Tanto los Bomberos Voluntarios como los Municipales cubrieron varios hechos de violencia que dejan a cinco personas fallecidas entre ellas dos mujeres.

Ante el llamado de varias instancias públicas, sociales e internacionales para reformar al sector justicia, Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento pro Justicia, analizan en el programa Diálogo Libre la viabilidad de los cambios.

Autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) solicitan a la Contraloría General de Cuentas (CGC) examinen la gestión de las administraciones anteriores por sospecha de posibles actos de corrupción.

De las personas que fallecieron a consecuencia del terremoto del 4 de febrero de 1976 no quedan restos, solo información en el archivo del Cementerio General de que fueron supultados en el camposanto.

El portal de <em>guatecompras.gt</em> reporta que desde su creación  —2004-2016—  ocho firmas  han obtenido contratos millonarios.

La Contraloría General de Cuentas entregó a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el listado de 21 jefes ediles que serían contratistas del Estado y por esa razón no podrían ejercer.

Los 338 alcaldes se preparan para asamblea bianual de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) donde elegirán nueva junta directiva, en un ambiente de camaradería donde fluyen los cabildeos por los candidatos y el acercamiento de contratistas para obra pública.

A raíz de los escándalos que se dieron desde hace varios años y los reclamos sobre violaciones cometidas por clérigos y de abusos contra menores, la Santa Sede pidió que las conferencias episcopales elaboraran un protocolo de procedimiento de cómo tiene que actuar el obispo cuando recibe este tipo de denuncias.

Las familias desalojadas del Valle del Polochic en el 2011 piden al presidente Jimmy Morales que cumpla con las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La caída del expresidente Otto Pérez Molina, por el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, influyó en la calificación de Guatemala en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional.