El pueblo de Quetzaltenango es un ejemplo democrático del ejercicio del poder ciudadano.

Muchos vislumbran un dramático choque de trenes a corto plazo.  Por una parte, estarían las fuerzas que han favorecido la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso junto con el despido del ministro de Gobernación y del Superintendente de la SAT.  Por otra, se interpreta la presentación de  nuevos casos judiciales, que han involucrado y debilitado a políticos y empresarios poderosos, como el resultado de acciones de fuerzas contrarias.  Algunos lo interpretan como una batalla entre dos bandos que se disputan espacios de influencia.  En el primer grupo estarían el presidente Jimmy Morales y el alcalde Álvaro Arzú, junto con un grupo importante de diputados, políticos y asesores civiles y militares, y en el segundo el Ministerio Público, la CICIG, la PDH y variados sectores de la sociedad civil, sin mucha organización pero con cierto apoyo de la comunidad internacional.

Dos eventos aparentemente poco vinculados ocurrieron la semana pasada: el destape de varios casos que involucrarían corrupción en Guatemala, y la reunión anual de líderes mundiales en Davos, Suiza, a la cual asistió el presidente norteamericano Donald Trump.  Lo que tienen en común es la incidencia de ideas y visiones cada vez más globalizadas que condicionan fuertemente lo que cada país puede hacer de manera individual.

El informe de Doing Business del Banco Mundial no es adecuado para medir los condicionantes de la inversión.

La economía guatemalteca crece poco, pero es estable. Resiste choques externos. Las exportaciones ya no se limitan al café y el banano como durante la primera mitad del siglo XX. Se diversificaron: ahora se extienden a una amplia gama de exportaciones de bienes y servicios que van desde los textiles hasta el turismo, además del voluminoso “colchón” que representan las remesas. Podríamos agregar los ingresos resultantes de actividades ilícitas. Estos factores explican la estabilidad económica de Guatemala. Sumemos una política monetaria obsesivamente centrada en reducir la inflación y no en generar el empleo, y una política fiscal capturada, reflejado en serias rigideces de ingresos y gastos, con inversión pública mínima. Resultado: una economía desigual que crece modestamente, pero de manera estable.

El desempeño económico de Guatemala en 2016 contrasta con el desempeño de América Latina.   El Balance Preliminar de la economía latinoamericana que acaba de presentar la Cepal señala que las economías desarrolladas y las economías emergentes crecieron más en 2017 que en 2016.   Los países de América del Sur comenzaron a recuperarse después de una prolongada recesión, mientras que se mantuvo el crecimiento de los países centroamericanos que incluso tuvieron, en promedio, una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) superior a la del 2016.  En Guatemala, en cambio, hubo una desaceleración del crecimiento económico.

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Honduras puede ser el espejo de nuestro futuro. El fantasma que recorre Centroamérica no es el comunismo; es la amenaza a la democracia. Y también amenaza el futuro de nuestra economía. Durante años hemos tenido un nivel de inversión que ha estado entre los más bajos de América Latina y que desde agosto se redujo aún más. Esto último es el resultado de los errores políticos de Jimmy Morales, que puso en evidencia no solo su falta de pericia política sino también la incapacidad de las instituciones públicas para ajustarse a un nuevo contexto de severa vigilancia internacional. Pero con sus acciones Jimmy Morales también desgarró la vela que impedía ver la relación entre lo político y lo económico, y especialmente la debilidad de la inversión que resulta de nuestra precaria institucionalidad democrática.

La semana pasada los diputados del Congreso fueron protagonistas de un triste espectáculo. Discutieron dos propuestas: dejar vigente un presupuesto de 2017 con evidentes problemas de ejecución, o aprobar un nuevo presupuesto de 2018 con evidentes espacios para la corrupción. Pero el problema no eran los —malos— presupuestos en el menú. El problema es la existencia de un régimen político, representado por los partidos presentes en el Congreso, sin la voluntad de presentar alternativas legislativas que beneficien a la mayoría de guatemaltecos.

Poco gasto social, tributación de bajo impacto y condiciones de trabajo lamentables muestran falta de compromiso con la equidad.