El exfuncionario fue hallado culpable por el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, por haberse beneficiado con más de Q600 mil al autorizar una inversión de Q16 millones 200 mil en la casa de inversiones Mercado de Futuros, S.A. (MDF)

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Congreso: “Desvío de fondos siempre ha habido”

“Tengo fe en Dios. Soy un hombre que cree en Dios y que tiene la confianza en que la justicia en alguna instancia va a operar correctamente. No me he robado ni un centavo”, añadió el exfuncionario, quien añadió que se apelará la sentencia. 

El exdiputado fue capturado el 26 de noviembre de 2009, cuando salía del Congreso, luego de que la Fiscalía Contra la Corrupción del MP solicitara su aprehansion. 

En el expediente de antejuicio, presentado por el MP, constaron documentos que confirman la recepción de la suma. 

El proceso contra el expresidente del congreso empezó en el 2008, por el desvío de 82.8 millones del presupuesto del Organismo Legislativo.

En mayo del año en curso, el juez ordenó el cierre provisional del caso y dio un plazo de tres meses a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP) para presentar rectificar las contradicciones en la información proporcionada por los colaboradores eficaces y establecer la forma en que se materializó la cooperación de los acusados para perpetrar el homicidio.

Luego de ese fallo, el MP presentó un amparo ante la Sala Cuarta de Apelaciones para separar del caso al juez.

10 de mayo de 2015

Muerte de abogado Rosenberg causa conmoción

El plazo venció este mes y, a criterio de Moto, la Feci no presentó nueva evidencia para sustentar la acusación de homicidio en grado de complicidad en el caso Rosenberg.

La hipótesis de que los hermanos Valdés Paiz ordenaron el crimen del abogado se originó de la investigación contra los sicarios, quienes ya fueron condenados.

Luego de conocer el fallo del juez, Francisco Valdés Paiz, dijo a la prensa: “Estoy satisfecho por la resolución, finalmente hay algo que se ve que es cierto”, en referencia a que su caso y el de su hermano quedó cerrado.

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La Feci sostiene que los hermanos Valdés Paiz contrataron a los autores materiales del hecho. La acusación se sustenta en la declaración del colaborador eficaz Luis Mario Paz Mejía, quien falleció en enero del 2014. Sin embargo, Paz Mejía en julio del 2013 declaró que mintió para culpar a los hermanos.

“Los señores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dijeron en un momento que yo había acusado a los señores Valdés Paiz y en ningún momento yo conocí a estos señores, es más, en una hoja escrita a máquina me pusieron las cosas que yo tenía que decir en contra de ellos. Yo quiero dejar claro que no tengo nada que ver con esos señores, no los conozco, nunca estuve con ellos. La Cicig quería secuestrar a una mi sobrina y estuvieron siguiendo a mi sobrina y a mi esposa”, declaró en esa ocasión.

El caso Rosenberg es el primero que la Cicig llevó ante los tribunales de Guatemala, cuando el titular era Carlos Castresana.

Hellen Mack, a nombre de la fundación Mirna Mack, se presentó esta mañana al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal, del Organismo Judicial, para presentar una solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales.

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La solicitud de antejuicio interpuesta por la fundación se argumenta en el artículo 32 de la Ley de Amparos, que establece que la CC puede destituir a la persona que no obedezca alguna resolución.

A criterio de Mack, el presidente Jimmy Morales incurrió en desobediencia porque, después de haber sido notificado de la decisión de la CC, reiteró en su mensaje la declaración de non grato al comisionado.

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Los ciudadanos Eleonora Muralles, Alejandro Balsells, Gabriel Wer y Elvyn Díaz, pidieron que se le retire el derecho de antejuicio a Morales y presentaron otra solicitud, argumentando que el mandatario incurrió en tres delitos.

Según los ciudadanos, las acciones del presidente denotan faltas y pueden tipificarse bajo los delitos de obstrucción a la justicia, coacción y abuso de autoridad. Al momento el Organismo Judicial ha recibido cuatro solicitudes de antejuicio contra el presidente Morales.

Otras solicitudes

La organización Acción Ciudadana presentó el pasado domingo una solicitud de antejuicio contra el presidente Morales por los delitos de obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.

“Al declarar “non grato” al jefe de la Comisión que está investigando delitos en su contra […] evidentemente hay intereses personales, y al despedir al jefe de la Comisión hay una evidente muestra de querer obstruir esa justicia”, dijo el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín.

