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Caso Gerardi: la justicia busca alcanzar, 27 años después, a uno de los acusados del crimen

En 1998, cuando un funcionario del Ejecutivo pidió al EMP llegar a la escena del crimen, los militares ya tenían casi una hora de estar en el sitio.

Julie López, especial para Prensa Libre

15 de mayo de 2025 | 12:15h

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El juzgado de mayor riesgo D realizó la audiencia de primera declaración de Darío Morales Garcia. Prensa Libre, Emilio Chang.

El pasado 5 de mayo, Darío Morales García fue enviado a prisión para ser procesado por ejecución extrajudicial en grado de complicidad y por falso testimonio, en conexión con el caso por la ejecución extrajudicial del obispo Juan Gerardi Conedera, ocurrido la noche del 26 de abril de 1998. En esa época, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Odha) sospechaba del involucramiento del Estado Mayor Presidencial (EMP, una unidad militar que proveía seguridad y logística al presidente) porque varios testigos observaron a Morales García, quien era especialista del EMP, y a otros dos oficiales en la escena del crimen.

El hecho ocurrió en la casa parroquial de la iglesia San Sebastián (Sexta Avenida y 2a. calle, zona 1), de la que Gerardi era párroco. Hasta un año después, en 1999, el entonces gerente de la Presidencia, Mariano Rayo, admitió que fue él quien telefoneó al EMP, aproximadamente a las 2.30 de la madrugada siguiente al crimen para que se verificara lo ocurrido en el lugar. El pasado 26 de abril, 27 años después de los hechos, Morales García, de 61 años, fue capturado por estar entre los miembros del EMP que —según la Odha y la acusación del MP— llegaron a la escena del crimen para alterarla.

El exespecialista fue detenido después de que llegó al país deportado. Las autoridades revelaron que había huido a Estados Unidos para evadir su captura. Por el crimen fueron condenados en el 2001 el capitán Byron Lima Oliva —también del EMP—, su padre y coronel retirado Byron Lima Estrada, el sargento Obdulio Villanueva y el vicepárroco de San Sebastián, Mario Orantes.

El MP y médicos forenses determinaron que Gerardi murió por una hemorragia interna debido a múltiples golpes en la cabeza. El cadáver se encontraba en una escena del crimen con huellas de sangre hechas con una suela de tenis y solo con el pie izquierdo. El crimen ocurrió dos días después de que el obispo presentó el informe Guatemala: nunca más, del proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), que asoció a las fuerzas del Estado —militares, policía, autodefensa civil— al 92% de las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

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En audiencia, en 1999, Rayo relató que cerca de las 2 de la madrugada luego del crimen lo llamó por teléfono Raquel Zelaya —entonces, a cargo de la Secretaría de la Paz (Sepaz)—, para solicitarle ayuda a instancias de Helen Mack —quien dirigía la Fundación Mack—, porque solo había dos policías en la casa parroquial y pedían la presencia de autoridades de alto nivel. Rayo explicó que llamó al EMP, porque estaba más cerca del lugar —a dos cuadras— que la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), a 11 cuadras o a la Comisaría 11, a siete cuadras.

Los implicados

Rayo supuestamente desconocía, cuando telefoneó al EMP, que tres miembros de esa entidad ya habían sido vistos en la casa parroquial antes de que hiciera esa llamada: Morales García, su jefe, el mayor Francisco Escobar Blas y el mayor Andrés Villagrán Alfaro. Escobar y Villagrán declararon, de manera contradictoria, y en el juicio del caso en el 2001, que fueron la persona que recibió la llamada de Rayo en las oficinas del EMP —lo cual era imposible, porque además ya estaban en la escena del crimen a esa hora—.

La PNC solo había acordonado el área alrededor del cadáver. Entonces, después de la 1 de la madrugada, cuando llegaron los bomberos, abarrotaron la casa parroquial periodistas, activistas de derechos humanos, autoridades y curiosos. La PNC amplió el área acordonada después, cuando la escena del crimen ya estaba contaminada. En ese lapso, miembros de la Odha observaron al personal del EMP en el lugar.

“Por haber sido condenados miembros del EMP —el sargento Villanueva, y el capitán Lima Oliva— en este caso, y que Morales García era miembro de ese equipo, se le considera participante en el crimen, y se le acusa como cómplice”, manifestó a Prensa Libre Nery Rodenas, director de la Odha. Rodenas desconoce si la Fiscalía tiene más evidencia contra Morales García que su testimonio, y los de Mack, Ronalth Ochaeta y Fernando Penados —director e investigador de la Odha en 1998, respectivamente— y Ángel Conte, entonces director de la PNC, quienes observaron al acusado adentro de la casa parroquial tomando fotografías.

Diversos medios de prensa publicaron que, cuando un testigo le preguntó al especialista Morales García qué hacía en la escena del crimen, respondió que era guardaespaldas de Conte. Cuando esto llegó a oídos del director de la PNC, lo desmintió, y les ordenó a los miembros del EMP que se retiraran. Rodenas, después, dijo que reconoció a Morales García porque lo habían visto en 1997 tomando fotografías en el juicio contra Villanueva por el caso Pedro Sas Rompich. Este era un lechero al que el sargento disparó y mató en 1996 por supuestamente haber atentado contra el entonces presidente Álvaro Arzú —caso por el cual lo condenaron, por usar fuerza innecesaria—.

Un investigador, vinculado con el caso Gerardi en 1998 y quien solicitó no ser identificado, explicó que un día después del crimen contra el obispo se encontró con Morales García y el capitán Lima Oliva en la morgue, donde estaba el cadáver de Gerardi, y que el primero intentaba fotografiarlo, hasta que un médico forense le ordenó que se retirara.

Las acusaciones

También acusaron a Morales García de falso testimonio porque, en el juicio en el 2001, declaró que llegó a la casa parroquial la noche del crimen, pero que no entró, cuando varios testigos sí lo vieron adentro. Tenía orden de captura desde el 2014. Aunque, según los artículos 107 al 109 del Código Penal, el delito de falso testimonio —que implica penas de seis meses a tres años de cárcel— ya prescribió, el exespecialista también será procesado por ese delito. Si es juzgado y condenado por ejecución extrajudicial, como cómplice, la sentencia —según el Código Penal— está determinada por la pena para el delito del cual fue cómplice —que contempla un mínimo de 25 años en la cárcel—

El sacerdote Orantes —capturado en 1999— fue condenado a 20 años también por ejecución extrajudicial en grado de complicidad —aunque salió en el 2013 por redención de penas—. Los Lima —capturados en el 2000— y Villanueva —en el 2001— fueron condenados a 30 años, aunque las sentencias de los primeros dos después fueron modificadas a 20 años también por ejecución extrajudicial en grado de complicidad. Villanueva fue asesinado en la cárcel en el 2003. Lima Estrada salió en el 2012 —aunque llevaba cuatro años internado en el Centro Médico Militar— y falleció en el 2019.

Lima Oliva también fue asesinado en la cárcel, en el 2016, cuando también estaba procesado por otros delitos ajenos al caso Gerardi. Todos los condenados mantuvieron su inocencia y el MP nunca explicó cómo funcionaba el vínculo entre Orantes y los militares, si todos eran cómplices, pero las condenas finales se sostuvieron. El primer fiscal del caso, Otto Ardón, manifestó en 1998 que no había evidencia de que fuera un crimen político. El fiscal Leopoldo Zeissig, que llevó el caso a juicio, estaba convencido de que el móvil del crimen fue el informe del Remhi. Junto a Morales García, el mayor Escobar Blas también fue señalado por el crimen contra el obispo, pero nunca fue detenido, y falleció en un accidente aéreo en el 2020.

Según Rodenas, el mayor Villagrán tiene un proceso abierto desde el 2001, aunque no hay más información pública al respecto. Esta semana, con la audiencia del 5 de mayo pasado, comenzó el proceso judicial contra Morales García.

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Narcos en Guatemala habrían colaborado para capturar a Juan Orlando Hernández, hallado culpable en EE UU

El cartel de Sinaloa y sus socios en Honduras usaron el territorio guatemalteco para transportar cocaína hacia México. Uno de esos socios era el exmandatario Juan Orlando Hernández, que contaba con cómplices clave en Chiquimula y Zacapa.

Julie López

20 de marzo de 2024 | 10:07h

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El expresidente Juan Orlando Hernández (al centro) podría ser condenado a varias cadenas perpetuas. (Foto Prensa Libre: EFE)

Los nubarrones que anunciaban una inminente captura y extradición comenzaron a posarse sobre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), mucho antes de que Estados Unidos informara al gobierno hondureño que quería juzgarlo por narcotráfico. Hernández, más conocido por sus iniciales como JOH, fue aprehendido y extraditado en el 2022, a pocos días de entregar el cargo, y el 8 de marzo un jurado en Nueva York lo declaró culpable de enviar cocaína a ese país.

El 10 de septiembre del 2015, un año después de que Hernández llegó al Ejecutivo, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala capturó a Fernando Josué Chang Monroy en la zona 16 capitalina. Se desplazaba por Cayalá, en un picop de doble cabina, que acabó siendo registrado en plena vía pública, y todo cuando llevaba adentro apareció exhibido sobre la cinta asfáltica. Cada objeto identificado con un número de evidencia de plástico amarillo.

Las autoridades informaron que Estados Unidos pedía su extradición por estar imputado en ese país de conspirar para la distribución de cocaína. Chang Monroy parecía ser solo uno más de los desconocidos narcos extraditables capturados en el país, que las autoridades estadounidenses reclaman, pero que el Ministerio Público (MP) y la PNC no investigan por cuenta propia.

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En ese entonces nadie se enteró de que Chang Monroy no solo movió al menos 15 toneladas de cocaína entre Guatemala y México, en cargamentos de 600 a 700 kg, que vendió al cartel de Sinaloa, sino que también movió 40 fusiles estadounidenses M-16 y municiones en el 2012. Menos se iba a saber que el diputado Antonio Tony Hernández, hermano de JOH, le vendió la droga y las armas que tenían grabada la identificación “Ejército de Honduras”. Por eso, el de Chang Monroy fue uno de los testimonios que llevó a la detención del legislador en el 2018 y a su condena en 2021, así como a la captura en el 2022 y condena este mes del expresidente.

Otra captura

La noche del sábado 4 de marzo del 2017 la PNC también detuvo al hondureño Víctor Hugo Díaz Morales, alias el Rojo, en la zona 10 capitalina en Guatemala, a pedido de EE. UU. También conducía un picop. Estaba imputado de conspirar para enviar cocaína a territorio estadounidense desde el 31 de octubre de 2015, dos meses después del arresto de Chang Monroy. El diario hondureño El Heraldo publicó que Díaz Morales era el contador de otro narco hondureño detenido, Héctor Emiliano Fernández Rosa, alias don H, pero en realidad era una figura mucho más clave. El Rojo manejaba directamente los intereses de don H, según el libro Tierra de narcos (Grijalbo, 2022), acerca del narcotráfico en Honduras, del periodista Óscar Estrada.

El libro revela que el narcotraficante guatemalteco Mario Ponce Rodríguez, capturado en Honduras en el 2011 y extraditado a EE. UU., fue jefe de don H. Por lo tanto, en algún momento, el Rojo debió trabajar para Ponce. Díaz Morales, que se movilizaba entre Guatemala y Honduras, se estableció de forma temporal en Colombia ese mismo año, después de que su relación con don H se agriara, y ambos trataran de eliminarse entre sí. En una de las refriegas, según un documento en un proceso de apelación —de Tony Hernández—, el Rojo mató a la hija de 3 años de un socio de don H, y también dio a conocer cómo le disparó en el rostro a su propia esposa.

Cuando Díaz Morales fue detenido en la capital guatemalteca, tenía su base de operaciones en Esquipulas, Chiquimula, un punto clave para la recepción de cocaína desde Honduras. Ese año, 2017, un funcionario de la Fiscalía de Narcoactividad dijo que ese departamento era el principal puerto de entrada terrestre de cocaína al país, aunque un año antes había sido uno de los que registraron las incautaciones más bajas —menos de 1 kg—. La fuente lo atribuía a la corrupción, que podía ser una de las razones por las cuales el Rojo operaba en Chiquimula. Un reporte de InSight Crime indicaba, además, que este individuo había heredado algunas de las rutas de trasiego de los hermanos Valle Valle de Honduras, aprehendidos en el 2014 en ese país.

El documento 106, del caso de apelación 21-885, revela que a Díaz Morales “describió una reunión —que debió ser antes de 2014— a la que asistió el señor —Tony— Hernández, e identificó a individuos en una fotografía tomada en la reunión, incluidos Arnulfo y Luis Valle Valle, hermanos que lideraban el cartel de los Valle Valle, y a un traficante guatemalteco llamado José Manuel, alias Che, cuyo proveedor era el grupo de los Valle Valle”.

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Una vez que el Rojo fue extraditado a EE. UU., en abril del 2018, y con Chang Monroy extraditado y cooperando con la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York desde el 2016 —entre otros testigos—, el brazo de los fiscales se comenzó a acercar a Tony Hernández. Lo alcanzó siete meses después en la puerta de abordaje de un vuelo que lo iba a trasladar de Miami a Honduras. La información que los fiscales tenían les permitió comenzar a cerrar el paso a JOH, aunque tendrían que esperar cuatro años más para ponerle las manos encima.

En la acusación que comenzó a preparar contra el presidente hondureño, la fiscalía registró que en el 2005, cuando JOH todavía era diputado, aceptó alrededor de US$40 mil —dinero del narcotráfico— de Díaz Morales. El intermediario que le entregó el dinero fue su hermano, Tony Hernández. “A cambio, la organización de Díaz recibió información y protección de las autoridades hondureñas, lo que les permitió a Díaz y Hernández —Tony— transportar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos vía Honduras y Guatemala”, expone la acusación, documento 423 del expediente 15-CR-00379.

Otros obsequios de el Rojo a Tony Hernández podrían ser una indicación de cuánta cocaína logró traficar vía Honduras gracias a los buenos oficios del diputado. En 2007 y 2008, por ejemplo, le regaló dos relojes Rolex, uno para él y otro para su esposa, Vanessa. “También le di un toro, un caballo peruano y dos pistolas”, agregó en una audiencia 10 años después. El fiscal Damian Williams consignó que en torno al 2009 JOH comenzó a hacer campaña para convertirse en el presidente del Congreso Nacional de Honduras.

“En esa época, Díaz le entregó unos US$100 mil producto de ganancias del narcotráfico a —Tony— Hernández para pagarle a diversos funcionarios públicos, entre ellos a su hermano —JOH—”, se lee en la acusación. Cuando JOH llegó al cargo, la recompensa fue colar “oficiales afines a sus actividades de narcotráfico en puestos altos” para tener acceso a más información y poder traficar con mayor seguridad.

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La fiscalía afirmaba que como resultado de los sobornos pagados a JOH el Rojo recibió información sensible acerca de las operaciones policiales y militares en Honduras, lo que le permitió traficar con mayor protección hasta el 2016. Por ejemplo, Díaz recibió información acerca de las operaciones de la Marina, del entrenamiento de pilotos de la Fuerza Aérea de Honduras para hacer operativos aéreos nocturnos, y de los alcances de los radares castrenses en el país. Así conseguía que los cargamentos no fueran detectados. Por cada información de los radares, el Rojo le pagaba hasta US$50 mil a Tony Hernández. La fiscalía estimaba que en los 10 años anteriores, ambos traficaron unas 140 toneladas de cocaína.

