La ausencia de estadísticas confiables es una de las mayores limitantes que poseemos como país. Esto impide la realización de estudios, análisis y planteamientos prospectivos sustentados. Con ironía se dice entonces que en Guatemala hay tres tipos de mentiras: las  comunes, las grandes  y las estadísticas oficiales. En ese contexto, cualquier planteamiento cuantitativo relacionado a temáticas diversas, quedaría sujeto a cuestionamiento inmediato. En materia económica —que por sí misma implica una importancia capital para la sociedad— es en donde menos certeza estadística tenemos. No sabemos cuántos trabajadores laboran para el sector público, cuántos lo hacen para el sector privado y cuántos actúan en el mercado informal. Esto fomenta lo que se denomina “especular a marchas forzadas”, mecanismo operativo para interpretar la dinámica social. Consideremos el caso de la economía nacional. Los funcionarios relacionados a dicha materia, nos repiten como si fuese letanía, que las macrovariables muestran estabilidad y solidez —tipo de cambio, tasa de interés e índice de inflación—. Incluso se atreven a fijar tasas de crecimiento económico anual, en donde ese 3% pareciera ser verdad escrita en piedra.

Más del 25 por ciento de las madres en Guatemala enfrentan la vida sin pareja.

En el caso referente al acceso y uso de energía eléctrica, se perfilan cuatro tipos de actores: los usuarios que no presentan problema alguno, los usuarios que ya están en situación de conflicto, las empresas del sector eléctrico y las organizaciones sociales que se han involucrado en el referido fenómeno. Dos instancias sobresalen en el mismo: Energuate y Codeca. Los primeros manifiestan que el denominado hurto de flujo eléctrico va en aumento, fundamentalmente por prácticas ilegales, como la toma no autorizada de fluidos o reconexiones posteriores a cortes realizados por falta de pago de los usuarios. Los usuarios inconformes —dentro de los cuales Codeca ha asumido un protagonismo fundamental— argumentan el alto precio que pagan por la energía, además de un servicio deficiente que implica frecuentes cortes y sobrecargas inesperadas. Esto ha provocado que existan comunidades en las cuales la población impide el libre tránsito de trabajadores de Energuate. Esta última en no pocas ocasiones ante la falta de pago por el servicio o la frecuencia de reconexiones no autorizadas, opte por cortar el fluido eléctrico a toda una comunidad, afectando a los usuarios que regularmente pagan por el servicio. Esto ha insertado un agravante mayor al complejo problema. Como se ha expresado en no pocas ocasiones, los problemas sociales no atendidos generan conflictividad y la persistencia de la conflictividad, aumenta los problemas sociales, es decir, la vigencia de un círculo vicioso altamente negativo. En realidad el núcleo del problema no recae en Energuate, los usuarios o las organizaciones sociales que plantean la necesaria revisión de las privatizaciones y la nacionalización de las empresas. El verdadero y único culpable es el Estado de Guatemala que ha desertado de sus funciones originarias establecidas en la Constitución de la República. Si este cumpliera con sus funciones administrativas e incluso punitivas, jamás se hubiese llegado al extremo que se llegó.

La polarización política que se inicia en Guatemala a partir de 1954 llegó a extremos jamás imaginados. Su punto más exacerbado fue la vigencia del conflicto armado interno en donde la violencia se ensañó contra cientos de miles de guatemaltecos, generalmente víctimas inocentes. En diciembre de 1996 se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, mediante el cual se daba por finalizado el enfrentamiento armado entre el Estado y la URNG. Varios acuerdos previos —sustantivos y operativos—, marcaban la ruta a seguir para la construcción de una Guatemala diferente, democrática y en paz. A partir de 1986 cuando asume el primer gobierno civil se iniciaba la transición hacia la democracia. En mi tesis doctoral luego orientada como libro, planteo tres hipótesis respecto a lo que pudo ocurrir con la misma: A) Una transición política inconclusa, en proceso regresivo hacia el autoritarismo. B) Una transición sobreexpuesta y prolongada. C) La instauración de una democracia precaria. Para apuntalar mis apreciaciones, estudié detenidamente las transiciones políticas ocurridas en España, Chile y Argentina.

En Guatemala como resultado de la permanente ineficiencia de los últimos gobiernos, las tragedias o desastres producto de la relación vulnerabilidad social-fenómenos naturales, provocarán mayor número de víctimas, lo que implicará mayores movilizaciones o desarraigos definitivos de poblaciones, e incremento de heridos y fallecidos.  El fenómeno anterior se apuntala debido a tres factores: 1. Los efectos del cambio climático. 2. El agravamiento de las condiciones socioeconómicas de la población. 3. La incapacidad operativa de los gobiernos recientes, que han evadido la responsabilidad de crear una verdadera  política pública orientada a prevenir tragedias o en casos extremos, a mitigar los graves efectos que estos provocan principalmente en las poblaciones más vulnerables. Todos los informes científicos y documentados, principalmente los emitidos por el IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático), coinciden en que Guatemala por su posición geográfica, su topografía y sus graves niveles de subdesarrollo humano, se constituye como el primer país en el continente americano y el cuarto en el mundo, más vulnerable a los efectos del cambio climático. Advertencias que siguen siendo desatendidas por las autoridades de turno y desconocidas para la mayoría de la población. Los perturbadores efectos se están manifestando en áreas como el sector agrícola, la infraestructura, la salud pública e incluso, en materia de seguridad ciudadana. Expresado en palabras simples y directas: “nuestro país está en proceso de destrucción continua ante una indiferencia política y social inaudita”.

Esa historia violenta jamás pudo dar espacio para una cultura de paz y negociación.

Hace pocas semanas en Guatemala se produjo un suceso jamás imaginado. Erika Alfán, jueza de Mayor Riesgo, ligó mediante un proceso penal a varios empresarios acusados de financiamiento electoral ilícito, en este caso, otorgado al partido FCN. Este hecho marcó el final de un prolongado modelo político que mediante la corrupción, la impunidad y la cooptación del Estado, generó riquezas inmensas para unos, pero que provocó simultáneamente una pobreza social totalmente inaceptable. Esta práctica —la corrupción política— no solo ocurre en Guatemala. España e Italia son ejemplos claros de cómo la misma era parte sistémica y consuetudinaria en su dinámica operativa, en donde políticos y empresarios formaron una repudiable alianza tan conocida como criticada. Tanto allá como ocurre en nuestro país, la fórmula era simple: políticos corruptos ampliamente experimentados fundaban partidos, en complicidad con autoridades judiciales y electorales creaban un modelo político criminal. Vendían luego los partidos a los grupos económicos más poderosos, los cuales posteriormente nombraban candidatos a elección popular, funcionarios de gobierno y autoridades judiciales.

Los niños indígenas cruzaron ríos y veredas, hasta llegar a sus escuelas y aprendieron a leer.

La próxima visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, perfila una importancia muy especial. Cuando un funcionario de Estado de ese nivel visita un país como Guatemala, pequeño, pobre e institucionalmente muy limitado, la misma se enmarca en el contexto de una presión político-diplomática a la cual hay que darle una lectura correcta. En principio, el triángulo norte: Guatemala, El Salvador y Honduras, representa para el gobierno de EE. UU. una compleja articulación de problemas y desafíos, que sin duda, tienden a la expansión. Esta región ha llegado al extremo de inquietar tanto al gobierno de ese país, como ya ocurre con otras naciones o regiones del mundo: Corea del Norte, Medio Oriente y el fenómeno chino-ruso. El motivo expuesto por el gobierno norteamericano respecto a que la visita del vicepresidente Pence implica reunirse con pobladores afectados por las erupciones del Volcán de Fuego queda corto frente a los verdaderos objetivos de la misma.

El próximo proceso electoral deberá convertirse en esa puerta que, al abrirse, nos permita el paso hacia una Guatemala más justa y democrática, hacia un modelo económico más humano y equitativo, hacia la concreción de esa esperanza tan anhelada que se nos hizo lejana por tantos años. Las condiciones políticas serán diferentes. Todos los partidos tendrán un límite para la inversión propagandística. Esa inversión además deberá ser fiscalizada por instancias nacionales e internacionales. A pesar del aberrante blindaje que pretenden los diputados comprometidos con la corrupción referente al financiamiento ilícito, el mismo dejó de ser el preámbulo para la negociación oscura y la impunidad. Quienes lo practicaron deben haber aprendido la lección, han sido ligados a procesos penales. En otros términos, en cuanto a recursos económicos y espacios propagandísticos, todos los partidos estarán sujetos a las mismas condiciones.