El incremento ocurrió pese a la captura en los últimos cinco años de 6 mil 293 personas por delitos relacionados con drogas y la condena de 3 mil 967 procesados —un 27% por posesión para el consumo, según cifras del MP—, además de la aprehensión de al menos una veintena de personas con fines de extradición por narcotráfico. Entre los más relevantes figuran:
- Los Lorenzana en 2011 y 2013
- Juan Ortiz López, alias Chamalé, en 2011
- Walther Overdick, en 2012
- Jairo Orellana en 2014 y
- José Ché Manuel López, en 2017
Entonces, sin los grandes capos en escena, ¿qué o quiénes hacen posible el trasiego? Según el MP, está en manos de más grupos atomizados con una raíz común. “Las estructuras quedan”, dice el fiscal de Narcoactividad Gerson Alegría, quien afirma que disminuyó el control total de grandes zonas porque los “grupos segmentados” contratan algunos servicios de otras estructuras, en una especie de outsourcing.
Por eso la captura, extradición o muerte de muchos jefes del narcotráfico es simbólica en cuanto a los efectos sobre el trasiego, según Michael Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA. “El mando queda a cargo de otros líderes capaces y a veces más eficaces, como en el Cartel de Sinaloa lo es Ismael El Mayo Zambada”, afirma el exagente. “¿De qué sirve emplear la estrategia Kingpin —cabecilla— como la que usó el expresidente mexicano Felipe Calderón, que fue tras las cabezas de los carteles, cuando se pueden reorganizar? Lo que se debe hacer es ir tras el resto de la estructura y no solo de la cabeza”. En Guatemala, Alegría señala que la Fiscalía de Narcoactividad investiga las redes completas.
Pocos días antes de la captura definitiva del Chapo, el 8 de enero de 2016, el capo había soltado una frase lapidaria en la entrevista del famoso video que publicó la revista Rolling Stone: “El día que yo no exista, no va a mermar (…) el tráfico de droga; el narcotráfico no depende de una persona, sino de muchísimas personas”. Desde entonces, los números le han dado la razón. Si él no es indispensable para el trasiego de cocaína, menos lo son los jefes de las estructuras guatemaltecas menores —cuyas capturas ocurrieron principalmente entre 2010 y 2015—.
El viceministro de Antinarcóticos en el Ministerio de Gobernación, José Olazábal, afirma que “las capturas de objetivos extraditables” cambiaron el panorama de las operaciones de las organizaciones criminales. “Después de haber realizado operativos que culminaron con la captura de líderes de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, han surgido nuevas organizaciones del crimen organizado para reanudar el tránsito de droga en el territorio nacional —a pesar de la captura de personas colaboradoras con algunos líderes—”, señala el viceministro. “Las anteriores organizaciones siguen teniendo influencia para que los demás miembros de la estructura criminal continúen el trasiego de narcóticos”.
El funcionario aseguró que las autoridades toman nota de los cambios y adecúan sus estrategias de combate al narcotráfico. “Como consecuencia de las acciones y estrategias antinarcóticas del Ministerio de Gobernación, y las incautaciones de drogas, las organizaciones dedicadas al narcotráfico han sido debilitadas”, afirma el viceministro.
Puntos de ingreso de cocaína al país, para su traslado posterior a México y EE.UU.
El fiscal de Narcoactividad, Gerson Alegría, dice que varios grupos reciben la cocaína en la Costa Sur y la trasladan a otras partes del país. “Trafican en todo el litoral del Pacífico, en puntos muertos —ciegos, o sin vigilancia— en San Marcos, Retalhuleu, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa”, dice Alegría.
El gancho de la demanda
Vigil señala que un factor en juego que no cambia es la demanda de la droga en Estados Unidos. “Mucha gente dice que la guerra contra las drogas no sirve, pero una guerra usualmente tiene un principio y un fin, y no es el caso con el narcotráfico, que es permanente porque la demanda es continua”, agrega. El exagente dijo que es necesario abordar más efectivamente la raíz del problema: el consumo. La demanda en EE. UU., el principal mercado consumidor de cocaína, es un perpetuo detonante del trasiego. Un reporte de la Casa Blanca indica que ese país consume un tercio de la producción mundial de cocaína desde 2012. Autoridades estadounidenses estiman que se trata de unas 700 toneladas anuales —el 90% de las cuales se estima pasa por Guatemala—.