Alrededor de 2009, Tony Hernández y Porfirio Lobo Sosa —también conocido como Pepe Lobo—, que había iniciado su campaña presidencial, se asociaron para conseguir US$2 millones de dinero del narcotráfico de Amílcar Alexander Ardón Soriano, alias Chande y AA, entonces alcalde de El Paraíso, un municipio de Copán, Honduras. Al parecer, aquel pago le garantizaba protección a Ardón ante una posible captura y extradición a EE. UU. Ese año, Pepe Lobo ganó las elecciones y en el 2010 JOH resultó electo presidente del Congreso. La protección a Ardón Soriano funcionó durante algunos años.

Tony Hernández y Chande traficaron al menos 30 toneladas de la droga en barcos, aviones y helicópteros —incluido uno registrado en EE. UU.— hacia Guatemala o México, donde el hermano de JOH tenía contacto directo con Joaquín el Chapo Guzmán, entonces jefe del cartel de Sinaloa. El Rojo afirmó años después que Ardón Soriano controlaba el paso de su municipio hacia Chiquimula, Guatemala, para el trasiego.

En el 2009 pagó US$100 mil a la campaña del Partido Nacional de Pepe Lobo para la presidencia y de JOH para liderar el Congreso. Además, era tan cercano a Tony Hernández que uno asistía a la fiesta de cumpleaños del otro, ocasión que aprovechaban para acordar cuánta plata debía correr para proteger el trasiego. Mientras todo esto sucedía, Luis Antonio Santos Tobar, alias Tonito Santos, un cómplice de Tony Hernández, lo presentó con Chang Monroy, según el documento 554 del expediente. En la primera reunión acordaron hacer envíos masivos de cocaína —suministrada desde Colombia— y armas de fuego.

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En esa época, el diputado Hernández le dijo a Chang Monroy que tenía unas dos toneladas de cocaína en Honduras, y acceso a un laboratorio de la droga en Colombia. Además, le ofreció armas de fuego, como lanzagranadas, ametralladoras y pistolas FN Herstal .57, a las que se refería como “mata policías”. Chang Monroy también escuchó a Tonito Santos decir que la cocaína que traficaban la suministraba Tony Hernández y su socio Rodolfo Alfredo Vergara Bonifante, alias el Cinco, un narcotraficante colombiano.

Por admisión de Díaz Morales, él y Chang Monroy ya se conocían desde al menos el 2008, cuando este proveía transporte aéreo para la cocaína. “Fernando Chang es un traficante guatemalteco que trabajaba comprando aviones en EE. UU. y los trasladaba a Guatemala para hacerles modificaciones al tanque de combustible, y así pudieran cargar más gasolina y hacer vuelos más largos”, indicó Díaz Morales en un interrogatorio en el 2019, en el que también admitió haberle vendido al menos 700 kg de cocaína a Chang Monroy. Dos de los aviones que compró eran un Beechcraft King Air C90 y un King Air E90. Luego los revendía a narcotraficantes en Honduras y Colombia.

Los testimonios de el Rojo y de Chang Monroy, entre otros testigos, permitieron a la fiscalía comprobar que “Juan Orlando solicitó y aceptó millones de dólares en sobornos de otros miembros de la conspiración —de la que fue acusado—, incluido el Chapo Guzmán, para financiar sus campañas políticas y facilitar el envío de enormes cantidades de cocaína a EE. UU.”. En esta conspiración, sostenía la fiscalía, “la corrupción y la violencia iban de la mano para apoyar a los traficantes favoritos, como Tony Hernández y Díaz Morales”.

En el 2013, según Ardón Soriano —el alcalde de El Paraíso—, en una reunión el Chapo le entregó US$1 millón a Tony Hernández para la campaña presidencial de su hermano, a cambio de traficar “sin problemas” en Honduras. Ese año, el Rojo traficaba bajo la protección de los hermanos Hernández. En el 2014 y 2015 coordinó el envío de cargamentos transportados por avión hasta pistas clandestinas en Honduras, y después llevados por tierra hacia la frontera con Guatemala. Hombres armados con fusiles M-16 custodiaban la cocaína. Díaz Morales también sobornó a la Policía hondureña para proteger los cargamentos.

El vínculo con contactos en Guatemala quedó confirmado en un intercambio del 2016 de textos por chat entre un sujeto en Honduras y otro en Guatemala que las autoridades interceptaron.

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Un año después, Díaz Morales fue capturado en Guatemala y extraditado a EE. UU. a mediados del 2018, pocos meses después de que Ardón Soriano se entregara a autoridades estadounidenses, y meses antes de que Tony Hernández fuese arrestado en Miami. Un celular que le incautaron a este último proveyó parte de la evidencia que el hermano del mandatario se negó a revelar. Después, testimonios como los Díaz Morales Rojo y Chang Monroy, entre otros, le valieron para ser condenado a cadena perpetua. El celular también incluía evidencia que iba a ayudar a hundir al exmandatario: la fotografía de una ametralladora CZ Scorpion Evo, con la inscripción “Juan Orlando Hernández, Presidente de la República de Honduras”.

Otras condenas

El guatemalteco Fernando Chang Monroy y el hondureño Víctor Hugo Díaz Morales, los acusados convertidos en testigos cooperantes en el juicio contra el exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, evadieron la cadena perpetua al declararse culpables. No fueron a juicio y colaboraron con la fiscalía al testificar en el juicio contra el exdiputado Tony Hernández en 2019 y su hermano JOH en febrero pasado. Según registros del Buró Federal de Prisiones de EE. UU. (BOP, por sus siglas en inglés), Chang Monroy salió en libertad el 22 de noviembre del 2022, después de siete años preso.

Fue condenado por narcotráfico, pese a que admitió en el juicio de Tony Hernández, en el 2019, que asesinó a 15 personas. No se divulgaron más detalles. Aunque tenía estos antecedentes, Chang Monroy dijo que le temía al exdiputado, a quien negó haber conocido después que lo aprehendieron en Guatemala en el 2015, según lo reportó la agencia de noticias AP. El guatemalteco dijo, a manera de explicación, que “la mayoría de los narcotraficantes son como él —Tony Hernández—, pero ninguno tiene un hermano que es presidente del país; ninguno de ellos tiene control sobre la Policía o del Ejército”.

Díaz Morales fue condenado en el 2018 a 20 años de prisión, según La Tribuna, de Honduras, pero no aparece ningún registro con su nombre en el BOP. El Rojo fue procesado por cargos relacionados con el narcotráfico, aunque también reconoció en el 2022 que asesinó a 18 personas. Tony Hernández, quien se declaró “no culpable” y fue a juicio, fue condenado a cadena perpetua en el 2021 y a pagar US$138.5 millones por distribuir 185 toneladas de cocaína. Ahora JOH enfrenta, como mínimo, una pena de 40 años y, como máximo, cadena perpetua. El juez Kevin Castel fijó la audiencia para dictar sentencia para el 26 de junio a las 11 horas.

Les preceden en casos similares otros narcotraficantes que no cooperaron con la fiscalía y fueron a juicio en EE. UU.: los guatemaltecos Eliú y Waldemar Lorenzana Cordón, o el Chapo Guzmán, también condenados a cadena perpetua en el 2018 y 2019, respectivamente. Una excepción es el guatemalteco Jorge Mario Paredes Córdova, quien fue a juicio en el 2009 y se le impuso una condena de 31 años de cárcel, que fueron rebajados a 20 por modificaciones en la ley de sentencias.

El 5 de marzo se solicitó al Ministerio de Gobernación entrevistar a autoridades antinarcóticas de la PNC, acerca de los contactos de Díaz Morales y Chang Monroy en Guatemala pero al cierre de esta nota no habían hecho la gestión.

Fiscalía en EE. UU. pide 35 años de cárcel para Marta Julia Lorenzana

Marta Julia Lorenzana admitió que traficó 27 mil kilos de cocaína entre 2008 y 2019. La jueza que dictará su sentencia condenó a cadena perpetua a dos de sus hermanos en 2018.

Julie López

28 de febrero de 2024 | 18:25h

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Marta Julia Lorenzana Cordón es procesada en Estados Unidos bajo los cargos de narcotráfico. (Foto: Hemeroteca PL)

El 26 de febrero, una fiscalía en Washington, DC, Estados Unidos, pidió a una corte sentenciar a la guatemalteca Marta Julia Lorenzana Cordón a 420 meses (35 años) de cárcel, por conspirar para enviar cocaína a los Estados Unidos, según el expediente 20-CR-00133. Hace un año Lorenzana se declaró culpable en una corte de esa ciudad, para no ir a juicio y cooperar con la fiscalía en lo que ésta requiriera.

Además, la Fiscalía solicita que Lorenzana Cordón pague US$27 millones (Q202 millones) porque admitió que traficó 27 mil kilos de cocaína entre 2008 y 2019. La jueza que dictará su sentencia condenó a cadena perpetua a dos de sus hermanos en 2018.

“La recomendación es consistente con el tipo de sentencia propuesto por la fiscalía y la procesada, por medio de su abogada Camile Wagner”, escribió en un oficio a la corte Marlon Cobar, jefe de la División Criminal, de la Sección de Drogas Peligrosas y Narcóticos, en el Departamento de Justicia de ese país.

La jueza Colleen Kollar-Kotelly, quien dictará su sentencia, también condenó a sus hermanos Eliú y Waldemar Lorenzana Cordón a cadena perpetua en 2018 (ambos se declararon “no culpables” y fueron a juicio), y a su padre Waldemar Lorenzana Lima, a 23 años de cárcel en 2020 (que tampoco fue juicio, y falleció en 2021).

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Si la jueza sigue la recomendación de la fiscalía, la sentencia contra Marta Julia Lorenzana sería la más larga dictada contra un narcotraficante guatemalteco, fuera de la condena de sus hermanos. Le siguen la sentencia contra Jorge Mario Paredes a 31 años de cárcel y contra Arnoldo Vargas, de 30 años, que sí fueron a juicio.

Además, sería la mujer guatemalteca con la sentencia más larga recibida por narcotráfico en EE. UU., que contrasta con los 12 años de condena a Marllory Chacón, quien salió libre después de cuatro.

Algunos antecedentes

Marta Julia Lorenzana fue capturada el 30 de abril de 2021, en Zacapa, a pedido de EE. UU., pare enfrentar la acusación en ese país. La extraditaron el 10 de diciembre del mismo año, junto su también capturado hermano Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón (quien no ha sido sentenciado).

Según el Departamento del Tesoro de los EE. UU., en 2012, Marta Julia Lorenzana pertenecía a la red de narcotráfico de sus hermanos y padre, socios del mexicano Cartel de Sinaloa. En 2014, se casó con el narcotraficante Jairo Orellana, cuando estaba detenido en el Cuartel Matamoros, previo a su extradición en 2015.

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Su nombre no aparece en los expedientes de sus hermanos y su padre en EE. UU., que incluye a Ovaldino Lorenzana Cordón, aún libre, y de quien no hay información pública que indique que tenga orden de captura en Guatemala. Cuando su hermana estaba detenida adentro de una autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) hace tres años, una fotografía publicada en diversos medios captó a Ovaldino Lorenzana de pie junto al vehículo. Una fuente de la PNC indicó extraoficialmente que no llevaban una orden de captura en su contra ese día.

Ahora, la fiscalía afirma que Marta Julia Lorenzana admitió que traficó 27 mil kilos de cocaína entre 2008 y 2019. “La procesada reveló que ganó entre US$1 mil y US$2 mil por cada kilo que le vendió a sus co-conspiradores (…), lo cual era su principal fuente de ingresos”, señaló el fiscal Cobar. “Con base en su testimonio, ella recibió al menos US$27 millones de sus negocios en el narcotráfico, y sabía que la mayoría de la cocaína sería trasladada a Estados Unidos”.

Estas cifras explican por qué Cobar recomendó a la corte también condenar a Marta Julia Lorenzana a pagar US$27 millones, unos Q202 millones. Como referencia, este monto es casi igual al presupuesto para proveer de alimentos a 71 comedores solidarios en Guatemala durante un año.

En contraste, Chacón pagó US$1 millón (US$7.5 millones) al gobierno estadounidense “por voluntad propia”, según lo indica su expediente.

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El fiscal además explica que, debido a que Marta Julia Lorenzana también “ordenó asesinatos en relación con actividades de narcotráfico, y portó y/o utilizó armas de fuego”, recomendó una sentencia de 35 años en lugar de los 30 años que recomendó otra agencia judicial.

La jueza Kollar-Kotelly debe dictar una sentencia que oscile entre 10 años de cárcel y cadena perpetua. Si acata la recomendación la fiscalía, la sentencia podría ser reducida. La sentencia de 31 años de Paredes, por ejemplo, se redujo a 21 por una modificación en la ley de sentencias.

Otro acusado en el caso, que la fiscalía no identifica, fue sentenciado a 15 años. El fiscal Cobar explicó que la recomendación para Lorenzana Cordón es mayor porque “no cooperó sustancialmente con la fiscalía, aunque tuvo varias oportunidades de hacerlo”. La corte aún no anuncia la fecha para la audiencia de sentencia.

El pasado 14 de diciembre, las autoridades guatemaltecas ubicaron un jet G3 en Petén, donde incautaron 1 mil 28 kilos de cocaína (una tonelada). Datos del gobierno de Colombia indican que la droga había sido producida en un laboratorio operado por la Nueva Marquetalia, un grupo disidente de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en ese país, y que la aeronave despegó de una pista clandestina en Venezuela.

“Guatemala, por su posición geográfica, es un embudo en la ruta principal de droga hacia los Estados Unidos”, dice Gerson Alegría, jefe de la Fiscalía de Narcoactividad.

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Los datos del gobierno colombiano revelan que el citado cargamento de diciembre estaba dirigido hacia miembros o socios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo fue posible debido a información recabada por las autoridades colombianas en un laboratorio que ubicaron en junio pasado. El mismo 14 de diciembre, las autoridades de Guatemala también capturaron a tres oficiales militares, entre otras personas, vinculados al CJNG: el mayor de Aviación Carlos Enrique Durán Cáceres, el capitán segundo de Material de Guerra Ángel Eliberto Vargas Urízar, y el teniente de Infantería Walter Vinicio Contreras Munguía. Sólo tres semanas antes, Durán Cáceres mostraba al mandatario Alejandro Giammattei un nuevo equipo aéreo adquirido por la Fuerza Aérea de Guatemala para operaciones antinarcóticas.

El poder de infiltración de las organizaciones del narcotráfico está demostrado con la cooptación también de altos funcionarios públicos, afirma el analista Mario Mérida, exoficial de inteligencia militar y exviceministro de Gobernación. Dos ejemplos son la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla (que EE. UU. vinculó al narcotráfico hace cuatro años). También está el caso del expresidenciable del desaparecido partido Unión del Cambio Nacional (UCN), Mario Estrada. El excandidato fue capturado por cargos vinculados al narcotráfico en abril de 2019 en EE. UU., poco después que, en una reunión con policías encubiertos que fingían ser miembros del Cartel de Sinaloa, admitió que también había sido abordado por el Cartel Jalisco.

Los tres detenidos en diciembre pasado tenían acceso a información privilegiada que filtraban a la red de trasiego para burlar operativos de búsqueda de las aeronaves, y la incautación de cocaína, particularmente en Petén y Retalhuleu. Estos departamentos son el destino de al menos el 60% de los aterrizajes de aeronaves del narcotráfico. El Ministerio Público (MP) no ha vinculado a los detenidos oficialmente con el caso del 14 de diciembre en Petén, pero sí a la incautación de 200 kilos en noviembre en Quetzaltenango. El MP agregó que la estructura también operaba en Sacatepéquez, Alta Verapaz y Escuintla.

En un caso no relacionado, la Fiscalía consiguió la captura en 2019 y condena en diciembre pasado de Otoniel Lima Recinos, el primer alcalde procesado por narcotráfico en el país. Lima era alcalde en Nueva Concepción, Escuintla, un caso en el que hubo otros 35 condenados.