El viernes de la semana pasada, Thelma Aldana, fiscal general del Ministerio Público, e Iván Velásquez, comisionado contra la Impunidad en Guatemala, presentaron una investigación por financiamiento electoral ilícito durante la campaña de 2015.

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La investigación reveló que el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) obtuvo de manera ilícita financiamiento para la campaña que llevó a la presidencia a Jimmy Morales y quien figuraba como secretario general de la agrupación política.

Por estos delitos, el MP y la Cicig, presentaron una solicitud de antejuicio contra el mandatario. El domingo, después de conocerse la decisión de Morales de declarar non grato a Iván Velásquez y ordenar su expulsión, la organización Acción Ciudadana presentó una segunda solicitud para retirar la inmunidad al presidente. 

El Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno trasladó este lunes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos de las cuatro solicitudes de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales.

Diversas reacciones se registraron después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió, mediante tres amparos provisionales,  la decisión del presidente Jimmy Morales de declarar no grato al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y expulsarlo del país.

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¿Cómo afectaría la decisión de Morales a Guatemala?

“Lo que yo saco del video —refiriéndose al mensaje presidencial emitido a las 15.30 horas— es de que el Presidente tiene una clara estrategia para generar especulación. Tiene un fallo clarísimo de la CC que debe respetar. Él tiene que cumplir. Cuando hay control constitucional, pues es la Corte la que determina lo que debe ocurrir”, afirmó.

Balsells agregó que el mandatario tiene razón al señalar que actúa con respaldo de la Carta Magna, porque allí se señalan las obligaciones que tiene la persona que ocupa la primera magistratura, quien es el responsable del Organismo Ejecutivo.

“La Constitución es tajante al decir que el Presidente es el responsable del Organismo Ejecutivo. La Constitución no puede ser entendida de manera aislada, sino en su contexto”, refirió el profesional.

El entrevistado destacó que el dignatario obvió emitir un pronunciamiento concreto sobre lo resuelto por el tribunal constitucional, que durante la tarde y noche otorgó dos amparos provisionales más a favor de Velásquez, solicitados por el abogado alfonso Carrillo, y Yuri Melini y Rafael Maldonado, de la  ambientalista Calas.

Consultado en  Diálogo Libre, transmitido en www.prensalibre.com Balsells afirmó que si el presidente no quiere ejecutar la orden de la CC “caerá en desobedencia”.

“Sería bueno señalar que la CC se integró con una magistrada suplente —Cristina Fernández García— hubo un magistrado titular —Bonerge Mejía Orellana—, precisamente delegado del Colegio de Abogados,  que no estaba integrando la corte, y él tendrá que ser el voto decisivo y ahi es donde los estudiantes de derecho de la San Carlos lo conocen mejor que yo. Este es un tema que amerita análisis interdisciplinario. Confío que se otorgará  amparo definitivo”, dijo.

Agregó que el trámite podría tardar 35 a 40 días, pues será un tema prioritario. “Lo que es evidente es que hay divisíón de magistrados en la corte” 

Institucionalidad

El abogado Francisco Vivar, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, consideró que la situación debe analizarse no solo por el anuncio que el mandatario hizo para expulsar a Velásquez, sino en el contexto en el que se desarrolla.

“La resolución del Presidente debe entenderse desde su concepción y —uno— se dará cuenta que es originada por la investigación contra —el partido— Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), partido del que él fue  secretario general. De la investigación se deriva un posible delito. Se respetó su derecho de defensa”, dijo.

Vivar manifestó que otra motivación para que el mandatario haya arremetido en contra de la permanencia del jefe de la Cicig en el país fue de tipo personal, contrario a lo señalado por el mandatario.

“Llama la atención cuando dice que responde a intereses de la nación. Por eso vemos que la CC emite amparo provisional y lo que hace es que ver que las circunstancias lo hacen aconsejable, y es que se trata de evitar un daño grave,  no reparable, como la salida del comisionado, y por eso lo suspende”, aseguró el abogado.

La Cicig también participa en una investigación que desarrollada por el Ministerio Público (MP), la cual involucra a José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera, hijo y hermano del mandatario, acusados  por supuestamente haber defraudado al Registro General de la Propiedad. Ambos enfrentarán juicio ante un tribunal de sentencia, con 22 personas más.

El profesional destacó que ante una eventual desobediencia de Morales, la Ley de Amparo, exhibición personal y constitucionalidad, contempla medidas para que se cumplan sus resoluciones.