De 2010 a 2011, las incautaciones en el país subieron de 1.4 toneladas a 4.1. Los decomisos bajaron en los años siguientes, pero alcanzaron las cinco toneladas a partir de 2015. Para diciembre de 2016, la incautación anual saltó hasta las 12.8 toneladas, en un año cuando se elevó la producción en Colombia, según autoridades de EE. UU. En 2017, volvió a subir: 13.6 toneladas, de acuerdo con la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN). Esto, en un año cuando Colombia produjo un estimado de 921 toneladas métricas de cocaína —un 20% más que el año anterior—, según un informe de la Casa Blanca de junio de 2018, que cita una publicación de InSight Crime. No obstante, el Departamento de Estado de los EE. UU. estima que solo por Guatemala se traficaron 1 mil 400 toneladas métricas —posiblemente también por la producción en otros países además de Colombia; Venezuela, por ejemplo—.
Eso significa que en Guatemala solo se incautó entre el 1% y el 1.4% de lo que EE. UU. estima que se trasegó. El porcentaje es bajo aunque las incautaciones incrementaron. Pese a que había más cocaína en tránsito y una mayor producción en Sudamérica, Olazábal atribuye el aumento de las incautaciones a una mayor efectividad de las autoridades.
Pero el cartel de Sinaloa y otros todavía trafican a gran escala. ¿La muestra? Incautaciones como las de Retalhuleu y otros aspectos menos obvios.
El elemento extranjero
Un comerciante en Chiquimula, quien prefirió omitir su nombre, dijo en octubre pasado que había notado una creciente presencia de colombianos en el departamento. Algunos, en ventas de ropa y negocios pequeños. “Puro lavado”, dijo sin rodeos. Las incautaciones de dinero no lo reflejan de manera obvia, pero el departamento es un punto de alto movimiento para el dinero ilícito. El fiscal Alegría lo confirma, igual que la presencia de colombianos vinculados con lavado de dinero por medio de otros negocios, como importación de café, y otros productos, en varios departamentos. “Están en Guatemala, Chiquimula, San Marcos, Escuintla, y por todas partes”, afirma. Pero, ¿qué hacen exactamente?
“Transacciones”, responde el fiscal. “Hay hombres y mujeres, aunque la mayoría son hombres en sus treintas, y tienen diferentes funciones: arreglar negocios, o servir de garantía. Por ejemplo, llegan a Guatemala y de Guatemala se va alguien a Colombia, hasta que el dinero y la droga están en los destinos pactados”. También hay guatemaltecos en Costa Rica, y otros grupos con colaboradores en Honduras.
0.97% es el porcentaje de cocaína que Guatemala incautó en relación con la cantidad que EE. UU. estima que se trasegó en el país en 2017: 1,400 toneladas.
La práctica de usar garantías humanas no es nueva. Según un exfuncionario que investigó el tema, desde al menos los años 90, los traficantes en Guatemala enviaban prendas humanas a los proveedores de coca en Colombia. “Al principio, el tratamiento es a cuerpo de rey, pero luego la calidad del trato va declinando conforme se atrasan las entregas o los pagos”, dijo la fuente. Agregó que lo hacían los Lorenzana, por ejemplo. La prenda debe ser alguien cercano a la estructura de trasiego, y la persona recibe una remuneración cuando regresa de su misión —si regresa—.
Una fuente extraoficial que ha tenido contacto con los grupos de trasiego y pidió no ser identificada dice que algunos colombianos vinculados con narcotráfico en el país tienen otro papel: armar las cocinas donde se preparan kilos de cocaína, en zonas rurales donde es fácil ocultarlas, porque tienen experiencia para ello. ¿Las señales? El descubrimiento en 2018 de una plantación de cocaína y dos laboratorios para procesar la hoja de coca, en Alta Verapaz y San Marcos. Las plantaciones explican la existencia de las cocinas y estas explican, en parte, la presencia de los colombianos vinculados con el narco.