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Es la primera vez, en años recientes que las autoridades vinculan decomisos y capturas (como las de diciembre pasado) a una estructura particular, como el CJNG, que fue relacionado extraoficialmente con un tumbe de droga supuestamente ocurrido mayo 2021 en Raxruhá, Alta Verapaz. El citado cartel se abroga la propiedad de la droga en un vídeo que circuló en redes sociales en septiembre pasado, pero además también ha anunciado que opera en el sector de La Democracia, Huehuetenango, un dato no confirmado por las autoridades. En México, el gobierno sí ha admitido que el Cartel Jalisco le disputa el estado de Chiapas al Cartel de Sinaloa, y a ello obedecen varios hechos armados ocurridos en la zona fronteriza el año pasado.

Ningún otro aterrizaje había sido vinculado a otro cartel, incluyendo el de Sinaloa en los últimos dos años. El hecho de que el CJNG tiene rutas de trasiego en el país, les disputa espacios a rivales de más larga data, y que ha logrado penetrar estructuras estatales, demuestra que Guatemala todavía es un puerto de llegada importante en Centroamérica para la cocaína.

Esa condición, al menos desde diciembre de 2018, la comparte con el sur de México, particularmente en cuanto al trasiego aéreo. Apenas dos días después del hallazgo del jet en Petén, las autoridades en México ubicaron una aeronave en Chiapas, que aterrizó a unos 160 kilómetros de la frontera con Guatemala.

Mismo papel, nuevos detalles

La novedad está en los detalles. Por ejemplo, la fluctuación que muestra EE. UU. en incautaciones desde 2018 es un zigzag: subió en 2019; bajó en 2020, el primer año de la pandemia; y volvió a subir en 2021: de 23 toneladas a 45, después bajó a 26, y volvió a subir a 44 el año pasado. Vigil explica que volvió a los volúmenes previos a la pandemia porque ya no hay tantas restricciones en las fronteras, como en 2020, que impidan el contrabando de precursores hacia Sudamérica. El último trimestre de 2021 es el que menor incautación mostró desde 2019, según cifras del Servicio de Protección de Aduanas y Fronteras de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés).

En Guatemala, no se observa el mismo movimiento. En 2021, incautó 10 toneladas, en contraste con las 13.6 de 2020, y en 2019, otras 18.8 toneladas (el mayor número a la fecha), según datos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC). El año pasado, por cada kilo incautado, tres llegaron a EE. UU. De hecho, El Salvador incautó más cocaína que Guatemala, con 10.7 toneladas, según fuentes de gobierno, de las que 4.1 toneladas eran trasportadas por vía marítima. No obstante, Alegría y Vigil señalan que el tráfico es mayor en Guatemala.

El volumen de las incautaciones no necesariamente es paralelo al volumen trasegado, y lo comprueba la diferencia en las cantidades de cocaína incautadas en EE. UU., 90% de la cual, según ese país, pasa por Guatemala. En este contexto, la corrupción en fuerzas del estado, como en el caso de los tres militares, podría jugar un papel en los bajos decomisos.

Otro factor de vulnerabilidad del país es la situación socioeconómica agudizada por la pandemia, según Mérida. “Se generó desempleo, y el aislamiento de varias comunidades las hizo propicias para utilizarlas como lugares de trasiego”, señala el exfuncionario.

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La baja en la incautación de cocaína en Guatemala también se atribuye a dos factores: la reducción en la producción de cocaína en Colombia en 2020 debido a la dificultad para el contrabando de precursores, ante las restricciones en las fronteras impuestas a raíz de la pandemia del Covid-19; y la captura de 72 extraditables por narcotráfico, a pedido de Estados Unidos, entre 2020 y 2021, una cifra que supera las 64 capturas realizadas durante cuatro años del gobierno de Jimmy Morales (2016-2020). No obstante, el argumento se desploma al observar que las incautaciones aumentaron en EE. UU. el año pasado, retornando casi al nivel de 2019, mientras en Guatemala siguieron bajando.

El número de aeronaves ubicadas en tierra, y vinculadas al narcotráfico, también bajó de 54 en 2019 a 18 el año pasado. Paralelamente, el trasiego marítimo, origen del 50% de la cocaína traficada en 2018, se redujo a menos del 5% en años siguientes, para volver a ser al menos la mitad del modo de transporte de los trasiegos el año pasado. Estos datos muestran que los narcotraficantes siguen buscando las rutas menos vigiladas para hacer llegar la droga a Guatemala.

Guatemala todavía es un país de tránsito para cocaína enviada directamente desde Sudamérica o vía Honduras, por vía marítima o aérea. También es un punto clave para lavado de dinero proveniente del narcotráfico, según Michael Vigil, exagente de la DEA (Agencia Antridrogas de EE. UU.). Alegría coincide en que parte del tráfico terrestre en Guatemala corresponde a cocaína transportada desde Honduras. Aunque en julio pasado, el entonces presidente, Juan Orlando Hernández, decía que, ese país era un “territorio hostil” para el narcotráfico.

Para el 8 de noviembre, Honduras había incautado 14.5 toneladas, casi cinco toneladas más que Guatemala en 2021, y habiendo capturado a 27 extraditables, menos la mitad de cuantos capturaron las autoridades guatemaltecas el año pasado: 57.

El fiscal Alegría afirma que las extradiciones acaban desarticulando estructuras. Sin embargo, Mérida afirma las capturas no tienen impacto en las estructuras de narcotráfico, que tienen una funcionalidad descentralizada, que impide que sufran un impacto en el tema operativo. “La repercusión de la captura de los extraditables es que Guatemala aparece como un estado comprometido con la agenda de EE. UU. para limitar o contener el narcotráfico”, dice el analista.

Otra parte importante del trasiego por tierra obedece a los cargamentos trasladados por aire que las autoridades no logran incautar después de ubicar la aeronave. Un ejemplo es el caso de los 200 kilos ubicados en Quetzaltenango en noviembre, y que fuentes militares vinculan a un jet que aterrizó en Retalhuleu. Mérida subraya que Guatemala también es clave para la recepción de droga por la facilidad para trasladarla por tierra hacia México. “Se dice que hay más de 100 pasos ciegos en la frontera con México, pero en realidad es toda la frontera, y lo mismo ocurre con El Salvador y Honduras”, afirma el analista. “No hay capacidad para vigilar, tal vez sólo los 15 o 20 kilómetros donde está la unidad militar, pero nada más”.

Según Alegría, la estrategia de regionalizar las investigaciones ha permitido salvar algunas distancias, como por ejemplo en el caso del Arpón de Neptuno, que incluyó colaboraciones con Colombia, Ecuador y EE. UU. El caso de diciembre pasado también incluyó un intercambio con Colombia y autoridades estadounidenses. Alegría afirma que las investigaciones conjuntas son claves particularmente para la detección de una aeronave, que requiere tomar acción de inmediato. Una reacción que demore más de tres horas impide llegar hasta la aeronave antes que los traficantes huyan con la droga.

Otros indicios

Las incautaciones, y la ubicación de aeronaves, también revelan cuán claves son Guatemala y el sur de México como últimos puertos de llegada aérea de la cocaína (también por vía marítima) para continuar el trasiego por vía terrestre hacia Estados Unidos.

México, por ejemplo, contabilizó 81 aterrizajes entre 2019 y 2020, comparados con 93 en Guatemala, según el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa. Los aterrizajes continuaron el año pasado y siguen, aunque en menor número. El trasiego siguió por otras vías.

Para noviembre de 2021, México había incautado 15.7 toneladas de cocaína. Los decomisos también incluyeron 36 aeronaves (contra 18 en Guatemala) y otras 35 embarcaciones, además de 19 mil vehículos. Una parte de la cocaína, al menos, la transportada por vía terrestre, debió pasar por Guatemala.

El trasiego de la cocaína persiste pese a que México también trafica otras drogas en grandes cantidades hacia EE. UU., como las metanfetaminas (de las que incautaron 44 toneladas), que producen localmente. Las autoridades estadounidenses incautaron 4.8 toneladas de fentanilo en 2021, según cifras del CBP. Vigil afirma que el fentanilo, mezclado con heroína y metanfetaminas principalmente, es altamente mortal. Además, fue la causa de 100,300 muertes por sobredosis en EE. UU. entre mayo 2020 y abril de 2021.

Sin embargo, un mayor tráfico de otras drogas de México a territorio estadounidense tampoco explica la reducción en las incautaciones de cocaína en Guatemala. De hecho, esta ocurrió paralelamente a una mayor disponibilidad de cocaína en EE. UU., que pasó por suelo guatemalteco, y que llevó a un alza en las incautaciones en ese país en 2021.

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Después de su primera fuga en 2001, los decomisos de cocaína en Guatemala y los Estados Unidos disminuyeron, pero después de su recaptura, en 2014, su segunda fuga en 2015, y su final recaptura en 2016, el incremento en incautaciones fue progresivo. Su situación producía inestabilidad en el cartel y otras estructuras le disputaban el territorio.

Después de 2016, los decomisos en EE. UU. siguieron subiendo hasta el 2019. Cayeron al tiempo que el Chapo fue condenado a cadena perpetua en una corte neoyorquina ese año.

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Si la captura y extradición del líder del cartel de Sinaloa no determinó por sí sola el comportamiento del narcotráfico, menos sucede con las de los enlaces guatemaltecos para ese y otros grupos del narco. Ocurrió con el guatemalteco Otto Herrera García, y su captura en 2004, cuando fungía como una de las bisagras entre el colombiano cartel de Cali y el de Sinaloa, en México. Herrera era el puente entre los proveedores colombianos y la familia Lorenzana Cordón, en Zacapa, según el expediente del caso en una corte de Washington, D.C., pero no era el único proveedor.

Después de la captura de Herrera en México, y su fuga en 2005, la incautación de cocaína en EE. UU. siguió al alza hasta un año más tarde —en Guatemala no cambió—. Luego hubo un descenso que continuó hasta 2010, tres años después de su última recaptura. Los socios en el cartel de Cali también fueron detenidos y comenzaron a caer los primeros Lorenzana entre 2011 y 2013, sin que ello significara más decomisos en ese lapso.

Corrupción y dinámica entre narcos

En EE. UU., las incautaciones bajaron entre 2012 y 2014. En esa época, cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, denunció que unos dos mil agentes federales en la frontera sur estadounidense estaban en investigación, por sospecha de su involucramiento en casos de corrupción vinculada con el narcotráfico. Sobre Guatemala, desde entonces y antes, el Departamento de Estado ha señalado que la corrupción ha hecho a las instituciones públicas vulnerables a la influencia del narcotráfico.

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Entre 2013 y 2019, la incautación anual de cocaína en el país se elevó, pero había otros factores, además de la captura de extraditables: la muerte y detención de dos jefes de los Zetas, entre 2012 y 2013, en México, que redujo el perfil de la estructura en Guatemala y la violencia que marcó su presencia en el país desde 2008. Aunque menos violencia significaba mejores condiciones para operar y traficar sin llamar la atención de las autoridades, la incautación siguió al alza, igual en EE. UU., hasta 2018.

Datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés)  indican que la producción de cocaína subió. Aunque se redujo para 2019, los productores lograron generar más droga procesada empleando menos cultivos. Se atribuye a ello la caída en las incautaciones  hace dos años, un descenso también empujado por la efectividad del trasiego  y el inicio de la pandemia del covid-19.

Esta situación no afectó el transporte, pero sí la producción, por la dificultad de enviar precursores de contrabando desde Venezuela  a Colombia, de donde sale el 90% de la cocaína que se vende en EE. UU., según la DEA.

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En 2020, ocho de cada 10 kilos de coca incautados fueron ingresados al país por vía aérea, aunque las autoridades solamente lograron decomisar la droga después de un tercio de los aterrizajes, muchos de estos en sitios remotos. En 2021  la mayor parte de la droga incautada ha ingresado a Guatemala por vía marítima.

Hasta el 24 de abril recién pasado, las autoridades guatemaltecas habían incautado 976 kilos de cocaína y en EE. UU., han decomisado 25 mil kilos en el mismo lapso. Según el Departamento de Estado de ese país, nueve de cada 10 kilos que incautan también pasaron por suelo guatemalteco. El dato permite establecer el mínimo de droga que toca suelo en Guatemala. Lo que se ha incautado en este país este año equivale aproximadamente al 4% de la droga traficada por este territorio. El otro 96% llegó  a  manos de las autoridades estadounidenses, pese a que las guatemaltecas han capturado a unas 26 personas que EE. UU. pide en extradición por narcotráfico.

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Las autoridades estadounidenses capturaron a Estrada en abril pasado, en Miami, Florida, cuando ya tenían evidencia en audio, vídeo y testimonial, de que el entonces candidato presidencial del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) creía haber negociado con presuntos miembros del Cartel de Sinaloa para recibir US$12 millones de dólares para su campaña política. Estrada ofrecía a cambio el paso libre para cargamentos de droga desde Sudamérica hacia México vía Guatemala, además de solicitar apoyo para asesinar a otros candidatos que podían hacer peligrar su futura victoria en las elecciones generales de junio pasado.

Lo que desconocía Estrada es que sus interlocutores no eran miembros del Cartel de Sinaloa, sino agentes encubiertos: miembros de las fuerzas de seguridad de Guatemala, que integran una fuerza de tarea que trabaja con la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), según consta en el expediente del caso abierto en Florida, antes de su traslado a Nueva York.

Pese a su condición de capturado, Estrada tenía una ventaja. Él y sus abogados sabían lo que lograron otros guatemaltecos acusados (de cargos relacionados con el narcotráfico) después de declararse culpables. Al cambiar su declaración de “no culpable” a “culpable”, renunciaban a ir juicio (ahorrándole miles de dólares en costos al Estado), y se comprometían a colaborar con cuanto la fiscalía pidiera (usualmente, testificar contra narcotraficantes). La corte, a cambio y previa recomendación de la fiscalía, redujo las sentencias, aunque la reducción no siempre fue inmediata.

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Dando y dando

La declaración de culpabilidad de Estrada no le garantiza que el 24 de enero de 2020, para cuando está fijada su audiencia de sentencia, la corte le dicte una sentencia benévola. Otros acusados, que enfrentaban una pena máxima de cadena perpetua, recibieron sentencias mucho más cortas, que fueron reducidas aún más después que colaboraron.

Por ejemplo, Marllory Chacón fue encarcelada en 2014 y la condenaron a 12 años de cárcel, pero salió libre después de cuatro años y medio. Sebastiana Cottón, capturada en 2014, cumplía una condena de 17 años de cárcel; una corte de Florida le redujo la sentencia hasta 2019—y salió libre en septiembre pasado después de cinco años de cárcel.

El abogado defensor de Estrada es Robert Feitel, que tiene un bufete en Washington, D.C., y también defendió a uno de los hermanos hondureños Valle Valle (acusados de narcotráfico), y al guatemalteco José Manuel López Morales, alias Che Manuel, que EE.UU. señaló como uno de los más prolíficos narcotraficantes en el oriente de Guatemala. Che Manuel, socio de los Valle Valle y de Cottón, fue detenido y se declaró culpable en 2017, y cuando una corte lo condenó a 11 años de cárcel. El Buró Federal de Prisiones ahora lo reporta elegible para excarcelación en siete años—en 2024.

Mientras tanto, la declaración de “no culpable” a “culpable” de Estrada no está accesible al público. No obstante, en otros casos similares, el cambio ha implicado que el procesado renuncia al juicio (donde un jurado de ciudadanos estadounidenses habría decidido si era culpable o no), acepta entregar cualquier bien obtenido con fondos producto de los hechos ilícitos cometidos (por ejemplo, Estrada recibió un adelanto de US$10 mil, unos Q75 mil, de quienes pensaba eran miembros del Cartel de Sinaloa), y colaborar con información que la fiscalía solicite.