“Se puede dar el escenario —que se no acate—, pero la Ley de Amparo contempla procedimiento, como medidas coercitivas, para que la CC ordene que la Policía Nacional Civil dé cumplimiento a lo ordenado”, finalizó.

Santiago Palomo, vocero de la CC, señaló que la corte ya emitió un pronunciamiento acerca del tema y que se espera que el mandatario y los funcionarios a su cargo, respeten el fallo. El mismo ordena a “la Ministra de Relaciones Exteriores, al Ministro de la Defensa Nacional, al Ministro de Gobernación y al Director General de la Policía Nacional Civil… que se abstengan de ejecutar la decisión del Presidente”.

“La resolución contiene los apercibimientos para que se acate la misma. Será el curso de los hechos, lo que determine qué acciones continuarían respecto del caso”, refirió el vocero.

Cuestionan fallo

Los abogados Mauricio Berreondo y José Toledo afirmaron que la decisión de la CC debe ser respetada, derivado de la responsabilidad ciudadana de atender las decisiones judiciales, pero afirman que no es la última palabra al respecto, pues por el momento solo se trata de un amparo con carácter provisional.

Berreondo, quien defendió al expresidente Alfonso Portillo, procesado  por la Cicig, calificó como ilegal la resolución de la CC porque atenta en contra de la soberanía de Guatemala. “Lo que están haciendo ellos —los magistrados— es ir contra una resolución presidencial y atacan la soberanía del país. A la CC se le puede demandar porque cometió dos o tres delitos”, enfatizó.

El entrevistado dijo que Morales actuó en el ejercicio de sus funciones, y que no considera que pueda desobedecer lo manifestado por el tribunal constitucional al otorgar el amparo provisional en favor de Velásquez. “Entendí que lo que quiere decir el Presidente es que él se mantiene con la idea de declarar no grato a Iván Velásquez, y  está en todo su derecho. Él también ha indicado que respeta la soberanía del país y que también quiere que se respete esa situación. Lo que ordena la CC hay que respetarlo, por ser el órgano jurídico más alto”, destacó Berreondo.

Toledo recalcó que el mandatario tiene el aval de la legislación internacional, pues su decisión solo se relaciona con aspectos diplomáticos. “La decisión que tomó, independientemente que sea o no popular, fue una decisión con base a esas normas de derecho internacional. La CC es un órgano supremo y que su función es resguardar el orden constitucional, su resolución debería de centrarse en si se violentó alguna garantía constitucional al señor comisionado o si se le violentó algún derecho, eso es lo único que hay que ver”, destacó.

Agregó que consta en las declaraciones de Morales que apoya a la Cicig, como institución.

Para el abogado Moisés Galindo la decisión de Morales está apegada al Derecho nacional e internacional. “El presidente ha sido claro y ha explicado el fundamento de su resolución, que está apegada a Derecho.  En Guatemala, la ley del Organismo Judicial siempre le pone como método de interpretación de la ley lo que dice de manera taxativa la normativa, y lo que él dijo es lo que dice la ley”, manifestó.

¿Qué fue lo que mató a las niñas del Hogar Seguro?

Mientras la referida Sala resuelve, el caso en el que más de 40 niñas murieron durante un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, queda en suspenso.

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Antecedente

El 7 de marzo de 2017 escaparon 60 adolescentes del Hogar Seguro, lo cual hizo necesaria la presencia de las fuerzas de seguridad, y se originó una protesta en el centro.

Posteriormente, un grupo de adolescentes fueron encerradas en uno de los salones que eran utilizados para impartir clases.

El incendio ocurrió el día siguiente, entre 8.45 y 9.10 horas, en un salón ubicado en el área de pedagogía, según informó Edwin Marroquín, fiscal del Ministerio Público.

Rescatan a adolescente víctima de trata y exinterna del Hogar Seguro ► https://t.co/AlQuCR6aR4 pic.twitter.com/VFvhLcc0y4

— Prensa Libre (@prensa_libre) May 3, 2017

Denuncias desde el 2013

Las más de 40 víctimas del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción fueron una dolorosa consecuencia de un modelo fracasado de protección y cuidado a niños y adolescentes, que han sido vulnerados en sus derechos por parte del Estado, opinan defensores de la niñez y la juventud.