Olazábal dijo que no podía confirmar una conexión entre la presencia de algunos ciudadanos colombianos en el país y el narcotráfico. “Su presencia podría devenir de múltiples aspectos relacionados a la situación de cada persona”, señala. Pero cifras de la PNC revelan que hubo 61 colombianos capturados por delitos relacionados con drogas entre 2013 y octubre de 2018, un promedio de uno por mes durante cinco años. Quince de las capturas son de 2018. No obstante, cifras del MP revelan en el mismo lapso a 38 capturados —la diferencia podría obedecer a que no todos los capturados fueron ligados a proceso, y algunos fueron extraditados—.
Entre ellos, solo hay dos detenidos por siembra y cultivo de drogas, y cuatro por facilitación de medios —para la producción o comercio—. Otros 19 cayeron por narcotráfico en Escuintla. La otra nacionalidad más representada en ese departamento, entre los capturados por narcotráfico, son los guatemaltecos: 378. La cifra de 38 o 61 es menor a la de otros extranjeros capturados —salvadoreños, hondureños o nicaragüenses— y es un porcentaje mínimo del total de 6 mil 293 capturados y ligados a proceso por delitos relacionados con drogas; la mayoría, guatemaltecos.
La Dirección General de Migración (DGM) registra que entre enero y octubre de 2018 entraron y salieron de Guatemala entre 32 mil y 33 mil colombianos, una cifra que aumentó desde hace cinco años. Los incrementos más elevados fueron en 2014 y 2015, cuando hubo al menos cinco mil ingresos más por año —luego, el incremento anual fue de entre mil y tres mil—. Estos datos no reflejan relación alguna con el narcotráfico. Las cifras son casi triplicadas por el ingreso y egreso de mexicanos.
La última vez que hubo un boom de colombianos vinculados con el narcotráfico en Guatemala fue entre finales de los años 80 y los 90, antes que cayeran los grandes carteles colombianos y se fortalecieran los mexicanos, porque EE. UU. montó una vigilancia mayor en el océano Atlántico y el mar Caribe, y los traficantes comenzaron a llevar la droga por tierra vía Centroamérica y México.
6,293 detenidos es el total de capturas por delitos relacionados con las drogas entre 2013 y octubre 2018, pero el trasiego aumentó.
Eso explica que a principios de los años 90 el Chapo Guzmán tuviera contactos en Guatemala y huyera a este país en mayo de 1993. En junio, lo capturó una unidad de la Dirección de Inteligencia Militar (Doan), la Guardia de Hacienda —clausurada en 1997—, y el MP, con acompañamiento de la DEA. Era la primera vez que Guzmán había sido detenido. Para octubre, la misma unidad capturó a una estructura del cartel de Cali en Guatemala, una de cuyas sucursales eran los Lorenzana, en Zacapa, según el expediente en EE. UU.
Para entonces, como ahora, las capturas y extradiciones no detuvieron el suministro de cocaína. En 1998, Herrera se movía en Guatemala con varios colombianos que trabajaban para él, según otro testigo en el juicio de los Lorenzana. También trataban con otros colombianos en Guatemala que trabajaban para Phanor Arizabaleta, uno de los jefes del cartel de Cali —acusado en el mismo caso que los Lorenzana y Otto Herrera en EE. UU.—.
Para principios de 1999, recibían la droga de un barco colombiano en alta mar, y la trasladaban tierra adentro por el río Samalá, hasta llegar a San Andrés Villa Seca. Los Lorenzana y los Herrera traficaron sin problemas hasta que las autoridades descubrieron donde descargaban y almacenaban la droga.
El agente de la DEA Daniel Moren dijo en la corte en Washington que después de sorprender a los Lorenzana intentando huir, ese 20 de febrero de 1999, se desplazaron unos 48 kilómetros al oeste de La Máquina, donde tenían indicios que habían descargado la droga. “Era un lugar sobre la orilla del río —Samalá—, donde vimos trazos de llantas sobre la tierra, numerosas huellas de calzado, y la apariencia de que algo pesado había sido arrastrado desde el agua, como un bote, porque el casco había dejado un surco sobre la orilla del río”, relató Moren. “También encontramos envoltorios de paquetes de galletas y papalinas en los que se leía ‘Hecho en Colombia’”.