La corte neoyorquina también ordenó que se inicie el Reporte e Investigación Pre Sentencia (PSI, por sus siglas en inglés) de Estrada: una descripción de cómo las evidencias comprueban las acusaciones en su contra. La corte sustentará la sentencia en el PSI. El acusado puede disputar el contenido, pero la corte tiene la última palabra al respecto.

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Un coconspirador de Estrada, Juan Pablo González Mayorga (otrora tercer secretario adjunto de la UCN), también capturado en Miami, será sentenciado el 15 de mayo próximo. Una de las evidencias más fuertes contra ambos es un vídeo que González grabó en Miami con su celular, para mostrarle a Estrada parte del dinero encaletado en un barco, que los supuestos miembros del Cartel de Sinaloa le enviarían hacia Guatemala. En realidad, era un montaje que la DEA armó.

Todavía es un enigma cómo va a colaborar Estrada. En la práctica, nunca tuvo contacto con el Cartel de Sinaloa: hablaba con policías guatemaltecos encubiertos, aunque para persuadirlos a entregarle dinero, dijo que ya tenía una oferta del cartel Jalisco Nueva Generación (también para financiar su campaña política a cambio de paso libre para traficar drogas). Nadie ha revelado aún si era solo un embuste para ejercer presión. Ahora, es cuestión de tiempo para que la fiscalía neoyorquina determine si la colaboración que pueda brindar Estrada será útil, o resulte ser una cortina de humo que acabe por escribir en piedra la sentencia que le dictarán en tres meses.

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Originalmente, calificaba para ser excarcelada hasta marzo de 2025. ¿Qué hizo que la corte adelantara su salida seis años? Negociar. Por algo William Barzee, uno de los abogados de la guatemalteca, le dijo a InSight Crime que el reajuste en la sentencia había respondido a la “extraordinaria cantidad y calidad de la cooperación de la señora Chacón”.

En efecto, su salida temprana no fue gratis, y sólo podía pagar con una moneda: la delación—especialmente considerando que, en 2012, el Departamento del Tesoro de los EE.UU. la calificó como “una de las más prolíficas narcotraficantes en Centroamérica” y “la lavadora de dinero más activa de Guatemala”. De hecho, anunció que “se creía” que Chacón había lavado por mes decenas de millones de dólares, producto de ganancias del narcotráfico. En el juicio de los Lorenzana en EE.UU. (marzo de 2016), la misma Chacón admitiría que diez años antes traficó “más de US$200 millones de dólares” para “más de tres carteles” colombianos, y que había ganado “más de US$40 millones de dólares” con los Lorenzana. No por nada conocía el negocio y contactos importantes que delataría años después.

Comenzó a urdir el plan en diciembre de 2012 cuando, por medio de sus abogados, Chacón aceptó colaborar con la justicia estadounidense, según consta en su expediente. Se trata de una colección de documentos accesibles hasta principios de 2015, pero que en abril de ese año una corte de Miami colocó en reserva (no accesible al público) durante los cinco años siguientes.

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La reserva era un síntoma de algo obvio: Chacón iba a colaborar a tal grado que, para protección suya y de su familia, su abogada Bonnie Klapper solicitó a la corte vedar el acceso del público a sus declaraciones. Chacón y su familia también solicitaron asilo en EE.UU. bajo la Convención Contra la Tortura, según consta en el documento 47 del expediente 11-20582, para evitar ser deportada después de cumplir su condena (como es obligatorio para todo extranjero después que cumple una sentencia de cárcel). La justificación principal de la solicitud fue “el peligro extraordinario que ella (Chacón) enfrenta como resultado de su cooperación (con la fiscalía de Florida) si regresa a Guatemala”.

Tan clave era la información que ofreció entre 2012 y 2014 que, para protegerse de represalias, se reunió en al menos cinco países distintos con agentes de la Agencia Federal Anti Drogas de los EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) para entregarles información, según lo declaró en 2016 en una corte del Distrito de Columbia, en EE.UU.

Por algo un agente antidrogas estadounidense le dijo a InSight Crime que Chacón “tal vez” era la mayor fuente de información que jamás habían tenido. Sin embargo, desde que se colocó en reserva su expediente en Florida, no hay información pública disponible que confirme si el gobierno estadounidense le concedió asilo a Chacón y su familia, lo cual evitaría que sea deportada después de su excarcelación del pasado 27 de febrero.

Blancos de las delaciones

Información extraoficial indica que Chacón y el guatemalteco Hayron Borrayo Lasmibat, ex socio de Chacón, habrían entregado US$2 millones a la campaña del desaparecido Partido Patriota en 2011, aunque Chacón y la futura vicepresidenta, Roxana Baldetti (2012-2015), siempre negaron conocerse. Para agosto de 2013, Chacón supuestamente había colaborado para la captura de su ya ex socio Borrayo en París, Francia, desde donde fue extraditado a EE.UU. en marzo de 2014, como consta en el expediente 11-CR-20512 en la fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Coincidentemente, en mayo de 2014, Chacón se comunicó telefónicamente con Prensa Libre para aclarar que estaba de vacaciones en París, con su hija, y no detenida según información extraoficial difundida. Sólo ocho días antes (el 15 de mayo), las autoridades guatemaltecas además habían capturado en Guatemala a Jairo Orellana Morales, pedido en extradición por narcotráfico por EE.UU., y en cuyo caso Chacón también habría colaborado con información. Cuatro meses más tarde, se entregaría en Miami a las autoridades de EE.UU. Chacón, según InSight Crime, también habría declarado contra Baldetti y el ex ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, en casos por narcotráfico contra ambos en la capital estadounidense.

Para el 28 de enero pasado, Borrayo, quien decidió colaborar con la justicia estadounidense, fue excarcelado en EE.UU. (se desconoce si permanece en ese país), y Orellana ya no aparece en custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés)—una señal de que lo custodian otras autoridades, porque su fecha de excarcelación aún aparece como “desconocida” y su ubicación, en reserva.

Una suerte distinta corrieron los hermanos Waldemar y Eliú Lorenzana Cordón, quienes no colaboraron con la justicia estadounidense, y contra quienes Chacón testificó en el juicio contra ambos en 2016. Su declaración, contenida en el expediente 03-CR-00331 en una corte del Distrito de Columbia, duró tres días. Los hermanos Lorenzana fueran encontrados culpables y la corte los sentenció a cadena perpetua por narcotráfico en 2018.

Los nexos de Gastélum

Chacón también hizo importantes revelaciones contra el mexicano César Gastélum Serrano, un operador del Cartel de Sinaloa en Centroamérica, según InSight Crime. Por aparte, autoridades mexicanas indicaron que uno de sus contactos más importantes en Honduras eran los hermanos Valle Valle, que también eran socios de los Lorenzana Cordón. Gastélum coordinaba el envío de droga desde Colombia hasta México vía Centroamérica, por lo que no era extraño que Chacón—quien operaba en la misma ruta, con dinero y cocaína—conociera sus movimientos.

Las autoridades mexicanas capturaron a Gastélum en abril de 2015 en Cancún, casi tres años después que Chacón comenzó a colaborar con la DEA y unas semanas antes de ser sentenciada. Una vez extraditado a EE.UU., Gastélum siguió los pasos de Chacón: acabó como testigo de la Fiscalía de Brooklyn contra el otrora capo del citado cartel, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Jeffrey Lichtman, abogado de Guzmán, dijo en el juicio que Gastélum tenía información de que el cartel había sobornado a candidatos presidenciales en Guatemala y a un presidente hondureño.

Pero la historia de Gastélum con Guatemala no comenzó con Chacón ni con sus candidatos presidenciales. El expediente de los Lorenzana Cordón registra que, entre 2002 y 2005, el guatemalteco Walter Arelio Montejo Mérida le daba en alquiler una propiedad en Huehuetenango a Gastélum, que este usaba para traficar cocaína hacia México. Era droga que Montejo le compraba a los Lorenzana Cordón y que, en ocasiones, estos habían comprado vía Chacón o Herrera a proveedores colombianos. Luego, Montejo la vendía a traficantes mexicanos, como Gastélum. Esto, antes de que el guatemalteco fuera detenido en 2012 a pedido de EE.UU., para extraditarlo por narcotráfico y además fuera identificado como integrante de los Huistas en Huehuetenango (una estructura vinculada al lavado de dinero).

Ahora Gastélum (quien fue citado como testigo en el juicio contra El Chapo entre 2018 y 2019 en EE.UU.), y Montejo (quien también declaró contra los Lorenzana), tampoco aparecen custodiados por el BOP, aunque lo deben estar por otras autoridades porque su fecha de excarcelación también aparece como “desconocida”.

Pero había algo más en común entre estos casos: Steve Fraga, el agente de la DEA encargado en los casos de Herrera, Orellana, Eliú Lorenzana y Gastélum. Era cuestión de tiempo para que la DEA encontrara la conexión más útil entre todos: Chacón.

Chacón realidad se había iniciado en el negocio por default, por asociación. Su esposo, el hondureño José Andrés Fernández Carbajal (ahora desligado del proceso, como parte de la negociación), era el involucrado en tareas de logística para un cartel colombiano, según lo relató Chacón en 2016. “[Él] recolectaba dólares y los almacenaba en Guatemala; cuando lo capturaron en 2002 y en 2003 (por portación de documentos falsos), el cartel me pidió que hiciera lo que hacía mi esposo: verificar desde la capital que los dólares fueran entregados a las organizaciones encargadas de transportarlos a Panamá y Colombia”, reveló Chacón. “La venta ocurría en Guatemala y Honduras […]; mi esposo me instruyó acerca del trabajo que debía hacer, y lo hicimos. [Ese] trabajo era verificar que los dólares fueran almacenados y entregados en lugares seguros en el perímetro de la ciudad, [y hacer el] intercambio de números telefónicos para verificar las entregas seguras”.

En el expediente 11-CR-20512 en la fiscalía del Distrito Sur de Florida, del caso contra Borrayo, un informante aseguró que un socio colombiano le solicitaba ayuda a Chacón para encontrar compradores en Honduras para cocaína procedente de Colombia, y que la guatemalteca también coordinó la recepción de al menos un cargamento en Honduras por medio de dos teléfonos celulares. “En uno instruye cuál pista de aterrizaje se debía utilizar, y cuánto combustible necesitaban para llegar”, según lo reveló el testigo (quien la filmó). También la escuchó diciendo que “había comprado un avión Cessna Caravan para transportar hasta dos toneladas de cocaína”, y discutieron qué porciones del cargamento pertenecían a qué compradores, y cuántos debía pagar ella, “para estar lista para pagarlos al contado”. Aunque Chacón aparecía mencionada en las declaraciones, no aparece entre los acusados. Tiene un expediente aparte.

Dando y dando

La colaboración de Chacón tenía sólo un propósito: conseguir que la fiscalía abogara ante la corte para la reducción de su sentencia de cárcel, y que pudiera permanecer en EE.UU. después de excarcelada (que sería el caso si recibió libertad supervisada o condicional, durante varios años). El 5 de mayo de 2015, cuando se escuchó sentenciada a 12 años de cárcel, Chacón había llegado sonriente a la corte, según un reporte de AP. Ya había echado a andar la maquinaria para reducir su condena, pero tendría que esperar casi cuatro años para recuperar su libertad (casi una tercera parte de la condena original de 12 años).

Chacón también había pagado una multa de US$1 millón de dólares antes de escuchar su sentencia, como parte de su cooperación con el Gobierno de los EE.UU., aunque aseguraba que para entonces su fortuna se había esfumado. “Yo no tenía nada, absolutamente nada”, aseguró, cuando la defensa de los Lorenzana cuestionaban su interés en declarar en el juicio.

Para el 22 de febrero de 2019, según InSight Crime, la corte del caso en Miami redujo la sentencia de cárcel de Chacón a cinco años—que además estaba sujeta a otra reducción del 15%—un beneficio que le permitiría “ser excarcelada en los próximos días”. La estimación fue lotería cantada. Se cumplió cinco días después. Y Chacón se perdió en el mapa.

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En el oficio “Moción conjunta para audiencia de fianza y aplazamiento de la conferencia”, se detalla: “las partes previamente presentaron una moción indicando que las partes creen que el caso se puede concluir sin la necesidad de un juicio, otra moción o la apelación de una sentencia; sin embargo, los detalles de las condiciones en que el defendido declinará el acceso a un juicio todavía deben resolverse. Como parte de las negociaciones, las partes habían discutido la libertad bajo una fianza, una opción que se complicó por el estatus migratorio del defendido”.

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Esta acción da pie a que el político guatemalteco pueda declararse culpable del delito de lavado de dinero y reducir su pena. El pasado 20 de diciembre Baldizón recuperó su libertad luego de que su familia cancelara US$50 mil de fianza. La corte le impuso una multa de US$1 millón de los cuales la familia adelantó el 5 por ciento, tal y como establece el acuerdo con el juzgado.

La esposa del político Rosa María Vargas y sus hijos Jorge Eduardo y Manuel Antonio Baldizón Vargas fueron garantes de la misma. En dado caso Baldizón se diera a la fuga, la corte ejecutaría la fianza y sus familiares tendrían que responder por el US$1 millón de la fianza completa.

Según una fuente cercana al proceso, los garantes no pudieron colocar las propiedades de la familia en Florida, el hotel Best Western, en Fort Lauderdale, y un condominio en Key Biscayne, en el condado de Miami-Dade, Florida, porque ambas propiedades están registradas como garantías en otros créditos.

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La estrategia legal de la defensa de Baldizón también buscará que le sea contabilizado el tiempo en prisión, luego de ser capturado en enero del año pasado, para reducir su pena.  El político tiene por restricciones no salir del “Distrito Sur de la Florida ni de cualquier otro distrito al que pueda ser transferido este caso”, no cambiar de dirección registrada en la fianza a menos que lo autorice la corte, entregar sus documentos de identificación, además no puede visitar ningún puerto o aeropuerto, entre otras restricciones.

Si el acusado violara estas disposiciones o “llegara a intimidar a testigos, víctimas o informantes del caso” u obstruir la investigación criminal regresaría a detención y sería multado.

Bajo reserva

Al menos 14 documentos del expediente judicial de Baldizón se encuentran restringidos. Los términos a los que llegue Baldizón con la fiscalía para la reducción de la condenada también estarán bajo reserva hasta que la corte disponga lo contrario. Según el abogado Mauricio Berreondo, exdefensor en otros casos de alto impacto como la extradicción del expresidente Alfonso Portillo, la carta que dirige la fiscalía a la corte es una muestra de la posible declaración de culpabilidad de Baldizón y su colaboración para reducir su pena.

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“Cuando hay una nota de esa naturaleza quiere decir que la persona quiere colaborar con la justicia, por el delito de lavado de dinero, hay una medida sustitutiva, la finalidad es obtener una medida sustitutiva con una fianza razonable. Regularmente incluye tener un grillete en el tobillo izquierdo para seguir con la investigación y cantar las mañanitas -dar información-. El ejemplo es el exdirectivo del fútbol Brayan Jiménez y el exmagistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Héctor Trujillo”, indicó Berreondo.

Baldizón es requerido en Guatemala por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero, la imputación en su contra fue realizada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Feci, con la asistencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, por el caso Odebrecht; Baldizón también fue imputado por delitos electorales por el caso Transurbano, en el cual se le acusa de desviar fondos públicos para sus campañas presidenciales de 2011 y 2015.

Bien y propiedades extinguidas

La Unidad de Extinción de Dominio, de la Fiscalía de Lavado de Dinero, entregó a la Secretaría de Bienes en Extinción de Dominio un edificio ubicado en la zona 8 de Quetzaltenango vinculado a Baldizón. El bien fue registrado bajo la entidad Regal Group S.A. una de las empresas parte de la red de compañías relacionadas al político y bajo investigación.

