yo no me escondí. La investidura se respeta”, dijo al referirse a que no le gustó el trato de un medio de comunicación hacia su persona.

Sobre su polémico viaje a Corea del Sur, en donde recibió un doctorado honoris causa, Baldetti admitió que fue un error al no decir que ella regresó. Además, dijo que no era potestad de ella pedir la captura de su entonces secretario privado cuando se enteró de la investigación de la Cicig.

"Yo no hice el papel. Quien lo hizo pensó que había regresado hoy", responde #Baldetti al ser cuestionada por qué mintió. Vía @calvarez_pl

— Prensa Libre (@prensa_libre) May 11, 2015

#Baldetti: La SAAS estaba solo para cuidarla a ella, al ser cuestionada por qué no actuó para capturar a Monzón en Corea del Sur.

— Prensa Libre (@prensa_libre) May 11, 2015

Cualquiera puede ser la R

Renuncia

Sin ser vista

Vida familiar

Declaraciones

Carías dijo en rueda de prensa al salir de una reunión de Gabinete presidida por Otto Pérez Molina en la Casa Presidencial que Baldetti tenía un contrato 011, y que uno de los beneficios de los empleados públicos que se encuentran en ese renglón es el de obtener una remuneración económica al dejar sus puestos.

Tanto en la Constitución como en la Ley de Servicio Civil se señala los empleados públicos tienen el derecho de recibir el pago de una indemnización de parte de las entidades para las cuales laboraron, solo si se tratase del término de la relación por causa injustificada.

Durante la tarde del sábado, Herrera dijo que las declaraciones del ministro Carías fueron apresuradas porque Baldetti no va a cobrar indemnización. “Se descarta totalmente alguna erogación a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, por cuanto ella misma ha indicado que no piensa hacer ningún tipo de solicitud al respecto”, comentó.

Baldetti presentó su renuncia voluntaria ayer al Congreso con copia al gobernante, quien en la tarde la hizo oficial en una conferencia de prensa. El Congreso la aceptó la tarde del sábado.

En la conferencia, el mandatario comentó que en una carta firmada por Baldetti se decía que ella abandonaba su cargo con la intención de solventar su situación legal, debido a los señalamientos hechos en su contra por supuestos vínculos con la red de defraudación aduanera La Línea.

Pide apoyo de ministros

En la reunión del Gabinete de Gobierno, Pérez Molina solicitó a sus ministros que continúen con su trabajo.

Los titulares de las carteras de Gobernación, Cultura, Agricultura, y Finanzas coincidieron en la solicitud expresada por el mandatario.

Tras la pista de Monzón

Mauricio López Bonilla, ministro del Interior, manifestó que se continúa con la búsqueda de Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la Vicepresidencia.

Además, no descartó que Honduras haya sido el destino de final de Monzón Rojas, debido a que en ese país tiene amigos.

Descarta terna

López Bonilla también descartó la existencia de la terna de la cual se podría seleccionar al eventual sustituto de Baldetti.

Rumores indican que el funcionario, así como la comisionada para la reforma policial, Adela Camacho de Torrebiarte y Julio Ligorría, embajador en Washington DC, Estados Unidos, podrían integrar el listado del cual el Congreso deberá elegir al próximo vicepresidente.

El antejuicio fue presentado ayer por Acción Ciudadana (AC), que señala a la vicemandataria de haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, en relación con el contrato otorgado a la empresa M. Tarcic Engineering Ltd, para “limpiar” el agua del Lago de Amatitlán.

AC dice que tiene una grabación en la cual el director de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlán (Amsa), Edwin Ramos, afirma que recibió una comunicación de Baldetti, en la cual le ordenó otorgar dos contratos a la empresa. La grabación consta como prueba en la solicitud contra la vicepresidenta.

La inversión del proyecto es de Q137 millones 830 mil 30, y la eficacia de la sustancia que se empleará para limpiar el agua no ha sido probada, explicó la organización.

Usac accionaría

Además, la comisión técnica y científica nombrada por el Consejo Superior Universitario (CSU) instó al mencionado cuerpo colegiado a que se presenten tres acciones legales.

Rubén Velásquez, decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), explicó que esa petición representa el sentir de la comunidad académica del país.

Las acciones se emprenderían en contra del Ministerio de Ambiente, por no verificar que el proyecto no cuenta con estudio de impacto ambiental; contra la Contraloría General de Cuentas, por no haber verificado los procesos en la adjudicación, y un amparo en contra del Ejecutivo, para que ya no se vierta el líquido en el Lago.

Responsables

Baldetti afirmó que “acepta” el antejuicio en su contra, pues como funcionaria pública está expuesta a esas acciones.

La vicemandataria supervisó ayer los trabajos de limpieza del Lago y subrayó que lo hace pese a no tener responsabilidad, pues esta recae sobre el gobernador departamental de Guatemala.

“No me he comido yo los elotes; más bien estoy ayudando para que esto no se vuelva un pantano, pero si a muchos les molesta que yo venga a ayudar al Lago, no sé cuáles son los intereses que estoy tocando; todavía no los entiendo”, aseguró.

Pablo González, secretario del Agua, de la Vicepresidencia, afirmó que se necesitan seis meses para ver los resultados de la aplicación del líquido, aunque afirmó que dentro de cinco años se podría volver a contaminar si no toman acciones los alcaldes en la cuenca de ese sitio turístico.

Baldetti advirtió de que el 2 de mayo vence el plazo para que los jefes ediles instalen plantas de tratamiento de aguas residuales y que podrían ser denunciados por incumplimiento de deberes si no lo han hecho.

González afirmó que para 2016 se tendrán unas mil 500 industrias, de las cuales el 80 por ciento no cumplen con el acuerdo para evitar la contaminación del Lago.

La vicepresidenta Baldetti recorrió ayer el Lago a bordo de una lancha, y en cierto momento se llevó un poco de agua a la nariz y afirmó que “no tiene mal olor”.

Los abogados de Recinos Guerra señalan que esta atacó a Nájera en defensa propia, ya que él la había golpeado en su vivienda, ubicada en la colonia El Limón, zona 18.

Relación

Recinos Guerra tenía 19 años cuando comenzó su relación sentimental con Nájera, quien en aquella época tenía 27.

Esta duró ocho meses, desde que fueron novios hasta que vivieron juntos. Ella tenía dos hijos cuando lo conoció.