Es decir, a los tripulantes colombianos de la lancha hasta les había dado tiempo para refaccionar antes de hacer humo los 1 mil 200 kilos de cocaína que transportaban. Eso era más que cuanto podían decir los traficantes que abandonaron los 570 kilos de coca en la lancha con matrícula de Ecuador, que la PNC encontró en octubre pasado en la misma zona.
¿Es eso una buena señal? Difícil decirlo. Tal vez la historia se repite porque las circunstancias no han cambiado. O cambiaron poco. Los episodios de San Andrés Villa Seca, en 1999 y en 2018, son una muestra de ello.
Nota de Redacción: Esta nota fue originalmente publicada el pasado 22 de enero de 2019 en la edición impresa de Prensa Libre. En esa publicación, por error de la autora —Julie López— en la gráfica se indicaba que Ovaldino Lorenzana Cordón es prófugo de la justicia. El texto de la nota sí incluye el dato correcto y señala que se encuentra libre. Sin embargo, también documenta que con su hermano Eliú Lorenzana Cordón (condenado a cadena perpetua por narcotráfico en EE.UU. en 2018) fueron capturados el 20 de febrero de 1999, en posesión de cuatro fusiles de asalto (de portación ilegal para civiles), y fueron excarcelados días después. El caso, que se llevaba en un juzgado de Retalhuleu, fue desestimado en el año 2000.
El nombre de los dos hermanos Lorenzana Cordón, y de un tercero, Waldemar (también condenado a cadena perpetua en 2018 por narcotráfico, en EE.UU.), aparecen en una lista de co-conspiradores en el mismo expediente, que abarca hechos de trasiego de cocaína hacia EE.UU. desde 1996 hasta al menos 2009—un caso numerado 03-CR-0031 en la Corte Distrital del Distrito de Columbia, en la ciudad de Washington, D.C., capital estadounidense. En la lista también aparece Waldemar Lorenzana Lima, padre de los hermanos Lorenzana Cordón (extraditado en 2014, quien se declaró culpable y no ha sido sentenciado porque la fiscalía en Washington, D.C., no ha logrado un dictamen concluyente respecto a que Lorenzana Lima padece la enfermedad de Alzheimer). Además, aparecen en la lista Otto Herrera García (detenido en Colombia en 2007, extraditado a EE.UU. y luego excarcelado en 2013), los colombianos Phanor Arizabaleta Arzayús (líder del Cartel de Cali en 2003) y su sobrino José Fernando Arizabaleta Lenis (detenidos en Colombia en 2009 y extraditados a EE.UU.), y Eliú Martínez, ex diputado salvadoreño que cumple una condena de 29 años de cárcel en EE.UU. por la misma conspiración. Gonzalo López Cabrera (que la fiscalía en EE.UU. describe como un socio de los Lorenzana), otro co-conspirador, fue capturado en 2016 con fines de extradición.
De la lista de co-conspiradores en este caso, incluidos en el mismo expediente, no fueron capturados por esta acusación Ovaldino Lorenzana Cordón y Carlos Andrés Alvarenga Mejía (yerno de Lorenzana Lima). En el sistema electrónico de expedientes en las cortes de ese país no aparecen expedientes específicos con sus nombres, lo cual no significa que no existan. Por lo general, los expedientes específicos para cada uno se hacen públicos después que el acusado fue capturado con fines de extradición y/o extraditado. La fiscalía en ese país y el Ministerio Público en Guatemala no han emitido declaraciones respecto a si Ovaldino Lorenzana Cordón sigue bajo investigación.
Este 31 de enero, el abogado Rodrigo Sandoval, acudió a las oficinas de Prensa Libre para solicitar una aclaración respecto a la situación legal de quien describió como su cliente, Ovaldino Lorenzana Cordón. Sólo tres días antes, el pasado 28 de enero, la Oficina para el Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los EE.UU., publicó una lista de personas y empresas designadas como involucradas en narcotráfico, y/o lavado de dinero del narcotráfico, o fondos destinados a financiar actividades terroristas. La página 656 de esa lista todavía incluye a Ovaldino Lorenzana Cordón, y a todos sus hermanos (incluyendo los extraditados), así como a sus empresas, que fueron designadas en 2012 como asociadas al trasiego de drogas y al Cartel de Sinaloa.
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