La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) ha expresado categóricamente que: “La corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas”. Esta organización lanzó una cruzada hace más de diez años, para que todos los países se comprometieran a erradicar la corrupción. Otras instancias internacionales se sumaron a ese propósito. Como resultado, gobiernos democráticos comprendieron la importancia del objetivo y en alianza con las organizaciones sociales, iniciaron el proceso. Los resultados fueron positivos, no importando el rango o los privilegios de los imputados: En España, Iñaki Urdangarín y la infanta Elena fueron juzgados por corrupción, también el expresidente Jordi Pujol y muchos políticos del Partido Popular. Fueron detenidos y juzgados altos dirigentes de la Fifa. La lista se haría interminable. Cientos de altos funcionarios, religiosos y empresarios han sido juzgados por corrupción. La lucha contra la corrupción alcanzó un rango global.

Repasemos nuestra historia. Bajo el dominio Español (1524-1821) nuestra región preservó una rígida unidad política y territorial  que en su proceso evolutivo llegó a constituir la Capitanía General de Guatemala. De 1821 a 1900, Guatemala experimentó, al igual que toda la región latinoamericana, un “vacío temporal de dependencia” como lo expresó y explicó Sergio de la Peña, en su obra El antidesarrollo de América Latina. Efectivamente porque las grandes potencias en la era del capitalismo incipiente y el socialismo por surgir —EE. UU., Alemania, Inglaterra, Francia, URSS y Japón— aún no se habían repartido las principales regiones del mundo. 

Pareciera ser que la población guatemalteca ya no espera nada del actual gobierno.

Guatemala no avanza. Nuestro modelo económico sigue dependiendo de la  agroexportación, las maquilas y las remesas familiares. No logramos ni siquiera consolidar un cambio hacia el sector servicios, menos aún hacia una industrialización incipiente. El desempleo, el mercado informal, la economía negra del lavado de capitales, las extorsiones y el contrabando, son infecciones persistentes que nos impiden la instauración de un modelo económico sano, expansivo y democrático.  Pero no solo en lo económico nos encontramos estancados. Nuestro sistema de justicia sigue siendo un aberrante modelo  basado en la impunidad, la corrupción y la ineficiencia. De todos los delitos que se cometen en el país, desde un hurto hasta un asesinato calificado, 95 por ciento de los mismos quedan en total impunidad. Tenemos el peor sistema penitenciario de toda América Latina. Y la aplicación de la justicia —a partir de la cooptación de las posiciones estratégicas más influyentes en las cortes— sigue siendo una pugna entre poderes inescrupulosos que degradaron el estado de derecho.

Ciudadano guatemalteco/ciudadana guatemalteca: Creo que nos hemos equivocado. Como ciudadanos hemos creído que solamente lo material puede perderse, por ejemplo, el dinero, una propiedad o el empleo. Por eso mismo esos tres elementos se convirtieron para todos nosotros en una especie de “trilogía imprescindible”. Por ellos estamos dispuestos a todo. Día a día nuestras urbes enloquecen en una dinámica agresiva, en donde lo material nos atrapa y nos condena a sobrepasar —abierta o encubiertamente— sobre los demás. La solidaridad, la cooperación social y el humanismo fundamentalmente, dejaron de existir entre nosotros. El motorista accidentado, el piloto de bus asesinado y las cada vez más extensas legiones de pobres pidiendo limosna, realmente nos importan poco. Nos interesa llegar a tiempo, tener ese cheque en las manos o preservar el empleo implique lo que implique. Pero déjame expresarte que una sociedad así, está condenada a convertirse en un país bárbaro y despiadado. La sobrevivencia individualista y enfermizamente competitiva, solo precipitará nuestra destrucción.

¿Está el sector público orientado a facilitar todo tipo de inversiones en el país?

El siglo veinte registró cuatro periodos de trascendental importancia: 1. En sus inicios dictaduras implacables (Estrada y Ubico). 2. Una revolución política y económica (1944-54) que nos introdujo al modernismo regional. 3. Un conflicto armado interno que marcó a toda nuestra sociedad con sus secuelas de dolor, confrontación y destrucción. 4. El inicio de una transición política (1986), que aspiraba la construcción de una Guatemala reconciliada, desarrollada y democrática. Todos esos sucesos sumados, le dieron el carácter a la Guatemala de hoy. En cierta forma, somos también el pasado. Pero concretamente ¿Qué somos? Y si fuese posible determinar qué somos como producto de nuestra propia historia, la pregunta inmediata e ineludible sería: ¿Hacia dónde vamos?