En contexto: Baldizón ya no buscará asilo y acepta ser deportado

En el aval de la fianza para el político figura otro nexo del excandidato presidencial con el caso Transurbano. En el mismo su hijo menor Manuel Antonio Baldizón Vargas firma como gerente de “Biscayne Village LLC “ former kwon as (antes conocida como) B+V Diversified LLC” una entidad fuera de plaza registrada en Delaware, Estados Unidos.

Esta entidad, B&V Diversified LLC, según una investigación del periodista Asier Andrés en 2017, fue utilizada para que Baldizón le comprara un año antes un condominio al empresario del transporte Luis Gómez González. Según registros de bienes raíces la propiedad fue adquirida por US$600 mil, a través de transacciones entre entidades fuera de plaza de ambas personas. Gómez también es investigado por el caso Transurbano y actualmente se encuentra prófugo.

La dirección del condominio en Key Biscayme número 211 fue usada como sede para registrar tres entidades fuera de plaza de la cuales una de ellas, Clearwater International Management, la cual se uso para adquirir un hotel de la cadena Best Western en abril de 2017 por US$8.2 millones según registros de bienes inmuebles del condado de Broward.

Más de un año en EE. UU.

Estos han sido los momentos claves del excandidato presidencial desde que fue detenido en ese país.

• Capturado
  20 de enero de 2018
  Manuel Baldizón es detenido el Aeropuerto Internacional de Miami por cuestiones migratorias. Es trasladado al Centro de Detención Krome, donde un día después pide asilo político.
• Denegatoria
  5 de julio de 2018
  Un juez denegó la solicitud de asilo al excandidato presidencial, resolución que no apeló Baldizón, con lo cual había dejado abierta la posibilidad de que fuera deportado a Guatemala donde también se persigue por posibles casos de corrupción.
• Captura
  18 de septiembre de 2018
  Pese a que aún guardaba prisión en la prisión Krome de Florida, Baldizón es detenido por autoridades de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI en inglés) por cargos de blanqueo de capitales y conspiración para lavar activos, delitos que según la legislación estadounidense estarían penados hasta por 20 años.
• Fianza
  20 de diciembre de 2018
  Manuel Baldizón recupera su libertad tras pagar US$50 mil dólares, el 5% del total de la fianza impuesta por la justicia estadounidense de US$1 millón, no obstante, continúa la investigación por el presunto uso del sistema bancario de ese país para el lavado.
• Audiencia
  27 de marzo de 2019
  Se llevará a cabo audiencia de Manuel Baldizón en donde podría llegar a acuerdos con la justicia de EE. UU., pero esta puede ser reprogramada.

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El incremento ocurrió pese a la captura en los últimos cinco años de 6 mil 293 personas por delitos relacionados con drogas y la condena de 3 mil 967 procesados —un 27% por posesión para el consumo, según cifras del MP—, además de la aprehensión de al menos una veintena de personas con fines de extradición por narcotráfico. Entre los más relevantes figuran:

• Los Lorenzana en 2011 y 2013
• Juan Ortiz López, alias Chamalé, en 2011
• Walther Overdick, en 2012
• Jairo Orellana en 2014 y
• José Ché Manuel López, en 2017

Entonces, sin los grandes capos en escena, ¿qué o quiénes hacen posible el trasiego? Según el MP, está en manos de más grupos atomizados con una raíz común. “Las estructuras quedan”, dice el fiscal de Narcoactividad Gerson Alegría, quien afirma que disminuyó el control total de grandes zonas porque los “grupos segmentados” contratan algunos servicios de otras estructuras, en una especie de outsourcing.

Por eso la captura, extradición o muerte de muchos jefes del narcotráfico es simbólica en cuanto a los efectos sobre el trasiego, según Michael Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA. “El mando queda a cargo de otros líderes capaces y a veces más eficaces, como en el Cartel de Sinaloa lo es Ismael El Mayo Zambada”, afirma el exagente. “¿De qué sirve emplear la estrategia Kingpin —cabecilla— como la que usó el expresidente mexicano Felipe Calderón, que fue tras las cabezas de los carteles, cuando se pueden reorganizar? Lo que se debe hacer es ir tras el resto de la estructura y no solo de la cabeza”. En Guatemala, Alegría señala que la Fiscalía de Narcoactividad investiga las redes completas.

Ir a parte I

Pese a las capturas de jefes del narcotráfico, decomisos récord y miles de condenados, el trasiego de cocaína en Guatemala presenta patrones repetitivos, solo cambian los nombres y las cantidades.

Pocos días antes de la captura definitiva del Chapo, el 8 de enero de 2016, el capo había soltado una frase lapidaria en la entrevista del famoso video que publicó la revista Rolling Stone: “El día que yo no exista, no va a mermar (…) el tráfico de droga; el narcotráfico no depende de una persona, sino de muchísimas personas”. Desde entonces, los números le han dado la razón. Si él no es indispensable para el trasiego de cocaína, menos lo son los jefes de las estructuras guatemaltecas menores —cuyas capturas ocurrieron principalmente entre 2010 y 2015—.

El viceministro de Antinarcóticos en el Ministerio de Gobernación, José Olazábal, afirma que “las capturas de objetivos extraditables” cambiaron el panorama de las operaciones de las organizaciones criminales. “Después de haber realizado operativos que culminaron con la captura de líderes de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, han surgido nuevas organizaciones del crimen organizado para reanudar el tránsito de droga en el territorio nacional —a pesar de la captura de personas colaboradoras con algunos líderes—”, señala el viceministro. “Las anteriores organizaciones siguen teniendo influencia para que los demás miembros de la estructura criminal continúen el trasiego de narcóticos”.

El funcionario aseguró que las autoridades toman nota de los cambios y adecúan sus estrategias de combate al narcotráfico. “Como consecuencia de las acciones y estrategias antinarcóticas del Ministerio de Gobernación, y las incautaciones de drogas, las organizaciones dedicadas al narcotráfico han sido debilitadas”, afirma el viceministro.

Puntos de ingreso de cocaína al país, para su traslado posterior a México y EE.UU.

El fiscal de Narcoactividad, Gerson Alegría, dice que varios grupos reciben la cocaína en la Costa Sur y la trasladan a otras partes del país. “Trafican en todo el litoral del Pacífico, en puntos muertos —ciegos, o sin vigilancia— en San Marcos, Retalhuleu, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa”, dice Alegría.

El gancho de la demanda

Vigil señala que un factor en juego que no cambia es la demanda de la droga en Estados Unidos. “Mucha gente dice que la guerra contra las drogas no sirve, pero una guerra usualmente tiene un principio y un fin, y no es el caso con el narcotráfico, que es permanente porque la demanda es continua”, agrega. El exagente dijo que es necesario abordar más efectivamente la raíz del problema: el consumo. La demanda en EE. UU., el principal mercado consumidor de cocaína, es un perpetuo detonante del trasiego. Un reporte de la Casa Blanca indica que ese país consume un tercio de la producción mundial de cocaína desde 2012. Autoridades estadounidenses estiman que se trata de unas 700 toneladas anuales —el 90% de las cuales se estima pasa por Guatemala—.

De 2010 a 2011, las incautaciones en el país subieron de 1.4 toneladas a 4.1. Los decomisos bajaron en los años siguientes, pero alcanzaron las cinco toneladas a partir de 2015. Para diciembre de 2016, la incautación anual saltó hasta las 12.8 toneladas, en un año cuando se elevó la producción en Colombia, según autoridades de EE. UU. En 2017, volvió a subir: 13.6 toneladas, de acuerdo con la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN). Esto, en un año cuando Colombia produjo un estimado de 921 toneladas métricas de cocaína —un 20% más que el año anterior—, según un informe de la Casa Blanca de junio de 2018, que cita una publicación de InSight Crime. No obstante, el Departamento de Estado de los EE. UU. estima que solo por Guatemala se traficaron 1 mil 400 toneladas métricas —posiblemente también por la producción en otros países además de Colombia; Venezuela, por ejemplo—.

Eso significa que en Guatemala solo se incautó entre el 1% y el 1.4% de lo que EE. UU. estima que se trasegó. El porcentaje es bajo aunque las incautaciones incrementaron. Pese a que había más cocaína en tránsito y una mayor producción en Sudamérica, Olazábal atribuye el aumento de las incautaciones a una mayor efectividad de las autoridades.

Pero el cartel de Sinaloa y otros todavía trafican a gran escala. ¿La muestra? Incautaciones como las de Retalhuleu y otros aspectos menos obvios.

El elemento extranjero

Un comerciante en Chiquimula, quien prefirió omitir su nombre, dijo en octubre pasado que había notado una creciente presencia de colombianos en el departamento. Algunos, en ventas de ropa y negocios pequeños. “Puro lavado”, dijo sin rodeos. Las incautaciones de dinero no lo reflejan de manera obvia, pero el departamento es un punto de alto movimiento para el dinero ilícito. El fiscal Alegría lo confirma, igual que la presencia de colombianos vinculados con lavado de dinero por medio de otros negocios, como importación de café, y otros productos, en varios departamentos. “Están en Guatemala, Chiquimula, San Marcos, Escuintla, y por todas partes”, afirma. Pero, ¿qué hacen exactamente?

“Transacciones”, responde el fiscal. “Hay hombres y mujeres, aunque la mayoría son hombres en sus treintas, y tienen diferentes funciones: arreglar negocios, o servir de garantía. Por ejemplo, llegan a Guatemala y de Guatemala se va alguien a Colombia, hasta que el dinero y la droga están en los destinos pactados”. También hay guatemaltecos en Costa Rica, y otros grupos con colaboradores en Honduras.

La práctica de usar garantías humanas no es nueva. Según un exfuncionario que investigó el tema, desde al menos los años 90, los traficantes en Guatemala enviaban prendas humanas a los proveedores de coca en Colombia. “Al principio, el tratamiento es a cuerpo de rey, pero luego la calidad del trato va declinando conforme se atrasan las entregas o los pagos”, dijo la fuente. Agregó que lo hacían los Lorenzana, por ejemplo. La prenda debe ser alguien cercano a la estructura de trasiego, y la persona recibe una remuneración cuando regresa de su misión —si regresa—.

Una fuente extraoficial que ha tenido contacto con los grupos de trasiego y pidió no ser identificada dice que algunos colombianos vinculados con narcotráfico en el país tienen otro papel: armar las cocinas donde se preparan kilos de cocaína, en zonas rurales donde es fácil ocultarlas, porque tienen experiencia para ello. ¿Las señales? El descubrimiento en 2018 de una plantación de cocaína y dos laboratorios para procesar la hoja de coca, en Alta Verapaz y San Marcos. Las plantaciones explican la existencia de las cocinas y estas explican, en parte, la presencia de los colombianos vinculados con el narco.

Olazábal dijo que no podía confirmar una conexión entre la presencia de algunos ciudadanos colombianos en el país y el narcotráfico. “Su presencia podría devenir de múltiples aspectos relacionados a la situación de cada persona”, señala. Pero cifras de la PNC revelan que hubo 61 colombianos capturados por delitos relacionados con drogas entre 2013 y octubre de 2018, un promedio de uno por mes durante cinco años. Quince de las capturas son de 2018. No obstante, cifras del MP revelan en el mismo lapso a 38 capturados —la diferencia podría obedecer a que no todos los capturados fueron ligados a proceso, y algunos fueron extraditados—.

Ir a parte III

En Guatemala, algunos datos del decomiso de cocaína no coinciden entre sí, ni con cifras que el Departamento de Estado de los EE.UU. publica desde el 2016.

Entre ellos, solo hay dos detenidos por siembra y cultivo de drogas, y cuatro por facilitación de medios —para la producción o comercio—. Otros 19 cayeron por narcotráfico en Escuintla. La otra nacionalidad más representada en ese departamento, entre los capturados por narcotráfico, son los guatemaltecos: 378. La cifra de 38 o 61 es menor a la de otros extranjeros capturados —salvadoreños, hondureños o nicaragüenses— y es un porcentaje mínimo del total de 6 mil 293 capturados y ligados a proceso por delitos relacionados con drogas; la mayoría, guatemaltecos.

La Dirección General de Migración (DGM) registra que entre enero y octubre de 2018 entraron y salieron de Guatemala entre 32 mil y 33 mil colombianos, una cifra que aumentó desde hace cinco años. Los incrementos más elevados fueron en 2014 y 2015, cuando hubo al menos cinco mil ingresos más por año —luego, el incremento anual fue de entre mil y tres mil—. Estos datos no reflejan relación alguna con el narcotráfico. Las cifras son casi triplicadas por el ingreso y egreso de mexicanos.

La última vez que hubo un boom de colombianos vinculados con el narcotráfico en Guatemala fue entre finales de los años 80 y los 90, antes que cayeran los grandes carteles colombianos y se fortalecieran los mexicanos, porque EE. UU. montó una vigilancia mayor en el océano Atlántico y el mar Caribe, y los traficantes comenzaron a llevar la droga por tierra vía Centroamérica y México.

Eso explica que a principios de los años 90 el Chapo Guzmán tuviera contactos en Guatemala y huyera a este país en mayo de 1993. En junio, lo capturó una unidad de la Dirección de Inteligencia Militar (Doan), la Guardia de Hacienda —clausurada en 1997—, y el MP, con acompañamiento de la DEA. Era la primera vez que Guzmán había sido detenido. Para octubre, la misma unidad capturó a una estructura del cartel de Cali en Guatemala, una de cuyas sucursales eran los Lorenzana, en Zacapa, según el expediente en EE. UU.

Para entonces, como ahora, las capturas y extradiciones no detuvieron el suministro de cocaína. En 1998, Herrera se movía en Guatemala con varios colombianos que trabajaban para él, según otro testigo en el juicio de los Lorenzana. También trataban con otros colombianos en Guatemala que trabajaban para Phanor Arizabaleta, uno de los jefes del cartel de Cali —acusado en el mismo caso que los Lorenzana y Otto Herrera en EE. UU.—.

Para principios de 1999, recibían la droga de un barco colombiano en alta mar, y la trasladaban tierra adentro por el río Samalá, hasta llegar a San Andrés Villa Seca. Los Lorenzana y los Herrera traficaron sin problemas hasta que las autoridades descubrieron donde descargaban y almacenaban la droga.

El agente de la DEA Daniel Moren dijo en la corte en Washington que después de sorprender a los Lorenzana intentando huir, ese 20 de febrero de 1999, se desplazaron unos 48 kilómetros al oeste de La Máquina, donde tenían indicios que habían descargado la droga. “Era un lugar sobre la orilla del río —Samalá—, donde vimos trazos de llantas sobre la tierra, numerosas huellas de calzado, y la apariencia de que algo pesado había sido arrastrado desde el agua, como un bote, porque el casco había dejado un surco sobre la orilla del río”, relató Moren. “También encontramos envoltorios de paquetes de galletas y papalinas en los que se leía ‘Hecho en Colombia’”.

Es decir, a los tripulantes colombianos de la lancha hasta les había dado tiempo para refaccionar antes de hacer humo los 1 mil 200 kilos de cocaína que transportaban. Eso era más que cuanto podían decir los traficantes que abandonaron los 570 kilos de coca en la lancha con matrícula de Ecuador, que la PNC encontró en octubre pasado en la misma zona.

¿Es eso una buena señal? Difícil decirlo. Tal vez la historia se repite porque las circunstancias no han cambiado. O cambiaron poco. Los episodios de San Andrés Villa Seca, en 1999 y en 2018, son una muestra de ello.

Nota de Redacción: Esta nota fue originalmente publicada el pasado 22 de enero de 2019 en la edición impresa de Prensa Libre.  En esa publicación, por error de la autora —Julie López— en la gráfica se indicaba que Ovaldino Lorenzana Cordón es prófugo de la justicia. El texto de la nota sí incluye el dato correcto y señala que se encuentra libre. Sin embargo, también documenta que con su hermano Eliú Lorenzana Cordón (condenado a cadena perpetua por narcotráfico en EE.UU. en 2018) fueron capturados el 20 de febrero de 1999, en posesión de cuatro fusiles de asalto (de portación ilegal para civiles), y fueron excarcelados días después. El caso, que se llevaba en un juzgado de Retalhuleu, fue desestimado en el año 2000.