Hasta ahora, las diferentes instituciones a cargo del resguardo de los menores siguen echándose las culpas de lo sucedido mientras el caso se declaró en reserva; sin embargo, para algunos sectores esto es el reflejo de la falta de coordinación entre entidades en cuanto a las responsabilidades que tenían. Lea más. 

En la reunión del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de este miércoles fue rechazada una acción legal del diputado Arístides Crespo, con la cual se mantenía frenado el proceso de antejuicio que se sigue en su contra por el caso Plazas Fantasma.

El parlamentario es señalado por el Ministerio Público por supuestamente haber ampliado de manera ilegal la nómina laboral del Congreso.

Plazas Fantasma

Muadi va a juicio

Se trasladó el expediente al Centro de Gestión Penal para que se asigne un juzgado que controle el proceso.

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Por último, los magistrados decidieron rechazar el antejuicio que Ricardo Méndez-Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, planteó en contra de la magistrada Gloria Porras, de la Corte de Constitucionalidad.

La solicitud no fue conocida, se indica en el perfil de Twitter del Organismo Judicial.

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Video: Pandillero confiesa que le pagaron Q200 por liberar a reo

Luego de que las autoridades establecieron que uno de los implicados en el ataque armado perpetrado el 16 del mes en curso, es menor de edad, fue puesto a disposición de un juzgado de menores. 

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#Ahora | Protagonistas del ataque que dejó 7 muertos en el @HRooseveltGT quedan ligados a proceso. Vía @Lared1061 pic.twitter.com/OS0VuWtHM1

— Prensa Libre (@prensa_libre) 22 de agosto de 2017

Sindicados

• Jonathan Daniel Chach Suret, de 19 años, alias Danny
• Elder Josué Méndez Díaz, 22.
• Ángel Estuardo García, 20.
• Santos Humberto Cruz López, 29.

El ataque ocurrió cuando cinco pandilleros usaron fusiles para liberar al reo Anderson Daniel Cabrera Cifuentes y le causaron la muerte a siete personas .

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Víctimas

• Juan Sical Toj, agente del Sistema Penitenciario
• Ediverto Valdez Ramos, agente del Sistema Penitenciario
• Jorge Mario Picholá, paciente
• Margarito Sucuc, agente de seguridad del Hospital Roosevelt
• Francisca Gómez Zunil, paciente
• Enner Augusto Sarceño, paciente
• Elder Mayen, acompañante de paciente

El abogado Luis Mérida, defensor del exfuncionario, explicó que la estrategia para desacreditar los cargos se compone de dos fases: atacar el requerimiento y demostrar que no hubo vínculo con narco.

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Capos extraditados dieron información a EE. UU.

Acusación

De acuerdo con la investigación, López Bonilla habría tenido relación con el narcotráfico y los Zetas entre el 2010 y el 2015, y durante ese período se habría beneficiado de manera económica a cambio de información para evitar los operativos policiales y el acompañamiento de agentes de seguridad a cargamentos de cocaína.

Mérida aseguró que su cliente no tenía ningún vínculo con la cartera del Interior antes de asumir como ministro.

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“Se dice que él tuvo una cierta participación entre el 2010 y el 2011. En esas fechas él no era ministro ni tenía una función pública”, respondió.

Ese aspecto fue descrito por Menocal, Juárez y Castañeda a los jueces Saúl Álvarez, César Amézquita y Julio Xitumul.

El defensor destacó que otra intención contemplada en la estrategia consiste en que las declaraciones sean recibidas por el tribunal, para darle legalidad a los comentarios de cada testigo, con lo cual ya se está preparando la prueba que se ofrecería a la justicia de EE. UU., ante una eventual orden de extradición.

“En todo caso, también, como ya tenemos los testimonios de estas personas, podríamos hacer el traslado de la prueba, porque ya se encuentra en los expedientes judiciales de Guatemala, porque el traslado de los testigos a EE. UU. resultaría más caro. Esa es la estrategia que se desarrolla”, aseguró.

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López Bonilla ha explicado en diferentes ocasiones que Guatemala jamás ha extraditado a un político por narcotráfico y asegura que en el caso de él tampoco se realizará el traslado, pues confía en tener las pruebas necesarias para impedir esa resolución.

Recursos al alcance

Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), calificó de lógica la estrategia de defensa del exfuncionario.

“Está haciendo todo lo que está a su alcance. La estrategia responde a un análisis legal en el cual se contempla que el tribunal pueda valorar la prueba —de cargo y descargo—, así como la veracidad de los hechos y la calidad de los testigos”, dijo.

Escobar aseveró que es común que una persona señalada de haber cometido delitos se defienda, pero enfatizó que corresponde a los jueces determinar la situación y su desenlace.

“Todos los que han sido requeridos en extradición se han defendido. Eso lo permite el proceso”, puntualizó la analista.

Batzín fue capturado el pasado 11 de agosto en Chimaltenango,  sospechoso de haber hecho contrataciones anómalas cuando fue ministro de Cultura y Deportes, según las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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Imputación

El MP señala a Batzín de haber recibido Q25 mil por cada contrato otorgado por servicios de vigilancia y resguardo de los parques. En total y durante su gestión, el exministro habría recibido Q575 mil.

La empresa de seguridad beneficiada fue el Grupo Escorpión, cuyo representante legal era Miguel Ángel Martínez Solís, subjefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS).

Para desvincular los supuestos contratos, Martínez Solís, subcontrató a otra empresa que al parecer era la que prestaba los servicios de seguridad en los parques.

Según las cifras reveladas por el MP, Batzín benefició con 23 contratos por servicios de seguridad de los cuales recibió beneficios económicos.

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Se defiende

Batzín dijo que intentó reunirse con el exbinomio presidencial del Partido Patriota (PP) para presentarle asuntos relacionados con la cultura y el patrimonio cultural, pero nunca fue atendido, y cree que pudo ser por discriminación.

Caso Cooptación

El 2 de junio de 2016 capturaron a 25 personas entre exfuncionarios, empresarios, banqueros y también se vinculó al expresidente Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, cuando se conoció la existencia de una estructura de lavado de activos, diseñada para captar fondos que financiaron parte de la campaña proselitista del Partido Patriota en 2011.

Los financistas de la campaña habrían sido beneficiados con millonarios contratos pagados con fondos del Estado, según la Cicig, se encontró un inmenso esquema financiero que incluía nombres, empresas, cheques, bienes y movimientos financieros.

Los integrantes de la estructura que aportaron para la campaña fueron contratados por las distintas dependencias del Estado, como una retribución a los aportes de la campaña.

Este jueves en el juzgado de Paz Penal de turno los nueve señalados rindieron su declaración, en la que dijeron que lo habían hecho a cambio de Q100 para cada uno.

Capturan a nueve personas que talaron 48 árboles en el bulevar Juan Pablo II

De acuerdo con la resolución de la jueza, los leñadores deberán plantar árboles y efectuar trabajos de limpieza en el referido sector.

Además, la jueza los amonestó y les hizo saber que, si son sorprendidos nuevamente en una tala ilegal, los enviará a prisión. Las herramientas decomisadas quedarán en poder del Organismo Judicial. 

Señalados

1. Erin Estuardo López, de 18 años.
2. Marco Antonio Solís, 27.
3. Cornelio Orellana, 29.
4. Henry Geovanny Contreras Pulec, 30.
5. Antonio Abeldaño Solares, 36.
6. Juan Francisco Solís González, 37.
7. Carlos Hernández García, 39.
8. Leonel Corrales, 52.
9. Rolando Solís Hernández, 58.

Indignación

La mañana del miércoles último nueve personas fueron sorprendidas cuando talaban 52 árboles en el bulevar Juan Pablo II, zona 13, donde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) los capturaron.

El grupo de hombres fue descubierto por agentes de la PNC cuando con hachas y machetes derribaban los árboles, ubicados en los arriates del mirador del Aeropuerto Internacional La Aurora. 

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Carlos Sandoval, vocero de la Municipalidad de Guatemala, lamentó el hecho y dijo que los detenidos manifestaron ser trabajadores de una empresa de vallas publicitarias y al parecer los árboles impedían que una de estas se viera con facilidad, por lo que decidieron cortarlos. 

Daño irreversible

Expertos señalaron que la tala de las 52 jacarandas causan un gran daño en las pocas fuentes de agua que exiten en la capital.

Hábitat del quetzal amenazado por tala y avance de frontera agrícola

Gabriela Fuentes, investigadora del Centro de Estudios y de Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala,  la situación es alarmante, pues debido a la pérdida de esa cobertura forestal la infiltración de agua de lluvia disminuirá de manera considerable, lo que impactará en la calidad de vida de muchas personas que se benefician con el líquiedo que se extrae de pozos.

