M. HERNÁNDEZ

M. HERNÁNDEZ

NOTAS DE M. HERNÁNDEZ

La Contraloría General de Cuentas y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla,  mantienen en análisis   la licitación del servicio técnico especializado para modernizar el registro y documentación del control migratorio.
Organizaciones indígenas y campesinas de Alta Verapaz denunciaron que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) los atacaron primero, durante una protesta el pasado 15 de agosto, en Semococh, Chisec, Alta Verapaz, por lo cual se produjo la muerte extrajudicial de los campesinos Luciano Can Cujub, Óscar Chen Quej y Sebastián Rax Caal.
Representantes de varias organizaciones de la sociedad civil  se pronunciaron ayer en Cobán, Alta Verapaz, y la capital, para repudiar el masivo despliegue policial para desalojar a campesinos y los  enfrentamientos que dejaron tres muertos la semana recién pasada.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) adquirirá 55 mil 524 quintales de  leche de vaca en polvo, sal yodada y azúcar, por Q33 millones 838 mil 762.22, para incluirlos  en la bolsa segura, pero sin licitar, porque según las autoridades, no se adjudicaron los productos en  contrato abierto.
Diputados exconstituyentes y abogados constitucionalistas señalan que la propuesta de ampliar el período presidencial de cuatro a seis años cabildeada por el oficialismo, es inviable porque está explícito en la Constitución que no se puede reformar el artículo 187, que establece que la reelección o la prolongación del período presidencial son punibles.
Poca viabilidad de la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que fija 30 días hábiles para que los partidos políticos retiren y suspendan la propaganda política anticipada, prevén politólogos y un exmagistrado de ese órgano electoral, quienes consideran que a ello se suman recursos legales que se podrían presentar contra esa disposición.
El Tribunal Supremo Electoral dio un plazo de 30 días para que las organizaciones políticas retiren su propaganda, de no hacerlo serán suspendidos.
Unas 31 cámaras serán instaladas en el Hospital Roosevelt, para evitar el robo de medicamentos y otros actos ilícitos, y en el San Juan de Dios se inició ayer por la tarde un proceso de cotización para incrementar el sistema de vigilancia.
El Gobierno está en "pláticas" para que el Ministerio de la Defensa le entregue el Centro Médico Militar (CMM) al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a cambio de que este construya otro hospital para el Ejército de Guatemala.
Quejas y decisiones como comprar medicamentos genéricos o suspender su tratamiento son medidas adoptadas por pacientes que resultan afectados por el alza en los precios de medicina para la presión, gastrointestinales o analgésicos, en algunos casos de hasta 300 por ciento.