El nombre de los dos hermanos Lorenzana Cordón, y de un tercero, Waldemar (también condenado a cadena perpetua en 2018 por narcotráfico, en EE.UU.), aparecen en una lista de co-conspiradores en el mismo expediente, que abarca hechos de trasiego de cocaína hacia EE.UU. desde 1996 hasta al menos 2009—un caso numerado 03-CR-0031 en la Corte Distrital del Distrito de Columbia, en la ciudad de Washington, D.C., capital estadounidense. En la lista también aparece Waldemar Lorenzana Lima, padre de los hermanos Lorenzana Cordón (extraditado en 2014, quien se declaró culpable y no ha sido sentenciado porque la fiscalía en Washington, D.C., no ha logrado un dictamen concluyente respecto a que Lorenzana Lima padece la enfermedad de Alzheimer). Además, aparecen en la lista Otto Herrera García (detenido en Colombia en 2007, extraditado a EE.UU. y luego excarcelado en 2013), los colombianos Phanor Arizabaleta Arzayús (líder del Cartel de Cali en 2003) y su sobrino José Fernando Arizabaleta Lenis (detenidos en Colombia en 2009 y extraditados a EE.UU.), y Eliú Martínez, ex diputado salvadoreño que cumple una condena de 29 años de cárcel en EE.UU. por la misma conspiración. Gonzalo López Cabrera (que la fiscalía en EE.UU. describe como un socio de los Lorenzana), otro co-conspirador, fue capturado en 2016 con fines de extradición.

De la lista de co-conspiradores en este caso, incluidos en el mismo expediente, no fueron capturados por esta acusación Ovaldino Lorenzana Cordón y Carlos Andrés Alvarenga Mejía (yerno de Lorenzana Lima). En el sistema electrónico de expedientes en las cortes de ese país no aparecen expedientes específicos con sus nombres, lo cual no significa que no existan. Por lo general, los expedientes específicos para cada uno se hacen públicos después que el acusado fue capturado con fines de extradición y/o extraditado. La fiscalía en ese país y el Ministerio Público en Guatemala no han emitido declaraciones respecto a si Ovaldino Lorenzana Cordón sigue bajo investigación.

Este 31 de enero, el abogado Rodrigo Sandoval, acudió a las oficinas de Prensa Libre para solicitar una aclaración respecto a la situación legal de quien describió como su cliente, Ovaldino Lorenzana Cordón. Sólo tres días antes, el pasado 28 de enero, la Oficina para el Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los EE.UU., publicó una lista de personas y empresas designadas como involucradas en narcotráfico, y/o lavado de dinero del narcotráfico, o fondos destinados a financiar actividades terroristas. La página 656 de esa lista todavía incluye a Ovaldino Lorenzana Cordón, y a todos sus hermanos (incluyendo los extraditados), así como a sus empresas, que fueron designadas en 2012 como asociadas al trasiego de drogas y al Cartel de Sinaloa.

El alcaloide fue encontrado en un doble fondo de la lancha, cuando era inspeccionada en la Base Naval del Pacífico, Escuintla, a donde había sido trasladada.

De lo que nadie se percató es que San Andrés Villa Seca era uno de los puntos de trasiego que Ovaldino y Eliú Lorenzana Cordón, y Otto Roberto Herrera García usaban hace casi 20 años, según el expediente de los tres en una corte de Washington, D.C., Estados Unidos. La coincidencia demostraba algo: poco ha cambiado desde entonces, salvo los protagonistas y las cantidades traficadas.

Retalhuleu era una de esas rutas recicladas. Las señales comenzaron hace algunos años. Unas, sutiles; otras, no tanto. De 2014 la PNC solo registra el decomiso de 0.01 gramos de cocaína en ese departamento, aunque publicaciones de prensa documentan la captura del colombiano Wilber Suárez Montaño —nacionalizado costarricense— cuando hacía una transacción de 400 kilos de cocaína para enviarlos a México, un cargamento que no aparece contabilizado en las cifras de incautación de 2014 que proporcionó la Unidad de Información Pública (UIP) del Ministerio de Gobernación (Mingob). En 2015 la PNC registra el decomiso de 10 kilos —aunque en todo el país se incautaron seis toneladas—, pero también el de US$107,800, la segunda cantidad más grande en esa moneda decomisada por departamento ese año, después de Guatemala.

Luego, en marzo de 2017, una denuncia anónima alertó a las autoridades acerca de una camioneta agrícola con estupefacientes abandonada en un centro comercial, en el kilómetro 180.5, carretera a la cabecera de Retalhuleu. La PNC encontró 49 paquetes dentro del vehículo y en todo el año registraría la incautación de 237 kilos en ese departamento.

Para 2018, los registros de decomisos en esa región se habían vuelto casi a cero cuando en septiembre la Policía descubrió algo peculiar. Primero, una ambulancia estacionada en la carretera, en el kilómetro 60 de la ruta al suroccidente, en Escuintla. Los agentes pensaron que se había averiado, pero cuando se acercaron a ofrecer ayuda descubrieron que adentro había cinco paquetes de aluminio con cocaína. Cada uno pesaba menos de un kilo. En el lugar fueron capturadas cuatro personas, incluyendo un empleado del Ministerio de Salud. El hallazgo no fue en Retalhuleu, pero la ambulancia estaba asignada al centro de Salud de Nuevo San Carlos, de ese departamento. Era, a todas luces, una fachada para una operación de narcomenudeo, un efecto colateral en las rutas de trasiego de grandes cantidades, según el segundo jefe de la Fiscalía de Narcoactividad, Allan Ajiatas, y Retalhuleu, como Escuintla, cumplía el requisito.En el 2018, la PNC no había registrado la incautación de cocaína en Retalhuleu hasta que descubrió la droga oculta en la lancha que apareció —aparentemente— abandonada, en San Andrés Villa Seca.

Según Mario Mérida, exviceministro de Gobernación, algunas rutas y métodos perduran porque prevalecen ciertas condiciones que facilitan el trasiego, como ausencia o débil presencia del Estado en ciertas zonas. “En Retalhuleu, la presencia es mínima”, afirma. Eso explica mucho.

¿Por qué? El fiscal de Narcoactividad, Gerson Alegría, dice que varios grupos reciben la droga en la Costa Sur y la trasladan a otras partes del país. “Trafican en todo el litoral del Pacífico, en puntos muertos —ciegos, o sin vigilancia— en San Marcos, Retalhuleu, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa”. El Reporte Internacional de Estrategia para el Control de Narcóticos, del Departamento de Estado de EE. UU., publicado en marzo pasado señala que la mayoría de la cocaína es enviada desde Sudamérica a ese país, y llega por las vías marítima y aérea a la costa del Pacífico de Guatemala, que colinda con México. El reporte agrega que la ausencia permanente de las autoridades en muchas áreas del país permite otras formas de crimen transnacional, además del narcotráfico.

Ir a parte II

Informes de Estados Unidos estiman que el trasiego de cocaína vía Guatemala aumentó un 400% desde 2009

Coincidentemente, el citado informe se divulgó el mismo mes en que el equipo de investigación que dirigía la Fiscalía de Casos Especiales y que investigó casos como el de Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano —responsable de la masacre de policías en Salcajá, en 2013—, el Banco de Comercio y Cambray 2, se hizo cargo de la Fiscalía de Narcoactividad. “El equipo tiene la experiencia de ver los casos en su conjunto, de manera integral —especialmente en conexión con otros delitos— y no solo desde la perspectiva narco”, dice Ajiatas, quien integra el equipo trasladado.

Cinco meses después, la operación antinarcótica internacional Arpón de Neptuno llevó a la captura de 23 personas —incluyendo cuatro guatemaltecos— que traficaban cocaína desde Colombia, Ecuador y Costa Rica hasta Guatemala y México. En Guatemala enviaban la droga desde Esquipulas, Chiquimula, hasta la capital, y luego a San Marcos —una de las rutas claves—.

En 2017, el MP señalaba que Chiquimula era el punto principal de ingreso terrestre de cocaína al país, pero ese año la PNC incautó menos de un gramo en ese departamento. El MP lo atribuía a la corrupción y a que era más una zona de paso. En 2018, el fiscal Alegría dijo que ese departamento todavía era uno de los principales puntos de ingreso terrestre de la cocaína. Lo evidenció la operación Arpón de Neptuno de agosto pasado. No obstante, Alegría agregó que la droga también llega vía Izabal y es llevada a Petén, o bien ingresada por Petén y es trasladada a Zacapa, lo que explica por qué la mayoría de incautaciones ocurren en esos departamentos —después de Escuintla—. Solo el 17 de diciembre pasado, las autoridades incautaron 5.6 toneladas en aguas del Pacífico, de las 16.8 decomisadas en todo el año.

La estrategia

Datos de la PNC revelan que al menos la mitad de las incautaciones ocurren en Escuintla, desde hace cinco años —en parte, porque la droga incautada en aguas guatemaltecas es llevada a la Base Naval del Pacífico, en ese departamento—; le sigue Izabal y, con porcentajes menores, Zacapa y Petén. En 2017, el entonces viceministro Antinarcóticos, Óscar Dávila Mejicanos, decía que el lugar de las incautaciones no era un indicativo exacto de las rutas. No obstante, lo es de los sitios de almacenaje o entrega de la droga y, tal vez, hasta de señuelos.

Mérida, quien también fue director de Inteligencia Militar, cuestiona el interés atrás de las denuncias anónimas —como la que permitió encontrar el cargamento de 49 paquetes de cocaína en Retalhuleu, el año pasado. “¿Cómo puedo saber si la denuncia no es un distractor y que mientras se está incautando la droga denunciada anónimamente no está pasando por otro lado un cargamento mayor?”, pregunta el analista. “En la Dirección de Inteligencia, cuando se recibía una denuncia anónima —en los años 1990, cuando el Negociado de Contrainteligencia investigaba los casos grandes de narcotráfico—, se investigaba el origen de la denuncia, precisamente para establecer si no era un distractor”. Por ello, este coronel retirado cuestiona la competencia profesional de los funcionarios a cargo de la prevención y la investigación.

En 2017, la Fiscalía de Narcoactividad señalaba que tenía equipos de investigación PNC-MP armados para cada caso. Sin embargo, Ajiatas afirma que “usaban la evidencia para armar los casos por flagrancia” y no con base en una estrategia, al menos en narcomenudeo, que era el 70 por ciento de los casos investigados —el 30 por ciento restante eran de narcotráfico—. El año pasado, el número de capturados por narcotráfico, además, equivalía al 3 por ciento de los detenidos por narcomenudeo, según datos de la PNC. “No había estrategia para establecer de dónde salía la droga”, señala el subjefe de la Fiscalía.

José Olazábal, exfuncionario del MP y viceministro Antinarcóticos en el Mingob desde marzo de 2018, asegura que aplican una investigación criminal estratégica contra organizaciones criminales, y la gerencia de procesos de investigación criminal, entre otras herramientas en la legislación guatemalteca.

Sombra de corrupción

Pero hay otros factores en juego. Según Vigil, no se trata solo de rutas sin presencia de autoridades. “El narcotráfico, sin la corrupción, no puede funcionar”, dice el ex agente de la DEA. En 2017, fuentes del MP señalaron que tenían una estrecha colaboración con el Mingob, pero que la corrupción policial era un problema persistente porque el narcotráfico y el narcomenudeo tienen contactos que filtran información desde comisarías y subestaciones.

Este año, lo repite el actual jefe de la Fiscalía de Narcoactividad. “La corrupción en las comisarías y subestaciones ha causado tropiezos en las investigaciones”, dice Alegría, quien afirma que también les ocurrió cuando estaban en la Fiscalía de Casos Especiales, como en el caso de Guayo Cano. Citó otros ejemplos de agentes involucrados en casos de febrero pasado y en 2017. En el informe de marzo de 2018, el Departamento de Estado indica que “la corrupción endémica, instituciones públicas débiles, y presupuesto inadecuado siguen debilitando la lucha de Guatemala contra organizaciones criminales”, aunque reconoce que desde 2016 hay una mejor coordinación interinstitucional y regional.

Datos de la PNC y del MP indican que los policías procesados por corrupción relacionada con drogas representan menos del 1% de la fuerza policial. También muestran que el número de procesados y condenados aumentó desde 2016, un dato que Dávila atribuía al avance de las investigaciones conjuntas con el MP. El exfuncionario dijo en marzo pasado que el acompañamiento de la Inspectoría General de la PNC, en los grandes decomisos, había hecho una diferencia para reducir la corrupción.

Hace 20 años, la relación entre corrupción y el narcotráfico también era un hecho. En el juicio contra los Lorenzana Cordón, en Washington, D.C., Estados Unidos, en 2016, un expolicía declaró que el 19 de febrero de 1999 estaba entre los agentes del entonces Departamento de Operaciones Antinarcóticas (Doan), de la PNC, que viajaron a Retalhuleu para esperar la orden para montar un operativo. Ese día, el agente de la DEA Daniel Moren y la PNC siguieron hasta Retalhuleu a un socio de los Lorenzana y Herrera. Cuando lo abordaron con preguntas a quemarropa, el tipo se desmoronó y les dijo dónde almacenaban la cocaína que habían descargado ese mismo día: 1,200 kilos enviados desde Colombia, según lo reveló Moren en el juicio.

Los agentes del Doan estuvieron en guardia toda la noche. Al día siguiente, al amanecer, les ordenaron llegar hasta una bodega en La Máquina, Centro 2, en el municipio de San Andrés Villa Seca. En el lugar ubicaron a cinco sujetos intentando huir en un camión y un picop. Dos de ellos eran los hermanos Lorenzana Cordón. Entre los demás había otros dos guatemaltecos y un colombiano de apellido Benavides. De la cocaína no había ni señas. La habían movido en la noche, pese a la vigilancia. Les ayudó, claro, que la ley impide hacer cateos en inmuebles entre las seis de la tarde y las seis de la mañana. Sin embargo, no todo estaba perdido. La Policía encontró un fusil M16 y un Galil ocultos en el camión, y dos M16, en el picop. Como los portaban ilegalmente, los cinco sujetos acabaron capturados, aunque no por mucho tiempo.

Un sujeto solo identificado como Testigo 3 declaró en EE. UU. —respecto al mismo caso— que Waldemar Lorenzana Lima, padre de los Lorenzana Cordón, se marchó hacia la comisaría donde sus hijos estaban detenidos, cargando consigo un bulto de US$40 mil —unos Q240 mil por el tipo de cambio en esa época—. En asunto de días, Eliú y Ovaldino Lorenzana Cordón salieron libres.

Un año después del operativo, el detective del antiguo Doan —hoy Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, (SGAIA)— y otros agentes policiales fueron a una audiencia judicial en Retalhuleu para declarar en el caso. Pero no para devolver a los Lorenzana Cordón a la cárcel, sino porque ellos —los policías— estaban acusados de violar los derechos humanos de los detenidos. Al final, el caso se desestimó. Desde entonces, pasaron más de diez años antes que la PNC capturara al padre y recapturara a Eliú Lorenzana Cordón —en 2011—, y luego capturara a su hermano Waldemar, en 2013. Esta vez, porque EE. UU. los requería con fines de extradición. Para 2015, los tres ya estaban extraditados. Ovaldino permanece libre.

Después del operativo de febrero de 1999, los Lorenzana Cordón y Herrera siguieron recibiendo cocaína colombiana, según el expediente en EE. UU. La almacenaban o vendían a socios de la estructura que se convertiría en el Cartel de Sinaloa, pero que no estaba consolidado aún porque su futuro líder, Joaquín el Chapo Guzmán, permanecía encarcelado —se fugaría hasta dos años después—.

Testimonio de Herrera

Herrera era una bisagra entre los productores colombianos y los compradores mexicanos. Administraba una red de almacenaje y transporte de la droga vía Centroamérica. En Guatemala, los Lorenzana eran el eslabón principal. Sin embargo, el fiasco en Retalhuleu bastó a Herrera para cambiar el lugar de desembarque de la droga de Guatemala a El Salvador, según lo declaró en EE. UU. Desde la costa sur salvadoreña, transportistas organizados por el ex diputado salvadoreño William Eliú Martínez —detenido en 2003 y condenado a 29 años de cárcel en EE. UU.— llevaban la cocaína hasta Zacapa. Los Lorenzana Cordón y Herrera esperaban los camiones en la frontera en Chiquimula, y los custodiaban hasta la zona de almacenaje en La Reforma. Luego, enviaban la droga a San Marcos o Huehuetenango.

El episodio de San Andrés Villa Seca, hace casi 20 años, hubiera quedado en el olvido a no ser porque Herrera lo relató en el juicio contra los hermanos Lorenzana Cordón, en 2016, en EE. UU. Dos años después, la corte los condenó a cadena perpetua por conspirar para importar cocaína a EE. UU. Herrera declaró contra los Lorenzana en el juicio, como lo ha hecho contra otros acusados, para conservar su libertad condicional en ese país. Debía haber salido de la cárcel en 2017, después de haber recibido una sentencia mínima de 10 años, pero se halló libre en 2013, seis años después de ser capturado y extraditado desde Colombia.

Ahora, la declaración de Herrera contra los Lorenzana no es cualquier cosa. El episodio en San Andrés Villa Seca, en 1999, es parte de una de las etapas en la trayectoria de Guzmán que la Fiscalía de Brooklyn, Nueva York, quiere ventilar en el juicio en su contra, que comenzó el pasado 13 de noviembre.

La Fiscalía quiere demostrar que Guzmán era tan poderoso que siguió dirigiendo el trasiego de droga desde la cárcel entre 1993 y 2001, cuando se fugó del penal Puente Grande, en Jalisco, México. Y esa era una empresa en la que Herrera y los Lorenzana fueron claves. Guzmán admitió, según la Fiscalía de Brooklyn, que no era difícil traficar desde la cárcel dado el nivel de corrupción en el penal. Es la misma razón por la que Herrera, capturado en México en 2004, logró fugarse un año después, y no reapareció hasta su captura en Colombia en 2007. Todavía se desconoce si Herrera figura entre los testigos en el juicio contra el Chapo, capturado en enero de 2016 en México, dos meses antes de que Herrera declarara contra los Lorenzana, y extraditado un año después.

El 18 de diciembre del 2018, la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), citando información de la Policía Nacional Civil (PNC), publicó que se habían incautado 34,130 kilos de cocaína en los primeros tres años de la administración del presidente Jimmy Morales. Anunciaba, además, que la cifra superaba lo incautado en las últimas dos administraciones: Álvaro Colom (2008-2012), con 14,728 kilos, y Otto Pérez Molina (2012-2015), con 17,955 kilos. Dos días después, el Diario de Centro América (DCA) publicó que en la administración de Morales se habían incautado hasta esa fecha 43,305 kilos. Las cifras en las administraciones anteriores se reportaron sin cambios. Para el 12 de enero de este año, AGN rectificaba y publicaba que la incautación 2016-2018 sumaba 43,307 kilos.

Ir a parte I

Pese a las capturas de jefes del narcotráfico, decomisos récord y miles de condenados, el trasiego de cocaína en Guatemala presenta patrones repetitivos, solo cambian los nombres y las cantidades.

El dato de las 43.3 toneladas coincide con cifras que la PNC facilitó al Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y al Ministerio Público (MP). No obstante, aún es inexplicable la diferencia entre algunas cifras que suministran fuentes y órganos de divulgación oficial, que tampoco reflejan que el incremento en las incautaciones también obedece al incremento de la cantidad de droga traficada vía Guatemala hacia EE. UU.

En el 2009, la Oficina para el Control Internacional de Narcóticos (International Narcotics and Law Enforcement, o INL) del Departamento de Estado de los EE. UU., consideraba que Guatemala era punto de tránsito para unas 300 toneladas de cocaína al año. Para el 2018, el Departamento de Estado calculó que por el país se habían traficado mil 400 toneladas en el 2017. Es decir, la cantidad traficada subió más del 400% en los últimos ocho años, porque la producción de hoja de coca aumentó en Colombia, según un informe de la Casa Blanca del 2018. Esto significa que, si bien lo incautado en la administración actual supera las incautaciones de las dos administraciones anteriores juntas, lo decomisado por año —incluido 2018— no supera el 2% de la cocaína traficada por Guatemala.

Para diciembre pasado, varias fuentes de información oficial compartían la misma cifra de decomisos en kilos para todo 2018: 16.8 toneladas para mediados del mes, y 17.8 toneladas —17,897 kilos— para el 27 de diciembre. De esa cifra, solo en un día —el 17 de diciembre pasado—, según AGN, las autoridades guatemaltecas reportaron la incautación de 5.6 toneladas en aguas del Pacífico, que contribuyó a elevar los decomisos del año pasado. Pero hasta no hace mucho, había discrepancias sin esclarecer.

Cifras sin explicación

En noviembre del 2018, se solicitó al Ministerio de Gobernación (Mingob) las cifras de decomisos de kilos de cocaína por año por cada departamento del 2013 hasta octubre del 2018. La Unidad de Información Pública (UIP) del Mingob trasladó cifras de la PNC que indican que los decomisos de enero a octubre del 2018 sumaban 10,844 kilos, cuando el 4 de julio el Diario de Centro América publicó que para el 1 de julio se habían incautado 14,612 kilos de cocaína, citando a “una fuente oficial” que no identificó.

Se trataba de una nota acerca de una incautación voluminosa en aguas internacionales, que se realizó entre autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) y la Guardia Costera de los EE. UU.

Para el 9 de julio, la AGN publicó que el Gobierno había incautado 14,826 kilos, y superado las cifras del 2017. La agencia cita al diario oficial y explica que este sustenta el dato en fuentes de los ministerios de Gobernación y Defensa. Se refería a la nota del 4 de julio del DCA, pero además sumaba a la cifra una incautación de 214 kilos en Zacapa del 5 de julio.

La pregunta del millón es por qué los medios de divulgación oficial tenían datos tan distintos a los de la PNC: una diferencia de 4,000 kilos. De hecho, la diferencia en realidad era mayor porque el 11 de enero pasado la PNC aclaró que por error ofreció una cifra equivocada de incautaciones entre enero y octubre, y el dato correcto era 8,279 kilos (no 10,844 kilos). Es decir, la diferencia entre los datos de PNC y el DCA en realidad era de 6,547 kilos.

La PNC incluso adjuntó esta explicación: “Se informa que el dato estadístico, por ser este centro de información, se basa en documentos y evidencias que han ingresado a la bodega de almacenamiento de drogas, por lo que todo está físicamente registrado con documentos y resguardo para procedimientos que establece la ley”. Entonces, ¿por qué el DCA anunciaba más cocaína incautada en julio de la que la PNC registraba para octubre?

Proceso de eliminación

El diario oficial no reveló, después de consultarle, cuál era la fuente oficial que cita en la nota de julio. El Mingob tampoco ofreció una respuesta al consultar a su oficina de prensa, pero el vocero del Mindef, coronel Óscar Pérez, señaló que ninguna fuente militar podría haber proporcionado la cifra de 14,612 kilos de cocaína —en julio pasado— al diario oficial porque las incautaciones que hacen las dependencias de ese ministerio se describen en paquetes y no en kilos. Luego, entregan esos paquetes a la PNC y al MP, que hace el conteo y determinan el total oficial en kilos. De esa cuenta, Pérez informó que el Mindef había incautado 23,333 paquetes hasta el 27 de noviembre del 2018.

Otra fuente gubernamental dijo, extraoficialmente, que la diferencia en las cifras podía radicar en las incautaciones de droga que se realizan en aguas internacionales, con ayuda de Guatemala, pero que no se registran como droga incautada en el país. Entonces, ¿por qué una “fuente oficial” divulgaría al DCA una cifra que incluye droga que no fue incautada en el país?

Por aparte, Pérez explicó que cuando se incauta droga en aguas guatemaltecas, es entregada a la PNC y al MP, que integran el dato a las estadísticas de decomisos nacionales. Cuando la incautación es producto de una operación combinada con EE. UU., o México, por ejemplo, porque ocurrió en aguas internacionales y es parte de un convenio internacional de cooperación, la droga incautada es responsabilidad de las autoridades del país que solicitó la cooperación de Guatemala.

En mayo pasado, hubo una operación de esta índole que acabó con la incautación de un buque de Tanzania, que tenía unas tres toneladas de cocaína a bordo, y cuya ubicación estuvo a cargo de la Guardia Costera de los EE. UU. Por ello, la droga confiscada quedó en su posesión y fue trasladada a territorio estadounidense.

Es posible que la “fuente oficial” que dio la información al DCA en julio sumó el decomiso del buque de Tanzania al total de decomisos de la PNC, pero la PNC no lo contabilizó porque la droga no se incautó en territorio o aguas de Guatemala. Sin embargo, eso tampoco explica la diferencia en las cifras. ¿Por qué? En mayo, la AGN publicó que en los primeros cinco meses del año, se habían incautado 5,748 kilos—una cifra similar a la que la PNC proporcionó al Cien. Pero si se suma a esa cifra las tres toneladas del buque de Tanzania, la cifra alcanza solo 8,748 kilos —que todavía distan de los 14,612 kilos que la “fuente oficial”— reveló al DCA en julio.

Pero además de haberse incautado 14,612 kilos para julio —según el DCA—, solo la incautación de 5,697 kilos del 17 de diciembre —registrada en aguas guatemaltecas, en el Pacífico— habría incrementado la cifra total del año a 20,309 kilos —de no haberse incautado nada más el resto del año—, y esa cifra sobrepasa lo que la PNC y el MP reportan como decomisados para fines de diciembre —17.8 toneladas—.

Inconsistencias

Un caso similar al del buque de Tanzania ocurrió con la incautación de 4.7 toneladas en noviembre pasado, como parte de una operación combinada con autoridades de varios países, incluida Colombia. Publicaciones de prensa revelan que la incautación ocurrió en “aguas guatemaltecas”. Autoridades locales hallaron la cocaína a bordo de dos embarcaciones semisumergibles, y capturaron a varias personas.

Las 4.7 toneladas tampoco aparecen contabilizadas en las cifras que la PNC envió al Cien para noviembre —mes que registra el decomiso de 3.2 toneladas—. Se presume que, dado que se trataba de una operación internacional de droga rastreada desde Sudamérica, su decomiso no se acreditó a Guatemala, ni la incautación se procesó en el país.

Ir a parte II

Informes de Estados Unidos estiman que el trasiego de cocaína vía Guatemala aumentó un 400% desde 2009

Como corolario, parte de la información pública que el Cien solicitó a la PNC vía la UIP del Mingob tampoco coincide con los datos que esa unidad suministró en noviembre pasado —para esta nota— respecto de los decomisos, aun después de solicitar un recurso de revisión. Tampoco coincide con los datos del 2017 ni 2018 que AGN publicó. Por ejemplo, la PNC reportó al Cien que en el 2017 se incautaron 13,781 kilos de cocaína —no los 13,659 que registra la AGN—. La PNC también reporta de enero a noviembre del 2018 el decomiso de 11,490 kilos, que también distan de los 14,612 que el DCA publicó que se habían incautado para julio del 2018.

En el Cien, un analista asegura que no hay personal idóneo para el manejo de datos en el Mingob. “El problema institucional en el Ministerio de Gobernación y en la Policía es que nunca se ha puesto la debida atención al manejo adecuado de las estadísticas como base para la toma de decisiones estratégicas y operativas”, dice Wálter Menchú, analista del Cien. “Eso lleva a que no existan verdaderos analistas de los datos que se recopilan, y a que las diferencias entre cifras cambien de un momento a otro”.

La analista y activista en temas de derechos humanos Iduvina Hernández afirma que dos elementos destacan en relación con la disparidad de cifras. Uno es que diversas entidades intervienen en el proceso de las incautaciones: la PNC, el Mindef y la oficina de la DEA en Guatemala. “Se produce un fenómeno similar al de las cifras de homicidios, en el que no coinciden los datos que tienen la PNC, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el MP”, señala Hernández, porque los manejan en distintas etapas del proceso penal.

“Entonces, usan el dato que más les conviene”, agrega la activista. “Y aquí está el segundo [elemento]: la estrategia estatal de plantear un fenómeno como un éxito. Las unidades de comunicación y relaciones públicas actúan para aprovechar algún dato que les permita mostrar un alcance relativamente alto e incluso, tengo la certeza, [plantean] falsedades— [el dato] se infla obviamente cuando usan la cifra más alta y, cuando no, mienten y de manera reiterada usando medias verdades o absolutas falsedades, y no sólo en el tema de las incautaciones”. La discrepancia en las cifras de incautación de cocaína en kilos, manejadas entre mayo y octubre, permanece sin explicación.

Discrepancias en EE. UU.

Una diferencia de cifras mayor a la descubierta en datos de fuentes oficiales de Guatemala se detectó en el Reporte Internacional de Estrategia para el Control de Narcóticos, del Departamento de Estado de los EE. UU., publicado en marzo del 2017. En la página 168, el reporte indica que en el 2016, en Guatemala se incautaron 18.5 toneladas métricas de cocaína. El dato contrasta, y en mucho, con el dato oficial suministrado por el Gobierno vía la Unidad de Información Pública (UIP) del Ministerio de Gobernación (Mingob) y la estatal AGN: 12.8 toneladas. Es decir, hay 5.7 toneladas —5,700 kilos— de diferencia.

El mismo informe del Departamento de Estado, pero de marzo del 2018, replica la discrepancia de cifras del 2016 y agrega una nueva en su página 171: la incautación de 16 toneladas de cocaína en Guatemala en los primeros 10 meses del 2017, cuando la cifra oficial que el Mingob anunció para todo el año fue de 13.6 toneladas —o 13,659 kilos—. Hay 2,341 kilos de diferencia.

En años anteriores también aparecen diferencias alarmantes. El reporte de 2016 del Departamento de Estado registra el decomiso de 7.25 toneladas métricas —o 7,250 kilos— de cocaína para los primeros nueve meses del 2015, cuando la UIP reporta la incautación en todo el año de 6,175 kilos, es decir, 1,075 kilos menos de los que el reporte de EE. UU. le endilga a Guatemala.

Se consultó a la oficina de prensa de la Embajada de los EE. UU. respecto de la diferencia en las cifras, y un portavoz de esa misión diplomática explicó que las autoridades guatemaltecas suministran las cifras para ese reporte.

“La Oficina para el Control Internacional de Narcóticos (INL, por sus siglas en inglés) obtiene las estadísticas para el Reporte Internacional de Estrategia para el Control de Narcóticos de una variedad de fuentes entre las autoridades que, hasta donde nosotros sabemos, reflejan con precisión las cantidades incautadas para el país en cuestión”, dijo el portavoz. “Para preguntas acerca de las cifras de incautación que ofrece el Gobierno de Guatemala, consulte al Gobierno de Guatemala”.

Entonces, se consultó al Mingob, por medio de su oficina de prensa, respecto de la diferencia entre las cifras de incautación que el gobierno divulga y las que publica el informe del Departamento de Estado. Se les suministró el enlace de al menos un informe y el número de página donde está la información. Sin embargo, después de 10 días de espera, y hasta la publicación de esta nota, ningún funcionario había ofrecido una respuesta al respecto.

Dado que el reporte de marzo del 2017 cita información del 2016, ésta debió ser suministrada al menos en enero del 2017, en la administración del ministro de Gobernación Francisco Rivas, al cumplirse el primer año de la gestión del mandatario Jimmy Morales. Las cifras de enero a octubre del 2017, en el reporte de marzo del 2018, también se generaron durante la administración de Rivas, antes que el actual ministro, Enrique Degenhart, lo sustituyera a finales de enero pasado.

Se consultó a Ludín Godínez, asesor del despacho de Rivas en temas de datos, respecto de la diferencia en las cifras que publicó el Departamento de Estado, pero señaló que no tiene registros de los datos publicados en esos informes. Agregó que algunos datos se trasladaban al embajador consejero, en la Embajada de Guatemala en los EE. UU., José Gabriel Lambour Peñalonzo —quien ocupó el cargo en septiembre del 2017—, y a quien se contactó por correo electrónico, pero no respondió la consulta.

Godínez dijo que los datos oficiales siempre los manejan la PNC y el Quinto Viceministerio del Mingob, que administra lo pertinente al tema antinarcótico. El exfuncionario agregó que EE. UU. también recibía reportes de la oficina de la DEA en Guatemala. No obstante, el vocero de la Embajada de EE. UU. en Guatemala dijo que las cifras en los reportes del Departamento de Estado habían salido del Gobierno de Guatemala. Eso aplica los informes generados por la administración de Pérez Molina en su último año (2015) y a los generados por la actual administración del presidente Jimmy Morales, en el 2016 y el 2017. Sin embargo, nadie ofreció explicaciones para la discrepancia en las cifras.

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Algunas de esas armas llegaron a Guzmán y otros miembros del Cartel de Sinaloa, según  declararon autoridades estadounidenses en el 2016. Se trataba de al menos dos mil 500 armas de fuego, a la mayoría de las cuales el ATF les perdió el rastro. Dos de ellas, fusiles AK-47, fueron halladas en la escena del crimen, en el 2010, contra Brian Terry, un guardia de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. (USB, en inglés). Para 2015 dos mexicanos miembros de una estructura criminal habían sido condenados a 27 y 30 años de prisión.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ambos robaban armas de fuego a contrabandistas de marihuana. Hubo otros siete implicados. El séptimo fue capturado en el 2017.

El fiscal Richard P. Donoghue  y Arthur G. Wyatt, jefe de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas, en la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no quieren que el jurado, en lugar de juzgar a Guzmán, juzgue cómo y por qué las autoridades estadounidenses facilitaron el trasiego de armas.

En 2010, las autoridades mexicanas anunciaron que cerca del 80% de las armas incautadas en ese territorio provenían de EE. UU. Ese año estalló el escándalo de la operación Rápido y Furioso, en parte, por el asesinato del agente de la USBP. El crimen ocurrió tres meses antes de las también explosivas declaraciones, en una corte en Chicago, Illinois, de Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, operador financiero del Cartel, y el hijo del segundo jefe de la estructura, Ismael el Mayo Zambada.

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Vicentillo declaró que había un pacto entre la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA, en inglés) y Guzmán y Zambada, para que estos le proporcionaran información  de carteles rivales. La ATF declararía en 2011 también que el operativo fallido de las armas “permitió al Cartel de Sinaloa obtener armamento”.

Aunque la Fiscalía de Brooklyn no quiere que Guzmán, de 58 años, hable de la operación de la ATF, sí lo acusa de trasiego de armas de fuego, cargo que él rechaza porque los hechos ocurrieron en México, no en EE. UU. Para la Fiscalía, el argumento del Chapo carece de mérito, aunque pide a la Corte que le prohíba  tocar el tema Rápido y Furioso en lo absoluto, ni los métodos que las autoridades estadounidenses utilizaron para ayudar en la  captura de Guzmán en México.

La cacería en México

La fiscalía de Brooklyn busca excluir cualquier prueba que describa cómo las autoridades estadounidenses y mexicanas intentaron atrapar a Guzmán después de sus fugas de 2001 y 2015. Por ello pidió a la Corte que le prohíba a la defensa mencionar cómo lo  buscaron y capturaron, según consta en documentos del caso. El capo rechaza esa omisión.

“El defendido se opone a que la Fiscalía quiera excluir los métodos que las autoridades de EE. UU. y México usaron para  localizarlo en 2012, 2014 y 2016”, indica el expediente. Estos hechos incluyen una captura frustrada en Los Cabos, Baja California, en enero de 2012, y los operativos que precedieron a su detención en Mazatlán, Sinaloa, en febrero del 2014, y —después de su fuga en 2015— en Los Mochis, Sinaloa, en enero del 2016.

En una entrevista de prensa que cita el expediente, Eduardo Balarezo, abogado defensor de Guzmán, dijo que “algunas de las formas en que la DEA opera en el extranjero son ilegales, o no son éticas…. Ellos caminan sobre una línea delgada y a veces se extralimitan”. La defensa del Chapo sostiene que tiene derecho de cuestionar las limitaciones de los métodos que usan las autoridades. Donoghue y Wyatt argumentaron que esos métodos no prueban ni desmienten la acusación.

Sin embargo, la Fiscalía compartió con la defensa una lista de evidencias en la que destacan el uso de 16 grabaciones que el Gobierno de Colombia le entregó a EE. UU. como evidencia contra Guzmán —la lista no revela el contenido de las cintas—, y el uso de “métodos de geolocalización que no requerían una orden judicial para ubicar en México los teléfonos celulares de coconspiradores de Guzmán, cuando —las autoridades— lo buscaban en 2012 y 2014”, según el documento 249 del expediente.

El pez por la boca muere

Donoghue también quiere usar lo que Guzmán les dijo a los agentes federales estadounidenses que lo acompañaban en el vuelo de extradición que lo llevó de México a EE. UU., en enero de 2017. Aquel era un déjà vu del vuelo militar que lo trasladó desde Chiapas hasta el Distrito Federal, en 1993, después de su captura en Guatemala y traslado a México.

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Anabel Hernández relata en su libro Los Señores del Narco  (Random House Mondadori, 2010) que entrevistó a varios pasajeros del avión, quienes revelaron que durante el vuelo Guzmán delató graves hechos de corrupción de autoridades mexicanas vinculadas con el narcotráfico. Hernández incluso citó a un testigo que, refiriéndose al detenido, dijo, “Había que madrearlo para callarlo; no sabíamos cómo cerrarle la boca, quería contar todo”.

Hernández documentó que esa declaración, registrada oficialmente durante el vuelo, desapareció de los registros judiciales y fue reemplazada por otra bastante más matizada.

Ahora, 25 años después, es Guzmán quien intentó suprimir cuanto conversó con los agentes federales  durante el vuelo —declaraciones cuyo contenido no ha sido revelado—.

Según el documento 245 del expediente, la defensa argumentó en junio pasado que la Fiscalía no puede usar las declaraciones si se dieron durante un interrogatorio bajo custodia y si el defendido no rechazó voluntariamente acogerse al privilegio de la Quinta Enmienda, que lo protege de la autoincriminación.

“Las extensas afirmaciones que la Fiscalía atribuye al Sr. Guzmán parecen respuestas a preguntas de agentes gubernamentales, no afirmaciones espontáneas”, señala Balarezo en el documento. “Además habló cuando estaba esposado, custodiado, y bajo la impresión de que estaba obligado a responder”. La Corte rechazó la petición de la defensa y divulgará lo que Guzmán dijo en el vuelo.

Admisible: la violencia (solo de Guzmán)

Para la Fiscalía es crucial que el jurado escuche hechos de los secuestros, tortura y   violencia empleada contra personas que amenazaron al Cartel de Sinaloa. Según Guzmán y su defensa, esa es una conspiración demasiado amplia para achacarla a una persona, pero la acusación cita como precedentes válidos varios casos contra la mafia italiana en EE. UU. Un ejemplo son los cargos contra un líder de la “familia criminal Bonnano”, por crímenes ocurridos entre enero de 1979 y noviembre de 2004.

Donoghue quiere utilizar información derivada de la guerra entre Guzmán y el cartel Arellano Félix —a principios de los años 1990—, el Cartel del Golfo —después de 2001—, “la Organización Carrillo Fuentes” —o Cartel de Juárez, que lideró Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, y su familia, en los años 1990; en especial el asesinato de su hermano menor Rodolfo Carrillo Fuentes, en 2004—, de los hermanos Beltrán Leyva y sus cómplices —incluidos los asesinatos de Julio Beltrán e Israel Rincón Martínez, alias el Guacho—, y los socios de Guzmán sospechosos de haber cooperado con las autoridades, como Juan Guzmán Rocha, alias Juancho.

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“La Fiscalía pretende probar en el juicio que quienes aparecen torturando a un rehén  en un video de 2010  son coconspiradores del defendido y actúan bajo sus instrucciones”, explica Donoghue.

“Esperamos comprobar que el defendido es la persona que interroga al rehén”. El rehén es Rincón Martínez, quien supuestamente asesinó al hijo de un socio de Guzmán. Un miembro del Cartel de Sinaloa subió el video a YouTube hace ocho años y ahora la Fiscalía lo utilizará contra el   capo.

Para la tercera semana de agosto, la Fiscalía también pretendía agregar cargos por unos 20 asesinatos que atribuye al acusado,  maniobra que la defensa objeta.

Otro video clave

Una de las cartas fuertes de la Fiscalía es la entrevista que Guzmán grabó hace tres años para la revista Rolling Stone, durante la cual respondió preguntas escritas que le envió el actor estadounidense Sean Penn. En octubre de 2015, Penn se reunió con Guzmán a instancias de la actriz mexicana Kate del Castillo, quien les sirvió de intérprete y concertó la cita con los abogados de Guzmán.

Ahora Donoghue quiere usar los segmentos del video en los que el capo admite que es  narcotraficante. Según el fiscal, “que el defendido admita en este video que estuvo involucrado en narcotráfico es evidencia crítica”. El video es propiedad de Producciones Kate del Castillo.

El fiscal le pidió a la Corte que prohíba reproducir segmentos del video en los que el   capo “dice cosas convenientes para él”. Y es que Guzmán pronuncia frases como: “El día que yo no exista, no va a mermar (…) el tráfico de droga; el narcotráfico no depende de una persona, sino de muchísimas personas”.

A la pregunta, “¿Usted se considera un hombre violento?”, respondió de inmediato: “No, señor; yo lo que hago nomás es defenderme”. El capo dijo que en su natal Badiraguato no había ni hay más fuente de empleo que el cultivo de droga.

El 9 de enero de 2016, Rolling Stone publicó la reseña del encuentro entre el capo y los actores. El 12 de enero publicó el video —solo cuatro días después de la captura de Guzmán—.

El  capo grabó el aparentemente inocuo video en su finca. No imaginó que las autoridades estadounidenses la iban a ubicar y a fotografiar vía satélite. Ahora esas fotografías  figuran entre las evidencias que usará la Fiscalía. “Un agente federal explicará que las imágenes fueron obtenidas por medio de una compañía comercial de imágenes satelitales, y demostrará cómo las imágenes se comparan con características notables en el video de la entrevista”, indica Donoghue.

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En el documento 237 del expediente del caso 09-CR-00466, contra Guzmán, Donoghue y Wyatt también urgen a la Corte a evitar que la defensa utilice “evidencia de la previa buena conducta del defendido”, porque “no anula sus intenciones criminales”, así como libros y artículos de prensa acerca de Guzmán, “el engañoso artículo de Rolling Stone y relacionadas  apariciones de Penn en la prensa”.

Agregan que estas publicaciones no refutan los argumentos de la Fiscalía. El mismo Guzmán anunció que tampoco llamará a Penn como testigo ni utilizará las declaraciones del actor. Dos años después es evidente que el video y la reunión con los actores llevaron a su captura definitiva.

El encarcelamiento

La Fiscalía también se opone a que la defensa mencione las “condiciones de confinamiento del defendido”, quien permanece en una celda de aislamiento  23 horas al día, en el Centro Correccional Metropolitano en Manhattan, Nueva York, a pocos metros del puente Brooklyn.  Según el expediente, Guzmán alega que sus condiciones de encarcelamiento podrían afectar su conducta durante el juicio.

La Fiscalía afirma que la conducta del Chapo en la Corte no está en juicio  ni tiene relación con los crímenes que se le imputan. No obstante, Balarezo solicitó que su cliente sea sometido a evaluaciones psicológicas. La primera se practicó en abril, para cuando originalmente estaba programado el juicio.

No se anuncian más evaluaciones todavía, aunque el juicio, reprogramado para septiembre, fue pospuesto para noviembre.

La razón del cambio es el volumen de evidencias que la Fiscalía presentó y que la defensa alega  debe analizar: al menos 117 mil audios y tres mil 500 folios de entrevistas con testigos, además de otras 10 mil páginas. Para ello  la defensa esperaba una prórroga de seis meses y recibió dos.

El caso Lorenzana

Balarezo   lleva cuatro años de defender en una corte  del Distrito de Columbia, en Washington, al guatemalteco Waldemar Lorenzana Lima, quien se declaró culpable por cargos de narcotráfico en 2014, pero cuya condena está en suspenso. Desde entonces, el abogado argumenta que Lorenzana —de 80 años— padece  de alzheimer y es incapaz de comprender una sentencia.

Mientras la Fiscalía no ha conseguido un dictamen médico concluyente acerca del estado mental de Lorenzana Lima, la misma corte condenó a cadena perpetua en febrero y mayo de 2018 a sus hijos  Elio y Waldemar Lorenzana Cordón. Ambos fueron extraditados después que su padre, defendidos por otros abogados fueron declarados culpables en el 2016.

Los Lorenzana traficaron droga en Guatemala para el Cartel de Sinaloa aproximadamente entre 2002 y 2009. Balarezo también carga con la condena a cadena perpetua, en 2017, de Alfredo Beltrán Leyva, un exsocio y ahora enemigo del Chapo, a quien defendió en otra corte de Columbia desde 2014.
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Su historia lo persigue

En el juicio  la Fiscalía también quiere exponer las actividades de narcotráfico de Guzmán antes de que se iniciara la acusación —enero de 1989—. “Esta evidencia es crucial para explicar cómo el defendido ya traficaba cantidades masivas de cocaína a los EE. UU. en 1989  y cómo se restableció tan rápido después de escapar de prisión en 2001”, dice Donoghue.

La Fiscalía incluso planea usar un video de la balacera en el Aeropuerto de Guadalajara, ocurrido en mayo de 1993, en la cual murió acribillado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo  y donde se encontraba Guzmán, aunque años después —cuando aún guardaba prisión— fue absuelto de ese asesinato.

Además  mencionará las acusaciones en  contra de Guzmán por narcotráfico en Arizona y California en 1995, dos años después de su captura en Guatemala, y sus “actividades de narcotráfico” desde la cárcel.

“El encarcelamiento del defendido es relevante para la continuidad de sus negocios de narcotráfico”, señala Donoghue. “Incluso quiere explicar cómo la laxa seguridad en las cárceles mexicanas le permitió continuar activo en el narcotráfico mientras estaba encarcelado”, agrega.

El fiscal, claro, no se opone a ello. Además  utilizará documentos que registran el movimiento de cargamentos de droga en México y los EE. UU.

No obstante, desde su extradición Guzmán se reitera “no culpable”. No le interesa hacer tratos con la Fiscalía, no colaborará con la justicia estadounidense ni delatará a nadie para salvarse, según su abogado.

Las decisiones del juez Brian M. Cogan, de Brooklyn, no parecen indicar por ahora que  aceptará que Guzmán sea sometido a más evaluaciones psicológicas, sino que espera sentarlo frente al jurado de una buena vez en noviembre.

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