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El paisaje en el bulevar Juan Pablo II cambió de manera radical, debido a la tala de las 52 jacarandas de entre 10 y 15 años, una especie tropical que se ha adaptado al clima guatemalteco.

Según Gabriel Valle, ambientalista de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, se necesitarán muchos años para regenerar el área. 

Liliana Torres, directora de logística de Publigrafic, una de las tres empresas de vallas publicitarias que tienen rótulos en el bulevar Juan Pablo ll, dijo que cuentan con seis de estas, pero que con ninguna han tenido inconvenientes en su instalación y visibilidad, por lo cual se desligaron de cualquier responsabilidad y esperan la captura de los responsables.

Se intentó obtener la versión de los representantes de las empresas de vallas publicitarias Grupo Pol y Opciones, que también tienen presencia en el lugar, pero no respondieron las llamadas telefónicas.

El Tribunal de Mayor Riesgo C convocó a conferencia de prensa para explicar las razones por las que autorizaron el traslado del reo Anderson Daniel Cabrera Cifuentes quien cumplía varias condenas en la cárcel de Fraijanes I.

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El tribunal mostró el oficio en el que el Sistema Penitenciario (SP) explicaba que se le había hecho una evaluación médica forense en la clínica del penal al reo Cabrera Cifuentes  y que se constató que tenía incrustados fragmentos de proyectiles en la piel.

“El tribunal antes de autorizar algún traslado pide los informes correspondientes de la viabilidad de dichos traslados, no es de oficio, no es antojadizo, sino siempre respaldándonos con la documentación”, dijo Xitumul.

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El juez argumentó que fue el SP el que pidió la evaluación del reo y que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) recomendó el traslado al hospital por la afección que se argumentaba en el oficio.

Xitumul aseguró que el 8 de agosto recibieron en el tribunal la solicitud del SP para que autorizaran el traslado del reo Cabrera Cifuentes y que se detallaba que el traslado se realizaría una semana después.  Además constataron que el reo contaba con un historial médico.

“En el primer informe, el médico del Inacif fue claro en las conclusiones: Amerita ser llevado previo a programación de cita para evaluación y tratamiento especializado por problemas de esquirlas”, dijo Xitumul, quien citaba el informe.

El juez Mynor Moto resolvió no enviar a juicio a los nueve acusados en el caso Bufete de la Impunidad, sospechosos por supuestamente haber pedido beneficios a quienes son considerados como jefes de la estructura externa de la red La Línea, que opera afuera de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

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Cámara niega traslado

Moto ordenó al órgano investigador que se archiven los cargos por asociación ilícita en contra de los nueve procesados, entre quienes se incluye la jueza Martha Sierra de Stalling.

Además, se mandó al MP profundizar en las investigaciones por cargos de cohecho pasivo, cohecho activo (recibir y dar soborno, respectivamente), y tráfico de influencia.

Juez rechaza la acusación del caso #BufeteDeLaImpunidad. Se ordena el archivo por algunos delitos e investigar más por otros. @prensa_libre pic.twitter.com/VIx4blWq60

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) August 16, 2017

El juez también mandó a archivar cargos por prevaricato contra Sierra de Stalling y cohecho activo Miguel Aldana Lemus, también procesado por el caso La Línea.

El juez ordenó la inmediata libertad de los sindicados.

La Fiscalía deberá presentar su nueva acusación el 15 de noviembre próximo, la cual se discutirá el 28 de noviembre.

Juez da tres meses más al MP para que entregue una nueva acusación por el caso #BufeteDeLaImpunidad. @prensa_libre pic.twitter.com/DVYkhyxd4o

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) August 16, 2017

Suspendida

Sierra de Stalling explicó que su situación en el Organismo Judicial es de empleada en situación de suspendida.

Indicó que por el momento no puede determinar qué ocurrirá con su trabajo, pues seguirá siendo investigada por el MP.

“Respeto la resolución del juez, pero no la comparto del todo, porque no estoy conforme con que me siguan investigando cuando se ha demostrado que no hay pruebas de lo que se dice”, manifestó la jueza.

Procesados

• Martha Josefina Sierra de Stalling
• Roberto Stalling Sierra
• Jorge Luis Escobar
• José Luis Montenegro
• José Arturo Morales
• Ruth Emilza Higueros
• Luis Fernando Zapata
• Francisco Javier Ortiz Arreaga
• Miguel Lemus Aldana

Apelación

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía contra la Impunidad (Feci), dijo que la resolución será apelada y dejó entrever que se podrían presentar acciones contra Moto porque su conducta parece estar parcializada.