Guatemala en las actuales circunstancias, evidencia el agravamiento de sus complejas contradicciones económicas, políticas y sociales. A pesar de la riqueza que proviene de sus pródigos recursos naturales, la pobreza aumenta sacrificando a la mayoría de la población, mientras la clase media se reduce aceleradamente. Somos ya el país con la tasa de desnutrición infantil más alta de América Latina, ostentamos una oprobiosa diferenciación en la posesión de riqueza, muy pocos poseen demasiado mientras la mayoría se debate entre la nada. La corrupción y la ineficiencia, arrasaron con las instituciones públicas. La impunidad revela que de 100 delitos que se comenten en el país —desde el hurto hasta el asesinato calificado— 97 quedan en la impunidad. La partidocracia corrupta se apropió de los poderes del Estado desde 1986 a la fecha. Y a pesar de la ofensiva establecida en contra de la corrupción y la impunidad, todo indica que la lealtad delictiva del crimen organizado está más latente que nunca. Todo lo anteriormente expuesto es conocido y aceptado por nuestra población, todos sabemos que Guatemala está urgida de un profundo cambio. Pero es oportuno anotar que no hemos logrado constituir una alternativa política capaz de liderar ese proceso de transformación nacional. Girar rutinariamente y sin salida en torno a esa funesta realidad, está generando un desánimo colectivo jamás antes vivido en nuestro país. Irónicamente la acción cínica, irresponsable y desafiante de los funcionarios de turno, sella el divorcio entre nuestro pueblo y una élite que desconoce la historia y la propia realidad nacional, potenciando un inevitable conflicto social de insospechables y fatales consecuencias.

En un artículo anterior expuse que para las próximas elecciones, se perfilan cuatro vertientes principales. 1. La partidocracia corrupta. Esta vertiente incluye a la mayoría de partidos políticos existentes, que responden a los mismos intereses y que han existido fundamentalmente como producto del financiamiento ilícito y la cooptación del Estado. 2. El proyecto “Thelma Aldana”, en donde la exfiscal, trata de capitalizar el posicionamiento mediático que alcanzó producto de sus funciones al frente del Ministerio Público. Aglutina a personalidades de diversa extracción, básicamente identificados por su probada habilidad para adherirse a proyectos políticos de turno. 3. El Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), instancia que surge como extensión política de CODECA. Ha mantenido una posición vertical sin evidenciar mayor interés para promover alianzas. Su propuesta se basa en: Nacionalizar todos los bienes y servicios privatizados en el país. Impulsar una asamblea constituyente popular y plurinacional. Construir el estado plurinacional desde las autonomías indígenas. Recuperar las tierras, los territorios y agua para el cultivo y consumo nacional. 4. Un frente amplio en formación, que pretende aglutinar a diversas organizaciones sociales, particularmente vinculadas con los intereses campesinos, laborales, académicos y de pobladores. Este frente propone la reforma y modernización del Estado, la implementación de sustentadas políticas públicas, la consolidación del Estado de Derecho y la promoción de inversiones responsables (basadas en la justicia tributaria, el pago de salarios dignos y la renuncia al intento de cooptación del Estado).

<div> El modelo económico guatemalteco llegó a su límite, no da para más. Condiciones endógenas —pobreza, criminalidad, baja tecnificación laboral y ausencia de infraestructura— se suman a causas exógenas —el poscapitalismo y la reducción de la producción y el consumo—. El 70% de la población económicamente activa se ubica entre el desempleo y el mercado informal. Cada año 200 mil jóvenes terminan los estudios diversificados, solamente 10 mil encuentran empleo, generalmente mal pagado. Nuestra economía no se modernizó, las exportaciones siguen dependiendo de los productos agrícolas y la maquila. De no ser por los siete mil millones de dólares que aportan los inmigrantes radicados en </div><div> EE. UU., nuestra balanza comercial sería negativa y nos hubiese llevado a un colapso definitivo.   Prácticamente no existen nuevas inversiones, tanto internas como externas. Guatemala no es un destino seguro y atractivo para la inyección de capitales. Los carburantes de la economía negra —narcotráfico y lavado de capitales— forman parte activa del modelo, fenómeno perversamente funcional pero que no aporta sustentabilidad económica real. Suman ya tres años consecutivos en lo relativo a la contracción de la economía, tanto en el área de bienes como en servicios.</div>