Linares Nazario es un exempleado de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que estaba designado como técnico aduanero y laboró en ese cargo por cuatro años y medio, según confirmó el acusado al juez Miguel Ángel Gálvez.

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El otro sindicado, Arana Navas, dijo al juez que es un comerciante, que se dedica a la compra y venta de artículos, sin especificar de qué tipo, y explicó que trabajó para la SAT como técnico aduanero desde febrero de 2009 a abril a 2015.

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Durante la audiencia de primera declaración de los capturados, el Ministerio Público (MP) reprodujo escuchas telefónicas que supuestamente los vinculan con la estructura.

Gálvez los ligó a proceso por tres delitos. El MInisterio Público (MP) les imputó en audiencia los cargos de asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Hasta el jueves 17 se sabrá si quedan en prisión o con una medida sustitutiva.

El testimonio fue recibido como prueba anticipada por la jueza Domínguez el pasado 20 de abril y fue grabado. El audio fue reproducido hoy durante la cuarta jornada de la audiencia de primera declaración en el caso por la muerte de Lima Oliva y otras 13 personas dentro de la Granja de Rehabilitación Penal Pavón.

Según el testigo, se enteró que la persona que disparó contra Lima Oliva recibió como pago 100 mil, pero no especificó a qué moneda se refirió. La Fiscalía busca determinar tal extremo.

Dominó las cárceles

Byron Lima: poderoso y polémico

Las instrucciones eran que debía disparar a la cabeza del capitán, porque él utilizaba un chaleco antibalas, con lo cual se haría un ataque efectivo.

El testigo afirmó que en abril pasado, Montiel Marín habría comenzado a vender drogas dentro de Pavón, lo cual causó el enojo de Lima, quien le obligó a deponer ese ilícito.

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Amiga de Montiel  Marín

El testigo protegido señala que sobrina de Sandra Torres visitaba cada 15 días a Marvin Montiel.

La relación entre María Martha Patricia Castañeda Torres, sobrina de la exprimera dama Sandra Torres, y el reo Marvin Montiel Marín, el Taquero, habría sido tan fuerte que ella habría guardado armas de fuego y llevado drogas al recluso, declaró ayer el testigo protegido identificado por la Fiscalía como C.

El pasado 4 de agosto, el testigo protegido Sergio Enrique Barbero Arriaga dijo que Castañeda Torres habría sido quien ingresó al presidio una granada de fragmentación utilizada durante el atentado, la cual iba dentro de un vaso en el que se simulaba transportar café.

Según ese testimonio, antes de comenzar el ataque armado en contra de Lima, fue lanzada una granada para neutralizar a los guardaespaldas del militar, y así obtener resultados positivos.

En la continuación de la audiencia de primera declaración se reprodujeron audios del testigo B, quien declaró en anticipo de pruebo sobre los hechos anteriores a la muerte de Lima Oliva y su relación con Montiel Marín y Castañeda Torres.

En el 2015

Capturan a sobrina de Sandra Torres

La Fiscalía preguntó al testigo. ¿Cuántas veces usted vio a María Martha Torres en Pavón? A lo que respondió: “La vi unas cinco veces o más”.

A Castañeda Torres también se le señala de haber ingresado a Pavón una granada dentro de un vaso días antes de la matanza.

El reo Montiel Marín sindicado de ser el autor intelectual de la muerte de Lima Oliva y de 13 personas más en el interior de la Granja Pavón en julio del 2016, negó la versión del testigo B, a quien identificó como Edwin Roderico Matías Rodríguez, quien explicó era el cocinero de él y de Lima Oliva.

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El Taquero negó tener relación con Castañeda Torres. “Sí -la conoció-, llegó a visitar a Byron. Me dijo “vení te voy a presentar a María Martha”. Tenían una reunión y ahí la conocí a María Martha, la conozco desde  enero del 2016”.

Planificaban otros asesinatos

En otra parte de su declaración, el testigo B confirmó en el juzgado que el grupo dirigido por Montiel Marín pretendía matar a otros reos, entre ellos, al exdiputado Jaime Martinez Lohayza para quedarse con varias bartolinas del sector nueve de Pavón y venderlas a otros convictos.

También mencionó había un plan para matar a hermano de Byron Lima –Luis Alberto Lima Oliva–.